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Hoxe é de 2006
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(Agrupación Estradense de Defensa do Rural e Urbano )
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ESPECIAL

Crisis e Urbanismo

 

 

¿ ADONDE VAMOS A PARAR ?: ¿CORRUPCIÓN LEGALIZADA?

Véase también: "El fin programado de la democracia"

Corte de EEUU avala aportes de empresas a campañas políticas

Terra.-WASHINGTON (Reuters) -21/enero/2010.- Las empresas estadounidenses pueden destinar los fondos que deseen a apoyar u oponerse a candidatos a la presidencia y al Congreso, determinó el jueves la Corte Suprema en un fallo que el presidente Barack Obama criticó por darle más poder a intereses especiales.

"La Corte Suprema le ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero de intereses especiales en nuestra política", dijo Obama al comentar el fallo de cinco votos a favor y cuatro en contra que dividió al máximo tribunal entre conservadores y liberales. "Es una gran victoria para las grandes empresas petroleras, bancos de Wall Street, aseguradoras de salud y otros poderosos intereses", dijo Obama.

El mandatario dijo que instruyó a los funcionarios de la administración para que "trabajen de inmediato con el Congreso en este tema", y para "dialogar con los líderes bipartidistas para desarrollar una fuerte respuesta a esta decisión". El fallo, una derrota para Obama y los partidarios de límites financieros en las campañas de Estados Unidos, encauzaría un fuerte flujo de dinero en las elecciones legislativas del 2010 y en las presidenciales del 2012. En el fallo de la mayoría, el juez Anthony Kennedy dijo que los límites al financiamiento de campaña violaban el derecho constitucional a la libertad de expresión de las empresas.

"El Gobierno podría regular el discurso político corporativo, a través de descargos y de la solicitud para que publiquen sus responsabilidades, pero no podría suprimir su discurso", escribió el juez.

Los cuatro jueces que votaron en contra dijeron que permitir que el dinero corporativo entre en la política corrompería la democracia.

En un duro mensaje, el juez John Paul Stevens escribió: "El fallo de la corte amenaza con minar la integridad de las instituciones electas a lo largo del país".

El tribunal revocó precedentes de la Corte Suprema de 1990 y del 2003 que mantuvieron los límites federales y estatales al gasto independiente de las empresas para apoyar u oponerse a causas.En la elección del 2008, las campañas federales gastaron cerca de 6.000 millones de dólares, incluyendo más de 1.000 millones de dólares de comités corporativos de acción política, asociaciones comerciales, ejecutivos y cabilderos. El presidente del Partido Republicano, Michael Steele, valoró el fallo y dijo: "La libertad de expresión fortalece nuestra democracia".

. El Pais.com.-21 de xaneiro de 2010.-El Supremo de EE UU permite financiar sin límite las campañas El fallo elimina las restricciones a las donaciones electorales privadas .El presidente, Barack Obama, criticó la decisión por ser, según dijo en un comunicado, "una gran victoria para las compañías petrolíferas, los bancos de Wall Street, las compañías aseguradoras y otros intereses poderosos que ejercen su poder cada día en Washington para ahogar las voces de los americanos de a pie".

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CASI NADA

26 de marzo de 2009

La UE quiere congelar a España lones de euros en Fondos Estructurales. Los más de 32.000 millones que España recibirá hasta 2013 de la UE en Fondos Estructurales están en peligro por la "corrupción urbanística", la "parcialidad de la justicia", la "inseguridad jurídica" y los ataques públicos al derecho de propiedad. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones -central, autonómica y locales- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos". La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

Derogar la figura del agente urbanizador Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador". También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor". "Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Pulse aquí para acceder al INFORME AUKEN, que entre otras cosas comenta:

Considerando que tales consideraciones conforman los abusos al que están sometidos miles de ciudadanos europeos quienes, como consecuencia de los planes elaborados por los agentes urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias,

IInsta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo más aceptable y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados;

Reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona;

Considerando que el sector de la construcción, que ha obtenido unas ganancias excesivas durante los años de rápida expansión económica, ha pasado a ser la primera víctima del actual desplome de los mercados financieros, a su vez provocado en parte por la especulación en el sector inmobiliario, y que ello afecta no sólo a las empresas en sí, que ahora se enfrentan a la quiebra, sino también a las decenas de miles de asalariados del sector de la construcción que ahora se enfrentan al desempleo por culpa de las políticas urbanísticas insostenibles que se siguieron y de las que ahora han pasado a ser víctimas. 1. Pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas a que lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones consagrados en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el CEDH y en las directivas europeas pertinentes, así como en otros convenios de los que la UE forma parte;

Elogia también la actividad de los peticionarios, sus asociaciones y las asociaciones comunitarias locales, que engloban a decenas de miles de ciudadanos españoles y no españoles, quienes han llamado la atención del Parlamento sobre estos asuntos, y quienes han sido esenciales para garantizar los derechos fundamentales de sus vecinos y de todos los afectados por este ingente y complejo problema.

Para información sobre la LEY del SUELO de ESPAÑA, aprobada en mayo de 2007,

pulse aquí

 

 

Libertaddigital.-2 de marzo de 2009.-Huelga de hambre para evitar la cárcel por denunciar la especulación urbanística. El Plan urbanístico de Llanes fue anulado por el TSJA en 1997 y ratificada esta anulación por el Tribunal Supremo en 2002, aprobado nuevamente por el Ayuntamiento en 2003 y anulado nuevamente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2007. Según Goñi, La Talá se vendió en 1992 por 1.803.036 euros, en 1996 por 3.005.060 euros, en 2006 por 36.060.726 euros. "Cuando se aprobó el Plan de La Talá unas personas de Avall y yo nos pusimos una camiseta de protesta en el pleno del consistorio y me dijeron que me marchara pensé que tenía derecho a manifestar una opinión sobre algo que era ilegal. "Me echaron del Ayuntamiento a patadas, detenido y esposado", apuntó Goñi, y añadió que su huelga de hambre es "por la libertad de expresión".

Libertaddigital.-2 de marzo de 2009.-

¿INSUMISIÓN FISCAL?
Los ciudadanos se rebelan contra el derroche de Obama: Se extienden los "motines de Boston""

Este año los contribuyentes norteamericanos han aprovechado una de las fiestas liberales por antonomasia para mostrar su claro rechazo a la política económica del nuevo presidente de EEUU, Barack Obama. No es de extrañar, ya que ha triplicado el déficit fiscal que le dejó su predecesor George W. Bush, además de aprobar un plan de que elevará los impuestos en un billón de dólares. Los presupuestos de Obama costarán más de 1.000 millones al día durante diez años.

Y no les falta razón, como expresó uno de los manifestantes en la Tea Party de Boston: “el problema comenzó cuando los americanos comenzaron a gastar dinero que no tenían y ahora lo queremos solucionar gastando más dinero que no tenemos”.La deuda y su financiación mediante el déficit público siempre la acaban pagando los ciudadanos con su trabajo, a través del pago de impuestos.
Este enfoque lo respaldan los más de 200 economistas que han firmado un comunicado en el que critican duramente el millonario rescate aprobado por el presidente de EEUU, Barack Obama y que, a su juicio, permitirán a la economía del país a volver a la senda del crecimiento. "Con el debido respeto, Sr. Presidente, eso no es verdad", dicen. El comunicado lo firman más de doscientos economistas de las universidades e instituciones más prestigiosas de los EEUU, incluyendo a varios Premios Nobel como Vernon Smith o James Buchanan. Como era de esperar, Krugman , el último premio nobel de economía, no lo ha firmado.


CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

25 de OUTUBRO-2006.- Inauguramos esta páxina adicada á Corrupción municipal pois a cantidade de datos que xenera nos obliga a elo.

Fundacionalternativas.-INFORME: "Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción"

Este Informe analiza el alcance de la corrupción urbanística en España y sus efectos sobre la democracia. Al tiempo, aporta un conjunto de propuestas técnicas para cambiar el actual estado de cosas. El Informe consta de 2 volúmenes: El primero de ellos (188 páginas) incluye un conjunto de investigaciones sobre la materia así como un listado de propuestas, destiladas en diversos grupos de trabajo, para erradicar las irregularidades y actos de corrupción urbanística en el territorio del Estado. A estos efectos, hemos contado con un equipo de sociólogos que ha trabajado con 35 expertos pertenecientes a 13 colectivos profesionales así como a un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el segundo volumen (344 páginas) es un análisis sistemático de toda la información publicada sobre urbanismo y corrupción en los últimos 7 años de la democracia española. Este conjunto de estudios ha sido elaborado por un equipo de 20 periodistas de todas las Comunidades Autónomas del Estado.

En la elaboración han participado más de 50 expertos y profesionales. El desglose de los expertos participantes en el proyecto es el siguiente: Registradores, notarios, jueces, promotores inmobiliarios, abogados inmobiliarios, economistas, arquitectos urbanistas, responsables políticos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, funcionarios relacionados con urbanismo, representantes de organizaciones ecologistas y ciudadanas, sociólogos, juristas, geógrafos y periodistas.

Los resultados del Informe han sido presentados el 27 de junio de 2007 en el Congreso de los Diputados.

VOLUMEN 1 (Texto completo)-Introducción- 1. La corrupción urbanística. Conceptos básicos.-2. Visiones de profesionales y expertos.-3. Los mecanismos de la corrupción. Tipología de irregularidades.-4. Causas de la corrupción urbanística.-5. Efectos sobre la democracia.-6. Recomendaciones.

VOLUMEN 2-1. Mapa por comunidades autónomas.-2. Clasificación cronológica de casos.

 

INFORME GLOBAL 2007 SOBRE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA


emitido por
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

 

blogs.periodistadigital.com/corrupcionpolitica.-17.10.06--LA CORRUPCION LA PAGA EL CIUDADANO. El contribuyente español medio no es consciente de los estragos sociales y económicos que toda práctica política perversa acarrea a la economía nacional; también a la suya, por tanto. . El sacrificado contribuyente no ha reparado en que la corrupción le cuesta el dinero, que la paga él en definitiva cual si fuera un nuevo impuesto, pues ha de sufragar los servicios públicos que le presta una Administración cada vez más cara por desproporcionada, ineficaz y perversa. El consumidor no ha caído en la cuenta de que se hipoteca la vida pagando una vivienda tres veces más cara de lo que sería justo, porque la corrupción mediante en el sector la ha encarecido en igual proporción.

El confidencial.com.7 de octubre de 2006

Ciudadanos contra la corrupción


Los recientes escándalos urbanísticos están generando un movimiento ciudadano contra la corrupción. Amenaza con comprometer la representación de los partidos mayoritarios en las próximas elecciones municipales y autonómicas, sobre todo en los municipios pequeños. Desencantados con los grandes partidos, estos grupos han optado por jugar sus cartas políticas y presentrse como alternativa. Par

VIDEO: Corrupción Urbanística “made in spain”

El Pais.com.-11 de xaneiro de 2007.-La fiscalía de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales.El Tribunal Supremo pretende "evitar sensaciones de impunidad"

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Elperiodicodearagon.com.21-5-2007.- Elecciones contra la corrupción
Hay que garantizar que los ayuntamientos se sometan al interés general en materia urbanística.

CARLOS Jiménez Villarejo- Exfiscal anticorrupción.

El informe del Parlamento Europeo sobre la corrupción urbanística en España contiene un dato que ejemplifica una realidad mucho más amplia: en un municipio, los representantes europeos se reunieron con el alcalde y los promotores inmobiliarios, "uno de los cuales es hermano del concejal de urbanismo". La gestión del urbanismo se ha situado siempre como piedra angular en el debate sobre la corrupción. El Informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el 2006 lo confirma: "La calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción. España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años".

Este diagnóstico ha sido confirmado por el citado informe del Parlamento Europeo, en el que constata el "enladrillado del litoral" mediterráneo y "el descomunal enriquecimiento de una pequeña minoría a costa de la mayoría". Denuncia a "los implacables ayuntamientos que han aprobado a sabiendas la construcción en suelo no calificado oficialmente para tal fin", y advierte de que "las presiones a favor de la ejecución de grandes proyectos urba- nísticos suelen proceder de la comunidad empresarial, que es la que más se beneficia de esta lucrativa actividad".


EN ESTE MARCO,la tipología de la corrupción municipal es muy amplia y ha generado ya una jurisprudencia consolidada, como el otorgamiento de licencias urbanísticas a una sociedad inmobiliaria formada por un alcalde y concejales, la concesión de licencias de edificación en suelo no edificable o de otras que vulneraban las normas vigentes de volumen de edificabilidad, pese a constar informes técnicos desfavorables, licencias que luego fueron compensadas por la venta a los concejales de pisos en el edificio ilegalmente construido.

La actividad urbanística, por tanto, se ha revelado como un potencial instrumento de enriquecimiento de los ediles en cuanto están dotados de capacidad de decidir en asuntos de gran trascendencia económica y social, con un amplio grado de discrecionalidad y escasos controles. Basta considerar lo que significa decidir sobre el suelo, su calificación, su enajenación, además de las licencias urbanísticas, todas ellas decisiones públicas de gran riesgo en cuanto confluyen con intereses particulares. Y que, además, deben garantizar prioritariamente derechos fundamentales, como el derecho a una "vivienda digna y adecuada", a un "medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona" y a una "calidad de vida". Derechos que obligan a los ayuntamientos a que esa actividad esté siempre presidida por el interés general y la participación ciudadana en la planificación y ejecución urbanística y, desde luego, en las plusvalías que genere el suelo. Son condiciones básicas para evitar el urbanismo basura presente en tantas ciudades.

Todo este proceso de corrupción ha sido favorecido por causas estructurales que precisan de una reforma sustancial. Por ejemplo, las incompatibilidades previstas para alcaldes y concejales han sido siempre, manifiestamente insuficientes. No es aceptable que la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, la competencia más importante de los municipios, no genere nin- gún tipo de incompatibilidad formal y expresa para los concejales y alcaldes, a la vista de los valores eco- nómicos que mueve la actividad inmobiliaria y la alta discrecionalidad de la actuación administrativa en materia de urbanismo. Con la legislación vigente, como se comprueba a diario, una persona puede simultanear el cargo de alcalde o concejal con una actividad económica de promoción inmobiliaria y de construcción en el propio municipio.

Ante esa vergonzosa regulación, el Gobierno ha aprovechado la tramitación del proyecto de ley del suelo para introducir mejoras en el ámbito de la Administración local, precisando algo más las causas de incompatibilidad, limitando las actividades privadas empresariales tras el cese en el cargo público y extendiendo a los cargos municipales electos un régimen de incompatibilidades más estricto. Veremos si las medidas adoptadas son realmente eficaces, porque continúa sin regularse un sistema de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Igualmente, en los últimos años se han eliminado controles internos en el funcionamiento de la Administración local, como la llamada "advertencia de ilegalidad", que correspondía a los secretarios, respecto de los acuerdos municipales. Y se restringió el efecto paralizador de los expedientes cuando los interventores señalaban "reparos" de orden económico-legal, que permitías parar expedientes en los que podía mediar corrupción.


EN DEFINITIVA,se trata de garantizar que los ayuntamientos se ajusten a los principios democráticos de objetividad y servicio al interés general con radical exclusión de la arbitrariedad. Es decir, no puede ser, como decía la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Jesús Gil, que un "alcalde actúe, contrate y comprometa fondos municipales sin más regla que su propia voluntad, haciendo superflua la presencia de los demás órganos integrantes del ayuntamiento, tanto técnicos como políticos".

Ante esta realidad, las próximas elecciones deberían ser el punto de partida de un gran compromiso cívico de ayuntamientos y ciudadanos para crear una cultura de rechazo de la corrupción.

http://bitaquique.blogspot.com/search/label/corrupción.-TELMO MARTÍN: De fontanero a alcalde millonario."Ha renunciado a la alcaldía de Sanxenxo, donde poco queda por recalificar, para ser el candidato del PP a la de Pontevedra, donde su principal empresa constructora es la que más edifica. Telmo Martín, de orígenes humildes, administra una quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115 millones de euros.

http://bitaquique.blogspot.com/search/label/corrupción.-Especulación inmobiliaria en Madrid: un caso de hemeroteca

Cuando el negocio lo hace el ayuntamiento

Libertaddigital.com. 2de maio de 2007.-Pumpido decide no formular acusaciones por corrupción hasta que pasen las elecciones tras la implicación de Blanco en el caso Ibiza.El Ministerio Público actuará ahora con la máxima prudencia en casos de corrupción. Tras el escándalo de Ibiza que salpica al PSOE, y en el que se ha visto implicado el secretario de Organización, José Blanco, Cándido Conde Pumpido ha anunciado en una entrevista en La Razón que ha dado instrucciones a los fiscales para que miren para otro lado. El fiscal general del Estado, que ha actuado con gran diligencia en los casos de acusaciones contra el PP, dice ahora que "hasta después de las elecciones la Fiscalía no formulará nuevas acusaciones". Para el secretario general del PP esta actitud resulta "increíble". Mientras, Abel Matutes ha salido al paso de las acusaciones del PSOE, que como era de prever intenta echarle la culpa al PP de sus corruptelas.

El Correo Gallego.es.-2-maio-2007.-Marcha atrás de Touriño: El veto a alcaldes constructores se queda sólo en agua de borrajas . Apela sólo a la "voluntad política" para acabar con el alcalde-promotor ·· Reitera que "basta que se sume Feijóo" al criterio del PSdeG y BNG para evitar la vinculación entre regidores e inmobiliarias ·· El presidente popular critica la "doble inmoralidad" de los socialistas
M.N./J.A. • SANTIAGO


EXTRACTO: El presidente de la Xunta, Emilio Pérez touriño, rechazó ayer la propuesta realizada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de ampliar la Ley de Incompatibilidades para evitar la figura del alcalde-promotor.

Feijóo, en rueda de prensa, advirtió al PSdeG de que "si quiere hablar en serio" sobre la desvinculación total entre las responsabilidades municipales y las actividades inmobiliarias, debe "hacer una propuesta" en el sentido de "legislar cualquier ampliación de la Ley de Incompatibilidades" para los cargos públicos locales.

Una hora y media después, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consello, Touriño contestó que acabar con el alcalde-promotor inmobiliario pasa por una "decisión política" que no precisa de una norma que la regule. Insistió en que "no es un problema de incompatibilidad legal", sino que "es mucho más simple y fácil, basta con que el señor Feijóo asuma el mismo criterio que las demás fuerzas políticas", destacó el presidente.

Mientras que Feijóo lamentó "la doble inmoralidad" del ­PSdeG, que "mantiene que no se puede" compaginar alcaldía y actividad urbanística y, al mismo tiempo, "permite que legalmente se haga"; Touriño cuestionó la "capacidad" del líder popular para adoptar el compromiso político que lo evite y se preguntó "para qué necesita una ley".

 

 

.[www.elconfidencial.com] 29-3-2007.-El juez Torres (instructor del caso MALAYA) aboga por que los delitos urbanísticos sean penados "con el decomiso de los bienes" A su juicio, no es suficiente que la "mayoría de los casos acaben con una dimisión o con condena moral o con una pena" de prisión.

20MINUTOS.ES / EFE. 27.03.2007 - 21:37h .-El Parlamento Europeo detecta abusos urbanísticos "generalizados" en España

El mayor número de abusos se detectan en Valencia, Almería y Madrid.
Denuncian planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles.
Culpan de ello a las adminstraciones, "incapaces" de ponerlos frenos.

Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. .Existe un "gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano empujados por "la avaricia".
Aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".

Afirma que los residentes cuya comunidad ha experimentado un desarrollo desproporcionado en poco tiempo, no obtienen ningún beneficio por ello, aunque los constructores sí.. También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores.
"Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe

Faro de Vigo.-23-3-2007,.El juez aclarará si Vázquez y Fontenla se beneficiaron del tráfico de influencias. El fiscal acompaña su denuncia con informes de las empresas del presidente de la CEG y el ex alcalde. El responsable de las diligencias del Ministerio Público, el fiscal José Ramón Piñol, acompañó su denuncia ante el juzgado de diversa documentación sobre las empresas vinculadas a la mujer y a los hijos de Francisco Vázquez, el presidente de la patronal y Castro Valdivia, quien en el tiempo que su familiar ocupó un alto cargo en la Xunta logró licencias para explotar nueve minicentrales hidroeléctricas y siete parques eólicos.

El Pais-com.-20/03/2007.- Feijóo recalificó la plantación de Horacio Gómez a los tres años de iniciarse las obras. El Gobierno del PP publicó la autorización dos días después de las elecciones autonómicas .

El actual presidente del PP gallego firmó el 18 de mayo de 2005 el decreto por el que se aprobaba la recalificación de casi un millón de metros cuadrados para retirarle la protección ecológica y dedicarlos a uso forestal y agropecuaria. El expediente y las supuestas irregularidades cometidas entre 2002 y 2005 por la empresa constan en una denuncia que presentó la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción número dos de Tui, que investiga presuntos delitos de prevaricación, contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio.

El decreto de Núñez Feijoo que recalificó las fincas puso el colofón a un expediente en el que los trámites administrativos se cumplimentaron una vez terminadas las obras. Un decreto que, además, dejó la puerta abierta a la empresa para obtener la futura autorización para construir la bodega.

Con la firma del entonces vicepresidente de la Xunta se aprobaba la modificación puntual del planeamiento urbanístico de Tomiño que había acordado el pleno de la corporación en abril de 2004 sólo con los votos a favor de los concejales del PP. Desde la oposición ya se había advertido "falta de rigor y oportunismo" en esta recalificación. La Guardia Civil ha denunciado a los ediles que tomaron ese acuerdo. En el mismo decreto para modificar el planeamiento de Tomiño, Feijoo también legalizó otra vieja y polémica obra, un edificio de viviendas del que era promotor y constructor Fernando Otero Vilariño, ex concejal de urbanismo en esta ayuntamiento.

La Voz de Galicia.es.-13/03/2007.-.-La Guardia Civil se especializa en combatir delitos urbanísticos. Un total de 194 agentes investigarán tramas y corrupciones. El Seprona refuerza los equipos que luchan contra las infracciones al medio ambiente. De estos funcionarios, 162 se repartirán entre las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres por cada una, adscritos a sus respectivas unidades de policía judicial. Otros 25 números forman parte a nivel nacional de la Unidad Central Operativa, que da apoyo a las unidades provinciales cuando la requieran y especialmente en las investigaciones de mayor trascendencia. Finalmente, otros siete especialistas se han integrado en el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que se encargarán de las infracciones al medio ambiente en materias relacionadas con la ordenación del territorio.

20MINUTOS.ES / EFE. 12.03.2007 - .-Casi 200 nuevos guardias civiles luchan desde hoy contra la delincuencia urbanística. Se centrarán en infracciones penales, delitos contra el medio ambiente y financieros. Pueden actuar a petición de la Justicia o a iniciativa propia.No se descarta que se incorporen nuevos agentes.

Faro de Vigo.-25-2-2007.-Rafael Daza Pichardo, Coronel-jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra: "La nueva Unidad contra los Delitos Urbanísticos estará operativa antes del verano". "Las infracciones patrimoniales (robos, hurtos o estafas) son en las que más vamos a incidir".

El Confidencial.com.-Jueves, 08 de marzo de 2007.- - Ecologistas piden a los partidos que la construcción se ajuste a las necesidades reales de vivienda. Impedir los desarrollos separados del casco urbano.

MundoFinanciero.com.-CON LA OPOSICIÓN DEL PP PARA QUE SE INVESTIGUE
La misión de urbanismo del Parlameto Europeo mantiene su visita a Galapagar

A TORRE VIXÍA
Firma: XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS

La Voz de Galicia.es.-19/02/2007.-El urbanismo como amenaza. LOS PROBLEMAS que genera el urbanismo salvaje guardan un estricto paralelo con el narcotráfico. Dado que se trata de un negocio en el que las dos partes ganan y se necesitan mucho, resulta muy difícil probar lo que se sabe, pero nadie duda ya de que las ruedas del urbanismo salvaje se engrasan con billetes de 500 euros. Y ese es el gran problema. Porque, mientras algunas aberraciones urbanísticas pueden ser rectificadas, el negocio negro se instala en la sociedad como la solitaria, que crece en las vísceras del sistema y acaba comiéndole los tuétanos. Aunque ahora da la impresión de que la parte más afectada es el PP, todos sabemos que se trata de una plaga general, que tiene gran complicidad social y empresarial, que nivela de forma incorrecta las arcas municipales y que es una pieza imprescindible en la financiación de los partidos. Por eso ha llegado la hora de decir que estamos ante un problema estructural que en modo alguno se resuelva a base de cazar concejales poco espabilados. Si no se legisla de tal modo que la plusvalía ilegal y astronómica sea imposible, no tendremos cárceles suficientes para albergar a los concejales de urbanismo, a los empresarios que les pagan, a los ciudadanos que se callan y a los partidos que se llevan su piquito. Porque no puede haber buenos ciudadanos en un campo minado por una corrupción que ya es esencial al funcionamiento del sistema.

El Corrrreo Gallego.-19-2-2008.- CONFIANZA: Caride: "Que tiemblen los corruptos"
La conselleira de Política Territorial considera que Gondomar es una excepción, pero advierte de que los que no actúen con honradez serán perseguidos por la Justicia ·· Recuerda que la última palabra es de los ciudadanos, ya que pueden optar entre el todo vale o una buena gestión

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La Voz de Galicia,15-2-2007.-Detenidos dos concejales de Gondomar y un arquitecto por supuesta corrupción urbanística-La investigación se inició al denunciar un promotor que le exigían pagos por una licencia. La Guardia Civil seguía desde hace meses a los cuatro presuntos implicados en la trama-Una repentina gripe estuvo a punto de dar al traste con la operación -Los perfiles: Alejandro Gómez Garrido | José Luis Mosquera -Gondomar: Un concello con las licencias suspendidas -El PSOE vincula un ataque a su sede de Nigrán con «mafias urbanísticas»

20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 09.02.2007 - 22:03h .-El juez del 'caso Mogán' pide que se investigue al presidente canario, Adán Martín

El Confidencial.com.Martes, 31 de enero de 2007.-.-Aguirre consiente que alcaldes imputados en irregularidades urbanísticas se presenten a la reelección

El Confidencial.com.Martes, 30 de enero de 2007.-Veintisiete alcaldes andaluces están imputados por delitos urbanísticos, tres de ellos con sentencia firme: La semana pasada, y a raíz de la detención del alcalde Mogán (PP), por un presunto delito urbanístico –luego sería puesto en libertad sin fianza-, Mariano Rajoy denunció que en aquella Comunidad hay veintisiete alcaldes socialistas imputados por distintos delitos y que a ninguno de ellos se les ha detenido.

El Confidencial.com. Lunes, 29 de enero de 2007.-Los defraudadores cambian las viviendas por los coches de lujo para blanquear dinero . El mercado inmobiliario está perdiendo adeptos entre los defraudadores a Hacienda para blanquear el dinero negro que esconden en bolsas negras de basura. La subida de precios de las viviendas se modera y, aunque todavía puede resultar rentable invertir en ladrillo, cada vez es más frecuente comprar bienes de lujo como coches e incluso yates, para 'lavar' dinero.

20minutos.es.-20-1-2007.-Arranca en Nairobi la séptima edición del Foro Social Mundial

Bajo el lema "Otro mundo es posible", se espera que este Foro ayude a los movimientos sociales a alzarse contra la tiranía impuesta por algunos gobiernos.
"El foro no permite la participación de gobiernos".

20minutos.es.. 18.01.2007 .-Detenidos el alcalde y el concejal de urbanismo (PP) de Alhaurín el Grande, Málaga

EL MUNDO-11/01/2007 .-El 53% de los españoles considera que en su Ayuntamiento hay corrupción. La corrupción no hace distinciones entre partidos políticos, según la encuesta .La mayoría (el 72,4%) se muestra convencida de que todos los partidos son igual de corruptos. Lo que los españoles no perciben, sin embargo, es que haya un trato de favor a la hora de perseguir los delitos según quién los cometa. Sólo el 37,4% opina que el Gobierno utiliza a la Fiscalía para perseguir de manera diferente la corrupción que afecta al PP que la que afecta al PSOE. Son más (el 42,5%) los que están en contra de esta afirmación.

A la pregunta ¿Estaría usted de acuerdo en pagar más impuestos a cambio de que se redujera el precio del suelo? casi el 60% responde que no.

Cabría preguntarse si é esta a pregunta que hai que facer , ou si o que habería que facer é redistibuir os impostos equitativamente como plantexa o Consejo General del NOTARIADO.

El Pais.-07/01/2007 .-"Hay corrupción en la financiación de los partidos".Fernando Jiménez, nacido en Almería hace 43 años es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia. La financiación de los partidos políticos emerge como uno de los problemas de fondo por resolver. Un aspecto fundamental de la democracia es que la mayoría no puede hacer lo que le venga en gana. No hay peor tiranía que la de la mayoría. Hay límites legales.Nuestro nivel de conocimiento es bajísimo, pero las campañas cada vez son más caras, nadie respeta los topes de gastos. Y eso atenta contra la base de la democracia, que es la equidad. Si tu rival gasta más que tú, uno está tentado a meter más cuñas en la radio, a hacer más encuestas. Si permitimos esto, quien tiene más dinero influirá más. Hay que reformar el sistema de financiación de los partidos para hacer más eficaz la fiscalización.
"Habría que obligar a los ayuntamientos a colgar en su web los planes de ordenación". Jesús Lizcano (Madrid, 1956) preside Transparencia Internacional, una ONG encargada de desmenuzar y combatir la corrupción. Lizcano, catedrático de Análisis Economicos de la Universidad Autónoma de Madrid, defiende que se aireen los casos de corrupción y pide más agilidad a la justicia. los Ayuntamientos tienen una especie de varita mágica que permite que un particular obtenga enormes beneficios. Hablo de las recalificaciones de suelo. Se trata de una decisión de un poder público, elegido por el pueblo, pero que genera beneficios a unos pocos, no a la colectividad. Esas enormes plusvalías van a bolsillos privados, y puede pensarse que a veces son bolsillos cercanos a los gobernantes o a los partidos políticos.

El Confidencial.com.-Martes, 26 de diciembre de 2006.-La Junta de Castila La Mancha publicará esta semana las actas de urbanismo. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció este martes que publicará esta semana en su página web las actas de la comisión regional y de las comisiones provinciales de urbanismo de los últimos cinco años y quiere que los Ayuntamientos de la región hagan lo mismo con los acuerdos municipales. A partir de esta semana, a través de la web de la Junta (jccm.es) se podrá acceder a las actas, donde se pueden buscar todos los acuerdos e informes relativos a calificaciones de suelo, planeamientos generales o planeamientos de desarrollo de cada uno de los 911 municipios de la comunidad de los últimos cinco años.

El Diariomontanes.es. 11-12-2006.-«Sólo la voluntad política remediará la corrupción urbanística». El catedrático de Derecho Martín Rebollo aboga también por otra financiación local. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria Luis Martín Rebollo cree que la solución del problema de la corrupción urbanística en España no depende tanto de la regulación legal al respecto, sino de la «voluntad de cumplir» esas leyes, de la voluntad política y de un buen sistema de financiación para las corporaciones locales. «Sin voluntad política no hay ley que pase el test de la realidad. No hay que confiar tanto en el derecho. Es una institución imprescindible, pero no es suficiente para resolver los problemas». Además, advirtió de que «no existe, ni en la vida, ni en las rebajas, ni en las leyes, ni en la vida política el bueno, bonito y barato». «Si queremos ciudades saludables, hay que pagarlas»», sentenció.

El Pais.es.11-12-2006.-Zapatero aplaza el plan contra la corrupción en los ayuntamientos para pactarlo con el PP. El presidente opta por alejar del debate electoral la anunciada reforma de la Ley de Bases . La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, cuyo objetivo es la modernización de la Administración municipal, se ha convertido en emblemática al contener medidas específicas contra la corrupción ante la proliferación de escándalos urbanísticos en diferentes ayuntamientos.La iniciativa surge después de que el urbanismo salvaje y la corrupción hayan llevado a la cárcel ya a más de 30 concejales desde las últimas elecciones municipales de 2003. Entre los imputados figuran dirigentes de los principales partidos políticos en localidades como Marbella, Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx, y numerosos empresarios de la construcción y la promoción inmobiliaria que han pagado comisiones millonarias a cambio de tratos de favor.

Entre las medidas de la futura ley figuran el endurecimiento de las incompatibilidades de concejales, igualándolas a las de los miembros de las Administraciones central y autonómica. Los ediles, tras su cese, no podrán desempeñar durante dos años sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo municipal. Asimismo, para combatir la corrupción se fortalecerá la transparencia y se llevarán al pleno municipal las permutas y convenios entre promotores o propietarios y el Gobierno municipal. Y el Ministerio de Administraciones Públicas contará con un registro público de ediles tránsfugas.

La ley, además, reforzará las competencias de los 8.000 ayuntamientos españoles, con el objetivo de que se correspondan con su financiación; aumentará la participación ciudadana en la vida municipal y establecerá claramente las funciones del gobierno local y las del pleno municipal.

....se reforme la Ley de Haciendas Locales, vigente desde 2003, para asegurar la financiación de los municipios una vez que asuman las nuevas competencias.

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El Mundo.es.-8-12-2006.-CAM: primera medida legal contra la corrupción : EL TEXTO, EN LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS, SE ASEMEJA AL ARTÍCULO 105 DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL SUELO. " Se anulan los acuerdos que se establezcan entre la administración y los promotores antes de la aprobación definitiva del planteamiento. «Serán nulos de pleno derecho aquellos convenios que incluyan estipulaciones que establezcan la obligación de hacer efectivos los deberes legales de cesión y, en su caso, los convenios entre las partes antes de la aprobación definitiva de la modificación o revisión del planteamiento que tuvo como base el convenio». «Si hasta ahora el 10% de los deberes de cesión ascendían en algunos casos al 12 y 13%, lo que se convertía en una manera de presionar al ayuntamiento para que recalificara el suelo, con este nuevo añadido las obligaciones son nulas por parte del promotor, no se adquieren compromisos antes de la aprobación del planteamiento y el ayuntamiento no recibe una parte extra más allá del 10% que era lo que podía ir a fines desconocidos».

Sin embargo, «no es muy eficaz», añade, «porque aunque los promotores no se comprometen en un convenio previo a pagar más o menos, sí pueden hacerlo bajo manga. Los números bailan hasta convertirse en algo que casi nadie controla».La clave, según Bengoechea, estaría en el cumplimiento de un precepto clásico de la ley de urbanismo que, entre otras cosas, obliga a que «la multa por una infracción debe ser superior al beneficio que se obtenga por ella, de forma que no sea tan fácil sortear las sanciones».

Si se tiene en cuenta que un convenio a nivel urbanístico es un acuerdo entre el ayuntamiento y un promotor para calificar o recalificar un suelo rústico y convertirlo en urbanizable para edificar, Bengoechea explica que «el Anteproyecto elimina unas estipulaciones concretas de los convenios, mientras el otro texto revoca los convenios en general»

 

El Pais.es.-8-12-2006.-El Gobierno amplía a un año el plazo para que la fiscalía investigue casos de corrupción. El mandato del fiscal general durará cuatro años y acabará con el del Ejecutivo que lo nombró. El 60% no cree que el Ejecutivo sea eficaz contra las corruptelas

El Confidencial.es. 6-12-2006.-Todos mojan: la familia Franco vendió a Fidel San Román el suelo utilizado por Bitango para las polémicas VPO

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El Pais.es. - 09/11/2006 - El urbanismo sí es un juego
El Instituto de Práctica Empresarial lanza un 'trivial' sobre ordenación territorial

"¿Que instrumento de planeamiento hay que tramitar en suelo no urbanizable para desarrollar una parcelación urbanística?" La pregunta no pertenece a las oposiciones a registrador de la propiedad. Es una de las 300 cuestiones que contiene el Urbaniquestion, un juego de mesa sobre ordenación del territorio creado por el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) para celebrar el Día Mundial del Urbanismo.El juego, de momento, tiene una tirada de 500 ejemplares aunque no está en el mercado. Sus creadores barajan la posibilidad de editar una versión light del Urbaniquestion con preguntas para todos los públicos. De momento, en un par de meses se lanzará la versión de Internet en la que cualquiera -siempre que tenga una Ley del Suelo, un Código Civil y un plan general a mano- podrá jugar en red.

La Voz de Galicia.com.-04/12/2006.-Bum de escándalos urbanísticos.El PP designa un «cazacorruptos»

Recollido no Foro de Política Galega de www.aedru.org.-2 de diciembre de 2006, 20:38 .-Ley del Suelo y Supercorrupción Refinada en Nigrán., por Camili Brandin.

EXTRACTO: Soy un afectado por un SAU (suelo urbanizable). A este SAU, que lleva más de 10 años paralizado en el ayuntamiento, se le ha denegado siempre la edificabilidad alegando cualquier causa, pero en contrapartida, a otros, se les han aprobado los papeles rápidamente. El nuestro no podía ser aprobado porque quizás había que esperar a que el alcalde y algunos de la directiva del Celta se pusieran a construir en los solares que ellos habían “comprado” a los vecinos de la zona, pagándolos a un precio rústico que solo ellos sabían que con la complicidad del alcalde, estos solares se iban a recalificar como edificables PASANDO A SER ORO MOLIDO (publicado en noticias de prensa).Yo me gasté todo el dinero de mi trabajo, con la mayor honrradéz del mundo, para poder tener mi casa, y ahora me quedo sin nada, en la ruina, y los falsificadores podrán seguir medrando.Es evidente que ellos no tiene toda la culpa de esto. Alguna culpa la tiene (si es verdad lo que el alcalde dice) “cierta corrupción de la Justicia ", el “saber” interpretar la ley a favor del delincuente de guante blanco o del narcotraficante con poder económico... Pues ya se sabe que “esta clase” de alcaldes y concellades de urbanismo van a robar todo lo que puedan si nadie le para los pies. Y además hay que tener mucho cuidado con lo que dices, porque tienen tanto poder que, en algunas ocasiones, con toda la verdad en la mano, al que te mandan a la cárcel es a ti “por no poder aportar pruebas documentadas” de algo que, a todas luces es evidente.

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El Confidencial.com Miércoles, 29 de noviembre de 2006.-'Caso Andratx':: la Fiscalía de Baleares tiene previsto imputar a más de 30 personas entre abogados, constructores y promotores

20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 27.11.2006 - Rajoy, en alusión al caso de Andratx: "Si alguien del PP comete una actividad delictiva, se va a la calle".Rajoy reaccionó así al ser preguntado por la detención el lunes, por orden judicial, del alcalde del municipio mallorquín de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), del director general de Ordenación Territorio de Baleares, Jaume Massot, y de un funcionario, celador de obras.

El Confidencial.com.-Lunes, 27 de noviembre de 2006.-Los notarios agilizan el intercambio de información para combatir el fraude fiscal

El País.es.-26-11-2006.-TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE GOBIERNO LOCAL
El plan anticorrupción crea un registro de ediles tránsfugas y endurece las incompatibilidades
Los concejales no podrán trabajar en sectores sobre los que tomen decisiones hasta dos años después de abandonar el c
argo. Se prohíbe a los concejales trabajar en sectores sobre los que tomaron decisiones hasta dos años después de abandonado el puesto. También se impone que los altos funcionarios (interventores, secretarios generales o arquitectos municipales) hagan declaración pública de intereses, como otros cargos públicos. La propuesta de Administraciones Públicas fija asimismo la obligación de pasar por el pleno municipal (público y con participación de todos los concejales) las permutas y convenios, una vía cuya opacidad actual ha permitido en algunos ayuntamientos, como Marbella, el pago de comisiones ilegales por los promotores. En esta línea de transparencia se da más poder a los concejales para recibir información sensible del ayuntamiento y se crea en el Ministerio de Administraciones Públicas un registro nacional de tránsfugas.

TOP SECRET: Corrupción Urbanistica en las altas esferas de la CAM (Comunidad Autónoma de Madrid)

Terra.es.-20-11-2006.-Promotores piden se evite financiar ayuntamientos con urbanismo .La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) pidió hoy que se evite la financiación de los ayuntamientos 'con cargo al urbanismo' para acabar con la corrupción urbanística.

Diarioinformacion.com. 19-11-2006.-No se pueden permitir los reinos de taifa de los ayuntamientos

«La corrupción urbanística está en la provincia desde hace años y no se persigue»Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera, fundamentalmente a través de la Ley de Juicios Rápidos de 2003, y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. El tema de la corrupción en la administración local nos ha caído del cielo a raíz de Marbella. Si nos ha caído encima es porque estaba ahí. ¿Quiénes son los corruptos? Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones. Si hay corrupción, se sabe y no se persigue, ¿eso es delito, no?

¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y, en segundo lugar, porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo. El mundo del Derecho Penal y el del Derecho Administrativo son dos compartimentos estancos, además de que investigar este tipo de delitos conlleva un conocimiento profundo en materia de urbanismo que, inisto, no tienen ni fiscales ni jueces. Y por eso se deriva a la vía contencioso-administrativa.

Nuestro sistema procesal penal, que es de 1882, se basa en un modelo con muchas personas investigando y a la hora de la verdad, ninguna.Mientras los partidos políticos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede.

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Terra.es.-APCE: solución a corrupción urbanística es eliminar excepciones.Para la APCE la solución no es establecer límites al crecimiento urbano, como propone el Gobierno, porque 'si hay demanda y no se hacen viviendas suben los precios', lo que se 'compadece mal con las viviendas sociales'. Por tanto, explica, 'sólo creando nuevos suelos, con infraestructuras y dotaciones adecuadas, se puede contener el aumento de los precios en los lugares donde la demanda es fuerte'.La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) cree que la única solución para evitar la corrupción es 'eliminar las excepciones' en las políticas de urbanismo de los Ayuntamientos, de manera que los empresarios no tengan que pasar por 'taquilla' para obtener licencias de obra.

El Confidencial.com.13-11-2006.-Trujillo afirma que el resultado de la Ley de Suelo "no ha podido ser más nocivo". La ministra de Vivienda critica el urbanismo "a la carta" y las recalificaciones "selectivas" que se realizan al margen de los planes de ordenación del territorio.

El Confidencial.com.13-11-2006.- Pons propone que las plusvalías de un suelo recalificado se repartan entre sus dueños de los últimos 25 años Europa Press. Valencia. El sentido de esta iniciativa es si alguien adquiere un terreno y lo revende antes de que hayan pasado cuatro años y obtiene "una generosa plusvalía" de este negocio, "estaría obligado a repartir proporcionalmente esa plusvalía entre los que hayan sido propietarios de ese suelo durante los últimos 25 años, de manera que se evite la plusvalía "obtenida a pelotazos". Al respecto, aseguró que la manera en la que se puede abaratar el precio de la vivienda "sólo es una, abaratando el precio del suelo".

El Correo Gallego.13 de novembro de 2006..-Formación ética y construcción
Aunque asistimos diariamente a comportamientos sancionables alrededor del sector del ladrillo, es preciso no generalizar ·· Una ablación sistemática de las posibilidades de edificación llevaría a un incremento del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda

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CONSTRUCCIÓN IRREGULAR
¿Cómo eliminar el mal?

El Correo Gallego.13 de novembro de 2006..-Debe proscribirse el tratamiento al delincuente como si desempeñase un tipo de actividad ordinaria ·· Es preciso crear unidades especializadas, con medios materiales y humanos, para su lucha

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El Mundo.es.-LADRILLO A LADRILLO.

-La corrupción -El mapa -Retrato robot -Motor económico -Las cifras -El problema -La solución -Acción ciudadana -Los ilegales -¡Denuncia!

El confidencial.com.Martes, 07 de noviembre de 2006-El fiscal de urbanismo dice que la nueva ley del suelo favorecerá la aplicación del Cödigo Penal

Sobre ese contexto legal, el Código Penal de 1995 estableció un castigo de hasta tres años de cárcel para aquellos que construyeran sin autorización "en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural" (artículo 319). Sin embargo, recordó Vercher, la Ley del Suelo que el PP aprobó en 1998, después de que el Tribunal Constitucional anulara dos terceras partes del articulado de la norma de 1992 por invadir competencias autonómicas, "cambió totalmente" el planteamiento anterior sobre el suelo urbanizable y estableció que "se podía construir en cualquier lugar" salvo en los expresamente protegidos. Explicó que hay sentencias que basan la absolución en que "la barbaridad urbanística" cometida fue "legalizada" posteriormente por un convenio entre el constructor y la Alcaldía, cuando en realidad eso no es posible, porque -recordó- legalmente un convenio no puede modificar el planeamiento urbanístico del municipio. "Sin embargo, en la práctica, eso está ocurriendo con relativa frecuencia", añadió el fiscal, que mantiene que dar por buenas esas actuaciones "lo único que pone de manifiesto es que se desconoce en su totalidad la esencia del convenio urbanístico".

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La Voz de Galicia.com. 7-11-2006.- ESTUDIO .La especulación urbanística eleva la percepción de corrupción en España.Un estudio de Transparency International otorga una nota de aprobado, tras años de notable.Los datos contrastan con los del resto de la UE, cuyos índices mejoran de forma clara. Las recetas de Transparency Internacional para intentar «corregir» las tasas de corrupción pasan en primer lugar por un pacto de Estado urbanístico que limite ese poder de los ayuntamientos. Otras soluciones son, según los analistas, una verdadera ley del gobierno local, un nuevo sistema de incompatibilidad y una ley de acceso a la información publica y que obligaría a los ejecutivos locales a dar publicidad a los proyectos urbanísticos desde el inicio de los estudios y no sólo una vez que se han firmado los convenios.

Cinco Dias.com. 7-11-2006.-La imagen de España, bajo la losa de la corrupción urbanística. Los expertos no quieren dramatizar. 'La honradez de los funcionarios públicos es extraordinaria y, al contrario de otros países, donde la corrupción es un hecho generalizado, el problema de España se focaliza en el asunto urbanístico', recalcó Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. Son los alcaldes, concejales y promotores urbanísticos encausados por presuntos delitos de corrupción los que copan los titulares de prensa, pero para los expertos esa es la anécdota y no la raíz del problema. 'Lo relevante es la perversión del sistema de financiación', explicó Jesús Sánchez, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset.Transparencia Internacional propone redistribuir los impuestos y que el gasto público del Estado se centre menos en las comunidades autónomas y más en los municipios, para dotarlos de mejores infraestructuras administrativas.

La corrupción urbanística nos inunda: El ladrillo que mancha

El “desarrollo” del último decenio se basa especialmente en la construcción. En nuestro país (44 millones de habitantes) se construye cada año más vivienda que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas (240 millones de habitantes). La capacidad de generar (socialmente hablando) riqueza es nula. Más bien, crea pobreza . Este modelo asociado, gracias a las disposiciones fiscales del Ministerio de Economía, a la compra de vivienda, que no a su alquiler, ha hecho que la inmensa mayoría de la sociedad deba “hipotecar” una cantidad superior al 50% de sus ingresos familiares por un periodo cercano al de una vida laboral. El ladrillismo es un modelo injusto y muy favorable al capital financiero (bancos) y resto de sectores más parásitos (rentistas) del capitalismo español, poniendo en sus manos un volumen de capital cada vez mayor (la parte fundamental de la riqueza del país ahora y durante 25 años). El ladrillo con los bancos y las constructoras a la cabeza maneja una cantidad de capital presente y futuro que transforma a sus principales accionistas en una de las facciones más poderosas del capitalismo español. Avanza la idea de que nosotros votamos pero que son ellos quienes mandan.

La corrupción para actuar necesita oscuridad, poca transparencia, ciudadanía desorganizada y con pocos derechos. La obligatoriedad de defender la participación y un dictamen forzoso a la par que vinculante de los vecinos y de sus entidades (sindicales, vecinales y asociativas) sería un paso importante contra la tiniebla. Nada impide hoy que un ayuntamiento organice un proceso así para aprobar sus planes urbanísticos.

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20MINUTOS.ES/EFE. 04.11.2006 .-Prisión para los dos ex alcaldes de Ciempozuelos por irregularidades urbanísticas

EL GRAN ESCÁNDALO DE LA CORRUPCIÓN (I)

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Ideal.es- 5-100-2006.- «Si hay corrupción urbanística es porque alguien la permite»
Hidalgo desvincula a Granada de las irregularidades en la construcción y el pago de comisiones y culpa a las administraciones de todos los 'casos Malaya'

La falta de suelo hace que suba la vivienda. Se tarda además unos cinco años en gestionar el suelo, y eso encarece la obra. Si todo fuera más rápido, se harían más viviendas y habría menos corrupción.

Hacienda Pública y Corrupción

Concepto y Fines de la Hacienda Pública
Causas del Comportamiento Fraudulento
Análisis de los Sistemas Corruptos
Corrupción Internacional
Manifestaciones de Corrupción en España
Estrategias para Combatir la Corrupción

Financiación de los Partidos Políticos y sus Campañas.

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

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Monografías.com

Corrupción, elites, democracia y valores
Ensayo sobre la fenomenologia de la corrupción

1. Introducción y propositos del presente ensayo
2. Aspectos de orden teorico
3. Escenarios de partida: elites, poder y democracia
4. La inversion de valores absolutos individuales
5. Conclusión
6. Referencias
7. Descripción del trabajo

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www.eldiariomontanes.com.-Viernes, 1 de septiembre de 2006

Universidad Internacional Menendez Pelayo
«El urbanismo es un perverso método de financiación indirecta de los partidos»


El magistrado del Supremo Martín Pallín propone el incremento de penas para los «funcionarios que se dejan sobornar» y los promotores que se lucran ilegalmente

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, denunció ayer en la UIMP, que «el urbanismo es un perverso método indirecto de financiación de los partidos porque nadie ha querido agarrar el toro por los cuernos y hacer una ley de financiación equiparable a otras que existen en la Unión Europea». El magistrado se lamentó de las escasas penas con las que se condenan este tipo de conductas, que no pueden ser calificadas como «delitos menores», por lo que demandó una mayor persecución para «los funcionarios que se dejan sobornar» y «los promotores que se lucran con estas actividades». En concreto, propuso incrementar las penas actuales (de dos a cuatro años) para situarlas entre los ocho y los diez.

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20MINUTOS.ES. 02.11.2006 - El PP suspende a los cuatro concejales que no apoyaron un proyecto urbanístico de 'El Pocero' en Seseña

Caso abierto por 'ladrillazo': En Seseña investigan la recalificación de los terrenos sobre los que construye Francisco Hernando.El alcalde del municipio, de IU, ha denunciado presiones del PP y del PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'El Pocero'. El promotor tenía contratados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno a sus obras.El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros con una votación en la que los concejales del PP se abstuvieron.

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El Correo Gallego.15 de octubre de 2006.- El urbanismo para incumplir

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Una planificación rígida y órdenes que nunca se acatan están detrás de la destrucción del patrimonio ambiental y arquitectónico ·· Algunos PXOM impiden en la actualidad la implantación de empresas

Un nuevo urbanismo en Galicia
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La Voz de Galicia.es.15-10-2006.-Las Aulas na Costa da Morte delatan los errores del urbanismo actual
Xerardo Estévez, ex alcalde de Santiago, dijo que se condicionan votos a cambio de licencias

La planificación ha dado paso a una suma de intereses inmobiliarios de los inversionistas.-Llegó a manifestar que se está «vinculando votos a cambio de licencias» de construcción.

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Terra.es.30-10-2006.-Alcaldes socialistas harán públicos sus bienes en cada mandato.Sostuvo que, en cambio, la corrupción urbanística es 'estructural' dentro del modelo de urbanismo 'especulativo' que promueve el PP.Añadió que este partido es 'complaciente' con esa corrupción urbanística y que, en lugar de expulsar a los responsables, los protege y a los que persigue es a los que denuncian los casos.

ATTAC:ORG.-EL URBANISMO PUEDE SER MOTOR DE CAMBIO SOCIAL?

Joaquín Estefanía, El País, 23-10-2006.- La corrupción como apropiación del Estado "Corrupción es el intrusismo del Gobierno en la eficacia del mercado, con sus regulaciones. La corrupción es nuestra protección. La corrupción nos mantiene sanos y salvos. La corrupción permite que ganemos"

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ELPLURAL.COM.26-10-2006.-Rajoy es "cómplice" de los alcaldes imputados del PP El PSPV le enviará una lista de los casos de corrupción

Expansion.com.-24-10-2006.-El PSOE expulsará a los cargos locales acusados por corrupción urbanística

EXPANSION:COM.- 23-10-2006) .-Apuntes liberales de un chico de derechas Miguel Ángel Belloso. El PSOE y la corrupción urbanística

Noticias de Alava.-El PSOE propone devolver al Estado competencias sobre urbanismo expulsará a los cargos con indicios racionales de corrupción y reta al pp a hacer lo mismo .Los socialistas presentan un decálogo para frenar la especulación y el PP les acusa de "poner el ventilador"

El Semanal digital, 25 de octubre de 2006.- La corrupción inmobiliaria y el sistema urbanístico español

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) - Marín (IU) no cree que la corrupción "salpique a IU" aunque admite que "cualquier persona puede delinquir"EL PSOE ANUNCIA MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN .EL PP PREGUNTARÁ AL FISCAL GENERAL

CONSUMER.-Octubre 2006.-Los ciudadanos podrán participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo . Los planes y convenios urbanísticos se someterán a información pública

20MINUTOS.ES. 24.10.2006 - 19:11h.-Lista negra de los municipios cuyos ayuntamientos tienen causas abiertas por corrupción urbanística Nota: Más de veinte casos vinculados a implicación urbanística están siendo investigados en España. Estos son los más conocidos.

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Se disparan los casos de corrupción urbanística en todos los rincones del país

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.El confidencial.com..-Miércoles, 04 de octubre de 2006La corrupción urbanística irrumpe en la agenda política de cara a las próximas elecciones municipales

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www.eldiariomontanes.com.-Viernes, 1 de septiembre de 2006. Universidad Internacional Menendez Pelayo «El urbanismo es un perverso método de financiación indirecta de los partidos»


José A. Martín Pallín. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO «El urbanismo desmoraliza a los ciudadanos»

 

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El Pais.com.-11 de xaneiro de 2007.-La fiscalía de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales
El Tribunal Supremo pretende "evitar sensaciones de impunidad"

LYDIA GARRIDO - Valencia - 11/01/2008

Varias urbanizaciones con sentencia firme de derribo en Liencres- SANTOS CIRILO


Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, trasladó ayer a los fiscales delegados de esa materia las conclusiones alcanzadas en unas jornadas celebradas en diciembre en Fuerteventura para que se apliquen. Entre ellas, figura que los fiscales de las secciones de Medio Ambiente y Urbanismo pidan la ejecución de las sentencias firmes que hayan declarado una obra ilegal. En concreto, en el apartado dedicado a cuestiones relativas a los delitos sobre la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico consta: "Se insiste en la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal para evitar sensaciones de impunidad y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de las ejecutorias para la efectiva aplicación de dicha medida cuando así se haya establecido por sentencia".


Se recomiendan medidas preventivas ante un posible daño irreparable
Esas conclusiones incluyen "la conveniencia de la adopción de medidas cautelares en los casos de obras ilegales" y también de acciones preventivas ante una actuación que pueda significar un daño irreparable. "Como medida preventiva en el caso de acciones anunciadas que puedan suponer un daño irreparable a la ordenación del territorio o al patrimonio histórico, el fiscal considerará la posibilidad de intervenir en el proceso administrativo, de Responsabilidad Medioambiental o bien comunicar a quien pueda autorizar la acción que ocasionaría un daño, que se iniciarán acciones penales", se detalla en el documento.

El texto, que fija entre otras cosas un protocolo para que trimestralmente sean remitidas a Vercher las sentencias de las distintas Audiencias y calificaciones de cada fiscalía en estas materias, también se refiere a la relación con las Administraciones en materia de urbanismo y de medioambiente. Para evitar confusiones y aclarar posiciones, se detalla: "Se pone de manifiesto los conflictos existentes entre las Administraciones de diversas comunidades autónomas con los correspondientes cuerpos de Agentes Forestales, acordándose que dichas circunstancias no deben suponer obstáculo alguno para que por parte de la sección de Medio Ambiente se siga contando con los mismos en el desempeño de su función como policía judicial genérica".

Y, en otro punto, se precisa: "No se estima procedente la suscripción de protocolos de colaboración o convenios en materias que son propias de dichas Administraciones y relativas al ejercicio de sus funciones, dado que el incumplimiento de la obligación de colaborar con la Administración de justicia en general y con el ministerio fiscal en particular lleva aparejada la responsabilidad legal oportuna".


blogs.periodistadigital.com/corrupcionpolitica.-17.10.06--

LA CORRUPCION LA PAGA EL CIUDADANO
En una sociedad libre, moderna y abierta como la española, todos somos responsables, en mayor o menor medida, de la ola de corrupción que nos asola, ahora principalmente en el plano local, amenazando muy seriamente nuestra incipiente y nunca bien consolidada democracia. Porque, más allá de los políticos, primeros actores del corrosivo fenómeno, de la carencia de autoridad moral de los propios partidos políticos, del peligrosamente influyente mundo económico-financiero, de la incompetencia material de las instituciones públicas encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, del hasta ahora ineficaz estamento judicial, y de la falta de compromiso de la intelectualidad; por encima de todo ello, digo, la gran valedora de la actividad corrupta es la complacencia de una ciudadanía básicamente corrupta también.

En efecto, el ciudadano de a pié, acomodaticio en todo momento al poder establecido, ha jaleado en ocasiones a los ladrones institucionales, justificando muchas veces sus tropelías, y hasta admirándoles en secreto. Porque, aunque resulte duro reconocerlo, vivimos en un país donde el que puede llega tarde al trabajo, estafa a Hacienda o se apropia de lo que no le pertenece.

De todas maneras, estoy convencido de que este estado de cosas responde a la falta de formación ciudadana. El contribuyente español medio no es consciente de los estragos sociales y económicos que toda práctica política perversa acarrea a la economía nacional; también a la suya, por tanto. Por eso el nivel de corrupción política es mucho menor en los paises del norte de Europa, donde tradicionalmente se vive la ciudadanía de forma responsable y reivindicativa. De ahí el que el gran escrito francés del XIX, Victor Hugo (la corrupción ha existido siempre y en todos los paises), contestara en su día a una pregunta sobre el particular en el sentido de que lo primero que haría para combatir la corrupción en su país, sería construir escuelas.

En esta línea, es fácil colegir que el ciudadano tolera la corrupción porque aún no alcanza a comprender que los políticos no son héroes admirables e inaccesibles, sino sólo representantes (formales, más bien) de la vecindad, a los que se paga para que gestionen los servicios públicos que ésta les demanda y, por lo mismo, responsables de la recta y eficaz administración del dinero público, así como de la honrada defensa de los intereses ciudadanos; gestores, en suma, a los que por consiguiente se les puede y debe pedir cuentas. El español medio todavía no ha llegado a la conclusión de que el político que utiliza las potestades públicas que él mismo le ha conferido en beneficio propio y en perjuicio de la colectividad, le ha traicionado en su confianza. El sacrificado contribuyente no ha reparado en que la corrupción le cuesta el dinero, que la paga él en definitiva cual si fuera un nuevo impuesto, pues ha de sufragar los servicios públicos que le presta una Administración cada vez más cara por desproporcionada, ineficaz y perversa. El consumidor no ha caído en la cuenta de que se hipoteca la vida pagando una vivienda tres veces más cara de lo que sería justo, porque la corrupción mediante en el sector la ha encarecido en igual proporción.

Cuando se produzca esta toma de conciencia por parte de la ciudadanía, ésta se tornara necesariamente beligerante contra esos políticos desalmados y manipuladores que la están esquilmando. Porque al cabo sólo nos preocupa aquello que nos afecta al bolsillo.

Corrupción Urbanística “made in spain”
Mayo 19th, 2007

Estamos acostumbrados a la corrupción urbanística de la “high society”, es decir aquella que envuelve a Alcaldes de grandes ciudades, políticos de primer nivel, alguna tonadillera…. pero hoy nos fijamos en la parte menos “glamourosa” y mas preocupante de la corrupción urbanística: aquella que se realiza en cualquier pueblo y en cualquier punto de la geografía nacional y que no trasciende a la opinión pública.

Creo que debemos plantearnos si dejar en manos de gente sin una formación legal, administrativa o, en alguna ocasión, ética la potestad de adjudicar obra pública con una básica aplicación de la Ley de contratos….bueno, os dejamos este vídeo, que forma parte del documental emitido por cuatro llamado Anatomía del ladrillazo, que espero nos haga reflexionar.


http://bitaquique.blogspot.com/search/label/corrupción.-De fontanero a alcalde millonario
Telmo Martín en Interviú


Foto de Contremo

Copio y pego del blog Salvemos Sanxenxo


"Ha renunciado a la alcaldía de Sanxenxo, donde poco queda por recalificar, para ser el candidato del PP a la de Pontevedra, donde su principal empresa constructora es la que más edifica. Telmo Martín, de orígenes humildes, administra una quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115 millones de euros.


Los vecinos más antiguos de Meaño (Pontevedra) aún recuerdan a aquel paisano, tan buen mozo, de grandes ojos azules y cabellos rubios, montado en una moto Gilera, en la que transportaba sus aperos de fontanería. A principios de los años setenta, Telmo Martín González, nacido en 1958, se ganaba la vida como fontanero y acudía a clases nocturnas para obtener el graduado escolar. Así pasó la adolescencia el que años más tarde sería uno de los alcaldes gallegos más populares –el de Sanxenxo (Pontevedra) por el PP–, a la vez que brillante empresario. El pasado 19 de enero renunció a su cargo de alcalde, tras dos legislaturas con mayoría absoluta, para ser el candidato a la alcaldía de Pontevedra.

Se va, pero ha dejado el pastel bien repartido. Con las 13.000 nuevas viviendas que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Sanxenxo –el doble de las existentes– no queda casi suelo para recalificar en la localidad. Las empresas adjudicatarias van desde el constructor local, como Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del consejero valenciano del PP Juan Cotino, ex director de la Policía. También le ha tocado un pedazo del pastel a Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia, antaño delfín de Manuel Fraga.


El padrino deTelmo : Cuiña

Con Cuiña ha hecho Telmo buenos negocios, como el de Portonovo, localidad que pertenece a Sanxenxo. Allí, entre los años 2000 y 2004, la empresa Construcuatro, de la que Martín es socio, adquirió tres fi ncas que sumaban 3.641 metros cuadrados, por 600.000 euros. Según el Registro de la Propiedad, esas fincas eran rústicas en el momento de la compra. En 2005, la empresa de Telmo se las vendió, ya recalificadas, a Construziona, una sociedad participada por Xosé Cuiña y por su familia. También participa en dicha empresa Francisco Doblas Bermejo, ex concejal del Ayuntamiento de Vigo por el PP. La venta fue por 2,4 millones de euros. Según Juan Carlos Martínez, asesor de Martín, las fincas, en realidad, eran urbanizables desde 1990, y achaca al Registro el error en la calificación del suelo. Sea como fuere, lo cierto es que el que entonces era alcalde de Sanxenxo hizo un suculento negocio: su empresa ganó casi dos millones de euros en la operación.

Telmo Martín es de esa clase de regidores que, sin complejos, abiertamente, deciden no renunciar a su mayor fuente de ingresos, que en este caso –como en la mayoría– es la construcción; incluso ha edificado en Sanxenxo con su empresa Construcuatro. Esta sociedad, que fue constituida en 1991, ha experimentado un fuerte crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento, se convirtió en alcalde. En 2005 facturó 65.877.337 euros, mientras que en 1997 logró 9.149.828; en 2000 fueron 15.953.529, y en 2004 Construcuatro obtuvo unos ingresos de 27.725.978 euros.

Antes de ser alcalde, Telmo Martín, que ha declinado hacer declaraciones para este reportaje, ya era empresario, un pequeño empresario que iba haciéndose un sitio en los negocios relacionados con el mundo del hierro. A mediados de la década de los 70, el joven Telmo emigró a Alemania, donde trabajó como ferrallista, según indica su asesor, Juan Carlos Martínez. De vuelta a Galicia, con el oficio aprendido y con ansias de prosperar, montó en 1979, con su padre y con su tío, una fábrica de hierros, Hierros Santa Cruz SL, que ha sido el buque insignia de su trayectoria empresarial. Hierros Santa Cruz también ha crecido mientras su fundador era el alcalde de la turística localidad de Sanxenxo y, sobre todo, gracias a los trabajos realizados para el Ministerio de Fomento mientras su titular era Francisco Álvarez Cascos (2000-2004). Hierros Santa Cruz fue subcontratada para algunas de las más grandes obras de la época: ampliación del aeropuerto de Barajas y diversos tramos del tren de alta velocidad, entre ellos, uno en Galicia, lo que generó acusaciones de favoritismo. La sociedad de Telmo se defendió entonces, alegando que siempre había trabajado en las obras públicas. En las memorias anuales de cuentas de Hierros Santa Cruz Santiago SL, otra empresa administrada por Telmo, en el capítulo de Transacciones con el administrador único (retribuciones y préstamos que hace a la empresa o viceversa) figura: “Esta información no se facilita por ser susceptible de causar graves perjuicios”.

Las propiedades del alcalde

Aunque sus empresas más rentables ya existían antes de ser alcalde, Telmo se ha dedicado a constituir algunas más durante el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, Grupo inmobiliario Martín Taboas SL, Grupo inmobiliario Atlántico Sur SA, Galataimar SL. En total, en 2005 las sociedades administradas por el político del PP obtuvieron unos ingresos aproximados de 115 millones de euros.

El Dato
REXISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
LISTADO DE SOCIEDADES EN LAS QUE FIGURA DE REPRESENTANTE SOCIAL:
1-­GALATAIMAR SL B36856912
2-GRUPO INDUSTRIAL MARTIN TABOAS SL ( B36946614)
3- CONSTRUCUATRO GRUPO INMOBILIARIO SL ( B36489771)
4- M. C. S. NATRADIS SL ( B36952323)
5-GRUPO INMOBILIARIO ATLANTICO SUR SA (A36348985)
6-GRUPO INMOBILIARIO MARTIN TABOAS SL (B36965747)
7-INVERSIONES MARTIN TABOAS SL(B36965754)
8- TEYDICO SL ( B80738818) Madrid
9-MG INVERCASA SL(B36192839)
10-HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO SL (B15481146 A Coruña)
11-MG. PROCASA SL (B36213973)
12-INMOBILIARIA AV. URUGUAY SL (B36236255)
13-PEREGRINA DE GESTION SL (B36316636)
14-PROMOCIONES LORDELO SL (B36845105)
15-EDELMIRO VAZQUEZ Y HERMANO SL (B36000149)
16- HIERROS SANTA CRUZ SL(B36012318)
17-CONSTRUCUATRO SA(A36142065)


Sanxenxo

Sanxenxo, al norte de la ría de Pontevedra, es conocida como la capital turística de Galicia. Con unos 17.000 habitantes censados, en verano se alcanzan hasta los 130.000. El censo oficial de viviendas de la localidad es de 12.000, de las que 7.000 son residencias estivales. El hasta hace poco alcalde de Sanxenxo posee, desde 2005, un ático con vistas al mar, en un exclusivo edificio, y en el puerto deportivo tiene un yate. En Pontevedra, de donde quiere ser alcalde, Construcuatro es la empresa que más construye. Allí posee tres viviendas en un edificio situado en una de las mejores zonas de la ciudad. En Málaga, donde Construcuatro ya ha levantado un residencial, es dueño de un ático y dos plazas de garaje. En la localidad pontevedresa de Meaño posee dos fincas rústicas, según el Registro de la Propiedad.

Un patrimonio considerable para un brillante hombre de negocios y un popular alcalde a la vez. En 2002, Construcuatro obtuvo por la mitad de precio 5.100 metros cuadrados de edificabilidad tras una permuta con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de Xosé Cuiña.


Sanxenxo: La recalificación del verde al gris

Lo primero que hizo Telmo Martín cuando accedió a la alcaldía de Sanxenxo, en 1999, fue hacer un nuevo Plan de Ordenación Urbana, que en sólo dos años y medio quedó aprobado. Están previstas 13.000 nuevas viviendas –el doble de las existentes–, la mayoría adjudicadas ya a diferentes empresas. Uno de los que más construyen en Sanxenxo es Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol. Las constructoras Fadesa y Acciona también van a construir, en zonas privilegiadas. Un pequeño chalé adosado puede costar 600.000 euros. Sanxenxo es el municipio gallego con el suelo más caro de toda la autonomía. El hasta ahora alcalde ha sido denunciado por la asociación Salvemos Pontevedra por la operación de venta de unas parcelas de su empresa, Construcuatro, a Construziona, de Xosé Cuiña".

 

http://bitaquique.blogspot.com/search/label/corrupción.-Especulación inmobiliaria en Madrid: un caso de hemeroteca

Cuando el negocio lo hace el ayuntamiento

Cuando el que especula es un inversosr particular o un empresario sólo nos cabe hacer las reflexiones morales pertinentes en consonancia al calibre de la jugada y poco más. Cuando el especulador es un ayuntamiento o una corporación pública, parece que las dudas acerca de su legitimidad ética son más que evidentes. Ahora bien, si aprovechando las circunstancias -expropiación forzosa- se engaña a los expropiados y luego se pone a la venta al mejor postor el bien enajenado, obteniendo pingües beneficios, sólo se puede hablar de estafa en toda regla y de bajeza moral demostrada por parte de quien ejecuta la maniobra.

Lo que sigue a continuación sucedió en Madrid. No se trata de un caso de ficción. Es un caso real, aunque no lo parezca:

El Ayuntamiento de Madrid expropió en 1986 un solar situado en Ciudad Jardín-Prosperidad (distrito de Chamartín), para dotar de equipamientos al barrio.

El solar de "los caballitos", así llamado porque desde hace muchísimos años estaba allí instalado un tiovivo, era propiedad de la Comunidad de Propietarios de la Colonia Primo de Rivera. Estos vecinos ofrecieron la parcela al Ayuntamiento a cambio de que éste dotara de equipamientos al barrio. No hubo acuerdo en cuanto al justiprecio, fijado en 11 millones de pesetas, de las de entonces y, finalmente, cuando ocupaba el socialista Juan Barranco la alcaldía, se expropió la parcela por este precio.

El 9 de junio de 1992 ese mismo Ayuntamiento, pero gobernado por José María Álvarez del Manzano, del PP, decidió ponerlo a la venta. La parcela, como vimos, costó 11 millones de las antiguas pesetas. El precio inicial de su salida a subasta fue de 900 millones.

El solar estaba situado en la esquina formada por las calles de Ramón y Cajal y de Víctor de la Serna. Tiene 4.000 metros cuadrados y fue siempre un pequeño descampado provisto de un tiovivo en el que varias asociaciones de vecinos soñaban instalar un centro de especialidades médicas.

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid vendió la parcela por 1.181 millones de pesetas a José María Gallego Sánchez, promotor inmobiliario. El precio multiplicó por cien el valor por el cual el Ayuntamiento consiguió el solar, en 1986, mediante expropiación forzosa: 11.207.800 pesetas, exactamente. El beneficio que se embolsó el Ayuntamiento fue de 1.169.792.200 millones de pesetas.

En la actualidad, en lugar de la dotación social demandada, hay un bloque de viviendas de lujo.

 

.[www.elconfidencial.com] 29-3-2007.-El juez Torres aboga por que los delitos urbanísticos sean penados "con el decomiso de los bienes" A su juicio, no es suficiente que la "mayoría de los casos acaben con una dimisión o con condena moral o con una pena" de prisión.

El juez instructor del "caso Malaya", Miguel Ángel Torres, abogó este jueves por que los delitos de corrupción urbanística sean penados "con el decomiso de los bienes", ya que, a su juicio, no es suficiente que la "mayoría de los casos acaben con una dimisión o con condena moral o con una pena" de prisión. Torres, que evitó hacer declaraciones a los periodistas, participó en Salamanca en una mesa redonda titulada "Corrupción urbanística" dentro el XIX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal que se celebra hasta mañana viernes.

En su intervención ante los más de 600 participantes en el encuentro, el juez consideró necesario la modificación de algunas normas, ya que, según explicó "habría que plantearse si tiene sentido desarrollar procesos muy largos con el blanqueo de capitales o incluso por corrupción".

Este tipo de casos, a los que calificó de "complejísimos" y que "generan unos grandes costes" no suponen, en su opinión "ningún beneficio para la comunidad desde el punto de vista ejemplificativo", ya que no evitan que se vuelvan a producir.

Además, consideró conveniente otras reformas legales, ya que, según señaló, los casos de blanqueo o de corrupción "casi nunca se inician por una denuncia de la persona a la que han solicitado dinero, lo cual dificulta mucho la investigación".

En este sentido, significó que en "muchos nos encontramos con una especie de ruleta rusa en el procedimiento".

Torres concluyó su intervención haciendo una reflexión sobre "la minusvaloración del derecho de igualdad ante la ley" y tildó de "conductas de otro tiempo" aquellas de "usted no sabe quién soy yo o a mí no me puede hacer esto" a las que se enfrentan los jueces en muchas ocasiones.

Por ello, consideró "importante" defender este principio "porque todos tenemos que responder de nuestros actos sean cuales sean".

"La prevaricación tiene penas mínimas"

La mesa redonda contó también con la intervención del fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera, quien declaró que "la prevaricación o la transmisión de influencias tienen penas mínimas y es algo que hay que corregir".

Así, estimó conveniente "cambiar los criterios de interpretación de la norma porque este tipo de delitos deben condenarse, no hay que ser favoritista", concluyó.

El Congreso de Derecho Penal, que se clausura este viernes, dedicará su última jornada al "Tráfico de personas: el escándalo del siglo XXI" y a la "Financiación de terrorismo".

Esta mesa redonda contará con la participación del juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, además del catedrático y ex asesor de Política Antiterrorista del Ministerio del Interior, Fernando Reinares Nestares, y del coronel de la Guardia Civil José García San Pedro.

 

20MINUTOS.ES / EFE. 27.03.2007 - 21:37h .-El Parlamento Europeo detecta abusos urbanísticos "generalizados" en España

El mayor número de abusos se detectan en Valencia, Almería y Madrid.
Denuncian planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles.
Culpan de ello a las adminstraciones, "incapaces" de ponerlos frenos.

Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones.


El informe denuncia presiones en las administraciones para que aprueben grandes desarrollos urbanísticosEstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunitat Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos.

El informe indica que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".

Valencia, Almería y Madrid, las peores paradas

La peor parte es para el Gobierno de la Comunitat Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".


Esta es la Europa de la libertad de movimiento (...) de la libertad para explotar en impunidad
En Almería, sus autoridades provinciales "admitieron y reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".

En la Comunidad de Madrid, la visita se centró en Galapagar y Torrelodones, donde también se hicieron "serios comentarios sobre los desarrollos en localidades vecinos como El Escorial". Las principales son "el tamaño de los programas y su impacto en los alrededores naturales, en las aves en peligro, la falta de un tratamiento de agua apropiado y los efectos sobre el tejido social" de la región.

Más conclusiones:

Además, el informe constata que:

Existe un "gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano empujados por "la avaricia".
Aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".

Afirma que los residentes cuya comunidad ha experimentado un desarrollo desproporcionado en poco tiempo, no obtienen ningún beneficio por ello, aunque los constructores sí.. También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores.
"Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.

 

Faro de Vigo.-23-3-2007,.El juez aclarará si Vázquez y Fontenla se beneficiaron del tráfico de influencias




El fiscal acompaña su denuncia con informes de las empresas del presidente de la CEG y el ex alcalde


M. B. / J. L. A. / A Coruña
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña aclarará si el ex alcalde y embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, se beneficiaron del tráfico de influencias denunciado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y por el que, de momento, serán llamados a declarar como imputados el director xeral de Industria, Enerxía e Minas durante el último Gobierno del PP, Ramón Ordás Badía, y su cuñado el empresario Luis Castro Valdivia.


El responsable de las diligencias del Ministerio Público, el fiscal José Ramón Piñol, acompañó su denuncia ante el juzgado de diversa documentación sobre las empresas vinculadas a la mujer y a los hijos de Francisco Vázquez, el presidente de la patronal y Castro Valdivia, quien en el tiempo que su familiar ocupó un alto cargo en la Xunta logró licencias para explotar nueve minicentrales hidroeléctricas y siete parques eólicos.


Entre las 35 empresas energéticas en las que el cuñado de Ordás Badía tiene responsabilidades se encuentra Hidroeléctrica del Arnoya, una sociedad que, tras diversas operaciones, pasó a ser controlada por María del Carmen de la Iglesia y Elena y Francisco Vázquez, quienes poseen el 50% de las acciones a través de la sociedad patrimonial Iglevaz. Esta compañía fue constituida por el presidente de la patronal gallega en 1998 y transmitida cuatro años después, cuando ya poseía la mitad de la hidroeléctrica, a la familia más directa del entonces regidor, con lo que le franqueó la entrada al sector energético.
Iglevaz, al igual que la mayoría de las empresas energéticas en las que participa Castro Valdivia, tuvo su sede social en el número 1 de la calle Fama -donde el cuñado de Ordás Badía tiene su domicilio- y en el 6 del Cantón Grande, direcciones a las que el fiscal se refiere en su denuncia para poner de relieve los escasos recursos materiales de las compañías implicadas en la trama energética, que, sin embargo, han obtenido importantes autorizaciones para explotar minicentrales y parques eólicos en Galicia.
Sin empleados
La otra mitad de Hidroeléctrica del Arnoya, una empresa que según sus balances contables no tiene empleados, se la reparten Gespifont (propiedad de Fontenla, su mujer y sus hijos) y Luis de Valdivia S.L. (de la que Castro Valdivia posee todas las acciones). La compañía energética en la que los Vázquez concentran sus intereses en el sector de las energías renovables comenzó su actividad con dos minicentrales hidroeléctricas en los ríos Corzán y Xallas, en los municipios de Negreira y Serras de Outes, pero en el año 2004 decidió dar el salto al negocio de la energía eólica.
En julio de ese año, tal como consta en los expedientes remitidos a la Fiscalía del TSXG por la Consellería de Industria, Hidroeléctrica del Arnoya solicitó a la Xunta autorización administrativa para emplazar instalaciones electromecánicas en el parque eólico denominado O Chao, en los municipios lucenses de Muras y Ourol. El proyecto recibió el visto bueno de las Consellerías de Industria y Medio Ambiente en diez meses y el 14 de julio de 2005, cuando el PP ya había perdido la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, el Consello de la Xunta aprobó la autorización definitiva para el proyecto, que en la actualidad está pendiente, según consta en la denuncia del fiscal, de que se apruebe la declaración de utilidad pública del proyecto, en el que la hidroeléctrica se comprometió a invertir 10,4 millones de euros para crear un parque de cuatro aerogeneradores.


El Pais-com.-20/03/2007.- Feijóo recalificó la plantación de Horacio Gómez a los tres años de iniciarse las obras. El Gobierno del PP publicó la autorización dos días después de las elecciones autonómicas
ELISA LOIS - Tomiño - 20/03/2007



Un decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia el 21 de junio de 2005, dos días después de que el PP perdiese las pasadas elecciones autonómicas, recalificó la finca en la que, desde tres años antes, el que fuera presidente del Celta y concejal popular de Vigo, Horacio Gómez, ya había empezado a instalar la mayor plantación de albariño de Galicia, en el municipio de Tomiño. El decreto, firmado por el entonces vicepresidente primero y conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo, legalizaba la plantación, denunciada por la Guardia Civil en el juzgado.

El actual presidente del PP gallego firmó el 18 de mayo de 2005 el decreto por el que se aprobaba la recalificación de casi un millón de metros cuadrados para retirarle la protección ecológica y dedicarlos a uso forestal y agropecuaria. Un documento que solventaba una situación irregular, tres años después de que la sociedad mercantil de Horacio Gómez, Viñedos Vilachán, acometiese las obras hasta convertir la plantación en una de las 15 mayores de Europa, con una previsión de producir 800.000 botellas de vino al año.

El expediente y las supuestas irregularidades cometidas entre 2002 y 2005 por la empresa constan en una denuncia que presentó la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción número dos de Tui, que investiga presuntos delitos de prevaricación, contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio. Además de Horacio Gómez, aparecen imputados en las mismas diligencias el alcalde del Partido Popular de Tomiño, José Luis Fernández Lorenzo, y el aparejador municipal, Pablo Ortega.

La jueza María del Carmen García Campos no ha adoptado por el momento ninguna medida cautelar, a la espera de analizar toda la documentación que ha solicitado a la Consellería de Política Territorial, por lo que, según fuentes de la investigación, no se descarta que pueda exigir responsabilidades al anterior gobierno de la Xunta en la tramitación y aprobación del expediente. La investigación del Seprona de la Guardia Civil detectó flagrantes irregularidades cuando la empresa, en 2002, con una licencia muncipal que sólo le permitía roturar,la parcela, acometió obras de desmonte, construyó muros y terrazas y alteró el cauce de los ríos.

Cuando la Consellería de Medio Ambiente aprobó el estudio de impacto medioambiental, en 2004, dos años después de que la empresa acometiese las polémicas obras y levantase la plantación, se basó en un informe técnico del distrito forestal Vigo-Baixo Miño, que entonces señalaba que todo lo ejecutado en la parcela "cumplía sustancialmente con la licencia municipal de roturación". Una valoración, sin embargo, que contradecía una anterior del aparejador municipal y que había obligado al alcalde a paralizar las obras, aunque nunca llegaron a precintarse.

El decreto de Núñez Feijoo que recalificó las fincas puso el colofón a un expediente en el que los trámites administrativos se cumplimentaron una vez terminadas las obras. Un decreto que, además, dejó la puerta abierta a la empresa para obtener la futura autorización para construir la bodega.

Con la firma del entonces vicepresidente de la Xunta se aprobaba la modificación puntual del planeamiento urbanístico de Tomiño que había acordado el pleno de la corporación en abril de 2004 sólo con los votos a favor de los concejales del PP. Desde la oposición ya se había advertido "falta de rigor y oportunismo" en esta recalificación. La Guardia Civil ha denunciado a los ediles que tomaron ese acuerdo. En el mismo decreto para modificar el planeamiento de Tomiño, Feijoo también legalizó otra vieja y polémica obra, un edificio de viviendas del que era promotor y constructor Fernando Otero Vilariño, ex concejal de urbanismo en esta ayuntamiento.

 

La Voz de Galicia.es.-13/03/2007.-.-La Guardia Civil se especializa en combatir delitos urbanísticos
Un total de 194 agentes investigarán tramas y corrupciones

El Seprona refuerza los equipos que luchan contra las infracciones al medio ambiente

(Firma: Alejandro Posilio | Lugar: la voz | madrid)


?a Guardia Civil ha incorporado a 194 agentes que se han especializado en combatir la delincuencia urbanística. Desde ayer, se dedican a la investigación de las infracciones penales relacionadas con el desarrollo urbanístico, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, así como su impacto en el medio ambiente.

De estos funcionarios, 162 se repartirán entre las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres por cada una, adscritos a sus respectivas unidades de policía judicial. Otros 25 números forman parte a nivel nacional de la Unidad Central Operativa, que da apoyo a las unidades provinciales cuando la requieran y especialmente en las investigaciones de mayor trascendencia. Finalmente, otros siete especialistas se han integrado en el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que se encargarán de las infracciones al medio ambiente en materias relacionadas con la ordenación del territorio.

«Ataque directo»

Estas nuevas unidades fueron presentadas ayer en Madrid por el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, quien destacó que las conductas que combaten suponen un «ataque directo» a los principios que sustentan la convivencia democrática y un «grave perjuicio» para los consumidores y usuarios, al elevarse artificialmente el precio de la vivienda.

Todos estos agentes han sido formados en materia urbanística y lo serán en breve en asuntos financieros y de blanqueo de capitales. Actuarán a iniciativa propia, a partir de una denuncia previa o a requerimiento del ministerio fiscal o de las autoridades judiciales. Asimismo, colaborarán con otros departamentos y órganos de la Administración relacionados con estas infracciones, como la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de la Vivienda.

Mesquida aseguró que no descarta que en un futuro aumente el número de agentes destinados a combatir este tipo de delitos.

 

 

20MINUTOS.ES / EFE. 12.03.2007 - .-Casi 200 nuevos guardias civiles luchan desde hoy contra la delincuencia urbanística
Se centrarán en infracciones penales, delitos contra el medio ambiente y financieros.
Pueden actuar a petición de la Justicia o a iniciativa propia.
No se descarta que se incorporen nuevos agentes.

La Guardia Civil incorpora desde hoy a 194 nuevos agentes para combatir la delincuencia urbanística, lo que supone un refuerzo en la investigación de estas infracciones penales, su impacto en el medio ambiente y los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Los delitos urbanísticos son, para Mesquida, un "ataque directo" a los principios que sustentan la convivenciaEstos son los objetivos de estas nuevas unidades del Instituto Armado, ante la existencia, según dijo hoy el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, de conductas que implican la desviación de medios de titularidad pública para beneficio particular o el deterioro de la biodiversidad.

Unas conductas, señaló Mesquida en rueda de prensa, que suponen un "ataque directo" a los principios que sustentan la convivencia democrática y un "grave perjuicio" para los consumidores y usuarios al elevarse artificialmente el precio de la vivienda.

En concreto, 162 guardias civiles, desplegados por las 54 comandancias del Cuerpo, forman los llamados equipos contra la delincuencia urbanística y estarán adscritos a las correspondientes unidades de Policía Judicial de esas comandancias.

Veinticinco agentes constituyen el grupo a nivel nacional integrado en la UCO, con base en Madrid, y darán apoyo a las unidades provinciales cuando se les requiera o cuando se trate de investigaciones de mayor trascendencia.

Y otros siete especialistas del SEPRONA se encargarán de las infracciones al medio ambiente en materias relacionadas con la ordenación del territorio.

Con formación urbanística

Funcionarán a requerimiento del Ministerio Fiscal o de las autoridades judiciales, a partir de una denuncia previa, o por iniciativa propiaLos agentes destinados en estas unidades, que han sido formados ya en materia urbanística y lo harán en breve en asuntos financieros y de blanqueo de capitales, se sumarán a los guardias civiles y policías que ya desarrollan su trabajo en este ámbito.

Funcionarán a requerimiento del Ministerio Fiscal o de las autoridades judiciales, a partir de una denuncia previa, o por iniciativa propia, y contarán con la colaboración del Ministerio de la Vivienda, la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria para investigar delitos relacionados con el urbanismo y el medio ambiente, la corrupción en general y la delincuencia financiera.

De momento son 194 los agentes que se incorporan a la investigación de estos delitos, pero el director de la Guardia Civil y de la Policía no descarta que en el futuro se varíe este número.

 

 

El Confidencial.com.-Jueves, 08 de marzo de 2007.- - Ecologistas piden a los partidos que la construcción se ajuste a las necesidades reales de vivienda

Organizaciones ecologistas reclamaron este jueves a los partidos que la construcción se justifique sólo por las necesidades reales de vivienda y equipamientos públicos y que los crecimientos urbanísticos no sean superiores en la legislatura próxima al 10% de la superficie ya urbana y la población actual. Proteger todos los suelos no urbanizados a 500 metros del mar y declarar esta franja "libre de cualquier tipo de edificación o infraestructura" no contemplada en la Ley de Costas es otra de las demandas que, con vistas a las próximas elecciones autonómicas, presentaron Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWW/Adena y SEO/Birdlife.

El documento 'Un programa por la Tierra. Propuestas de futuro sostenible' repasa los problemas medioambientales que consideran más graves y las políticas autonómicas necesarias, ya que las comunidades son competentes en esta materia y la ordenación territorial.

Así, desean la protección del suelo natural con derribo de las construcciones ilegales y prohibición en ellos de usos residenciales, turísticos e industriales, además de que se consideren vinculantes los estudios de las confederaciones hidrográficas.

Desean un "pacto anticorrupción" urbanística de los partidos, con destitución de cualquier cargo imputado, procesado o condenado o vinculado con sectores inmobiliarios o de la construcción, aparte de la penalización fiscal de la vivienda vacía.

Para el agua, plantean el fomento del ahorro doméstico y municipal con tarifas escalonadas, reducción del consumo agrícola en un 20%, impedir y cerrar pozos ilegales y descartar embalses y trasvases.

Impedir los desarrollos seperados del casco urbano

En transportes, quieren que se impidan desarrollos poblacionales separados del casco urbano, una "tasa ecológica" sobre el consumo de carburante de automoción, fomento de los medios no motorizados y de la locomoción colectiva, y exigen el cumplimiento de la normativa de calidad del aire en todas las áreas metropolitanas en 2010.

Contra el cambio climático, el objetivo es rebajar en un 20% el consumo de energía en cuatro años con políticas de ahorro y "gestión de la demanda", aumentar las energías renovables y la oposición a la instalación de centrales térmicas o nucleares.

En la agricultura, reducción de los productos químicos, aumento del cultivo ecológico y erradicación de los transgénicos.

También reducción del peso de los residuos y basuras en un 10%, preservación de los recursos pesqueros, de la biodiversidad y los hábitats y una gestión sostenible de los bosques.

Presentaron el programa en conferencia de prensa Liliane Sependeler (Amigos de la Tierra), Juan López Uralde (Greenpeace), Theo Oberhuber (Ecologistas en Acción), Juan Carlos del Olmo (WWW/Adena) y Alejandro Sánchez (SEO/Birdlife) que, en términos generales, pidieron una participación pública mayor de los ecologistas y lamentaron que el medio ambiente esté "fuera" del debate político y que se pueda pensar que no es responsabilidad de las CCAA.

 

 

MundoFinanciero.com.-CON LA OPOSICIÓN DEL PP PARA QUE SE INVESTIGUE
La misión de urbanismo del Parlameto Europeo mantiene su visita a Galapagar

Han iniciado una visita por Madrid, Almería y la Comunidad Valenciana para investigar la corrupción urbanística y la especulación del suelo.
El comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener en la agenda de la misión que partió este mismo martes a España para estudiar miles de denuncias sobre urbanismo la visita a Galapagar, a pesar de la oposición del PP, que argumentó que no se ha estudiado el caso concreto de esta localidad y que los eurodiputados llegarán el sábado por la tarde, un día no hábil en España.

Los coordinadores de los distintos grupos políticos trataron esta mañana la petición que planteó ayer el eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz para sacar a Galapagar de la agenda de la misión.

El europarlamentario popular alegó que la petición contra el urbanismo en el municipio madrileño no ha sido estudiada por la comisión de Peticiones, que sus representantes no podrán reunirse con las autoridades locales porque los "sábados en España la Administración no funciona" y porque, en su opinión, no quedaba suficientemente claro con qué vecinos se reunirá la delegación cuando en la agenda aparece "Galapagar y alrededores".

Sin embargo, la comisión de Peticiones mantuvo este martes la localidad, aunque se comprometió a tener en cuenta las observaciones del PP para casos futuros. Su presidente Marcin Libicki, informó al término de la reunión que "no ha habido ninguna solución definitiva" y se refirió a las "reticencias" que mostraron "ciertos diputados españoles" acerca del hecho de que "hay pocas personas que van en esa delegación".

Se refirió también a que el PP -que esta mañana estuvo representado por el eurodiputado Luis Herrero señaló también que "el último día -el 3 de marzo-- es un sábado y va a ser muy difícil que se reúnan con las autoridades locales de esa zona". "Ha habido acusaciones en el sentido de que hay una visita a un lugar de una petición que no se ha debatido largo y tendido en esta comisión de Peticiones", agregó.

A pesar de estos argumentos en contra de la visita a Galapagar, Libicki afirmó que "hemos llegado a la conclusión de que debatamos esto en el futuro cuando vengan todas las peticiones" y aseguró que la delegación tendrá en cuenta a la hora de redactar su informe sobre la visita las "observaciones" del PP.

En este sentido se recuerda por parte de plataformas ciudadanas y partidos políticos de la oposición que el Plan General de Ordenación Urbana propuesto por el Partido Popular de Galapagar está parado en la propia Comunidad de Madrid a falta de los informes sectoriales que, como el de Medio Ambiente, no pueden ser rendidos porque el nuevo PGOU propuesto por el PP desborda todas las previsiones. Efectivamente, según el borrador entregado por el Ayuntamiento de Galapagar, se prevé duplicar la población de los actuales 31.000 habitantes hasta más de 65.000 habitantes en un término municipal que tiene protegido más del 72% de su territorio.

Por otra parte, se ha aludido a infracciones urbanísiticas que han sido denunciadas por vecinos y a convenios también denunciados, como el de la "Unidad San Gregorio", que prevé la construcción de un nuevo Centro de Salud, el segundo de Galapagar, y numerosas viviendas bajo líneas de alta tensión.

TORPEDOS DEL PP

El eurodiputado del PSOE por Madrid Carlos Carnero denunció este martes "el intento de torpedear la visita a Madrid efectuado por el PP", que dijo, "ha fracasado".

En declaraciones a la prensa rebatió algunas de las afirmaciones realizadas por el PP para impedir la visita a Galapagar. En relación a la denuncia de sus vecinos contra los planes urbanísticos, afirmó que "la petición existe, está presentada en tiempo y forma" y aseguró que "el programa (de la delegación de la Eurocámara) incluye lo que tienen que incluir: reuniones con los peticionarios, en la zona noreste de Madrid, a partir del urbanismo salvaje promovido por algunas administraciones, todas del PP". El plan previsto contempla también Torrelodones, Moralzarzal, Las Rozas y Rascafría.

Por lo que respecta a la visita en un sábado por la tarde, Carnero subrayó que esta circunstancia dará más oportunidad para que los ciudadanos puedan participar en la asamblea que está prevista precisamente porque no es un día laborable. Afirmó que este argumento "sonaba a risa" y apuntó que la coordinadora del Partido Socialista Europeo (PSE) en la comisión de Peticiones, la húngara Alexandra Dobolyi, recordó a Herrero en la reunión de hoy que ella misma e Iturgáiz visitaron Italia en una delegación similar un domingo por la tarde.

En su opinión, es "ridículo" argumentar que la misión parlamentaria pretende influir en el proceso electoral para el que, dijo, quedan aún tres meses y acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de "apretar las tuercas" al PP porque "le ha dado el tembleque respecto de esta visita, y yo creo que le debería dar el tembleque respecto de lo que están haciendo sus alcaldes y su Gobierno respecto al urbanismo".

Apuntó que la delegación que visitó Madrid para evaluar el impacto de las sobras de la M-30 fue un "éxito" y esperó que, a diferencia de entonces, Aguirre reciba ahora a los eurodiputados, "que tenga la mínima dignidad para recibir a una delegación de la casa que representa a todos los europeos, que es el Parlamento Europeo".

Por otra parte, Carnero lamentó que "por segunda vez consecutiva" una delegación de la comisión de Peticiones no cuente con un representante del Partido Popular Europeo. En efecto, la formarán Libicki -nacionalista conservador polaco y Michael Cashman -socialista británico--. Aún así, estimó que la delegación estará compuesta "por uno de un partido de derechas conservador y otro del PSE", por lo que, dijo, es "representativa".

CAMBIOS EN VALENCIA

De manera general, los coordinadores de la comisión de Peticiones aprobaron la versión final de la agenda de la misión, donde se añadieron algunos elementos que propuso la Generalitat Valenciana en la reunión que mantuvo ayer en Bruselas la jefa de gabinete del conseller valenciano de Territorio, Esteban Pérez Pons, con un representante de la comisión de Peticiones.

Según explicó el eurodiputado socialista valenciano Joan Calabuig, los cambios se refieren a que la reunión con González Pons se producirá el viernes por la mañana y que ese mismo día los eurodiputados se encontrarán también con representantes del Colegio de Arquitectos valenciano, abogados y empresas promotoras, citas que no figuraban en la versión provisional de la agenda.

Por lo demás, no se producirán más cambios en el itinerario que seguirán Libicki y Cashman, que partirán hoy mismo hacia Madrid, donde esta tarde se reunirán con autoridades del Gobierno central para tratar "el nuevo marco legislativo nacional referente al planteamiento del uso del suelo", según el documento de la comisión de Peticiones.

Este miércoles se desplazaron a Almería, donde se acercaron a las localidades de Albox y Almazora. El jueves 1 de marzo han centrado sus reuniones en la provincia de Alicante, con visitas a Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Ibi, Parcent y Benissa. Tanto en Torrevieja como en Orihuela, como también en el madrileño municipio de Galapagar, hay ediles de partidos verdes y ecologistas en los consistorios que han impulsado estas acciones de control al urbanismo depredador.

El viernes 2 de marzo la misión se desplazará a Denia y Jávea y proseguirá hasta Valencia. Si hay tiempo, los eurodiputados se acercarán también a Benicasim y Oropesa. En todas sus etapas, los parlamentarios se reunirán con los afectados por abusos urbanísticos y con las autoridades. El 3 de marzo los parlamentarios regresarán a Madrid.

 

 

 

A TORRE VIXÍA
Firma: XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS

La Voz de Galicia.es.-19/02/2007.-El urbanismo como amenaza

LOS PROBLEMAS que genera el urbanismo salvaje guardan un estricto paralelo con el narcotráfico. Porque en ambos casos se producen unas consecuencias directas y otras indirectas que conviene valorar por separado.

Si empezamos por la droga, es evidente que sus efectos directos -centrados en el deterioro de la salud de los que voluntariamente la consumen- son menores que los indirectos, ya que, debido a la legislación que prohíbe el narcotráfico y genera beneficios astronómicos, el consumo de estupefacientes se ha convertido en la primera causa de criminalidad, en una fuente de prostitución, en el origen de grandes mafias que intervienen en la política de forma violenta, y en un generador de ingentes cantidades de dinero negro que ensucia todo lo que toca. Por eso somos muchos los que nos preguntamos si no sería mejor legalizar la venta de droga, porque, aunque podrían incrementarse los males directos, se desmontarían de un plumazo las graves consecuencias de la narcoeconomía.

Algo similar sucede con el urbanismo, que, sometido a una compleja y farragosa normativa que siempre se puede burlar o soslayar, crea un ámbito de negocio negro en el que se generan fabulosas plusvalías. Y, aunque es evidente que plusvalía y fraude no son equivalentes, la simple posibilidad de dar un pelotazo atrae a la actividad urbanística a todos los delincuentes de cuello blanco. Dado que se trata de un negocio en el que las dos partes ganan y se necesitan mucho, resulta muy difícil probar lo que se sabe, pero nadie duda ya de que las ruedas del urbanismo salvaje se engrasan con billetes de 500 euros. Y ese es el gran problema. Porque, mientras algunas aberraciones urbanísticas pueden ser rectificadas, el negocio negro se instala en la sociedad como la solitaria, que crece en las vísceras del sistema y acaba comiéndole los tuétanos.

Aunque ahora da la impresión de que la parte más afectada es el PP, todos sabemos que se trata de una plaga general, que tiene gran complicidad social y empresarial, que nivela de forma incorrecta las arcas municipales y que es una pieza imprescindible en la financiación de los partidos. Por eso ha llegado la hora de decir que estamos ante un problema estructural que en modo alguno se resuelva a base de cazar concejales poco espabilados. Si no se legisla de tal modo que la plusvalía ilegal y astronómica sea imposible, no tendremos cárceles suficientes para albergar a los concejales de urbanismo, a los empresarios que les pagan, a los ciudadanos que se callan y a los partidos que se llevan su piquito. Porque no puede haber buenos ciudadanos en un campo minado por una corrupción que ya es esencial al funcionamiento del sistema.

 


Faro de Vigo.-25-2-2007.-Rafael Daza Pichardo, Coronel-jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra: "La nueva Unidad contra los Delitos Urbanísticos estará operativa antes del verano". "Las infracciones patrimoniales (robos, hurtos o estafas) son en las que más vamos a incidir".


B. Márquez / PONTEVEDRA


Nacido en Málaga, llega a Pontevedra desde Canarias en donde colaboró en la puesta en marcha del Centro de Coordinación para la Inmigración del Atlántico Sur. Como jefe provincial está al frente de una plantilla de 1.400 agentes. Conoce Galicia y también la provincia, no en vano vivió en su adolescencia, hasta 1969, en el desaparecido cuartel de Loureiro Crespo, en donde su padre estuvo destinado,
- Tras dos meses en Pontevedra, ¿ qué análisis hace de la delincuencia en la provincia?
- Es una provincia que fue conflictiva en su día, pero ahora está en unos índices delictivos moderadamente buenos y en una tendencia a la baja que espero seguir manteniendo. Nuestro reto es saber responder a una delincuencia cambiante.
- ¿Se prevé un incremento de la plantilla ?
- A corto plazo, no. Tendremos refuerzos para las campañas de verano y de incendios, que estarán solapadas en el tiempo. Habrá refuerzos estacionales y una reorganización interna. La operación "verano" tiene parámetros previsibles, son flujos naturales y en el de 2007 no están previstas citas especiales. Por su parte la campaña para combatir los incendios forestales se está ya diseñando.
- Pero sí están previstas nuevas unidades.
- Sí, la unidad de Delitos Urbanísticos, que está en fase de implementación. Se está seleccionando al personal para que haga el curso de especialización. Confío en que esté operativa poco antes del verano.
- La Guardia Civil reclama derechos sindicales, la desmilitarización del Cuerpo... ¿Se deja sentir esta conflictividad en la comandancia?
- Todos los que estamos en la escala de mando siempre tenemos una preocupación constante por los problemas y necesidades de los componentes de la Guardia Civil. Tenemos la posibilidad de resolver determinadas cuestiones. Las demandas personales que se pueden resolver lo hacemos. Lo otro es una demanda genérica que supera mi capacidad como jefe provincial y si llega la encauzaré.
- ¿Contra qué tipo de delitos cree que es preciso concentrar los esfuerzos?
- Los delitos patrimoniales (robos, hurtos, estafas...) son los que más preocupan a los ciudadanos y en ellos vamos a incidir de una manera especial.
- ¿ Incluye en esta lucha a las bandas organizadas que asaltan naves industriales, polígonos y viviendas?
- Contra ese tipo de delincuencia articulamos planes preventivos. Hablaremos con empresarios y responsables de polígonos para que nos den información sobre sus medidas de seguridad pasiva (alarmas, turnos de vigilancia, etc) e intensificaremos los canales de comunicación. Pero estas bandas actúan en períodos de tiempo cortos, golpean y se van.
- ¿Cuál es su balance en cuanto a la lucha contra la droga en Pontevedra?
- La droga es un gran puzle. En ningún momento decaerá la intensidad para luchar contra ese fenómeno. No se puede decir que el fenómeno desaparece o se vaya a implementar, tiene ciclos y rachas. Aquí hay gente con mucha experiencia, los servicios realizados lo demuestran. Pero no servirá de nada si luchamos contra las grandes y no se incluye el menudeo y viceversa. El menudeo es más difícil de probar ante un juez porque su autor puede disimular ese tráfico con autoconsumo.

El Confidencial.com.-23-2-2007.-La recalificación del suelo provoca una avalancha de falsos empadronamientos en la sierra norte de Madrid

@Carlos Sánchez
Viernes, 23 de febrero de 2007

Los tiempos cambian. Si en 1789 el símbolo de la revolución francesa fue la toma de La Bastilla -la fortaleza/prisión que representaba mejor que ninguna otra cosa el poder absoluto del antiguo régimen-, al comenzar el siglo XXI los nuevos condottieri del ladrillo han creado un nuevo icono: el asalto a pequeños municipios que esconden en sus tripas bolsas de suelo rústico que una vez recalificado alcanzará precios astronómicos.

El Confidencial.com.-23-2-2007.-La recalificación del suelo provoca una avalancha de falsos empadronamientos en la sierra norte de Madrid

@Carlos Sánchez
Viernes, 23 de febrero de 2007

Los tiempos cambian. Si en 1789 el símbolo de la revolución francesa fue la toma de La Bastilla -la fortaleza/prisión que representaba mejor que ninguna otra cosa el poder absoluto del antiguo régimen-, al comenzar el siglo XXI los nuevos condottieri del ladrillo han creado un nuevo icono: el asalto a pequeños municipios que esconden en sus tripas bolsas de suelo rústico que una vez recalificado alcanzará precios astronómicos.

La denuncia parte de Ecologistas en Acción, que ha puesto en manos de los juzgados la existencia de falsos empadronados cuyo único objetivo es alterar el resultado electoral en las elecciones municipales del próximo 27 de mayo. Según sus datos, en al menos 15 municipios de los 30 que forman la sierra norte de Madrid se han detectado irregularidades. Los nuevos ‘vecinos’ no cumplen los requisitos que establece la ley para que un ciudadano pueda empadronarse en un municipio.

Las cifras cantan. En los 15 municipios estudiados existen 1.796 habitantes que realmente viven en estas localidades; sin embargo, otros 1.432 se han empadronado de forma irregular en los últimos tiempos, lo que supone el 44% de la población total. Se trata de municipios como La Hiruela, Cervera de Buitrago, Robledillo de la Jara y Berzosa del Lozoya, en los que en los últimos años ha aumentado de forma anormalmente elevada el padrón, lo que ha levantado las sospechas. No sólo por parte de los ecologistas, sino también de la Fiscalía, del Instituto Nacional de Estadística y hasta del Defensor del Pueblo, que ha pedido a las autoridades que actúen. El juzgado de Torrelaguna sobreseyó inicialmente el asunto, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha obligado a reabrir la denuncia tras declarar nula la resolución por falta de motivación.

El caso de Puebla de la Sierra es el más significativo. Según los ecologistas, el secretario del ayuntamiento, el alcalde anterior, que hoy es el concejal de Urbanismo, y el primer regidor actual están imputados por un delito electoral que cuenta con el informe favorable del Fiscal de Torrelaguna.


Ecologistas en Acción sospecha que detrás de esta avalancha de empadronamientos se encuentra una auténtica operación urbanística, toda vez que, al tratarse de pequeños municipios, la ‘toma del poder’ es relativamente fácil: simplemente logrando que familiares o amigos se empadronen como vecinos, lo que permite cambiar la correlación de fuerzas. El interés es grande teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid tiene pendiente construir una nueva autopista radial que cruzará dicho territorio de norte a sur.

Esta dinámica fraudulenta es especialmente favorable en los municipios que funcionan con el sistema de Concejo Abierto, que permite la toma de decisiones de forma asamblearia, siempre que en la votación participe únicamente la tercera parte de los vecinos. Mediante este procedimiento se pueden aprobar planes parciales (posteriormente revisados por la administración autonómica) o la enajenación de bienes públicos -léase terrenos rústicos- que pueden recaer en constructores afines. “Muchos de los empadronados en la Sierra Norte, en ocasiones ligados a grupos de poder económico y políticos locales, no viven realmente en estos municipios pero si votan”, sostienen los ecologistas.

La existencia de empadronamientos falsos no es, desde luego, un asunto baladí. Hace unos días, la Oficina del Censo -dependiente del Instituto Nacional de Estadística- instó a los municipios a que extremaran los controles para impedir este tipo de prácticas, sobre todo en los de menos de 2.000 habitantes, donde la manipulación fraudulenta del censo es más factible. En los grandes, por razones obvias, es más difícil cambiar el sentido del voto.

El artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Pero quien viva en varios municipios debe inscribirse únicamente en el que “habite durante más tiempo al año”.

El Corrrreo Gallego.-19-2-2008.- CONFIANZA: Caride: "Que tiemblen los corruptos"
La conselleira de Política Territorial considera que Gondomar es una excepción, pero advierte de que los que no actúen con honradez serán perseguidos por la Justicia ·· Recuerda que la última palabra es de los ciudadanos, ya que pueden optar entre el todo vale o una buena gestión
J.C.B./AGENCIAS • VIGO/SANTIAGO

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María José Caride, conselleira de Política Territorial

El maremoto de Gondomar, con una ola gigante que ha causado inquietud en toda la sociedad gallega, ha sacudido con fuerza a la jerarquía de los partidos, cuyos responsables no han dejado de enviar mensajes a la ciudadanía desde la detención, el pasado jueves, de los dos concejales supuestamente implicados en un caso de corrupción urbanística.

Ayer fue la conselleira de Política Territorial, María José Caride, quien se pronunció sobre este espinoso asunto para lanzar una clara advertencia a los munícipes que se dejen tentar por la posibilidad del enriquecimiento rápido. Caride destacó que aquellos concejales que no actúen de forma responsable en materia urbanística "deberían echarse a temblar".

Expresó su confianza en que la inmensa mayoría de los ediles gallegos actúan de forma desinteresada: "Me gusta pensar que Gondomar es una excepción", comentó la conselleira, quien subrayó que "la mayoría de los concejales ejercen su responsabilidad con un urbanismo razonable y bueno para los ciudadanos.

Reiteró que "quien no actúe así debería echarse a temblar, y que sea perseguido por la Justicia, que es lo que los ciudadanos deseamos". Expresó su esperanza en que los ciudadanos no mezclen urbanismo con corruptela, ya que "el urbanismo bien desarrollado es una pieza clave para la ordenación territorial".

Indicó que en cualquier caso la última palabra la tienen los ciudadanos, porque son ellos quienes pueden optar entre "el todo vale o una gestión responsable, porque aquí -en política- también hay comportamientos distintos".

Caride denunció la "herencia endiablada" que el Gobierno gallego recibió del PP en materia de ordenación territorial, ya que los populares "no fueron capaces de hacer un plan de infraestructuras" ni de desarrollar instrumentos de configuración del territorio.

Insistió en que la ordenación territorial "siempre fue el patito feo con el PP, como queda patente con la AP-9, la autopista del Atlántico, la mejor y más utilizada infraestructura de Galicia, la joya de la corona que se malvendió a comienzos de los años 2000 y cuya concesión se aumentó 25 años. Todos los gallegos pagaremos hasta 2048 por utilizar la AP-9 y eso me parece una mala herencia".

CRESPO PROPONE UN PACTO POR EL TERRITORIO Pide dureza con los corruptos

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo, advirtió ayer de que el "problema principal" de los ayuntamientos es la "falta de financiación" y, por estos motivos, "muchos utilizan mal el urbanismo".

"Lo que sacan del patrimonio municipal de suelo se usa de forma diferente a la que se debería porque no hay financiación", reconoció Crespo, quien aclaró que se debe distinguir entre hacer un urbanismo sostenible en un municipio y los "tejemanejes que se pueden traer algunos", en referencia al caso de los dos ediles de Gondomar imputados por tres delitos de supuesto cohecho, y que ya formalizaron su renuncia como ediles.

"No son para financiación del partido, como a veces se quiere disfrazar, ni para otro tipo de cosas. Buscan simplemente un interés personal", aseveró Crespo, quien defendió que aquellos que "meten la mano, no puede estar ni un segundo en la vida pública".

"Contra los corruptos hay que tener mano dura", añadió el responsable de la Fegamp, quien defendió que se tenga "claro" los que son corruptos, ya que advirtió de que, si se juzga a alguien antes de que los jueces dicten sentencia, "se corre el riesgo de producir un linchamiento personal y político que puede ser irreparable después, caso de ser injusto".

Para Crespo, la "única forma" de hacer un "buen" urbanismo en Galicia es hacer un reequilibrio territorial, "que no existe. O vamos por un pacto por el territorio o no se arreglará". Reconoció que en este sentido, el Gobierno gallego sí tiene "buena intención", pero le emplazó a "andar sin complejos" en esta materia. En concreto, animó a conseguir un pacto por el territorio entre los ayuntamientos y la Xunta, con su presidente, Emilio Pérez Touriño, a la cabeza .

NADA QUE OCULTAR Ediles de Move Gondomar quieren declarar

El portavoz de Move Gondomar, Manuel Fernández Sestelo, expresó ayer su intención de solicitarle a su abogado que hoy mismo gestione ante la Fiscalía su comparecencia para declarar una vez que han sido aludidos por el edil José Luis Mosquera en las grabaciones de la Guardia Civil. "No tenemos nada que ver en este caso ni nada que ocultar y por ello queremos declarar ante el fiscal", señaló el ex edil socialista. Indicó que "desconozco si esto es posible, pero le diremos a nuestro abogado que haga la gestión porque queremos dejar claro que no tenemos nada que ver con este caso". Recordó que "fuimos nosotros los que posibilitamos la paralización del Plan General y llevamos tiempo denunciando irregularidades" .

RECLAMA INVESTIGACIÓN HASTA EL FINAL El BNG teme un carpetazo

La detención de los dos ediles del PP de Gondomar José Luis Mosquera y Alejandro Gómez por presuntos delitos de cohecho continúa anclada en el corazón de la villa pontevedresa, que bombea este asunto sin cesar hasta los más alejados rincones de su amplio rural. En el seno del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego existe el temor a un inminente carpetazo, al "cierre del caso" sin más investigaciones, según denunció a este periódico el edil nacionalista Antón Araujo.

El concejal reclama "que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero no sólo lo ocurrido recientemente con la detención de estos dos ediles, sino lo que viene pasando desde hace ya mucho tiempo, con las agresiones a concejales de nuestro partido".

Insiste en que "nos tememos que esto se haya muerto aquí, que con estas detenciones se acabe el caso" y advierte de que "es necesario que se investigue a fondo y hasta el final para saber exactamente qué ocurre y qué personas están implicadas".

Denunció la existencia de "mafias urbanísticas en Gondomar, no sé si organizadas o que actúan porque comparten intereses, pero está claro que hay tramas a las que no les gusta la postura del BNG".

Por su parte, el coordinador de la ejecutiva del Bloque, Francisco Jorquera, reconoció que no le ha sorprendido "por desgracia" el caso de Gondomar, municipio que "se caracteriza desde hace mucho por su insubordinación urbanística". Subrayó que tanto en Gondomar como en Nigrán concejales del BNG fueron objeto de ataques "que no merecen otro calificativo que el de terroristas".

"El BNG había denunciado la existencia de una política urbanística salvaje y depredadora", añadió Jorquera .

CONTACTO Silva aborda hoy con Feijóo si sigue o se va

El líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, mantendrán hoy un contacto para tomar una decisión definitiva sobre el cabeza de cartel conservador de esta localidad para los comicios de mayo. Feijóo y Silva hablaron el pasado viernes para fijar la posición ante la crisis municipal y entonces el líder popular, ante la rotundidad con que el regidor se desmarcó del polémico caso, le renovó la confianza para intentar conseguir el apoyo ciudadano en mayo. Carlos Silva comentó entonces a Feijóo su intención de renovar prácticamente toda la lista municipal para las próximas elecciones. Sin embargo, ahora la presión social está llevando nuevamente al alcalde a pensar si debe adoptar la decisión de irse o no. Y, hoy será un día clave .

URBANISMO BAJO SOSPECHA
La Voz de Galicia,15-2-2007.-Detenidos dos concejales de Gondomar y un arquitecto por supuesta corrupción urbanística
La investigación se inició al denunciar un promotor que le exigían pagos por una licencia

La Guardia Civil seguía desde hace meses a los cuatro presuntos implicados en la trama

Una repentina gripe estuvo a punto de dar al traste con la operación
Los perfiles: Alejandro Gómez Garrido | José Luis Mosquera
Gondomar: Un concello con las licencias suspendidas
El PSOE vincula un ataque a su sede de Nigrán con «mafias urbanísticas»


El urbanismo ha vuelto a estallar en el Val Miñor. Dos concejales del equipo de gobierno del PP en la corporación municipal de Gondomar fueron detenidos en la noche de ayer por agentes de la Guardia Civil en una operación especial en la que también cayeron la compañera sentimental de uno de ellos y el arquitecto municipal.

Los cuatro estaban siendo seguidos desde hacía tiempo con un control constante, al resultar sospechosos de integrar una trama que cobraba comisiones a cambio de regularizar y agilizar actuaciones y licencias urbanísticas en la localidad del sur de la provincia de Pontevedra.

La operación, diseñada desde hace varios días, supuso la detención del concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido; del portavoz del Grupo Popular en la corporación y responsable, entre otras áreas ,de Cultura, José Luis Mosquera; y de la pareja sentimental de este último. El arquitecto municipal, José Antonio Álvarez Álvarez fue detenido en torno a la medianoche.

Dinero en mano

Según ha podido constatar este periódico, toda la operación se precipitó ayer al sorprender los agentes que controlaban a los sospechosos a al menos uno de los inculpados recibiendo dinero con el que se pagaría un supuesto favor urbanístico en una cita concertada con anterioridad, y de la que presumiblemente los agentes tuvieron conocimiento directo.

El secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo sobre el caso tendió un manto de silencio sobre el asunto, que ayer se extendió a la clase política, no sólo de Gondomar, sino también de toda Galicia.

La Voz de Galicia ha podido saber que todo se inició hace unos meses, cuando un promotor presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ordenación del Territorio de Vigo, en la que se acusaba a los ahora detenidos de exigir el pago de una importante cantidad de dinero a cambio de la concesión de una licencia de obra para construir edificaciones en suelo de la localidad.

Dicha denuncia habría servido para iniciar una profunda investigación, tanto del caso reseñado como del de otras licencias concedidas en Gondomar en los últimos tiempos. Dicha actuación coincide, además, con el hecho de que la gestión del equipo de gobierno de Gondomar, liderado por el alcalde popular Carlos Silva, ya estaba en los juzgados desde el pasado año, al haberse concedido 300 licencias de construcción de viviendas, que la oposición considera ilegales.

El fiscal de Ordenación del Territorio dio entonces cuenta de esas impresiones al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sigue el caso. Las denuncias no han impedido que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ratificase en septiembre pasado al alcalde, Carlos Silva, como candidato a la reelección en los comicios locales de mayo.

El hermetismo impuesto policial y judicialmente sobre el caso suscitado ayer en Gondomar no impidió, sin embargo, saber que la Guardia Civil y el juez encargado del caso están investigando a más personas en la villa, tanto por si pagaron mordidas a cambio de recibir facilidades para licencias de obra, como por si además de los cuatro detenidos hay más implicados en el sistema de cobros ilícitos.

El PP evitó el cese

La oposición política de Gondomar viene reiterando desde hace semanas sus sospechas de que algo irregular estaba ocurriendo en el urbanismo local. De hecho, el pasado mes de abril se sometió a votación la petición de cese del concejal de Urbanismo ahora detenido, Alejandro Gómez Garrido.

Los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular, habían logrado evitar entonces el cese.

Una repentina gripe estuvo a punto de dar al traste con la operación


El concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, había dejado recado en el Ayuntamiento de que se ausentaría casi con seguridad toda la semana a causa de una repentina gripe, que según señaló le impedía realizar su trabajo con normalidad. De hecho, ayer no apareció por el consistorio.

La ausencia del edil coincidía así con el operativo diseñado para detener esta semana a los cuatro supuestos implicados. Según asintieron ayer fuentes de la investigación, se llegó a temer que el contacto concertado, y que habría sido determinante para la captura de los acusados, no llegara a producirse.

Los tres detenidos pasarán hoy a disposición judicial en Vigo. El fiscal especial en delitos urbanísticos se hará cargo del caso, como ya lo estaba haciendo con las denuncias suscitadas en Nigrán, donde parte de la corporación municipal también está siendo investigada.

ALEJANDRO GÓMEZ GARRIDO
Primer teniente de alcalde con fuertes atribuciones en el gobierno local


Alejandro Gómez Garrido es uno de los hombres fuertes del gobierno del popular Carlos Silva Mariño. Ejerce desde hace ocho años el cargo de primer teniente de alcalde y desempeña las funciones de responsable municipal de Urbanismo y de Hacienda.

Es uno de los concejales más veteranos de la corporación y conoce bien la Administración pública, ya que también ha tenido el bastón de mando durante los largos periodos en los que el regidor actual estuvo de baja a causa de problemas cardiacos.

Es natural de la parroquia de Mañufe y entró en política hace más de 16 años, de la mano del anterior alcalde, Ramón Sestelo, hoy en día retirado de la política. Como responsable de Urbanismo, se encargó los últimos meses de defender la postura del gobierno tras la anulación judicial del Plan Xeral, cuando decidieron continuar otorgando licencias de obra.

JOSÉ LUIS MOSQUERA
Un hombre de la máxima confianza del alcalde y concejal de Cultura


José Luis Mosquera Veleiro es el concejal de la máxima confianza del alcalde. Ejerce el cargo de edil de Cultura, pero su responsabilidad de mayor peso es la de portavoz del equipo de gobierno. José Luis Mosquera es la boca por la que habla Carlos Silva en los plenos. Su firma está siempre impresa en las notas de prensa enviadas desde el Ayuntamiento.

También es uno de los concejales más antiguos de la actual corporación municipal. Entró en política a través de una plataforma vecinal y acabo perteneciendo al grupo municipal del PP, si bien nunca ha militado en este partido. Se considera un independiente dentro del equipo de gobierno. En sus labores en el Concello siempre se ha dedicado a la organización de eventos culturales. Además de ello es profesor en el instituto de secundaria de Gondomar, puesto que compagina con su actividad política en el Concello.

LOS ANTECEDENTES

(Lugar: a. m. | nigrán)
El Ayuntamiento de Gondomar llevaba desde los últimos años viviendo una situación urbanística irregular.

El Tribunal Supremo anuló el Plan General de Urbanismo que fue aprobado en el año 97, a raíz de una denuncia que fue interpuesta por el grupo municipal socialista. El gobierno local consideró que su planeamiento continuaba siendo válido mientras no se resolvieran todos los recursos presentados a cada pleito que iba perdiendo y continuó otorgando licencias de obra. Más de 300 permisos de construcción fueron declarados posteriormente ilegales, creando una situación de inseguridad jurídica a numerosos vecinos que tenían intención de construirse una vivienda en el municipio.

El gobierno local apostó por mantener esta estrategia hasta conseguir la aprobación de un nuevo plan de urbanismo. Y continuó otorgando licencias, amparándose en numerosas ocasiones en informes externos al Ayuntamiento, dado que no contaba con el apoyo de sus propios técnicos, tal y como denunció el BNG.

Sorpresa

No fue hasta el pasado mes de septiembre cuando por fin el alcalde decidió suspender definitivamente la concesión de licencias, de cara a la aprobación inicial del nuevo Plan Xeral, que se llevó a cabo hace dos semanas.

La noticia de la detención de los representantes locales causó anoche una enorme inquietud en el municipio de Gondomar. Los vecinos los observaron hacer una vida normal toda la mañana, sin sospechar lo que se les iba a venir encima por la noche.


20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 09.02.2007 - 22:03h .-El juez del 'caso Mogán' pide que se investigue al presidente canario, Adán Martín

El TSJC ni desmiente ni confirma la noticia.
El PP critica que desde este tribunal se filtren "cuestiones" sobre actuaciones de Adán Martín.
El juez que instruye el caso de corrupción urbanística del municipio canario de Mogán, José Alexis Reyes Negrín, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un auto en el que solicita que inicie una investigación al presidente de la comunidad, Adán Martín, por un delito de tráfico de influencias, según ha adelantado el diario CanariasAhora.com.

Además, según la misma emisora, el magistrado habría pedido que se investigara al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel y al director del Gabinete de la Presidencia, Salvador Iglesias, por el mismo delito.

Mutismo en el TSJC

La noticia llega poco después de que se conociera que Negrín había remitido al TSJC una pieza separada sobre el 'caso Mogán', lo que haría suponer que ésta afectaba a personas aforadas como miembros del Gobierno regional o un diputado.

Fuentes del tribunal reconocieron este viernes a la agencia Efe la existencia de ese auto, si bien aseguraron que desconocían su contenido y a qué personas afectaría, debido a que el magistrado ha declarado el secreto de sumario.

Por su parte, el PP en Canarias ha tildado de "grave irresponsabilidad" que desde el Tribunal Superior de Justicia canario haya alguien que "pueda estar filtrando cuestiones sobre actuaciones que no conocemos del presidente del Gobierno canario".

El presidente del PP en Canarias afirmó que "no podemos admitir que se esté jugando de esa manera poniendo bajo sospecha a instituciones, personas, familias, empresas, funcionarios, trabajadores profesionales".

El Confidencial.com.Martes, 31 de enero de 2007.-.-Aguirre consiente que alcaldes imputados en irregularidades urbanísticas se presenten a la reelección@A.V. Suárez / C. Hernanz

Continúa la polémica sobre los candidatos del PP a alcaldes en las localidades del suroeste madrileño. Génova indicó a este diario que apostaba por ellos por “su buena gestión” y por “carecer de escándalos” (ver noticia). Sin embargo, en Sevilla la Nueva y Quijorna esta premisa no se cumple.

En el primer caso, el actual primer edil, Ernesto Téllez , estuvo imputado por la concesión de licencias para la construcción de vivienda libre en el lugar donde se deberían haber levantado pisos protegidos. En Quijorna, la Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa Mercedes García por la venta irregular de terrenos al promotor Fidel San Román, imputado en la ‘Operación Malaya’.

El Partido Popular de Sevilla la Nueva no da crédito al empeño de Esperanza Aguirre con Ernesto Téllez, máxime a sabiendas de la existencia de un escándalo urbanístico a sus espaldas durante su etapa como alcalde bajo las siglas del PSOE. Según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, Téllez tuvo que comparecer ante la Justicia por una querella interpuesta en octubre de 2001 por cinco irregularidades, entre ellas la eliminación de todas las viviendas de protección oficial del municipio y transformación viviendas de precio libre. Este procedimiento sigue abierto por la Comunidad de Madrid.

Sus compañeros de partido, que rechazan vehemente su candidatura, recuerdan que “se ha presentado a las elecciones en Sevilla la Nueva liderando candidaturas de tres formaciones políticas distintas y ha sido alcalde en dos ocasiones. En todas ellas, después de ser el causante de que su lista fuera la menos votada, llegó al cargo a través de mociones de censura o acuerdos con los socialistas”.

La gota que colmó el vaso tuvo lugar el pasado viernes, cuando un grupo de 30 escolares sufrieron quemaduras por jugar con sal que contenía sosa, que había sido vertida por error en las calles para deshacer la nieve. “Téllez pasó por allí unos minutos y desapareció dejando al resto de concejales todas las gestiones, un hecho que no hace sino reflejar la situación insostenible en la que se encuentra el municipio con este candidato”, comentan el resto de ediles populares.

Esta misma semana, el PP de esta localidad negocia con la ejecutiva la posible retirada de la candidatura. Eso sí, sin que participe en el dictamen la secretaria ejecutiva Cristina Cifuentes que, tras la publicación en este diario de su “estrecha relación” con el alcalde, se ha retirado de todo el proceso de decisión.

El escándalo de Quijorna

En el caso de Quijorna, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación el pasado mes de octubre ante la denuncia presentada contra ediles del PP (entre ellos la actual alcaldesa, Mercedes García) y del PSOE (expedientados por su propio partido) por la venta de terrenos a rústicos que luegon formaron parte del PGOU al empresario taurino y promotor Fidel San Román, implicado en el caso de la 'Operación Malaya'.

Pero no son los únicos casos. Una situación similar ocurre en Boadilla del Monte, localidad regida por el popular Arturo González Panero, que también repetirá como candidato en las municipales. En este caso, la filosofía de Génova tampoco se cumple, ya que el regidor tiene distitnas causas abiertas en los tribunales, en algunas como simple imputado (malversación o delíto urbanístico) y en otras como procesado, a la espera de juicio en el Tribunal de Cuentas por posible responsabilidad contable.

Libre de imputaciones y condenas, pero cuestionada por su sintonía con empresarios del ladrillo, aparece la actual alcaldesa de Villaviciosa de Odón, Nieves García. En el caso de la edil popular, su candidatura viene manchada desde las ultimas elecciones, tras conocerse que los promotores Vázquez y Bravo, vinculados con Eduardo Tamayo, participaron en la afiliación de empleados y familiares en el PP local para apoyar la candidatura de la ahora alcaldesa.

El Confidencial.com.Martes, 30 de enero de 2007.-Veintisiete alcaldes andaluces están imputados por delitos urbanísticos, tres de ellos con sentencia firme



Hotel Algarrobico. Parque Natural Cabo de Gata.
La mayoría de los 27 alcaldes andaluces socialistas imputados por distintos delitos lo están por asuntos relativos a corrupción, sobre todo urbanística, según un informe al que ha tenido acceso este diario.

La semana pasada, y a raíz de la detención del alcalde Mogán (PP), por un presunto delito urbanístico –luego sería puesto en libertad sin fianza-, Mariano Rajoy denunció que en aquella Comunidad hay veintisiete alcaldes socialistas imputados por distintos delitos y que a ninguno de ellos se les ha detenido.

Y eso que, al menos, tres de ellos tienen ya sentencia firme. Sin embargo, nadie ha tomado medidas contra ellos, ni siquiera desde su partido. En esa tesitura se encuentran, por ejemplo, los alcaldes socialistas de Garrucha, Oria y Portaloa, en la provincia de Almería, todos ellos imputados por delitos urbanísticos. El alcalde de Carboneras, que estuvo implicado en el desastre urbanístico de Algarrobico, fue indultado por el Gobierno de Zapatero y vuelve a ser candidato.

En la provincia de Cádiz, el alcalde de Medina tiene sobre sus espaldas una imputación por delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secreto. El de San Martín del Tesorillo lo está por un delito de corrupción urbanística, el de Bornos está condenado a seis años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación. Y el alcalde de Tarifa tiene abiertas diligencias previas por delitos de prevaricación y falsedad documental sobre el patrimonio histórico, la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y del medio ambiente.

También en Cádiz el alcalde de Jimena está imputado por irregularidades urbanísticas y Grazalema es el único municipio socialista donde se han detenido a cinco personas y dos ingresadas en prisión por orden judicial, una de ellas el arquitecto municipal. En Granada, la Fiscalía tiene abiertas diligencias por corrupción urbanística contra el concejal de urbanismo de Armilla. Y en Gualchos Castell de Ferro el alcalde está condenado a un año de cárcel y siete de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio.

Venta de suelo público en Punta Umbría

En la provincia de Huelva, los socialistas del municipio de Punta Umbría se enfrentan a un escándalo por la enajenación y venta de parcelas de titularidad municipal durante el mandato socialista que supuso pérdidas cuantiosas para el municipio, y en Ayamonte el juzgado ha abierto diligencias previas por la autorización del alcalde a la construcción de 250 viviendas en terreno protegido. El alcalde de La Guardia, en Jaén, fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero sigue siendo el portavoz municipal socialista.

En Torredelcampo, en Jaén, la Fiscalía ha emitido un escrito de acusación contra doce personas, entre ellas el alcalde y candidato del PSOE, por edificar sobre un paraje natural calificado como protegido. Y en Baños de la Encina, también en esta provincia, el regidor está imputado por presuntos delitos urbanísticos. En Sevilla, la Fiscalía ha encontrado indicios de delito en convenios firmados por el alcalde socialista de Burguillos, y al alcalde de Guillena los tribunales le han encontrado indicios suficiente para imputarle por prevaricación.

Roquetas, delitos contra el medio ambiente

No son los únicos casos. En Roquetas (Almería), el senador y candidato del PSOE, Juan Miguel Peña, está imputado por un delito contra el medio ambiente por hacer desmontes en una zona protegida para realizar una explotación agraria. Además, se le podría abrir una investigación por la compraventa de terrenos forestales. En Zahara de la Sierra (Cádiz), la Fiscalía ha dado trámite a una denuncia contra el ex alcalde Juan María Nieto por conceder licencias de obras con informes negativos por parte del propio Ayuntamiento y la Diputación.

En Benaocaz (Cádiz) el alcalde socialista, José Rafael Reyes, ha sido inhabilitado por siete años por un delito de prevaricación tras contratar laboralmente a su teniente de alcalde. Y en Fuente Palmera (Córdoba) sigue el proceso abierto contra el ex alcalde socialista Antonio Guisado, por la venta de 21.010 metros cuadrados de suelo municipal protegido para zonas verdes, con el fin de construir viviendas. El precio de venta alcanzó los 10 millones de euros.

Las prisas de la Fiscalía con el PP

También el alcalde de Freila (Granada), Abelardo Vico, está imputado por un delito de prevaricación, y el de Marmolejo (Jaén), que ya fue inhabilitado por el fraude del PER, se puede encontrar con una imputación por la venta de dos parcelas municipales para un campo de golf, dos hoteles, zona comercial y otras infraestructuras. Y el de Las Navas de la Concepción se enfrenta a una denuncia por la apropiación de 80 metros cuadrados de zona verde para adicionarlos a la parcela de su propiedad.

Ayer, el secretario general del PP, Ángel Acebes, se preguntó a qué obedecen las prisas de la Fiscalía para impulsar “sorprendentes” detenciones de cargos municipales del PP que después salen “libres y sin fianza” y por qué no se hace lo mismo con los 27 socialistas que, según recordó, están implicados en casos de corrupción en Andalucía. Acebes llegó a hablar de adoptar medidas que luego no concretó.

El Confidencial.com. Lunes, 29 de enero de 2007.-Los defraudadores cambian las viviendas por los coches de lujo para blanquear dinero


El mercado inmobiliario está perdiendo adeptos entre los defraudadores a Hacienda para blanquear el dinero negro que esconden en bolsas negras de basura. La subida de precios de las viviendas se modera y, aunque todavía puede resultar rentable invertir en ladrillo, cada vez es más frecuente comprar bienes de lujo como coches e incluso yates, para 'lavar' dinero.

« La adquisición de vehículos de lujo constituyó el año pasado una válvula de escape para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida », denuncian los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha). Las ventas de los vehículos de alta gama -de más de 60.000 euros-, aumentaron casi un 30% en 2006. Según explican desde Gestha, este incremento no está relacionado con el mayor poder adquisitivo de los españoles ni con el crecimiento de la economía nacional, ya que, de ser así, también habrían aumentado las ventas de turismos que, sin embargo, cayeron un 1,9%.

«Muchas personas deciden comprar un coche de lujo porque supone un signo externo de riqueza, de buena vida », comenta Javier Sánchez, consejero de Gestha. « Cada vez hay más personas que compran estos vehículos a pesar de no tener, aparentemente, ingresos suficientes para hacerlo. Además, también cada vez es más habitual que empresas o sociedades -que en la mayoría de las ocasiones se encuentran inactivas o prácticamente inactivas- se hagan con este tipo de automóviles, que no son necesarios para el desempeño de su actividad y que se destinan al uso particular de los socios», añade.

Esta última práctica cada vez está más extendida ya que supone un importante ahorro en la compra del vehículo. La sociedad se deduce la amortización del vehículo como gasto en el Impuesto de Sociedades y la mitad de la cuota de I.V.A. soportado en la declaración por este impuesto. Así, la sociedad puede ahorrarse entre un 32% y un 37% en relación al precio satisfecho por un particular. Por ejemplo, mientras éste acabaría pagando 76.800 euros por un vehículo de 60.000 euros antes de impuestos, el precio final pagado por la sociedad se situaría entre 51.840 y 48.480 euros.


Por otra parte, desde Gestha también vinculan este blanqueo de capitales con el espectacular e « inusual » aumento de la circulación de billetes de 500 euros. La cifra ha aumentado casi un 20% en los once primeros meses de 2006 hasta alcanzar los 54.724 millones de euros. Por el contrario, los billetes de 20 y 10 euros han mostrado una tendencia inversa.

En la actualidad, la bolsa de fraude en España -tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social- supera el 23% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone un montante de 200.000 millones de euros. Para acabar con el blanqueo de capital a través de la compra de coches de lujo -también se realiza con yates y joyas, aunque todavía no hay datos al respecto- Gestha pide a Hacienda que compruebe aquellas compras de vehículos realizadas por personas físcas con escasos ingresos o por sociedades con nula o mínima actividad económica.

20minutos.es.-20-1-2007.-Arranca en Nairobi la séptima edición del Foro Social Mundial
EFE. 20.01.2007 - 08:20h

Bajo el lema "Otro mundo es posible", se espera que este Foro ayude a los movimientos sociales a alzarse contra la tiranía impuesta por algunos gobiernos.
"El foro no permite la participación de gobiernos".

"El foro envía un firme mensaje a Davos de que el mundo no puede girar sólo en torno a las inversiones y el beneficio. La mejor inversión es en la gente y en un uso sostenible de los recursos. Ellos hablan de comercio y capital, pero tienen que pararse a pensar en los efectos sociales de sus políticas", explicó Ongwen


Ampliar fotoMusulmanes kenianos protestan en Nairobi contra la guerra en Somalia asegurando que el gobierno está colaborando con el gobierno estadounidense para matar a somalíes. Bajo el lema "Otro mundo es posible", se espera que este Foro ayude a los movimientos sociales a alzarse contra la tiranía impuesta por algunos gobiernos.

Se celebra en África al tratarse del continente más olvidado del planeta.
Los organizadores esperan la participación de 120.000 personas.
Nairobi acoge la séptima edición del Foro Social Mundial (FSM), en la que se desarrollarán más de 1.200 actividades, con la asistencia esperada de unas 120.000 personas, según los organizadores.

Con el lema "Otro mundo es posible", el FSM se inició en 2001 en la ciudad brasileña de Porto Alegre con el fin de crear "un espacio de encuentro que favorezca la construcción internacional de alternativas al pensamiento único neoliberal".


Por lo menos seis ministros de Brasil, país donde nació el FSM, también han confirmado su asistencia, pero Oduor Ongweng, del Comité organizador, precisó que vienen "a título personal, ya que el foro no permite la participación de gobiernos".

"Es un encuentro de gente normal y corriente, el protagonismo es de los pobladores de las zonas rurales y las comunidades marginadas", señaló Ongweng.

Entre los participantes figuran el arzobispo anglicano sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, el ex presidente zambio Kenneth Kaunda, la ex esposa de Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela, la Premio Nobel de la Paz keniana, Wangari Maathai, la escritora y política maliense Aminata Traoré y la ex Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos y ex presidenta irlandesa, Mary Robinson.


Desde su creación, el FSM siempre es celebrado en enero para coincidir con el Foro Económico Mundial, que reúne a jefes de Estado y directivos de empresas en la ciudad suiza de Davos.

"El foro envía un firme mensaje a Davos de que el mundo no puede girar sólo en torno a las inversiones y el beneficio. La mejor inversión es en la gente y en un uso sostenible de los recursos. Ellos hablan de comercio y capital, pero tienen que pararse a pensar en los efectos sociales de sus políticas", explicó Ongwen.

Los "cinco días de resistencia cultural y celebración", como han definido a la cita sus organizadores, comenzarán con una marcha desde la barriada de chabolas de Kibera, una de las más grandes de África, hasta el parque Uhuru de Nairobi, donde distintos grupos tomarán la palabra y se celebrará un concierto del músico zimbabuense Oliver Mtukudzi.

Ante la incapacidad de los hoteles de la ciudad para alojar a tanta gente, muchos de los participantes serán hospedados por familias kenianas y, según los organizadores, más de 35.000 personas ya tienen garantizado su alojamiento por este sistema.

La VII edición del FSM incluirá la organización de más de 1.000 actividades que girarán en torno a doce tópicos, entre ellos el sida, paz y conflicto, juventud, situación de las mujeres, migraciones y diáspora, deuda externa, los desposeídos de tierras o la privatización de bienes comunes.

Las primeras tres ediciones del FSM se celebraron en la misma ciudad y la participación creció de las 20.000 personas que asistieron a la primera cita hasta las 100.000 que atrajo la tercera edición.

En 2004, el FSM salió de Brasil y se celebró en Bombay (India), para volver al año siguiente a Porto Alegre.

20MINUTOS.ES / EFE. 18.01.2007 En Córdoba..-Piden tres años de cárcel por robar un cerdo, siete pavos y diez gallos de un cortijo

Hallaron a los dos ladrones una hora después en un descampado.
Estaban sacrificando a los animales.

Sólo fueron recuperados dos de los gallos.

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas que suman tres años de prisión para dos acusados de robar siete pavos, un cochino y diez gallos que sustrajeron de un cortijo y que se llevaron tras cargarlos en un Wolkswagen Golf.

El fiscal asegura que los acusados A.F.G. y D.F.G. rompieron el 25 de noviembre 2002 la cancela exterior de un cortijo ubicado en el término municipal de Guadalcázar.

Indica además que, tras escalar una tapia de unos tres o cuatro metros de altura, accedieron al interior de un recinto en el que se apoderaron de siete pavos, un cochino y diez gallos que posteriormente cargaron en un Wolkswagen Golf, con el que huyeron del lugar apresuradamente.

Señala que, apenas una hora más tarde, los acusados fueron sorprendidos por la policía en un descampado ubicado en el Polígono Guadalquivir de la capital cordobesa cuando procedían al sacrificio de los animales, de tal forma de sólo fueron recuperados dos de los gallos.


El valor de los animales no recuperados supera los 800 eurosLos daños causados en las instalaciones del cortijo han sido tasados en unos 150 euros, mientras que el valor de los animales no recuperados supera los 800 euros.

En opinión del fiscal, los acusados son autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y solicita para cada uno de ellos una pena de un año y seis meses de prisión.


20minutos.es.. 18.01.2007 .-Detenidos el alcalde y el concejal de urbanismo (PP) de Alhaurín el Grande, Málaga



Ampliar fotoJuan Martín Serón (PP), alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Juan Martín Serón y Gregorio Guerra (PP) están en los juzgados de Coín.

Aún no han trascendido los motivos, pero la fiscalía lo investigaba por delitos urbanísticos.

El alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, del Partido Popular, y Gregorio Guerra, concejal de urbanismo han sido detenidos esta tarde y trasladados a los juzgados de Coín .

Aunque los motivos de dicha detención aún no han trascendido, estaba siendo investigado por la Fiscalía porpresuntos delitos urbanísticos.


Martín Serón estaba siendo trasladado a los juzgados de Coín sobre las 20.00 horas (Málaga).

El alcalde asistió hoy al almuerzo-mitin celebrado en Marbella en el que intervino el presidente del PP, Mariano Rajoy, y fue visto en dicha localidad hasta pasadas las 18.00 horas junto a varios compañeros de su partido.

Juan Martín Serón, investigado

La Fiscalía de Málaga investiga al alcalde en Alhaurín de la Torre (Málaga), Juan Martín Serón (PP), detenido esta tarde, por supuestas irregularidades urbanísticas.

En julio del año pasado, el PSOE denunció que el regidor y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, habían concedido licencias urbanísticas que no se ajustan a la legalidad a cambio de donaciones de dinero a las arcas municipales.

Según los socialistas, dos de las donaciones estarían vinculadas a la concesión de licencias de obras. Los beneficiarios de estos permisos podrían edificar más metros de los que autoriza el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Martín Serón afirmó el año pasado que estos hechos fueron archivadas por un juzgado de Coín hace tres años.

La denuncia del PSOE también alude a otras donaciones “en especie” al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande –en total, unos 140.000 euros- y cita otras aportaciones que oscilan entre los 6.000 y los 23.000 euros. Estas cantidades estarían supuestamente vinculadas a la concesión de licencias urbanísticas.

Los socialistas detallan también en su denuncia la firma de un convenio en el año 2000 suscrito con Banesto por el cual el Ayuntamiento habría dejado de percibir suculentos beneficios en una operación que habría generado importantes plusvalías.

Martín Serón quedó ayer fuera del consejo de administración la caja de ahorros Unicaja. La entidad financiera cerró ayer la renovación de parte de sus vocales, pero finalmente el PP no pudo satisfacer su pretensión de incluir al regidor de Alhaurín el Grande, ahora detenido, en la dirección de la primera entidad financiera de Andalucía.

EL MUNDO-11/01/2007 .-El 53% de los españoles considera que en su Ayuntamiento hay corrupción


MADRID.- Según publica este jueves EL MUNDO en base a una encuesta realizada por SIGMA DOS, el 53,3% de los españoles está convencido de que en el Consistorio de la población en la que vive hay corrupción. Lo aseguran, sobre todo, los jóvenes (el 60%) frente a los mayores (el 46%), y los hombres (el 55,6%) frente a las mujeres (el 51,2%).

De la información que firma Olga R. Sanmartín se deduce que esta opinión es compartida por la mitad de los encuestados que votan al PP y de los que apuestan por el PSOE. Los partidarios de IU son los que, por el contrario, más tienden a minimizar las dimensiones de la corrupción según este sondeo.

La encuesta, realizada entre el 26 y el 28 de diciembre de 2006, puso punto final al año en el que salió a la luz en Marbella el conocido como 'caso Malaya' y en el que se hicieron famosos, a su pesar, personajes como El Pocero y los alcaldes de Ciempozuelos, Andratx o Telde. A partir de ese momento, el cúmulo de denuncias por similares conceptos es incontable, afectando por igual tanto a municipios de un centenar de habitantes como a grandes capitales. Por eso, el 76% de los entrevistados considera que ha aumentado la corrupción.

La corrupción no hace distinciones entre partidos políticos, según la encuesta. La mayoría (el 72,4%) se muestra convencida de que todos los partidos son igual de corruptos. Pero luego, cuando hay que decantarse entre una mayor honradez del PSOE o del PP, ganan los que defienden a esta última formación. El 11,6% afirma que hay más operaciones fraudulentas en el partido del Gobierno, frente al 6% que sostiene lo mismo de los consistorios del principal partido de la oposición.

Lo que los españoles no perciben, sin embargo, es que haya un trato de favor a la hora de perseguir los delitos según quién los cometa. Sólo el 37,4% opina que el Gobierno utiliza a la Fiscalía para perseguir de manera diferente la corrupción que afecta al PP que la que afecta al PSOE. Son más (el 42,5%) los que están en contra de esta afirmación.

Del sondeo que publica EL MUNDO se desprende también que los españoles han percibido que un fuerte problema de corrupción afecta a nuestro país, pero, curiosamente, nadie quiere cambiar las reglas del juego sobre las que se basa la especulación inmobiliaria. A la pregunta ¿Estaría usted de acuerdo en pagar más impuestos a cambio de que se redujera el precio del suelo? casi el 60% responde que no.

 

Cabría preguntarse si é esta a pregunta que hai que facer , ou si o que habería que facer é redistibuir os impostos equitativamente como plantexa o Consejo General del NOTARIADO.

ENTREVISTA

El Pais.-07/01/2007 .-Hay corrupción en la financiación de los partidos"
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid -


En medio de la tormenta de escándalos urbanísticos, dos expertos en asuntos de corrupción aportan propuestas para combatirla. Coinciden en que las decisiones sobre urbanismo no pueden estar sólo en manos de los ayuntamientos. La financiación de los partidos políticos emerge como uno de los problemas de fondo por resolver.


"Las recalificaciones sólo benefician a unos pocos"

"El Gobierno autónomo y el central deben intervenir más en las decisiones urbanísticas"
Fernando Jiménez, nacido en Almería hace 43 años es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia.

Pregunta. ¿Está tan extendida la corrupción?

Respuesta. Es muy difícil de saber. Corrupción es sacrificar el interés público en beneficio privado, pero según la ideología varía la definición de interés público. En términos mundiales, España no está en mal lugar, pero debería preocuparnos porque afecta a la calidad de la democracia.

P. ¿Dónde está la corrupción?

R. En el urbanismo, la contratación pública y la financiación de los partidos políticos y todos estos terrenos están frecuentemente relacionados. Está concentrada principalmente en el nivel local por problemas en el diseño institucional que dan lugar a fallos en los sistemas de control.

P. Dice que corrupción es sacrificar el interés público en beneficio privado. Hay casos en los que un alcalde regala suelo público a una promotora e inmediatamente lo recalifica. En ese caso la plusvalía de un suelo público va a la promotora. Pero el alcalde no se esconde, dice que lo ha hecho para que haya empleo y el pueblo lo apoya. ¿Eso es corrupción?

R. Muchas veces el 90% de los electores respaldan esas decisiones. ¿Aun así se vulnera el interés público? Puede ser. Está el derecho de la minoría y el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de esos lugares, del medio ambiente. Aunque todo un pueblo quiera construir 10 alturas en una playa virgen o talar un pinar, puede haber corrupción. Un aspecto fundamental de la democracia es que la mayoría no puede hacer lo que le venga en gana. No hay peor tiranía que la de la mayoría. Hay límites legales. Y el interés particular de los ciudadanos de Águilas, de Carboneras o de Las Navas del Marqués no está por encima del interés público de los españoles y de las próximas generaciones a disfrutar de playas vírgenes o pinares.

P. Sin embargo, en España, un pueblo de 100 habitantes en el Pirineo puede decidir construir 10.000 viviendas.

R. En esos casos está el interés de todo el país. Vivimos en un sistema compuesto. No puede ser que la decisión esté en un solo nivel, el local. No es fácil de arbitrar, pero debería haber más intervención y coordinación con el nivel de gobierno autonómico y el central. La decisión de un ayuntamiento afecta a los de alrededor, a todo el entorno. No vivimos en pueblos aislados. Hoy uno trabaja en un ayuntamiento, vive en otro, veranea en otro y sus padres están en otro. No son comunidades rurales aisladas como en el siglo XIX que puedan actuar cada una por su cuenta.

P. ¿Cuánto dinero de la corrupción acaba en los partidos políticos?

R. Tenemos un cierto conocimiento de las finanzas de los partidos a nivel central, pero no en los gastos a nivel local. Son muy significativas las declaraciones del recaudador de Telde. Decía que el partido les mandaba dos millones para la campaña y que ellos gastaban 15. Nuestro nivel de conocimiento es bajísimo, pero las campañas cada vez son más caras, nadie respeta los topes de gastos. Y eso atenta contra la base de la democracia, que es la equidad. Si tu rival gasta más que tú, uno está tentado a meter más cuñas en la radio, a hacer más encuestas. Si permitimos esto, quien tiene más dinero influirá más. Hay que reformar el sistema de financiación de los partidos para hacer más eficaz la fiscalización.

P. Si al que Gobierna le va bien, nunca va a cambiar.

R. Es difícil porque los partidos en la oposición asumen que les toca tener menos dinero durante un tiempo, hasta que gobiernen una diputación o un ayuntamiento y se de la vuelta a la tortilla. CiU ha perdido muchas donaciones desde que no gobierna en Cataluña.

P. ¿Cómo afectarán los casos de corrupción electoralmente?

R. La primera reacción ante estos casos es el cinismo. Es decir que todos son iguales, unos trincones y que "yo si pudiera haría lo mismo". El sentido de lo público está muy poco desarrollado en España. La gente no siente que el bosque, la playa, el suelo sea suyo.

P. O sea, que no tiene impacto electoral.

R. Lo tiene generalmente en momentos de crisis económica. Si el mercado urbanístico se hubiera venido abajo en la época del GIL, no creo que esta partido hubiera controlado durante tantos años Marbella.

"Las recalificaciones sólo benefician a unos pocos"

ENTREVISTA

"Habría que obligar a los ayuntamientos a colgar en su web los planes de ordenación"
Jesús Lizcano (Madrid, 1956) preside Transparencia Internacional, una ONG encargada de desmenuzar y combatir la corrupción. Lizcano, catedrático de Análisis Economicos de la Universidad Autónoma de Madrid, defiende que se aireen los casos de corrupción y pide más agilidad a la justicia.

Pregunta. En el último índice de Corrupción de TI España ha bajado puestos. ¿A qué se debe?

Respuesta. España está en la posición 23 de 163 países, algo que aparentemente no está mal. Pero ha bajado la nota: si en 2004 obtenía un 7,1, ahora, es un 6,8, una tendencia preocupante. Se debe principalmente a un sector, el inmobiliario.

P. ¿Hay tanta corrupción urbanística, está tan extendida o es una impresión errónea?

R. Creo que no está ahora más extendida que antes, pero los jueces, la policía y los medios están sacando a la luz casos, y la población se está sensibilizando. Además, el boom inmobiliario ha facilitado la corrupción urbanística. Cuanto más desarrollo urbanístico, más corrupción potencial existe. No es malo que haya un desarrollo del sector de la construcción, es bueno para la economía, y beneficia a otros sectores, pero es necesario que se haga con controles para que no haya dudas sobre la forma en la que se gana el dinero por parte de unos y de otros.

P. ¿Por qué se produce?

R. Entre otras cosas, porque los Ayuntamientos tienen una especie de varita mágica que permite que un particular obtenga enormes beneficios. Hablo de las recalificaciones de suelo. Se trata de una decisión de un poder público, elegido por el pueblo, pero que genera beneficios a unos pocos, no a la colectividad. Esas enormes plusvalías van a bolsillos privados, y puede pensarse que a veces son bolsillos cercanos a los gobernantes o a los partidos políticos.

P. Ocurre con la urbanización, pero no con otras obras públicas. Nadie se enriquece porque designen su terreno como parte del trazado del AVE.

R. No, porque en esos casos se va a la expropiación, mediante un precio razonable y los propietarios no reciben toda la plusvalía.

P. Los casos están aflorando, pero en Marbella la justicia ha tardado 15 años en condenar a los responsables de unos atropellos urbanísticos clamorosos.

R. Habría que agilizar los procesos judiciales. Cuando la justicia es lenta es menos justicia, y genera una cierta impunidad.

P. Los ayuntamientos hacen muy complicado el urbanismo. ¿Es para que sea opaco o es que no hay forma de simplificarlo?

R. El urbanismo es complejo y en los detalles técnicos prácticamente sólo aparejadores y arquitectos los comprenden. Pero lo fundamental, cuánto y dónde se va a poder construir, qué beneficios genera..., esto se puede resumir para que lo entienda bien el ciudadano. Necesitaríamos una ley de acceso a la información pública, ya que somos uno de los cuatro países europeos sin ella. Además, habría que obligar a los ayuntamientos a colgar en su web los planes generales de ordenación urbana y hacerlos comprensibles. Pero sobre todo, deberían publicar los convenios urbanísticos, en los que pueden cambiar a su antojo el planeamiento urbanístico, y deberían publicarlo, no cuando esté aprobado, sino durante toda la tramitación. Además también deberían publicar las modificaciones de las obras, que a veces no se justifican y dan beneficios a los promotores. Se necesita más transparencia en los Ayuntamientos.

P. ¿Qué más medidas?

R. Que toda operación urbanística que suponga un porcentaje importante del presupuesto municipal debería estar supervisada por otra administración, la autonómica o la central.

P. ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?

R. Hay municipios muy pequeños donde hay empadronamientos ficticios, lo que facilita luego autorizar determinadas urbanizaciones. Tienen que estar tutelados en algunos casos, porque hay ayuntamientos realmente pequeños que hacen luego operaciones espectaculares. Además, hay que hacer que los procedimientos judiciales sean más fluidos y controlar más las sociedades públicas municipales. Y se podrían crear secciones especializadas en delitos urbanísticos en las Audiencias provinciales para que llegue a haber jueces especialistas al respecto.

 

El Confidencial.com.-Martes, 26 de diciembre de 2006.-La Junta de Castila La Mancha publicará esta semana las actas de urbanismo

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció este martes que publicará esta semana en su página web las actas de la comisión regional y de las comisiones provinciales de urbanismo de los últimos cinco años y quiere que los Ayuntamientos de la región hagan lo mismo con los acuerdos municipales.

A partir de esta semana, a través de la web de la Junta (jccm.es) se podrá acceder a las actas, donde se pueden buscar todos los acuerdos e informes relativos a calificaciones de suelo, planeamientos generales o planeamientos de desarrollo de cada uno de los 911 municipios de la comunidad de los últimos cinco años.

El consejero de Vivienda y Urbanismo castellano-manchego, Alejandro Gil, subrayó que esta medida, aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno, supone un paso más en la apuesta del Gobierno regional por la transparencia y la participación ciudadana en materia de urbanismo.

Indicó que mediante el decreto, anunciado por el presidente regional, José María Barreda, en el último debate sobre el estado de la región, la Junta se compromete a publicar todas las actas de las comisiones de urbanismo en el plazo de un mes desde su celebración, así como las de los últimos cinco años.

Además, el consejero mostró el deseo de que otras administraciones, especialmente los ayuntamientos de la comunidad, den la misma publicidad a sus acuerdos, desde el convencimiento de que "la inmensa mayoría" de los responsables de urbanismo están comprometidos con sus ciudadanos y hacen las cosas bien.

A este respecto, el consejero reconoció que la Junta sólo puede recomendar esta medida, puesto que la ley consagra la autonomía municipal en esta materia, pero sostuvo que la Administración regional necesita instrumentos más ágiles que los actuales para intervenir en caso de que aprecie irregularidades.

Alejandro Gil aprovechó para solicitar una reflexión en el ámbito estatal para que las comunidades autónomas adquieran competencias para intervenir de forma subsidiaria ante determinadas irregularidades en el caso de que los ayuntamientos no lo hagan.

El consejero insistió en que la actuación del Gobierno regional en materia de urbanismo siempre ha sido adecuada a la ley y a sus responsabilidades.

Así, ante "la preocupación ciudadana" que existe en relación con el urbanismo, decidió mostrar que "no hay nada que ocultar" ni en el pasado ni en el futuro.

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El Diariomontanes.es. 11-12-2006.-«Sólo la voluntad política remediará la corrupción urbanística». El catedrático de Derecho Martín Rebollo aboga también por otra financiación local
E. P./SANTANDER

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria Luis Martín Rebollo cree que la solución del problema de la corrupción urbanística en España no depende tanto de la regulación legal al respecto, sino de la «voluntad de cumplir» esas leyes, de la voluntad política y de un buen sistema de financiación para las corporaciones locales.

«Sin voluntad política no hay ley que pase el test de la realidad. No hay que confiar tanto en el derecho. Es una institución imprescindible, pero no es suficiente para resolver los problemas», en los que también interviene el factor humano o el factor económico, entre otros, explicó este experto en una entrevista en Radio Nacional.

A su juicio, «a veces bastaría» con que las ejecutivas de los partidos dieran unas indicaciones al respecto a sus ayuntamientos, ante una situación que «merma la confianza» de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, pero para la cual no hay soluciones «simples», porque se trata de un problema «enormemente complejo» en el que «intervienen todo tipo de factores».

Uno de esos factores es, en sus palabras, el económico. En este sentido, recordó que los ayuntamientos democráticos comenzaron su andadura en el año 1979, y con ello la necesidad de satisfacer las demandas ciudadanas, pero, en cambio, no hubo una Ley de Haciendas Locales hasta «ocho años después».

«Es posible que el urbanismo, en algún momento, acabara siendo un mecanismo de financiación de los ayuntamientos. Y puesto en marcha ese mecanismo, a veces salen epifenómenos, que probablemente son aislados, pero que tienen que ver con todo esto», argumentó.

Además, advirtió de que «no existe, ni en la vida, ni en las rebajas, ni en las leyes, ni en la vida política el bueno, bonito y barato». «Si queremos ciudades saludables, hay que pagarlas»», sentenció.

El catedrático rompió una lanza a favor de las corporaciones locales que, a su juicio, no sólo son la «administración más cercana al ciudadano», sino también «la escuela de democracia por antonomasia». De hecho, consideró que desde la instauración de la democracia en España, los ayuntamientos son las instituciones que más se han transformado, «aunque algunos carecen de suficiente financiación para llevar a cabo las tareas que tienen encomendadas».

Respecto al modelo territorial español y el Estado autonómico, Martín Rebollo aseguró que se trata de «lo que se ha dado en llamar un menú a la carta», en el que cada comunidad puede elegir qué competencias desea asumir del listado que se les ofrece en la Constitución.

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El Pais.es.11-12-2006.-Zapatero aplaza el plan contra la corrupción en los ayuntamientos para pactarlo con el PP. El presidente opta por alejar del debate electoral la anunciada reforma de la Ley de Bases




El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido aplazar la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local, con sus medidas anticorrupción, a enero o febrero, para tratar de pactarla con el PP por considerar que es "una ley básica". El aplazamiento de la aprobación en Consejo de Ministros tiene como objetivo que la tramitación parlamentaria sea posterior a las elecciones autonómicas y locales de mayo. "Al sacar la ley del debate electoral se facilitará el pacto con el PP, que puede temer que el Gobierno quiera capitalizarla", señalan fuentes de Administraciones Públicas.


La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, cuyo objetivo es la modernización de la Administración municipal, se ha convertido en emblemática al contener medidas específicas contra la corrupción ante la proliferación de escándalos urbanísticos en diferentes ayuntamientos.

La iniciativa surge después de que el urbanismo salvaje y la corrupción hayan llevado a la cárcel ya a más de 30 concejales desde las últimas elecciones municipales de 2003. Entre los imputados figuran dirigentes de los principales partidos políticos en localidades como Marbella, Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx, y numerosos empresarios de la construcción y la promoción inmobiliaria que han pagado comisiones millonarias a cambio de tratos de favor.

Entre las medidas de la futura ley figuran el endurecimiento de las incompatibilidades de concejales, igualándolas a las de los miembros de las Administraciones central y autonómica. Los ediles, tras su cese, no podrán desempeñar durante dos años sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo municipal. Asimismo, para combatir la corrupción se fortalecerá la transparencia y se llevarán al pleno municipal las permutas y convenios entre promotores o propietarios y el Gobierno municipal. Y el Ministerio de Administraciones Públicas contará con un registro público de ediles tránsfugas.

La ley, además, reforzará las competencias de los 8.000 ayuntamientos españoles, con el objetivo de que se correspondan con su financiación; aumentará la participación ciudadana en la vida municipal y establecerá claramente las funciones del gobierno local y las del pleno municipal.

El Gobierno trata de consensuar la ley con el PP, pese a que, según asegura, dispone de apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. "Hemos intentado durante dos años, en que empezamos a trabajar en esta ley, el acuerdo con el PP, y estamos dispuestos a intentarlo de nuevo", señalan fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes aseguran que el presidente del Gobierno ha pedido al ministro de Administraciones Públicas que intente un nuevo esfuerzo para acordar la ley con el primer partido de la oposición.

Los populares aprueban, en principio, las iniciativas anticorrupción propuestas por el Gobierno, pero su responsable del área territorial, Soraya Sáenz de Santamaría, precisa que "esas medidas no estaban en los primeros borradores de la ley; se han introducido con posterioridad al conocimiento de los escándalos urbanísticos". Sáenz de Santamaría plantea tres condiciones para que el PP apoye la ley: que sea básica y afecte, por tanto, a todas las comunidades autónomas; que el régimen de los funcionarios sea común para toda España; y, sobre todo, que, paralelamente a la tramitación parlamentaria, se reforme la Ley de Haciendas Locales, vigente desde 2003, para asegurar la financiación de los municipios una vez que asuman las nuevas competencias.

La nueva Ley de Bases no contiene, en su redacción, más que generalidades sobre la financiación, igual que en la ley precedente, de 1985, señalan en el Ministerio de Administraciones Públicas.

Jordi Sevilla propone al PP una fórmula intermedia: la introducción en la nueva Ley de Bases de una disposición transitoria que comprometa al Gobierno a promover, a los seis meses de la entrada en vigor de este texto, la reforma de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por el Gobierno del PP en 2003.Junto a ello, Sevilla propondrá que las competencias nuevas de los municipios no se ejerzan mientras no tengan financiación, y que las comunidades autónomas se comprometan a presentar proyectos de ley para redefinir las competencias y la financiación.

Las mismas fuentes entienden que el PP no debe de tener inconveniente en suscribir esta propuesta porque recoge el programa de segunda descentralización que propuso el ex presidente José María Aznar en enero de 2002.

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El Mundo.es.-8-12-2006.-CAM: primera medida legal contra la corrupción : EL TEXTO, EN LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS, SE ASEMEJA AL ARTÍCULO 105 DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL SUELO

MIREN IZQUIETA

El artículo 20 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2007 de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha añadido una nueva letra a la Ley 9/2001 del Suelo, en la que se anulan los acuerdos que se establezcan entre la administración y los promotores antes de la aprobación definitiva del planteamiento, con lo que, según José María Bengoechea, abogado experto en urbanismo, «se demuestra la voluntad por ir contra la corrupción con este primer paso legal». La norma ya figura en el Anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid, aunque «ampliada y con tono más duro», según afirma el mencionado jurista.

La ley entra en escena en mitad de las últimas noticias sobre corrupción urbanística. Un artículo, el número 20, incluido en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos generales de 2007 de la Comunidad de Madrid, incorpora una nueva medida a la Ley 9/2001 del Suelo (artículo 245) que busca evitar situaciones de presión o conflicto entre las administraciones locales y los promotores, y avanzar en un urbanismo transparente. «Se puede decir que es el primer movimiento legal contra la corrupción en la Comunidad», destaca el abogado José María Bengoechea, experto en urbanismo.

«Serán nulos de pleno derecho aquellos convenios que incluyan estipulaciones que establezcan la obligación de hacer efectivos los deberes legales de cesión y, en su caso, los convenios entre las partes antes de la aprobación definitiva de la modificación o revisión del planteamiento que tuvo como base el convenio», apunta el texto.

Bengoechea desmenuza la ley y asegura que «si hasta ahora el 10% de los deberes de cesión ascendían en algunos casos al 12 y 13%, lo que se convertía en una manera de presionar al ayuntamiento para que recalificara el suelo, con este nuevo añadido las obligaciones son nulas por parte del promotor, no se adquieren compromisos antes de la aprobación del planteamiento y el ayuntamiento no recibe una parte extra más allá del 10% que era lo que podía ir a fines desconocidos».

Según el jurista, este punto que se añadirá -tras los trámites legales- a la Ley del Suelo vigente en la Comunidad «demuestra la buena voluntad por parte de la administración de luchar contra el cohecho. Es un paso más para luchar contra la corrupción y las recalificaciones que se hacen para meterse dinero en el bolsillo». De hecho, «hasta ahora la Ley del Suelo sólo cuenta con los controles administrativos normales, pero no con artículos como éste». Sin embargo, «no es muy eficaz», añade, «porque aunque los promotores no se comprometen en un convenio previo a pagar más o menos, sí pueden hacerlo bajo manga. Los números bailan hasta convertirse en algo que casi nadie controla».

La clave, según Bengoechea, estaría en el cumplimiento de un precepto clásico de la ley de urbanismo que, entre otras cosas, obliga a que «la multa por una infracción debe ser superior al beneficio que se obtenga por ella, de forma que no sea tan fácil sortear las sanciones».


Una aproximación al futuro

Según fuentes de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, la Ley de Acompañamiento que incluye el añadido a la Ley del Suelo todavía es un «proyecto en trámite que se someterá a votación definitiva el 21 de diciembre próximo y que, si sale adelante sin enmiendas entrará en vigor con rango de ley y pasará a formar parte automáticamente de la Ley del Suelo vigente». Bengoechea se atreve a adivinar que el texto «no va a generar polémica, porque avanza para bien y contra la corrupción. Lo que dudo es que sea eficaz en la práctica».

No es la primera vez que se puede leer una medida de este tipo, ya que el texto del Anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ya incorpora en su artículo 105 una especificación similar a la redactada en la Ley de Acompañamiento. El objetivo es similar: impedir a los municipios ejecutar los convenios urbanísticos hasta que no se apruebe el planeamiento.

«Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los convenios que contravengan normas jurídicas imperativas, incluidas las de los Planes urbanísticos, o aumenten o disminuyan las cuantías legales de cesión obligatoria de suelo o aprovechamiento urbanístico a la Administración o aquellas otras que pudieran suponer, en cualquier forma, un aumento o disminución de las cargas establecidas en esta Ley», refleja el artículo.

Según Bengoechea, «el texto del Anteproyecto es mucho más duro que el que se incluye en la Ley de Acompañamiento, ya que incluye más especificaciones, además de ser más amplio». Entre las especificaciones del Anteproyecto, figura el hecho de que en este texto se habla de anular las «estipulaciones de los convenios», mientras que en el artículo 20 de la Ley de Acompañamiento se generaliza más al hacer nulos todos «los convenios que incluyan estipulaciones».

Si se tiene en cuenta que un convenio a nivel urbanístico es un acuerdo entre el ayuntamiento y un promotor para calificar o recalificar un suelo rústico y convertirlo en urbanizable para edificar, Bengoechea explica que «el Anteproyecto elimina unas estipulaciones concretas de los convenios, mientras el otro texto revoca los convenios en general». Por eso, según el abogado, «el Anteproyecto está mejor redactado».

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El Pais.es.-8-12-2006.-El Gobierno amplía a un año el plazo para que la fiscalía investigue casos de corrupción. El mandato del fiscal general durará cuatro años y acabará con el del Ejecutivo que lo nombró
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 08/12/2006




Reunión de la Junta de Fiscales de Sala- RICARDO GUTIÉRREZ

El Gobierno ha escuchado a los fiscales y ha decidido ampliar de seis meses a un año el plazo para que el ministerio público investigue asuntos de corrupción y de criminalidad organizada. El proyecto de ley del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal, aprobado ayer por el Ejecutivo, deja el mandato del fiscal general en cuatro años, en contra de las recomendaciones del Consejo Fiscal, pero establece causas tasadas para que abandone el cargo, entre ellas, el final del mandato del Gobierno que lo nombró. El máximo responsable de la fiscalía deberá comparecer ante el Congreso antes de asumir el cargo.


PRINCIPALES CAMBIOS DEL NUEVO ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL

El 60% no cree que el Ejecutivo sea eficaz contra las corruptelas

Desde la última reforma de la norma que regula el funcionamiento de la fiscalía, realizada durante el último Gobierno del PP y siendo ministro de Justicia José María Michavila, el plazo para investigar cualquier asunto antes de presentar una acusación o una denuncia se redujo a seis meses. La medida generó grandes críticas en el seno de la oposición, ocupada entonces por el PSOE, que llegó a calificar la disminución de ese plazo de "agresión contra el pacto de Estado por la justicia".

Ese reducido espacio de tiempo tampoco gustaba a los propios fiscales que consideraban excesivamente corto el plazo para investigar en los asuntos más complejos, como las tramas de terrorismo, narcotráfico, criminalidad organizada y corrupción. El propio Consejo Fiscal, integrado por el fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector y otros nueve fiscales de cualquier categoría elegidos por sus colegas, remitió esta semana un informe al Ejecutivo en el que subrayaba que ese plazo "deja prácticamente anulada" su capacidad para investigar ese tipo de delitos. "Esa supuesta meta de incrementar las garantías en las investigaciones", decía ese documento, ha tenido como consecuencia "entorpecer de manera grave, si no anular prácticamente cualquier capacidad investigadora del ministerio fiscal".

El Ejecutivo ha tomado nota y ha recogido la modificación propuesta por el máximo órgano colegiado de la fiscalía. Con el proyecto de Estatuto Orgánico del ministerio fiscal aprobado ayer, el plazo para investigar antes de la acusación se duplica. Las diligencias podrán extenderse hasta el año y, además, el fiscal general, mediante decreto motivado, podrá prorrogarlas si lo considera necesario.

En lo que el Gobierno no ha escuchado a los fiscales es en la duración del mandato del fiscal general. El Consejo Fiscal, con la intención de ampliar la independencia respecto del Gobierno del máximo responsable de la fiscalía y forzar un mayor consenso entre los partidos para su designación, proponía que su permanencia en el cargo superara la legislatura y durara cinco años sin posibilidad de revocación. El proyecto deja finalmente el mandato en cuatro años y hace coincidir su fin con el de la legislatura. No hay posibilidad de reelección, a no ser que el fiscal general hubiera permanecido en el puesto menos de dos años. En ese caso podrá ser propuesto por otros cuatro años.

El acento en la autonomía de la fiscalía y en la reducción de la discrecionalidad gubernamental sobre el Ministerio Público se busca con el establecimiento de cinco causas tasadas de revocación que pueden revisar los tribunales. Además de la salida del Gobierno que lo propuso, el fiscal general puede abandonar su cargo a petición propia, por incompatibilidad o prohibición establecidas en la ley, por incapacidad o enfermedad y por el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. La persona seleccionada por el Ejecutivo para el cargo deberá someterse antes de ser nombrado por el Rey a una comparecencia ante una comisión del Congreso.

En los procedimientos que afecten a miembros del Gobierno, el máximo responsable de los fiscales deberá escuchar necesariamente a la Junta de Fiscales de Sala (su principal órgano asesor en materia jurídica) antes de impartir instrucciones a sus subordinados. Ese mismo órgano será el que decidirá si el fiscal general del Estado incurre en alguna de las causas de abstención respecto a un proceso, en lugar del ministro de Justicia, que es quien resuelve ahora en esos casos.

Otra de las novedades es la adecuación de la fiscalía a las autonomías convirtiendo a los fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia en fiscales superiores y dotándolos de jerarquía sobre el resto de fiscales jefes de cada provincia en cada comunidad autónoma. También se ahonda en la especialización al dar cobertura legal a los fiscales de Sala delegados (de Violencia de Género, de Delitos Urbanísticos y de Medio Ambiente) que coordinan a los fiscales especializados en cada una de esas materias.

PRINCIPALES CAMBIOS DEL NUEVO ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL
- El plazo máximo para que los fiscales investiguen asuntos relacionados con la corrupción y la criminalidad organizada pasa de seis meses a un año y es prorrogable por el fiscal general del Estado.

- El mandato del fiscal general será de cuatro años, no renovable, y se establecen cinco causas tasadas para que abandone el cargo: a petición propia, por incompatibilidad o prohibición legal, por incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y por fin del mandato del Gobierno que lo propuso.

- Antes de ser nombrado por el Rey, la persona elegida como jefe de la fiscalía deberá comparecer ante una comisión del - - Congreso de los Diputados.

- El fiscal general deberá escuchar a la Junta de Fiscales de Sala antes de impartir instrucciones a sus subordinados en los procesos que afecten a algún miembro del Gobierno. Ese mismo órgano decidirá sobre las causas de abstención del fiscal general.

- La fiscalía se armoniza con la estructura del Estado convirtiendo a los fiscales de los tribunales superiores en fiscales superiores con mando en toda la comunidad.

- Se da cobertura legal a los fiscales de Sala especializados como los que ya existen en violencia hacia la mujer, delitos urbanísticos y medio ambiente.

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El Confidencial.es. 6-12-2006.-Todos mojan: la familia Franco vendió a Fidel San Román el suelo utilizado por Bitango para las polémicas VPO

El suelo que Bitango compró a Fidel San Román para sus polémicas VPO era propiedad de la familia Franco

@Fátima Martín

Parece un culebrón en toda regla. Las polémicas viviendas protegidas que gestiona Bitango en Arroyomolinos se levantan sobre Valdelasfuentes, un vasto terreno que perteneció a la familia Franco y que la promotora de Jesús Rey compró a Edificaciones Tifán SL, sociedad del imputado en el caso Malaya, Fidel San Román.

Dicha polémica, de la que ha dado cuenta profusamente este diario, tiene su origen en las quejas de los afectados por el caso Bitango, compradores en régimen de autopromoción que denuncian haber adquirido casas protegidas con sobreprecio y sin haber sido informados de que se trataba de VPP (viviendas de protección pública).

Las familias San Román y Franco se pusieron de acuerdo para desarrollar los terrenos de Valdelasfuentes. De hecho, fue la sociedad que comparten los herederos de Francisco Franco y parte de la familia San Román, FR Promociones del Suroeste SA, la encargada de asumir el planeamiento urbanístico y la gestión de un sector de dicho terreno (el SAU.6, de nombre ‘Zarzalejo’), sobre el que se levantan algunas de las promociones protegidas que hoy gestiona Bitango, según consta en el B.O.C.M. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) de enero de 2003.

En Promociones del Suroeste aparecen miembros de ambas familias. Así, Francisco Franco Martínez Bordiú figura como director general, Carmen Franco Polo como ex presidenta, Antonio y María Petra San Román como consejeros delegados y Fidel San Román Morán como presidente. Un buen negocio para ambas familias. Posteriormente, una vez puesto en marcha el planeamiento urbanístico, Fidel San Román se encargaría de vender parte de los terrenos de sus socios, los Franco, a Bitango.

Y es que el nombre de San Román no ha dejado de aparecer a través de diferentes empresas en el desarrollo urbanístico de la zona. De hecho, los contratos que muchos de los compradores de viviendas protegidas adquirieron en Arroyomolinos a Bitango indican claramente que “la parcela ha sido adquirida a su propietario, la entidad Edificaciones Tifán, S.L.”. Fidel San Román es el administrador único de Tifán, algunos de cuyos apoderados lo son también de Bitango.

Entrega de llaves de casas sin luz y sin agua

Mucho ha llovido desde entonces. En la actualidad, Bitango acumula un buen número de expedientes sancionadores abiertos por la Comunidad de Madrid por motivos de diferente gravedad. Entre otras irregularidades, hay promociones en Arroyomolinos, construidas sobre el terreno -que otrora fue de los Franco-, cuyas viviendas fueron puestas a la venta a particulares antes de publicarse en el B.O.C.M., en marzo del año 2003, según consta en documentos a los que ha tenido acceso este diario.

Y hay promociones de cerca de 40 casas protegidas en las que diez han estado a nombre de empresas, como Lituma, SA, del ex futbolista Fernando Hierro, algo impensable en viviendas que tienen la calificación de ‘protegidas’.

Recientemente, según los afectados, Bitango ha entregado las llaves de al menos cuatro promociones de Arroyomolinos, aunque “sin cédula de habitabilidad”, aseguran. Esto es, no disponen ni de luz ni de agua. De éstas, tres promociones están afectadas por la cercanía de dos torres de alta tensión de 400.000 voltios, con las consecuencias para la salud que esto acarrea. “La gente está desesperada, por eso acepta entrar en las casas sin luz y sin agua”, explican los afectados.

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El Pais.es. - 09/11/2006 - El urbanismo sí es un juego
El Instituto de Práctica Empresarial lanza un 'trivial' sobre ordenación territorial

"¿Que instrumento de planeamiento hay que tramitar en suelo no urbanizable para desarrollar una parcelación urbanística?" La pregunta no pertenece a las oposiciones a registrador de la propiedad. Es una de las 300 cuestiones que contiene el Urbaniquestion, un juego de mesa sobre ordenación del territorio creado por el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) para celebrar el Día Mundial del Urbanismo.


La lluviosa mañana de ayer era perfecta para que seis profesionales del sector -sobre todo abogados y promotores- midieran sus conocimientos sobre urbanismo en la acogedora sala de juntas del IPE en Málaga. Las preguntas del Urbaniquestion, diseñado por el área de Investigación Académica del centro, se dividen en seis categorías identificadas por colores: el amarillo corresponde a Planeamiento; el verde, a Gestión; el morado, Disciplina Urbanística; el azul, Legislación Sectorial; el burdeos, Valoraciones y el naranja, Legislación Autonómica.

A diferencia del trivial tradicional, las fichas no son un quesito de plástico en el que se insertan cuñas de colores, sino una reproducción en cerámica de un molde árabe para construir ladrillos, en el que se meten unos ladrillitos también de cerámica. "Habría que mandarle cuatro o cinco juegos a [Juan Antonio] Roca [presunto cerebro de la red de corrupción marbellí] a la cárcel para que se aprendiera la legislación", bromea uno de los participantes en la partida.

Precisamente uno de los objetivos de esta iniciativa es "mostrar el lado más amable del urbanismo y el sector inmobiliario", afirma Laura Domínguez, una de las creadoras del juego. Estos sectores, tan esenciales para la economía como sometidos a la sospecha, "nos afectan a todos y todos podemos decidir sobre ellos, sobre todo si tenemos algunos conocimientos", remacha Domínguez.

"Desarrollar el juego nos ha llevado cinco meses. Todas las preguntas han sido formuladas, revisadas y comprobadas por profesionales", asegura la directora de contenidos del Urbaniquestion, Carmen Sanmartín.

El singular juego de mesa se presentó ayer simultáneamente en Madrid, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Granada Cádiz, Córdoba y Almería. En las partidas participaron más de 50 ex alumnos del programa de Experto en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios que imparte el IPE. Los jugadores, al menos los de Málaga, mostraron serias dificultades para recordar los conocimientos adquiridos en el curso, sobre todo en algunas áreas. "Ninguno coge Disciplina", se reía uno de ellos. Otro se quejaba a su vez: "Me caen todas las preguntas sobre montes cuando en Málaga todo el mundo sabe que sólo se construye en las zonas de costa".

El juego, de momento, tiene una tirada de 500 ejemplares aunque no está en el mercado. Sus creadores barajan la posibilidad de editar una versión light del Urbaniquestion con preguntas para todos los públicos. De momento, en un par de meses se lanzará la versión de Internet en la que cualquiera -siempre que tenga una Ley del Suelo, un Código Civil y un plan general a mano- podrá jugar en red.

Por cierto, la pregunta del comienzo tenía trampa: las parcelaciones en suelo no urbanizable están prohibidas por la Ley 6/98, de 13 de abril.

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La Voz de Galicia.com.-04/12/2006.-Bum de escándalos urbanísticos.El PP designa un «cazacorruptos»

(Firma: Magis Iglesias)
Un cargo del departamento de Organización del PP está dedicado desde hace días a rastrear las denuncias sobre casos de corrupción en las filas del partido y actúa bajo las directrices del secretario ejecutivo, Sebastián González. Desde la sede central del partido, el aparato investiga todas las informaciones, periodísticas o directas, para detectar posibles corruptelas o delitos entre los cargos del PP con el fin de poder intervenir en el caso de que el departamento jurídico aprecie indicios suficientes de criminalidad.

González asegura que hay un bum de denuncias desde hace un par de meses y sitúa el punto de inflexión en el momento en que estalló el caso de Ciempozuelos, que llevó a la cárcel a los dos últimos alcaldes socialistas del municipio. La actuación del cazacorruptos obedece a las instrucciones impartidas por Mariano Rajoy desde que empezaron a arreciar los escándalos, especialmente en el ámbito municipal.

El cazacorruptos hace un seguimiento del caso hasta que, habitualmente en cauces judiciales, se producen acontecimientos que permiten la adopción de resoluciones de carácter disciplinario. Primero se suspende cautelarmente de militancia al afectado y se sigue el procedimiento hasta concluir en la expulsión definitiva cuando haya sentencia firme.

En esta situación están los cinco concejales, un asesor y el alcalde de Telde (Gran Canaria), el ex alcalde de Andraitx (Mallorca) y seis ediles de Las Palmas (Gran Canaria). Otros casos que están bajo la lupa afectan, entre otros, a los ayuntamientos de Pilar de la Horadada, Navalcarnero, La Oliva, Alicante y al pontevedrés de Nigrán.

«Nosotros no podemos actuar como jueces porque no tenemos las competencias ni los medios —argumenta Sebastián González— y, además, debemos salvaguardar la presunción de inocencia por encima de todo».

 

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Recollido no Foro de Política Galega de www.aedru.org.-2 de diciembre de 2006, 20:38 .-Ley del Suelo y Supercorrupción Refinada en Nigrán., por Camili Brandin.

Soy un afectado por un SAU (suelo urbanizable). A este SAU, que lleva más de 10 años paralizado en el ayuntamiento, se le ha denegado siempre la edificabilidad alegando cualquier causa, pero en contrapartida, a otros, se les han aprobado los papeles rápidamente. El nuestro no podía ser aprobado porque quizás había que esperar a que el alcalde y algunos de la directiva del Celta se pusieran a construir en los solares que ellos habían “comprado” a los vecinos de la zona, pagándolos a un precio rústico que solo ellos sabían que con la complicidad del alcalde, estos solares se iban a recalificar como edificables PASANDO A SER ORO MOLIDO (publicado en noticias de prensa). Pero la injusticia será todavía más grande, porque ahora con la ley de 500 metros de distancia de costa (me parece muy bien, hace años que tenía que haber salido), mi finca queda alcanzada por unos metros según esta normativa. Pero curiosamente la de los falsificadores no será afectada porque cumple la norma. O sea que ellos sí podrán seguir construyendo ya que el alcalde ya sabe (el resultado de un juicio todavía sin celebrar), y lo anuncia en todos los medios, que él es inocente, esta "libre de todo pecado" y todo está en regla, pues “la recalificación fue aprobada por el pleno” del ayuntamiento.
Yo me gasté todo el dinero de mi trabajo, con la mayor honrradéz del mundo, para poder tener mi casa, y ahora me quedo sin nada, en la ruina, y los falsificadores podrán seguir medrando. Hay que ser grande y tener influencias.

Es evidente que ellos no tiene toda la culpa de esto. Alguna culpa la tiene (si es verdad lo que el alcalde dice) “cierta corrupción de la Justicia ", el “saber” interpretar la ley a favor del delincuente de guante blanco o del narcotraficante con poder económico... Pues ya se sabe que “esta clase” de alcaldes y concellades de urbanismo van a robar todo lo que puedan si nadie le para los pies. Y además hay que tener mucho cuidado con lo que dices, porque tienen tanto poder que, en algunas ocasiones, con toda la verdad en la mano, al que te mandan a la cárcel es a ti “por no poder aportar pruebas documentadas” de algo que, a todas luces es evidente.

Yo tuve la ocasión de hablar con alguna persona que los conoce y se les ha oído decir cosas como estas "No pasa nada con meter mano en los dineros de la corrupción urbanística, pues (si te cogen, como ahora está sucediendo, ¡ya era hora!) nuca se ha dado ningún caso que, bien sea la fianza o la multa que te impongan no suele pasar del 10% de lo que hayas robado". Con esta clase de veredictos, es evidente que esto no tiene fin porque una conducta, ante un refuerzo positivo, lo que hace es que, en el futuro, se repita cada vez con más intensidad. Aquellos que han robado grandes cantidades de dinero nunca han devuelto nada, nunca se les saca nada o casi nada de sus propiedades robadas ni se les pone ninguna fuerte sanción económica. A los españoles de a pié nos importa un bledo que, por encima, los tengamos que mantener gratis en la cárcel dos o tres meses.

Todos sabemos que “los grandes empresarios” que roban en Marbella, en Telde, Andraxt... estarán dentro de unos días en la calle (con la excepción de uno o dos paganos) disfrutando de los dineros chuflados a los ayuntamientos (dinero de todos los ciudadanos).

Con esta forma de interpretar las leyes no vamos a ningún sitio. ¡YA VA SIENDO HORA DE QUE SE DICTEN SENTENCIAS JUSTAS. NO NOS HACEN FANTA JUECES-DIOSES LO QUE QUEREMOS SON JUECES QUE SEPAN MAS DE JUSTICIA AUNQEUE NO TANTO DE LEYES.!

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El Confidencial.com Miércoles, 29 de noviembre de 2006.-'Caso Andratx':: la Fiscalía de Baleares tiene previsto imputar a más de 30 personas entre abogados, constructores y promotores


La red de la trama corrupta que ha comenzado a desmantelarse en la isla de Mallorca empieza a asemejarse a la de Marbella, pero sin jirafas disecadas. La Fiscalía tiene previsto imputar a varias decenas de personas por diversos delitos descubiertos en el llamado caso Andratx, según fuentes conocedoras de las averiguaciones.

Tras más de seis meses de pinchazos telefónicos, seguimientos e investigaciones varias, la Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a desenmarañar una trama que tiene como epicentro al alcalde de la localidad de Andratx, Eugenio Hidalgo, y a una red de funcionarios supuestamente corruptos.

Después de desarticular este primer círculo administrativo, la Guardia Civil ha extendido sus pesquisas al sector privado relacionado con el urbanismo, desde despachos de abogados, a empresas de la construcción y promotoras inmobiliarias que, supuestamente, pagaron comisiones ilegales para obtener licencias. Es en esta trama, supuestamente protegida por el alcalde, donde la Fiscalía tiene previsto imputar a varias decenas de personas, posiblemente más de treinta, según las mismas fuentes.

Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas, de las que dos están en libertad con cargos. Los arrestados hasta ayer son el alcalde Hidalgo, el director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot, y el celador de obras del consistorio, Jaume Gibert. Los otros dos acusados son María Isabel Seguí Capó, ex arquitecta municipal, y un abogado cuyo nombre no fue dado a conocer ayer.

Hidalgo fue expulsado de forma fulminante por el PP al ser acusado de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros. Respecto a Massot, imputado por los mismos delitos, el portavoz parlamentario popular, Eduardo Zaplana, llegó ayer a sostener en rueda de prensa que su detención “no tiene que ver con su responsabilidad en el Gobierno balear” ya que las supuestas irregularidades se ciñen a su gestión como técnico municipal.

El Ferrari Testarossa del alcalde

Se da la paradoja de que el PP confirmó hace poco más de un mes a Hidalgo como su cabeza de lista para el ayuntamiento de Andratx en las próximas elecciones municipales, cuando el regidor suele pasearse por la isla a bordo de un Ferrari Testarossa –rolex de oro en muñeca- y tiene dos casos judiciales abiertos, según fuentes políticas.

En Mallorca era un secreto a voces que el alcalde estaba siendo investigado por la Fiscalía. A esta circunstancia se sumó el envío a la isla de un equipo de guardias civiles por orden de su director general, Joan Mesquida, que es natural de allí. En total, veinte ayuntamientos gobernados por el PP en las Baleares están siendo investigados por la Justicia, frente a uno del PSOE.

También se tenía conocimiento que desde el Consell mallorquín –en manos populares- se habían emitido informes urbanísticos contradictorios con los firmados por algunos funcionarios supuestamente implicados ahora en la trama.

El presidente de Baleares, Jaume Matas, ha pedido perdón a su partido y ha asumido la responsabilidad de la aceptación de Hidalgo entre sus filas. Mientras, el secretario general del PSOE de Baleares, Francesc Antich, considera que el urbanismo a la carta se ha desatado en la isla –alcaldes que conceden licencias a su libre albedrío- y reclama transparencia al Govern. El PSOE ha pedido la creación de una comisión parlamentaria que investigue los incrementos de patrimonio de los cargos públicos y denuncia que el PP paralizó la Ley del Suelo autonómica.

El Govern conocía bien a los detenidos

La relación de Hidalgo –líder de la extinta Agrupación Liberal Andratx (ALA)- con el urbanismo viene de lejos. En la anterior legislatura, la alcaldesa del PP, Margalida Moner, fue apartada de su cargo en 2002 para ceder el puesto a Hidalgo, quien era su primer teniente de alcalde y regidor de urbanismo. Moner es la actual consejera de Agricultura del Govern. Previamente, Hidalgo había sido alcalde gracias a un pacto de coalición con el PSOE.

Por su parte, Massot, el director general de Ordenación del Territorio detenido, era persona de confianza de la consejera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, quien sostiene que sólo responderá de lo que afecte a su departamento.

El caso, conocido como Operación Voramar, está en manos del juez de instrucción número 12 de Palma, Álvaro de la Torre. El magistrado ha decretado el secreto del sumario.

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20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 27.11.2006 - Rajoy, en alusión al caso de Andratx: "Si alguien del PP comete una actividad delictiva, se va a la calle".Rajoy reaccionó así al ser preguntado por la detención el lunes, por orden judicial, del alcalde del municipio mallorquín de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), del director general de Ordenación Territorio de Baleares, Jaume Massot, y de un funcionario, celador de obras.

Eugenio Hidalgo, alcalde de Andratx. El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó el lunes que su partido es una "alternativa" al Ejecutivo socialista y quiere gobernar en España, por lo que aseguró que no está dispuesto a "aceptar de ninguna manera que tres, cuatro, cinco o diecisiete empozoñen la labor de un partido".

En Córdoba, Rajoy reaccionó así al ser preguntado por la detención el lunes, por orden judicial, del alcalde del municipio mallorquín de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), del director general de Ordenación Territorio de Baleares, Jaume Massot, y de un funcionario, celador de obras.

"Si alguien en este partido comete una actividad delictiva yo le digo que se va inmediatamente a la calle, inmediatamente y sin ningún tipo de miramientos a la calle", aseveró.

No estoy dispuesto a aceptar que tres, cuatro, cinco o diecisiete emponzoñen la labor de un partido
"En un partido puede haber de todo. Ahora, nosotros somos una alternativa al Gobierno de España y queremos gobernar en España y yo no estoy dispuesto a aceptar de ninguna manera que tres, cuatro, cinco o diecisiete emponzoñen la labor de un partido", agregó.

Por su parte, el presidente del Govern y del PP balear, Jaume Matas, informó de que Eugenio Hidalgo ha sido suspendido de militancia en el PP y de que el detenido ha dimitido del cargo de alcalde.

Matas agregó que Massot, ex concejal popular en Andratx, ha sido destituido del cargo de director general de Ordenación del Territorio.

Seis detenidos en total

La Guardia Civil ha detenido por orden judicial a Hidalgo, a Jaume Massot, a un funcionario, y a otras tres personas vinculadas con Hidalgo.

Hidalgo ha sido suspendido de militancia en el PP y ha dimitido del cargo de alcaldeFuentes próximas a la investigación informaron de que Eugenio Hidalgo fue detenido acusado de los delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y por haber cometido supuestamente actos prohibidos a cargos públicos.

Según informa Radio Nacional de España, Hidalgo habría compatibilizado durante ocho años su trabajo como constructor con su labor en el Ayuntamiento de Andratx.

La Guardia Civil, que actúa en este caso de policía judicial por orden del Juzgado de Instrucción número 12, registró pasadas las diez de la mañana varias dependencias del Ayuntamiento de Andratx y trasladó al alcalde, en calidad de detenido, a la Comandancia de la Guardia Civil en Palma.


El alcalde, que tiene varias causas abiertas, tenía que comparecer mañana ante el juzgado número 1, que investiga supuestas irregularidades en relación a un aparcamiento construido en el núcleo urbano de San Telmo, perteneciente a Andratx.

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El Confidencial.com.-Lunes, 27 de noviembre de 2006.-Los notarios agilizan el intercambio de información para combatir el fraude fiscal

La corrupción, y sobre todo la corrupción urbanística, se ha convertido en uno de los asuntos prioritario en la agenda política, pero también en las actuaciones de los cuerpos funcionariales implicados en la lucha contra esta lacra. Entre ellos los notarios. De ahí que el Consejo general del Notariado haya puesto en marcha un proyecto telemático que va a contribuir, de manera especial, a agilizar trámites que son imprescindibles para mejorar la efectividad contra el fraude y la corrupción.

Desde el pasado mes de octubre y hasta finales de diciembre, se está implantando en todas las notarías españolas –2.200 en total- el Sistema Integrado de Gestión para el Notariado, en colaboración con IBM. A partir de esa fecha, todos los notarios estarán conectados en una única red dotada de las máximas medidas de seguridad y podrán intercambiarse online los expedientes electrónicos notariales de manera que puedan ser remitidos por la misma vía a los organismos que los precisen.

Además, el nuevo sistema incrementará la utilidad de los Índices Informatizados del Notariado, que almacenan electrónicamente los datos contenidos en todos los documentos notariales, permitiendo a los notarios atender sus competencias como funcionarios públicos en la lucha contra el blanqueo de dinero o el fraude fiscal, entre otr.as responsabilidades.

Con la implantación de este sistema, el Notariado se adelanta al papel que futuras leyes como la del Suelo va a asignar a estos profesionales en la lucha contra la corrupción. De entrada, la Ley de Prevención del Fraude Fiscal ya prevé la creación de un Órgano Centralizado de Prevención del Fraude Fiscal que tendrá un funcionamiento similar al actual Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, que entre enero y octubre ha analizado nada menos que 2.673 operaciones de riesgo.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) inició sus andadura en diciembre de 2005. Fue creado y desarrollado por el Consejo General del Notariado para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia. En su papel de funcionarios públicos, la creación de un Órgano de estas característica era un deseo y una demanda del propio colectivo notarial.

Su creación respondió también a la entrada en vigor de la actual normativa en materia de blanqueo, de abril de 2005, que ha permitido a los notarios objetivizar e intensificar su colaboración con las administraciones públicas, al pasar de ser meros sujetos colaboradores a asumir una serie de obligaciones en la prevención y lucha contra el blanqueo. La actual normativa ha hecho posible clarificar cómo deben actuar los notarios en esta materia, poniendo fin a la incertidumbre sobre sus funciones en este ámbito y, en particular, sobre lo que debían o no comunicar.

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El País.es.-26-11-2006.-TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE GOBIERNO LOCAL
El plan anticorrupción crea un registro de ediles tránsfugas y endurece las incompatibilidades
Los concejales no podrán trabajar en sectores sobre los que tomen decisiones hasta dos años después de abandonar el c
argo
LUIS R. AIZPEOLEA / ANABEL DÍEZ - Madrid - 26/11/2006


Art. 66/ TRANSFUGUISMO. Registro nacional
Art. 63/ INCOMPATIBILIDADES. Dos años de 'abstinencia'
Art. 51/ TRANSPARENCIA. Permutas y convenios, a pleno
Art. 60 / INFORMACIÓN. Respuesta rápida

"Las autonomías deberían vetar, como Galicia, construir a menos de 500 metros de la costa"

El plan elaborado por el Ejecutivo para luchar contra la corrupción establece profundos cambios en la gestión de los ayuntamientos. En el proyecto de Ley de Gobierno Local, preparado por Administraciones Públicas, se prohíbe a los concejales trabajar en sectores sobre los que tomaron decisiones hasta dos años después de abandonado el puesto. También se impone que los altos funcionarios (interventores, secretarios generales o arquitectos municipales) hagan declaración pública de intereses, como otros cargos públicos.

La propuesta de Administraciones Públicas fija asimismo la obligación de pasar por el pleno municipal (público y con participación de todos los concejales) las permutas y convenios, una vía cuya opacidad actual ha permitido en algunos ayuntamientos, como Marbella, el pago de comisiones ilegales por los promotores. En esta línea de transparencia se da más poder a los concejales para recibir información sensible del ayuntamiento y se crea en el Ministerio de Administraciones Públicas un registro nacional de tránsfugas. La inclusión en esta base de datos será decidida por una comisión especial. El Gobierno pretende consensuar estas medidas con los grupos parlamentarios para su aprobación en los próximos meses.

La iniciativa surge después de que el urbanismo salvaje y la corrupción hayan llevado a la cárcel a más de 30 concejales desde las últimas elecciones municipales de 2003. Entre los imputados figuran dirigentes de los principales partidos políticos en localidades como Marbella, Telde, Orihuela, Camas o Ciempozuelos, y numerosos empresarios dedicados a la construcción y la promoción inmobiliaria que han pagado comisiones multimillonarias a cambio de tratos de favor.El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dijo ayer que la "corrupción urbanística no es un problema de partidos, sino de chorizos que perjudican a las personas que creen en las instituciones y en la democracia". Se mostró partidario de "elevar el listón para ponérselo más difícil a quien quiera aprovecharse".


Art. 66/ TRANSFUGUISMO. Registro nacional
Algunos episodios de transfuguismo, como el que acabó con el Gobierno de Julián Muñoz en el Ayuntamiento de Marbella, han desembocado en casos graves de corrupción relacionada con el cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos con plusvalías multimillonarias. Muchos concejales tránsfugas acabaron en la cárcel por este motivo.

La intención de los redactores del artículo que pretende combatir el transfuguismo en la futura Ley de Gobierno Local es, según recoge el propio texto, "fomentar un mayor respeto a la voluntad de los ciudadanos en los gobiernos locales". "Se formará en el Ministerio de Administracones Públicas una base de datos que comprenderá una relación de concejales que hayan incurrido en transfuguismo, así como los que se beneficien de su conducta, una vez que en la comisión de seguimiento del acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales sea reconocido un supuesto como de transfuguismo".

Art. 63/ INCOMPATIBILIDADES. Dos años de 'abstinencia'
La reforma legal pretende extender a los concejales las incompatibilidades que afectan ya a los miembros de las Administraciones central y autonómica.

Los concejales, según el anteproyecto de ley que maneja el Ministerio de Administraciones Públicas, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 5 / 2006 sobre altos cargos de la Administración General del Estado.

"1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado".

El PSOE, a través de Álvaro Cuesta, responsable de Política Municipal, también quiere que la ley recoja la obligatoriedad de que los concejales presenten sus declaraciones de la renta antes y después de acceder al cargo, y que sus declaraciones de bienes y actividades sean publicadas en el Boletín del Ayuntamiento con carácter anual.

Art. 51/ TRANSPARENCIA. Permutas y convenios, a pleno
Uno de los instrumentos urbanísticos que más ha favorecido la corrupción ha sido el convenio. Se trata de un acuerdo entre un propietario o promotor privado y el Gobierno municipal respecto al desarrollo urbanístico de un terreno determinado. Esos convenios urbanísticos no necesitan pasar por el pleno municipal para que todos los grupos, también la oposición, puedan debatir sobre los mismos y conocer sus detalles.

La letra k del artículo 51 del proyecto de Ley de Gobierno Local establece que "corresponderá al pleno municipal la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes, los convenios urbanísticos, las permutas de terrenos y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística". En Marbella, la mayoría de las comisiones ilegales pagadas por los promotores se hacían en función de convenios urbanísticos.

Art. 60 / INFORMACIÓN. Respuesta rápida
Todos los concejales, según la legislación que impulsa el Gobierno, tendrán unos derechos políticos ampliados respecto a los que ahora tienen. Aparecen regulados así en el artículo 60 del proyecto de ley:

- "Derecho a obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos o informaciones que obren en poder de los servicios de la entidad local y resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud de ejercicio de este derecho habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiese presentado. Todas las autoridades y empleados públicos deberán facilitar el ejercicio de ese derecho aportando, bajo su responsabilidad, la información y documentación requeridas".

- "El pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte del número legal de sus miembros, sin que ninguno de éstos pueda solicitar más de cuatro al año".

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TOP SECRET: Corrupción Urbanistica en las altas esferas de la CAM (Comunidad Autonoma de Madrid)

Enrique Porto Rey, Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (nombramiento 30-12-2003), está directamente vinculado a una Empresa de Consultoría de Urbanismo, de nombre Plarquin, que fundó él mismo en el año 2000. Dicha empresa tiene sede social en su propio despacho profesional de la calle José Silva 14.
(Tomado de la Red) [15.07.2006 08:05] - 937 lecturas - 5 comentarios
Artículo/noticia publicado/a en Kaosenlared.net en el apartado de Libre Publicación NO seleccionada por el Kolectivo Editorial


Corrupción Urbanistica en las altas esferas de la CAM

Intereses Urbanísticos en la gestión de la Comunidad de Madrid.
Tomado de la Red

Lamentaríamos haber incurrido en algún error. Si detecta Ud. algún error o carencia en esta información le rogamos nos lo indique o complemente para poder corregirla y ofrecerla con la mayor fiabilidad y exactitud posible.


"Informe Plarquin - Enrique Porto Rey (Dr. Gral. Urbanismo de la Comunidad de Madrid)"


Intereses Urbanísticos en la gestión de la Comunidad de Madrid.

Dir Gral de Urbanismo de la Comunidad de Madrid: D. Enrique Porto Rey


(Lamentaríamos haber incurrido en algún error. Si detecta Ud. algún error o carencia en esta información le rogamos nos lo indique o complemente para poder corregirla y ofrecerla con la mayor fiabilidad y exactitud posible.)

Enrique Porto Rey, Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (nombramiento 30-12-2003), está directamente vinculado a una Empresa de Consultoría de Urbanismo, de nombre Plarquin, que fundó él mismo en el año 2000. Dicha empresa tiene sede social en su propio despacho profesional de la calle José Silva 14. Despacho de Arquitecto/Urbanista. Despacho que ha compartido desde hace años con su socio, D. José Maria Fernández del Río, con mail fernandezyporto@terra.es, que sigue siendo Administrador y Apoderado de la Empresa conjunta.

La información que se aporta está en internet. Puede ser contrastada en las referencias que se incluyen.


Situación de la Empresa Plarquin

La Empresa Plarquin Consultores S.L. (B 82679531) sita en la Calle José Silva 14, fue constituida en 15 de Junio de 2000., con Administrador D. Enrique Porto Rey hasta el 6 de Febrero de 2002. El apoderado es su socio de despacho profesional D. Fernández del Río.

En el año de constitución la empresa declara una facturación de 126.818 Euros en el año 2002, según consta en la página http://www.e-informa.com/ y http://www.manta.com/coms2/dnbcompany_vghqbw de internet. Esta cantidad se duplica (207%) hasta 262.691 Euros en el 2003, y se multiplica por 17 veces en el 2004 (año de toma de posesión del Sr. Porto como Director General) hasta alcanzar los 2,19 millones de Euros (2.193.500 Euros).

Constan como Administradores de Plarquin, desde la misma fecha que el Sr. Porto (31-07-2000) D. José Maria Fernández del Río y Dña. Maria Isabel Alonso Pérez Campoamor. Estas personas están también vinculadas a través de la Empresa Constructora Alonso Rato, del Grupo Rato, Presidida por Ana María Pérez Campoamor y con José María Fernández del Río como Consejero Delegado. El Sr. Fernández del Río consta con diversos cargos en un número importante de las empresas de la familia Rato. El Sr. Fernández del Río tuvo algún cargo político (¿Gobernador Civil?) con UCD.

El Sr. Porto cede el puesto de Administrador a D. Alejandro Arca Naviero. Consta que el Sr. Arca Naviero actúa como Arquitecto en Villagarcía de Arousa, municipio de donde es D. Enrique Porto, y con el que ha mantenido fuertes vínculos profesionales.

El Sr. Porto deja Plarquin el 6 de Febrero del 2002. Sin embargo en un anuncio de bolsa de Trabajo del 4 de octubre del 2002 ( http://www.todoarquitectura.com/ ) sigue apareciendo el Sr. Porto como persona de contacto para dicha solicitud laboral. Esto hace poco creíble la supuesta venta o cese con carácter legal del Sr. Porto. La situación puede por lo tanto haberse mantenido de facto.

Se desconoce en que forma el Sr. Porto instrumenta su retirada de la Empresa. No hay que olvidar que incluso una venta de acciones y/o participación, mediante contrato privado, y por lo tanto opaco, puede contener cláusulas de reversión o recompra de esas acciones por un precio cerrado, beneficiando al vendedor de las plusvalías generadas durante el periodo de ausencia.


Planeamiento General en vías de realización por Plarquin

La Empresa Plarquín se dedica a realizar Planeamiento Urbano, la especialidad profesional del Sr. Porto Rey, en la Comunidad de Madrid. Coincidiendo con el cargo de Director General de Urbanismo que ostenta.

Es evidente la incompatibilidad, ética y legal, de realizar como Consultor un Planeamiento del que después se tiene la responsabilidad, en defensa del interés general público, de ejercer el control a través del ejercicio Cargo político en la Administración. Es incompatible jurídica y éticamente ser Juez y Parte en el proceso urbanístico. El control público de los intereses urbanísticos privados queda roto y se supeditan los intereses públicos a los privados en el proceso de recalificación de terrenos a través del Planeamiento. Estos son procesos de corrupción urbanística.

La aceptación de encargos, incluso en otras Comunidades Autónomas, pueden estar vinculados a la capacidad decisoria del Cargo Público en expedientes de esa misma Propiedad o Empresa Inmobiliaria bajo su competencia.


Planeamiento en Madrid

El siguiente listado debe ser contrastado pues no es sino una información acumulada verbalmente. No existe en la red ningún archivo que informe de los equipos técnicos que están realizando el Planeamiento General de los Municipios de la Comunidad de Madrid.

Por informaciones dispersas Plarquin y/o Enrique Porto están involucrados en los siguientes Planes Generales de municipios de la Comunidad de Madrid:

- Aranjuez

- Camarma de Esteruelas (Ver link)

- San Martín de Valdeiglesias

- Villanueva de la Cañada (Ver link)

- Moralzarzal (Ver link)

- Ciempozuelos

- San Lorenzo del Escorial (Ver link)

- Cobeña

- Moraleja de Enmedio

- Manzanares el Real (Ver link)

- y, posiblemente, Majadahonda


Detalles de algunas situaciones de Planeamiento

San Lorenzo de El Escorial

En información aparecida en el Diario del Noroeste se hace referencia al cuestionamiento que realiza el Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de San Lorenzo, D. José Luis García Millán, sobre la adjudicación del Plan General de San Lorenzo a Plarquín, en contra de las baremaciones técnicas (107 puntos frente a 243 del competidor) realizadas en base al concurso público realizado. La oferta de Plarquin es de 25.056 Euros más cara que la de los competidores. (ver link y archivo adjunto)

El grupo socialista encontraba igualmente unas conexiones políticas entre el Sr. Porto y D. Rodrigo Rato. La dirección del Sr. Porto es también la de otras empresas en las que tiene intereses el Sr. Rato.

Independientemente del cotejo de dicha información, sí es verdad que es coherente con otros datos como son el hecho de que el Sr. Romero de Tejada era un ‘hombre de Rato’ en el Partido Popular, es decir un hombre colocado y amparado por el apoyo político del Sr. Rato. A su vez el Sr. Romero de Tejada, Secretario General de la organización Regional del PP en Madrid, además de Alcalde de Majadahonda, había colocado al Sr. Porto de Presidente de la Comisión Regional de Urbanismo del Partido Popular. Puesto desde el cual se tiene contacto, obtiene información y se puede asesorar-influenciar-operar en los distintos municipios de la Comunidad a través de los cargos del PP. Y esto último tanto aquellos en los que se está en el Gobierno como en aquellos en los que se está en la Oposición. Es una posición de claro ‘Lobby’ urbanístico.


Majadahonda

El actual Alcalde de Majadahonda, que accedió al cargo después de una pugna política interna del PP por el control de intereses urbanísticos, es a su vez un hombre vinculado al anterior Alcalde Romero de Tejada con quién accedió al Ayuntamiento.

Hay informaciones que apuntan (se debe contrastar esta información) a que la revisión del Plan General de Majadahonda se le va a encargar a Plarquin / Enrique Porto


Moralzarzal

El Grupo Político Municipal ‘Plataforma Democrática de Moralzarzal (PDDM)’ presenta alegaciones al Avance de Plan General denunciando que la Dirección y elaboración del Plan realizada por D. Enrique Porto hace cesión, aceptada por la Junta de Gobierno de Moralzarzal en fecha 22-01-2004, de sus derechos a favor de la Empresa Plarquin.

Se vincula a la hija del Sr. Porto, Dña. Genoveva Porto Fernández, con la gestión del Plan y con el conflicto de intereses del Sr. Porto y de Plarquin en el desarrollo y evaluación del Plan General. http://www.pddmmoralzarzal.com/

Manzanares el Real

‘La ampliación en 83 hectáreas de la urbanización La Ponderosa, supone el único suelo urbanizable proyectado en el avance del Plan General de Manzanares el Real, elaborado en 2005 por Plarquin Consultores para sustituir las normas que rigen el urbanismo local desde 1977. La inclusión del resto del término dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares impide urbanizar un solo metro más allá de los límites marcados por los polígonos delimitados en esas normas.

En la actualidad, la urbanización La Ponderosa cuenta con casi 140 hectáreas, pertenecientes al término municipal de Manzana-res. De acuerdo con el avance, la recalificación de los terrenos hasta los límites de las localidades de El Boalo, Becerril de la Sierra y Moralzarzal, supondría destinar a uso residencial 58,6 hectáreas, que, con una densidad de 24 viviendas por hectárea y una edificabilidad de 210.000 metros, permitiría la construcción de 1.400 viviendas, 1.000 chalés y 400 pisos bajo alguna protección.

Los proyectos residenciales proyectados por las localidades vecinas en torno a La Ponderosa y la total desafección medio-ambiental del terreno son aspectos en los que confían los responsables municipales de Manzanares para que el proyecto reciba el visto bueno del Gobierno Regional.’

( http://www.progresomadrid.org/plan_manzanares_real.htm )


Moraleja de Enmedio

El Arquitecto municipal de Moraleja de En medio, preguntado en su despacho por unos inversores que querían adquirir suelos en el municipio, sobre como iba el Plan respondía, según dichos inversores: ‘Muy bien, porque lo está haciendo Enrique Porto’


Camarma de Esteruelas

Encargo de un informe Medio Ambiental para la realización de Planeamiento Urbano: ‘Informe Diagnóstico sobre Distribución, Estimas y Tendencias Poblacionales y Estado de Conservación de Avutarda, Sisón Común, Aguilucho Cenizo y Cernícalo Primilla en el Término Municipal de Camarma de Esteruelas, Madrid.’ Investigador/a principal: Juan Traba, Manuel Morales. Investigadores/as del grupo de investigación: Eladio García de la Morena, Pablo Acebes, Paula Delgado

Entidad Financiera: Plarquin Consultores. Duración desde: 2005-2006 (http://www.uam.es/ )

Un informe de este tipo, a interés de parte, financiado y controlado por una empresa que se dedica a la recalificación de terrenos vía Instrumentos de Planeamiento Urbanístico puede convertirse en un sistema para controlar la descalificación de protecciones medio ambientales de cara a una recalificación posterior de esos terrenos. Se podría estar incurriendo en un delito ecológico al controlar desde la recalificación urbanística la objetividad del análisis medio ambiental.


Villanueva de la Cañada

Diversos contratos de planeamiento y urbanización vinculados a suelos para infraestructuras viarias. (http://www.ayto-villacanada.es/ ) (ver link)


Cursos de Urbanismo de FMM

La Federación Madrileña de Municipios FMM organiza y paga unos cursos de urbanismo sobre la hipotética futura Ley del Suelo de la Comunidad, que ahora resulta que no se va a aprobar en esta legislatura, y que seguramente en la siguiente será modificada y los citados cursos habrán sido un gasto inútil.

Dichos cursos se imparten, con dinero de la FMM, en la sede de la Empresa Plarquin/Despacho Profesional de Enrique Porto Rey. ( http://www.fmmadrid.com/ )


El Presidente de la FMM es el Alcalde de Villanueva de la Cañada, D. Luis Partida, del PP, que ha su vez le ha encargado el Plan General a la Empresa Plarquin.

Entendemos que el Sr. Partida está pagando con dinero de la FMM al Sr. Porto una cantidad de dinero de la FMM por esos cursos (que se han demostrado ser innecesarios). El Sr. Porto le está haciendo el Plan General de Villanueva de la Cañada al Sr. Partida a través de Plarquin, sino que será, como Director General, el que aprobará definitivamente el Plan redactado por si mismo.

Probablemente el Sr. Porto, como ha hecho en algunos expedientes, utilice la figura administrativa de ‘inhibirse’ en la Comisión de Urbanismo, después de haber aleccionado a los técnicos a su mando (Amenazas de traslado ha habido varias) para que los informes sean positivos.

En cualquier caso aquí hay una culpabilidad igualmente del Sr. Partida de estar dedicando fondos de la FMM a financiar colateralmente al Sr. Porto, en una evidente colaboración política, dolosa, para aprobar, siendo juez y parte, las Modificaciones y Revisión del Plan General de Villanueva de la Cañada.


Posibles pautas de investigación

Lamentaríamos haber cometido algún error en la información aquí expuesta. En cualquier caso es necesario comprobarla y contrastarla. Sobre la base de esta información hay numerosos aspectos que se deberían investigar. Como, por ejemplo:

- Reparto de beneficios y/o gastos de la Empresa Plarquin. Participación directa de Porto o familiares directos de 1er grado en dichos gastos/beneficios.

- Participación de la hija del Sr. Porto en la Empresa Plarquin y en el Planeamiento General que esta realiza. (ver Moralzarzal)

- Conexión de Porto con Romero de Tejada y redes urbanísticas de Majadahonda.

- Conexión de Porto con acuerdos urbanísticos de D. Luis Partida en Villanueva de la Cañada (transferencias de aprovechamiento urbanístico para permuta/obtención de suelo para infraestructuras viarias de redes supra-municipales.)

- Expedientes firmados solo por el Director General como resultado de la no aceptación de los funcionarios de las presiones ejercidas por el Director para que realizarán el informe en un determinado sentido.


Posibles pautas de denuncia


- Judicial: Algunos de estos aspectos solo se pueden investigar por la propia Justicia al afectar a información reservada amparada por el derecho de privacidad económica y fiscal.

- Periodística: Otros aspectos pueden ser investigados desde una actividad profesional periodística. Actividad que puede conseguir mayor información por cauces de legitimidad informativa, que los que puede alcanzar un particular.

- Política: Otros pueden ser objeto de denuncias por corrupción ética en el marco político. No cabe duda que el nombramiento con interés directo de la Presidenta Dña. Esperanza Aguirre del Sr. Porto la hace responsable implicándola en los hechos descritos. Hechos que ponen de manifiesto una falta de marco ético para la gestión política, en el caso de que no fueran directamente constitutivos de delito urbanístico.


Links

Los siguientes son archivos que se pueden cotejar en Google => Plarquin:


Plarquin:

http://www.e-informa.com/cnae/Actividad-inmobiliaria-y-de-alquiler--servicio-empresarial/CNAE-7420-Servicios-tecnicos-de-arquitectura-e-ingenieria-y-otras-actividades-r-38.html

http://www.manta.com/coms2/dnbcompany_vghqbw

Bolsa de trabajo: 4 Octubre 2002

http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/Topic.asp?Topic_ID=2237&FORUM_ID=34&CAT_ID=5&Forum_Title=Ofertas+de+trabajo&Topic_Title=bolsa+de+trabajo

Moralzarzal:

http://www.pddmmoralzarzal.com/ALEGACIONES%20PDDDM.htm

San Lorenzo del Escorial:

Google => Plarquin: -en caché-

http://72.14.203.104/search?q=cache:FCst_-EXsYsJ:plataformanorte.org/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D652+plarquin&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=13

Manzanares el Real

http://www.progresomadrid.org/plan_manzanares_real.htm

Villanueva de la Cañada:

http://www.ayto-villacanada.es/pdf/pliegos/vial_ronda/pliego_administrativo.pdf

Camarma de Esteruelas

http://www.uam.es/departamentos/ciencias/ecologia/2006.htm

FMM:

Google => Plarquin

FMM-Formación


... (4 horas diarias). Lugar de Impartición: PLARQUIN CONSULTORES: C/ José Silva, 14 Bajo (Metro Arturo Soria, salida C/ José Silva). ...
www.fmmadrid.com/fichacurso.php?ID=96 - 10k - Resultado Suplementario - En caché - Páginas similares

http://www.otromadrid.org/index.php?ver=leer&id=1912

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Terra.es.-20-11-2006.-Promotores piden se evite financiar ayuntamientos con urbanismo


La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) pidió hoy que se evite la financiación de los ayuntamientos 'con cargo al urbanismo' para acabar con la corrupción urbanística.

El presidente de APCE, Guillermo Chicote, abogó por 'reformar en lo necesario' la financiación de los ayuntamientos para que no se realice con cargo al urbanismo, 'que es lo que han hecho desde hace años'.

Chicote, que hoy presentó propuestas para combatir la corrupción urbanística, apuntó la necesidad de 'acabar con la discrecionalidad extrema que las leyes atribuyen a los ayuntamientos' y que en su opinión les permite conceder un 'trato de excepción' a algunos promotores.

Entre las medidas propuestas por APCE destaca la revisión de 'todas' las clasificaciones y calificaciones de suelo, con el objetivo de cambiar aquellas que sean 'susceptibles de ser modificadas'.Según los promotores, esta medida permitirá clasificar como urbanizable suelos que antes no lo eran 'sólo por razones de oportunidad, pero sin justificación objetiva'.

APCE también solicita la agilización de la tramitación burocrática de las licencias urbanísticas para evitar 'que nadie sienta la tentación de pedir recompensa por adelantar un expediente concreto'.

Para mejorar la transparencia, los promotores también proponen publicar en Internet todos los informes que recaigan en los expedientes, tanto los favorables como los desfavorables, y evitar así el 'secretismo tan querido por algunos funcionarios y autoridades'.

APCE exige asimismo que se apliquen, 'con todo rigor', las leyes que sancionan las autorizaciones y licencias concedidas con infracción de reglamentos.

También propone la inclusión en el Código Penal, como delito específico, la financiación de los partidos políticos obtenida 'como retribución de favores de naturaleza urbanística'.

APCE insta a las Asociaciones Provinciales de promotores a introducir una norma deontológica que prevea la expulsión de las empresas cuyos directivos sean condenados por delitos de corrupción'.

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Diarioinformacion.com. 19-11-2006.-No se pueden permitir los reinos de taifa de los ayuntamientos . Vicente Gimeno Sendra: «Nuestra justicia es ineficaz, se ha descuidado la lucha contra la corrupción»
Tiene casi más libros publicados que años y en la actualidad se encuentra inmerso en la preparación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vicente Gimeno Sendra (Gandia, 1949) no sólo ha sido uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Constitucional, donde ingresó con 39 años y permaneció una década, sino que posiblemente es el magistrado que más votos particulares ha presentado.

MERCEDES GALLEGO

Usted ha afirmado en este periódico: «La corrupción urbanística está en la provincia desde hace años y no se persigue». Lo que digo es que nuestra justicia penal es lenta e ineficaz y no sirve para luchar contra los problemas que nos interesan. Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera, fundamentalmente a través de la Ley de Juicios Rápidos de 2003, y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. Hace tiempo que existe, aunque hasta ocurrir los sucesos de Marbella no se ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de combatirla. La Policía aún no ha comenzado a actuar y las unidades de la Guardia Civil de delincuencia urbanística están todavía en mantillas. El tema de la corrupción en la administración local nos ha caído del cielo a raíz de Marbella. Si nos ha caído encima es porque estaba ahí.

Estaba, lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero b al que es complicado seguirle el rastro.

¿Quiénes son los corruptos? Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones. Eso está existiendo en Alicante y la gente más o menos lo huele porque no hay nada más que ver cómo está el litoral de la provincia, se han levantado auténticas pantallas urbanísticas.

Si hay corrupción, se sabe y no se persigue, ¿eso es delito, no?

Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y, en segundo lugar, porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo. El mundo del Derecho Penal y el del Derecho Administrativo son dos compartimentos estancos, además de que investigar este tipo de delitos conlleva un conocimiento profundo en materia de urbanismo que, inisto, no tienen ni fiscales ni jueces. Y por eso se deriva a la vía contencioso-administrativa. Pero, ¿qué sucede con esta vía? Que está colapsada y que tenemos una ley poco eficaz en cuanto al establecimiento de medidas cautelares, que no suspende el acto administrativo, con lo que las obras ilegales se consolidan. Un proceso contencioso puede durar entre ocho y diez años, tiempo en el que la obra ilegal queda consolidada.

Además de formación y ganas, ¿qué más falta?

Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una Policía especializada en temas de urbanismo, hace poco el Gobierno decidió crear una sección de la Guardia Civil dedicada a estos temas, pero la realidad es que, hoy por hoy, las Fuerzas de Seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo. Hay un déficit de formación, incluso más que en la lucha contra la delincuencia económica o los delitos societarios.

¿Un solo fiscal Anticorrupción es suficiente para una provincia con las características de Alicante

Ya son muchos los estallidos de corrupción que están apareciendo en no pocos municipios de la provincia, pero lo que de verdad hace falta es una relación directa e inmediata entre la Fiscalía y la Policía Judicial, que no la hay o es muy deficiente. A mi no me gustaría estar en la piel del fiscal Anticorrupción, sin auditores. Porque esto no es la Audiencia Nacional que tiene a su servicio todo el cuerpo de auditores del Banco de España, que los puede utilizar en cualquier momento. Aquí no hay economistas habituales, ni policías... aquí hay un problema de falta de medios evidente.

¿Alguna carencia más

Nuestro sistema procesal penal, que es de 1882, se basa en un modelo con muchas personas investigando y a la hora de la verdad, ninguna. En primer lugar investiga la Policía durante tres días y se dice que los policías en ese tiempo hacen más que jueces y fiscales en meses. Y yo creo que es así. Cuando se acaban las diligencias policiales se incoa un procedimiento penal que teóricamente debiera durar un mes, cuando todos sabemos que se puede prolongar meses y hasta años. Y si hay un acusador particular, más aún. Se hace excesivo papel y no hay coordinación entre policías y fiscales.

¿Se vislumbra alguna solución a medio plazo

Todo esto ha llevado al Ministerio de Justicia a encargar una nueva Ley de Enjuciamiento Criminal en el que el papel de instructor pasaría a ser llevado por el fiscal y el juez de Instrucción permanecería sólo para dictar resoluciones limitativas de derechos fundamentales. La Policía estaría permanentemente bajo las órdenes del fiscal. Esto sería más eficaz. La delincuencia ha cambiado mucho y hay delitos informáticos o relacionados con Internet, por ejemplo, que necesitan el auxilio inmediato de la Policía Judicial.

Los jueces esgrimirán el ataque a su independencia y los detractores de la reforma, el que los fiscales dependen jerárquicamente de un jefe nombrado por el Gobierno. El juez es independiente y debiera ser responsable, lo que ocurre es que en este país se abunda mucho en la independencia de los jueces y muy poco en lo que deberían saber. Además de que serían incapaces de cumplir los plazos para finalizar los sumarios porque van desbordados. Los fiscales son imparciales y su imparcialidad está colectivamente reflexionada. El fiscal teóricamente debe adoptar sus decisiones más importantes previa consulta a su superior jerárquico y a la junta de fiscales mientras que el juez es un señor que vive en una gran soledad y es rabiosamente independiente, pero este modelo ha fracasado en España como en el resto de Europa. Se evoluciona hacia el modelo del fiscal-director de la investigación.

Pero, insisto, los fiscales dependen del Ejecutivo.

Bueno, es dependiente el fiscal general del Estado pero en un proyecto de reforma que está en las Cortes se va a acentuar su independencia dotándole de inamovilidad. Ahora, en un momento dado, el fiscal general del Estado puede ser removido por el Gobierno, pero cuando se apruebe la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal será absolutamente inamovible durante todo su mandato, le guste o no le guste al Gobierno. Creo que el tema de la independencia tiene su relevancia en los asuntos de corrupción política. No es que en los demás no actúen con independencia, pero en estos casos existe esa precaución ya que, al depender del Gobierno, éste puede utilizar a la Fiscalía. Pero es que, además, en España tenemos la acusación particular y la acción popular, somos uno de los países con más garantías. En toda Europa la Fiscalía ostenta el monopolio de la acción penal, no cabe el acusador particular ni mucho menos el popular. Sólo en Austria y Portugal hay ofendidos que pueden personarse. Luego en España hay garantías de que la Fiscalía no va a prevaricar ni siquiera en temas de corrupción política. Es un argumento manido que está ahí pero que es perfectamente superable si se articulan mecanismos de control judicial, porque tampoco se trata de crear un fiscal soberano o independiente por completo del Gobierno, entonces sería un cuarto poder dentro del Estado. Para eso prefiero la independencia de los jueces.

¿Cree que en Alicante se dan las condiciones para que estalle una operación malaya

Están saliendo cosas muy importantes, creo que en cantidad no va ser igual que lo de Málaga porque hay que tener en cuenta que en Marbella hasta el año 99 no había tan siquiera plan de urbanismo. Las guerras entre gilistas, populares y socialistas convirtieron aquello en un reino de taifa del señor Gil. En Catral han levantado edificaciones ilegales, como han hecho en muchos municipios por la vía de los hechos consumados, pero aquí planes sí que hay.

¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. En nuestra democracia, que yo recuerde, la primera vez que se interviene es con el tema de Marbella y aquí con lo de Catral. Me parece muy fuerte que una comunidad se vea obligada a utilizar estos instrumentos que conculcan un derecho constitucional.

¿Cabe otra salida en casos como el de Marbella o el de Catral

Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.

Cuando eso suele ocurrir las casas ya están amuebladas.

Hay un punto también de falta de sensibilidad en estos temas por parte también de los jueces porque suele haber terceros de buena fe que ocupan esos edificios ilegales y es muy duro tener que utilizar después de un tiempo el Derecho Penal. Lo mejor sería tener una jurisdicción contencioso-administrativa que funcionara rápido y expeditivamente, que evitara levantar las edificaciones. Para empezar, habría que crear una sala de lo Contencioso en Alicante, que no la hay. No tiene sentido tener que ir a Valencia cuando el 60% de los asuntos que se recurren al Tribunal Superior son de Alicante. Tenerla es una legítima aspiración de muchos años. Una mayor inmediación y un control judicial administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que está ocurriendo. El Tribunal Constitucional, del que usted fue miembro, dictó una sentencia en los 90 contraria a que el Estado asumiera las competencias urbanísticas. ¿Sigue pensando que están mejor en manos de ayuntamientos y autonomías Hubo una sentencia sobre la Ley del suelo en la que el Tribunal Constitucional decidió por una muy amplia mayoría, sólo con el voto discrepante, que yo recuerde, de Jiménez de Parga, reconocer las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo. Eso es lo que vino a decir el Tribunal, pero es que también está en la Constitución.

Visto la actualidad, ¿le sigue pareciendo una decisión acertada

En urbanismo hay distintos títulos competenciales, está el tema de Costas para las urbanizaciones en primera línea, están las facultades de ejecución de los ayuntamientos en materia de concesión de licencias y está la potestad normativa y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Lo que no se puede permitir son los reinos de taifa de los ayuntamientos, es decir, que la autonomía local no esté en contra de que las comunidades ejerzan sus competencias de inspección de manera que no proliferen las construcciones ilegales como está ocurriendo. Lo que no se puede permitir a los ayuntamientos es que de su capa hagan un sayo en materia de urbanismo sin prever el problema del agua, ni la eliminación de los residuos sólidos, ni las infraestructuras.

La aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de las 15.000 viviendas del Plan Rabasa al margen del PGOU, ¿qué opinión le merece Me parece una mostruosidad que se haya aprobado esto en el Ayuntamiento al margen del plan general y sin un control.

¿Control por parte del quién

Por parte de la comunidad autónoma, que tiene capacidad de intervención aunque no la suele ejercitar. Pero si se ha hecho con Catral, aunque me parezca muy fuerte, que se haga con todos aquellos que lo requieran. Sin olvidar que una intervención de esa naturaleza supone desapoderar a un ayuntamiento de todas sus facultades en materia de urbanismo y llevarlo todo desde la Comunidad. Supongo que, en el caso de Catral, habrá sido necesario, pero es muy fuerte que los ciudadanos tengan que ir cada dos por tres a la Conselleria de Urbanismo a pedir una licencia de obra. Me parece excesivo.

¿Tiene el Código Penal elementos suficientes para luchar contra la corrupción o habría que endurecer las penas?

Las leyes penales son suficientes aunque quizá algún tipo penal, como la prevaricación, tiene una pena leve. Dos años por cometer este delito, si hay mucho dinero en juego, creo que hay personas que no les importa pasarlos a la sombra, si es que al final acaban cumpliendo la condena completa. Habría que subir las penas de delito de prevaricación urbanística y algún otro, el cohecho posiblemente también. Parece que el Ministerio de Justicia está elaborando un anteproyecto para aumentar la severidad contra estos delitos. Pero el Código Penal, en general, es suficiente para combatir esto. El problema es de medios, falta una Policía Judicial especializada no sólo en urbanismo sino también en temas económicos, porque está todo muy relacionado.

¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo -alcaldes, consellers- que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos

Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos políticos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. La suspensión de empleo y sueldo a un funcionario es problemática y tampoco está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que una imputación judicial pueda conllevarla. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo. Luego la justicia penal llega mal y tarde.

Estamos hablando de corrupción política. Y de corrupción judicial, ¿qué me dice La hipótesis de un juez corrupto es mucho más peligrosa que la de un alcalde corrupto. El auténtico poder es el de los jueces, no nos engañemos. Un juez de Instrucción puede arruinar la vida de personas pero yo no tengo ni siquiera indicios de que haya corrupción judicial. Creo que los jueces intentan luchar contra la criminalidad, otra cosa son los medios con los que cuenten o que haya setencias que que parezcan ilógicas, pero puede ser porque las cosas tal vez no se hicieron bien.

Es usted partidario, de lograrse el fin de ETA, de que la Audiencia Nacional desaparezca. La legitimación de la Audiencia Nacional se la da la lucha contra el terrorismo. Sería muy fuerte que jueces del País Vasco juzgaran a terroristas. Ahora bien, yo, que soy optimista, confío en el fin del terrorismo y cuando esto suceda no tendría sentido que este órgano continuara existiendo.

¿Ni siquiera lo ve viable para llevar los temas más complejos, como la delincuencia económica o la corrupción Lo que tiene que hacer la Administración es formar a los jueces de todo el Estado, sin discriminación, y darles a ellos y a los fiscales los medios y la infraestructura necesaria para combatir este tipo de delincuencia. Exceptuando el tema del terrorismo, la Audiencia Nacional no se revela como más eficaz. El día 23 se va a juzgar al señor Botín por las cesiones de crédito, unos hechos del año 91. Lleva instruyéndose la friolera de 16 años.

¿Están los jueces aportando su granito de arena para que el proceso de paz llegue a buen puerto Los jueces tienen que aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En otros países, como Alemania, existe el «principio de oportunidad» que faculta a los fiscales, en casos de terroristas arrepentidos, a sobreseer el procedimiento penal siempre y cuando el terrorista colabore. Nosotros lo tenemos pero vía derecho material, es decir, hay que ir a un juicio oral, condenar y luego aplicar la absolutoria. En Alemania no, allí dan carpetazo en la instrucción y se acabó. Aquí, sin esta posibilidad, no se le puede pedir a los jueces y a los fiscales más de lo que hacen, que es aplicar la ley.

Se puede ser menos severo

No tienen por qué. Tienen que aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de conformidad con la doctrina del Constitucional. Un terrorista es un delincuente y punto. En función de la gravedad del delito que cometa el Código Penal establece una pena y es lo que los jueces están haciendo, y lo están haciendo bien.

¿Qué opinión le merecen jueces como la magistrada de Denia a la que no le gusta casar a homosexuales y que además arremete contra los fiscales Creo que esta señora es una buena juez que se equivoca en el tema de la objección de conciencia. Un juez no puede plantear esto porque su legitimación, según la Constitución, consiste en aplicar la ley. De manera que una norma aprobada por el parlamento tiene que ser aplicada por los jueces máxime cuando en este caso actúa como funcionaria al tratarse de un acto administrativo.

¿Qué me dice de los ataques que desde el PP y el propio Consell están lanzando contra el fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia

Me parece inaceptable, inadmisible y absolutamente reprobable que una autoridad autonómica se le ocurra la genial idea de crear una comisión para fiscalizar al fiscal jefe del TSJ. No lo había visto en la vida ni aquí ni en ningún otro país. Es algo increíble. Al revés, los fiscales son los que tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley.

¿Es inevitable que todas las renovaciones del CGPJ vayan precedidas de una batalla política

No debiera ser así pero lamentablemente lo es, parece que es connatural a nuestro sistema de designación de vocales del CGPJ porque los jueces se alinean en asociaciones que a su vez se alienan con los partidos políticos. A mi me parece un espectáculo lamentable, creo que menoscaba la autoridad y la imparcialidad del poder judicial porque los ciudadanos en vez de ver un CGPJ independiente lo ven al servicio de los partidos políticos. En España hay que despolitizar a la magistratura empezando por el propio Consejo. Y crear otros referentes en la promoción de los jueces porque a uno le da la impresión de que se promociona más a los que más salen en los medios y mejor se relacionan con la clase política que el juez trabajador que dicta magníficas sentencias. Debíamos cambiar porque la política está haciendo mucho daño al Poder Judicial.

Si alguien conduce borracho o a más velocidad de la permitida es un homicida en potencia. Además del carné por puntos, ¿habría que endurecer las penas Creo que está bien con lo que hay tanto desde el punto de vista administrativo como penal, aunque siga habiendo gente insensata. Desgraciadamente seguimos teniendo muchas muertes, pero eso no se remedia con el Código Penal.

¿Existe solución contra los malos tratos

Viene a ser lo mismo que lo anterior. Es un problema dramático, pero confieso que no sé qué soluciones caben frente a esta locura de determinados energúmenos.

¿Y para la violencia escolar Educación y más inversión en el tema de menores. La Ley de Menores es una magnífica ley que busca por encima de todo la reinserción y evitar que el joven entre en un establecimiento penitenciario de donde saldrá peor que ha entrado. No hay que olvidar que las cárceles son escuelas de delincuencia, que un chaval entra por un delito contra la propiedad y se acaba convirtiendo en un criminal peligroso. Tenemos una buena ley, muy innovadora, pero no se está invirtiendo lo suficente en equipos de psicológos, en asistencia social, en lo que es necesario para que el sistema funcione.

¿Desde cuándo cree usted que un inmigrante debe tener derecho a votar y a ser votado Creo que el inmigrante con los papeles en regla debe tener todos los derechos constitucionales, sin embargo no tiene aún el sufragio activo y pasivo que sí tienen los ciudadanos de la UE. Para ello se reformó la Constitución sin el mayor problema cuando hay gente que se rasga las vestiduras si se plantea cualquier cambio. La Constitución no es la ley de las doce tablas, no está petrificada, se puede y se debe reformar y amoldarse a la realidad actual siempre y cuando haya un consenso político que lo posibilite. Creo que los residentes legales deberían tener todos los derechos. Para ello sería también necesario cambiar la ley electoral. Todo lo que sea integrar a la población inmigrante es positivo para el país. Se deben evitar los guetos, también aquí el urbanismo tiene mucho que decir, evitar las ciudades de inmigrantes para que no suceda lo que ocurrió en Francia. Los inmigrantes tienen que integrarse en la sociedad y también tienen que cumplir con los deberes y obligaciones que el Estado les depara

¿Es Alicante una provincia proclive a la implantación de mafias

Hay mafias, blanqueo de dinero, la construcción genera dinero negro... quiero decir que es posible que haya circunstancias que la hagan atractiva para las mafias, pero no porque la Policía o los jueces hagan dejación de funciones. La prueba de que se persigue a estas redes es que hay detenciones y condenas.

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Terra.es.-APCE: solución a corrupción urbanística es eliminar excepciones


La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) cree que la única solución para evitar la corrupción es 'eliminar las excepciones' en las políticas de urbanismo de los Ayuntamientos, de manera que los empresarios no tengan que pasar por 'taquilla' para obtener licencias de obra.

En un encuentro con la prensa para presentar el XXV Coloquio Nacional de Promotores Constructores, que se celebrará el próximo 20 de noviembre en Madrid, tanto el presidente de APCE, Guillermo Chicote, como el secretario general de esta asociación, Manuel Martí, lamentaron que los casos de corrupción urbanística salpiquen a todos los profesionales del sector.

En este sentido, calificaron de 'sandez que se diga que vamos con el maletín por allí', cuando los promotores son los 'primeros interesados' en eliminar la corrupción por la 'competencia desleal' que genera, entre otros motivos.

La APCE reconoce que la corrupción es un 'fenómeno malo' pero hace hincapié en que es un 'problema con una magnitud reducida'.

Según los promotores constructores, si en España se han hecho cada año 600.000 viviendas y los casos conocidos de corrupción no llegan a afectar a 20.000 viviendas en la actualidad, 'parece que la importancia porcentual del problema es muy pequeña'.

Pero aún admitiendo las cifras facilitadas recientemente por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, Antonio Vercher, quien asegura que hay 100.000 viviendas ilegales en España, (producidas en un periodo de 10 años) 'el resultado es menos del 2 por ciento del total', indicó Martí.

A juicio de Chicote, un primer paso para poner remedio a la corrupción, es eliminar el 'excesivo papeleo administrativo', las excepciones en las políticas de urbanismo de los Ayuntamientos y proporcionar más seguridad jurídica, para que 'no haya que pasar por taquilla'.

Ante la pregunta de si los promotores no tienen también su parte de culpa por pagar para obtener, a cambio, una licencia, Chicote asintió, pero tanto él como Martí señalaron que los constructores son 'empresarios y no suicidas', dado que, explicaron, muchos profesionales del sector, si denunciasen casos de corrupción en un determinado Ayuntamiento, 'nunca más volverían a construir en ese municipio'.

En opinión de los máximos representantes de la APCE, 'tenemos que replantear entre todos una política urbanística coherente', por lo que esta asociación lleva exigiendo 'desde hace años' un pacto de estado en esta materia.

Además, según la APCE, algunas medidas adoptadas por el Gobierno, y, en concreto por el Ministerio de Vivienda, 'no ayudan a solucionar los problemas' de precios de pisos y de suelo o de crecimiento urbano.

A juicio de esta asociación, la repercusión de las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) en el coste de la construcción, 'será mayor' de lo que calcula el departamento que encabeza María Antonia Trujillo, y 'dificultará la ejecución de las viviendas protegidas'.

Por ello, Martí reclamó de nuevo que el Ministerio de Vivienda revise el precio máximo de venta (el denominado Precio Básico Nacional) de las VPO, porque de otra manera, los precios de construcción de las viviendas protegidas se trasladan a las viviendas libres.

'Siempre habrá distancias entre la vivienda protegida y la libre, pero la que hay hoy es incómoda e insostenible', sostuvo Chicote, quien también señaló que la Ley del Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria, no será la solución al problema del precio del suelo y de la vivienda, sino por el contrario provocará, si se aprueba con el texto actual, un encarecimiento aún mayor del suelo, y, en consecuencia, de los pisos.

Recordó que los promotores constructores están en contra de medidas contenidas en la futura ley como las valoraciones de suelo, el aumento de las cesiones y la reserva obligatoria para vpo, algo que se reflejará en las enmiendas que los partidos políticos presentarán en breve al texto.

Para la APCE la solución no es establecer límites al crecimiento urbano, como propone el Gobierno, porque 'si hay demanda y no se hacen viviendas suben los precios', lo que se 'compadece mal con las viviendas sociales'.

Por tanto, explica, 'sólo creando nuevos suelos, con infraestructuras y dotaciones adecuadas, se puede contener el aumento de los precios en los lugares donde la demanda es fuerte'.

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El Confidencial.com.13-11-2006.-Trujillo afirma que el resultado de la Ley de Suelo "no ha podido ser más nocivo"La ministra de Vivienda critica el urbanismo "a la carta" y las recalificaciones "selectivas" que se realizan al margen de los planes de ordenación del territorio.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, dijo el lunes que "desde que se aprobó la Ley del Suelo, en 1998, el precio de la vivienda ha subido un 150% y el del suelo un 500%", por lo que su resultado "no ha podido ser más nocivo y contrario". Acompañada por el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, y el alcalde de San Sebastián de los Reyes, el también socialista José Luis Fernández Merino, Trujillo visitó el futuro desarrollo urbanístico de Tempranales, en este municipio madrileño al norte de la capital, que albergará 3.292 viviendas, de las cuales 1.792 son de carácter protegido.

Trujillo, que afirmó que "San Sebastián de los Reyes es un buen ejemplo de cómo hacer ciudad con viviendas protegidas", señaló que cuando el PSOE llegó al Gobierno, "el parque de vivienda protegida había desaparecido prácticamente de España, pues de cada 100 viviendas sólo 7 eran protegidas", mientras que "nuestro objetivo es que el 30% sea protegida".

Declaró en este sentido que el Gobierno ha "realizado un esfuerzo presupuestario al destinar 8.000 millones de euros a la vivienda protegida, lo que está teniendo sus resultados, pues, por ejemplo, el precio de la vivienda libre ha ido desacelerándose, por primera vez en cinco años".

La ministra también recordó que hay comunidades autónomas donde no se cumple el objetivo de construir viviendas protegidas, como por ejemplo Madrid, donde con el Plan Estatal de Viviendas del 2005 sólo se ha financiado el 62 por ciento de los objetivos previstos, y el resto se ha ido a comunidades autónomas donde se construyen más viviendas protegidas".

También señaló los casos contrarios, "como el de San Sebastián de los Reyes, donde se hace ciudad y territorio y es un buen ejemplo de cómo se hace vivienda protegida".

Por su parte, Rafael Simancas recordó la dificultad que tienen los jóvenes madrileños "para acceder a una vivienda; lo que ha supuesto el fracaso más rotundo de Esperanza Aguirre, pues Madrid es la región donde más vivienda se construye pero también es la más cara".

Según el portavoz socialista, "mientras que en Madrid una vivienda cuesta una media de 290.000 euros, en el resto de España cuesta 190.000, lo que supone que los ciudadanos madrileños son los más endeudados de todo el país debido a que el gobierno regional ha promovido la especulación urbanística durante este tiempo".

Urbanismo "a la carta"

La ministra de Vivienda también criticó el urbanismo "a la carta" y las recalificaciones "selectivas" que se realizan al margen de los planes de ordenación del territorio. Preguntada por las ganancias que los clubes de fútbol obtienen por la recalificación de sus terrenos, Trujillo subrayó que es contraria al "urbanismo a la carta, el parcheo y las recalificaciones selectivas" porque "las ciudades tienen que crecer de una manera planificada y ordenada".

Trujillo, que inauguró junto con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, unas jornadas sobre el Código Técnico de la Edificación, dijo no compartir las recalificaciones que se hacen para atender "necesidades coyunturales". "El urbanismo a la carta no me gusta, es insostenible", concluyó la ministra de Vivienda.

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El Confidencial.com.13-11-2006.- Pons propone que las plusvalías de un suelo recalificado se repartan entre sus dueños de los últimos 25 años Europa Press. Valencia. El sentido de esta iniciativa es si alguien adquiere un terreno y lo revende antes de que hayan pasado cuatro años y obtiene "una generosa plusvalía" de este negocio, "estaría obligado a repartir proporcionalmente esa plusvalía entre los que hayan sido propietarios de ese suelo durante los últimos 25 años, de manera que se evite la plusvalía "obtenida a pelotazos". Al respecto, aseguró que la manera en la que se puede abaratar el precio de la vivienda "sólo es una, abaratando el precio del suelo".


El conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Esteban González Pons, anunció el lunes que el Consell va a plantear la posibilidad de que las plusvalías que generan las recalificaciones de terrenos repercutan y se repartan, de manera proporcional, entre los propietarios de suelo de los últimos 25 años. El sentido de esta iniciativa es si alguien adquiere un terreno y lo revende antes de que hayan pasado cuatro años y obtiene "una generosa plusvalía" de este negocio, "estaría obligado a repartir proporcionalmente esa plusvalía entre los que hayan sido propietarios de ese suelo durante los últimos 25 años, de manera que se evite la plusvalía "obtenida a pelotazos".

González Pons realizó este anuncio durante el acto inaugural del III Congreso Nacional de Estrategia Empresarial en la Construcción, organizado por el Observatorio del Mercado de la Construcción y Vivienda del Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), con la colaboración de la Conselleria de Territorio y Vivienda y de la conselleria de Infraestructuras y Transportes.

Al respecto, aseguró que la manera en la que se puede abaratar el precio de la vivienda "sólo es una, abaratando el precio del suelo". Al respecto señaló que debería evitarse los encarecimientos repentinos del suelo en las recalificaciones de terreno, así como que se produjeran plusvalías gigantescas en muy poco tiempo cuando un suelo se recalifica. Así, "si paramos la especulación sobre el suelo, podremos conseguir viviendas más baratas", apostilló.

El titular de Territorio y Vivienda apuntó que en caso de que la ley del Suelo, que se encuentra en proceso de tramitación en el Congreso y en el Senado, no recoja esta propuesta, "el Consell estudiará la posibilidad de llevar a cabo esta medida pero sólo en el ámbito autonómico".

Abaratar el coste de la vivienda

Por otro lado, González Pons resaltó otra propuesta "para abaratar el coste de la vivienda", por la que el Instituto Valenciano sobre la Vivienda (Ivvsa), "renuncia" a sacar suelo a subasta pública, de manera que esta entidad se convierta en "un nuevo promotor para los constructores", ya que, a su juicio, en las hipotecas de los españoles "pesa el suelo, y no el ladrillo".

El responsable de este departamento explicó que tratarán de ahorrarse los márgenes de promoción, de manera que "que sea el Ivvsa quien promueva y quien contrate a los constructores, para abaratar el precio de la vivienda", reiteró. De esta forma, se pretende de manera que "se destine a este sector lo que se ahorre en promoción".

En este sentido, indicó que el IVVSA gestiona en estos momentos alrededor de 15 millones de metros cuadrados de suelo, de los cuales siete millones se encuentran "en una fase muy avanzada de ejecución y permitirán sacar al mercado, en un plazo breve de tiempo alrededor de 50.000 viviendas, de las cuales 25.000 serán protegidas".

Además, a estos siete millones de metros cuadrados, habría que sumar los 500.000 metros cuadrados que ya están inscritos en el Registro Autonómico de Patrimonio Municipal de Suelo, "la mayor parte de los cuales se encuentran urbanizados o en fase de inminente urbanización y que supondrían más de 3.000 nuevas viviendas protegidas", aseveró.

Por otro lado, preguntado por el mercado de la vivienda social, el titular de Territorio resaltó que "estamos construyendo muchas viviendas sociales" y "afortunadamente todavía estamos por encima de la demanda".

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CONSTRUCCIÓN IRREGULAR
¿Cómo eliminar el mal?

El Correo Gallego.13 de novembro de 2006..-Debe proscribirse el tratamiento al delincuente como si desempeñase un tipo de actividad ordinaria ·· Es preciso crear unidades especializadas, con medios materiales y humanos, para su lucha

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.13 de novembro de 2006.


POR JUAN J. RAPOSO ARCEO


Nos planteábamos en el artículo de ayer si puede eliminarse la corrupción en el ámbito urbanístico. A fuer de ser sinceros, y si lo que perseguimos es su erradicación total, estimo que la respuesta ha de ser negativa. Como todos los delitos (robos, asesinatos, etc.), seguirá existiendo, ahora bien, nadie contempla con la más mínima benevolencia tales conductas criminales. Estimo que como dichas conductas los ilícitos urbanísticos deben confinarse a una patología del sistema, a algo residual, y siempre execrable. Creo que desde esta perspectiva realmente es posible una reducción sensible de la corrupción, a lo que cabría ayudar una serie de medidas entre las que podemos citar:

1º.- De tipo formativo e informativo. La carencia de valores, el "todo vale", el tratamiento al delincuente como si desempeñase un tipo de actividad ordinaria debe proscribirse. La corrupción crece en un ámbito en que la ausencia de moralidad y de referentes éticos es una constante. Debemos de difundir las consecuencias negativas para la sociedad del delito urbanístico y debemos de denostar tal actividad. Es preciso, por otra parte, una formación ética y profesional de autoridades y funcionarios. Los que acceden al ejercicio de actuaciones políticas no tienen por qué ser expertos en la materia, pero sí deberán de disponer de una panoplia mínima de conocimientos. Al menos que no aleguen ignorancia, lo que nunca sería, como sabemos, una eximente.

Es importantísima también la labor de los medios de comunicación que deben denunciar todos los ilícitos en materia urbanística. No debemos de olvidar que, básicamente, gracias a los medios de información es como tenemos conocimiento de estas situaciones.

2º.- De tipo político. Es necesario que los actores políticos no esperen al resultado de las actuaciones judiciales para actuar contra quienes notoriamente parecen contravenir las funciones para las que fueron elegidos. Si bien es cierto que se trata de una cuestión harto complicada, que puede incluso producir efectos perversos, no es menos cierto que hay supuestos en los que todos pensamos en que la notoriedad evidente de conductas públicas exigía una intervención que se ha dilatado excesivamente en el tiempo. La aprobación de códigos éticos, y la sanción a la infracción de los deberes en ellos contenidos parece un camino plausible.

3º.- Administrativas. En vía administrativa se requiere transparencia en la información, normas adecuadas a la realidad urbanística, con mezcla de elementos reglados y discrecionales, con decisiones colegiadas en la aprobación de planes y concesión de licencias, con mayor participación ciudadana, y con la intervención de nuevo de funcionarios públicos (como los secretarios de Ayuntamiento) que informen preceptivamente de las decisiones adoptadas en todo proceso urbanístico de entidad. Y es muy importante que el principio de ejecutividad de los actos administrativos vuelva a refulgir. Una mala entendida interpretación de las medidas cautelares ha llevado a que la ejecución de una demolición de una obra ilegal sea la excepción, cuando debía de ser la regla, y se demore en años, deviniendo en ocasiones, por la tardanza, en inejecutable.

Y por último, en este apartado, quisiera hacer una mención a la necesidad de adoptar medidas de tipo fiscal, con un control efectivo de determinadas transacciones y de las subsiguientes operaciones financieras que se realizan en el ámbito urbanístico.

4º.- Jurisdiccional. Se hace precisa la creación de unidades especializadas en la lucha contra este tipo de delincuencia. Pero unidades no de papel, sino con medios, materiales y humanos. A las que se adscriban, bajo la dirección de las fiscalías de urbanismo, técnicos especialistas en materia urbanística, personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en su caso de la Inspección del Banco de España, personal de las Fuerzas de Seguridad, dedicado exclusivamente a estas funciones, y cualesquiera otros que por la índole de la correspondiente investigación se estimen precisos (arquitectos, ingenieros, especialistas en informática, etc.).

Y es muy importante acabar con la sensación de impunidad de los autores de estos delitos. Se hace preciso sancionar con rigor a los responsables, proscribiendo el posible ejercicio de cargos públicos, expulsándolos de la función pública, y especialmente impidiendo que se queden con sus botines.

Se trata de una tarea compleja que, con la globalización, requiere incluso colaboración internacional. Disposiciones como el Convenio para la Lucha contra la Corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE, los Tratados del Consejo de Europa contra la corrupción, o el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción, en las que se hace especial hincapié en el embargo de los productos de los latrocinios de los implicados en los delitos vinculados con la corrupción, creo que son ejemplos del camino a seguir. Pero sobre todo es preciso que toda la sociedad se conciencie de que no estamos ante simples conductas perniciosas, sino ante delitos graves que como tales deben de ser tratados. Que afectan a nuestra vida cotidiana y diariamente, que arruinan nuestro paisaje, nuestras ciudades y pueblos de forma irreversible, que empiezan a dificultar gravemente el acceso a la vivienda de amplios sectores sociales. Y que inciden en la calidad de nuestra democracia. Termino. Creo que las conductas descritas, y sus autores y cómplices no deben de quedar impunes y sus patrimonios no pueden resultar indemnes tras la necesaria e insoslayable acción de la Justicia.

*Doctor en Derecho y

profesor de la Universidade da Coruña (UDC)

 

 

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El Correo Gallego.13 de novembro de 2006..-Formación ética y construcción
Aunque asistimos diariamente a comportamientos sancionables alrededor del sector del ladrillo, es preciso no generalizar ·· Una ablación sistemática de las posibilidades de edificación llevaría a un incremento del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.13 de novembro de 2006.


POR JUAN J. RAPOSO ARCEO*
El Diccionario de la RAE nos da como primer significado de "corrupción" el de "acción y efecto de corromper o corromperse", atribuyéndole, entre otras, las siguientes acepciones: la de echar a perder, depravar, dañar o pudrir; la de sobornar a alguien con dádivas o de otra manera; y la de pervertir o seducir a una persona. Sin embargo, en el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, a la locución "corrupción" se le atribuye el significado de "el crimen de que se hacen culpables los que estando revestidos de alguna autoridad pública sucumben a la seducción, como igualmente el crimen que cometen los que tratan de corromperlos". Y es precisamente este último el significado que quiero destacar, ya que la corrupción, si bien revela una evidente podredumbre moral de sus autores e instigadores y unos comportamientos sancionables éticamente, supone sobre todo actuaciones delictivas, tales como prevaricación, soborno, alteración del precio de las cosas, malversación de caudales públicos, etc.

Nos encontramos prácticamente a diario con situaciones claramente delictivas y esto me lleva a plantearme cómo hemos podido llegar a esta situación y qué hacer para remediarla. Pero antes de abordar tales cuestiones, quisiera hacer dos breves reflexiones. La primera, que si bien es cierto que la corrupción en el ámbito urbanístico es extensa e intensa, estimo que no es general. Estamos asistiendo a una suerte de linchamiento de autoridades y funcionarios públicos incluyendo dentro del mismo saco a todos. Y es preciso distinguir y no meterlos a todos en el mismo saco. La universalización de la culpa en grupos genéricos de personas es siempre rechazable.

Y en segundo lugar quisiera destacar que la actividad constructiva es uno de los motores fundamentales de la economía española. Una ablación sistemática de las posibilidades edificatorias o una restricción sustancial de la misma nos llevaría, indefectiblemente, a un incremento del precio del suelo y por tanto de la vivienda, con unas consecuencias económicas impredecibles dada su evidente gravedad.

Señalado lo que antecede nos preguntamos cuál es la etiología, la causa, de esta situación. Existe un conglomerado de causas, pero quizás las que estimo más relevantes son:

1ª.- La crisis de valores éticos y morales de una sociedad en la que el beneficio económico y el bienestar material parecen ser los únicos y deseables objetivos a alcanzar.

2ª.- La gran cantidad de dinero y de eventuales beneficios derivados de la actividad constructiva.

3ª.- La falta de formación ética y profesional de muchos de los agentes de la construcción y de los actores públicos implicados.

4ª.- La existencia de un marco normativo muy rígido que deja en manos de la discrecionalidad, cuando no de la arbitrariedad, del planificador y gestor urbanístico la clasificación y reclasificación del suelo y la concesión de licencias.

5ª.- La falta de controles internos y externos operativos, tanto en vía administrativa como judicial, de las ilicitudes en los procesos constructivos.

6ª.- La lenidad de las sanciones, la tendencia a la impunidad del infractor y la apropiación de los beneficios de sus delitos, aún en el supuesto de que fuese sancionado.

Las consecuencias que una situación como la actual genera son también diversas, pero podemos destacar tres. La destrucción sistemática de nuestro patrimonio cultural, medioambiental y estético. Paisajes asolados y desolados. Urbanizaciones degradadas. Construcciones de muy baja calidad. En segundo lugar, un encarecimiento de la vivienda, ya que la corrupción, como el IVA, repercuten siempre en el consumidor final. Y por último, afecta a la calidad democrática. Mina la salud moral de la sociedad, que ve como personas con prácticas delictivas, en escasos períodos de tiempo, alcanzan enriquecimientos espectaculares que en otros casos no se consiguen, no ya en una vida entera, sino en varias generaciones, sin que exista la mínima correlación entre su enriquecimiento y los valores personales, humanos y profesionales de quienes se lucran con tales actuaciones.

Ante la situación en que nos encontramos, ciertamente preocupante, nos preguntamos si puede revertirse, si existen soluciones. Pero esto, amable lector, lo dejaremos para mañana.

 

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El Mundo.es.-LADRILLO A LADRILLO.-

La corrupción -El mapa -Retrato robot -Motor económico -Las cifras -El problema -La solución -Acción ciudadana -Los ilegales -¡Denuncia!

Como una mancha de aceite. La 'Operación Malaya' convirtió Marbella en el epicentro del terremoto que sacude todos los rincones de la geografía española. Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina (mayo 2007), alcaldes y concejales de todos los colores empiezan a ver sus nombres a golpe de ladrillo en los medios de comunicación. La corrupción urbanística es el tema estrella de esta precampaña electoral que ya ha empezado y que promete ser larga y acusadora: cualquiera parece culpable mientras no se demuestre lo contrario.

Sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país (tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia en su conjunto), pero el aumento y exceso del producto no ha abaratado su precio, sino todo lo contrario. El «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» —dice el artículo 47 de la Constitución— queda en una simple declaración de intenciones cuando comprarse una casa no está al alcance de cualquiera.

España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años. Y es un secreto a voces que el dinero negro se blanquea con ladrillos. Las operaciones 'avispa' y 'ballena blanca' destaparon que las mafias internacionales han encontrado aquí un nuevo paraíso terrenal y fiscal. El «Spain is different» ha adquirido un doble sentido ahora que el horizonte que presidía el toro de Osborne está sembrado de grúas. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a decir recientemente que no acepta lecciones de democracia de un país —España— en el que muchos alcaldes están encarcelados por corrupción.

Los cimientos
¿Qué pasa aquí que no pasa en ningún otro rincón del Continente? La clave está en el modelo de gestión de suelo, «un error inmenso», según el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, experto en corrupción. «En otros países europeos, la calificación o recalificación de un terreno no implica para el propietario la obtención de plusvalías, porque no aumenta su precio. El terreno vale lo que vale. Es la sociedad la que obtiene el beneficio de que ese suelo se convierta en urbanizable», explica el catedrático. Un segundo factor explica la creciente actividad especulativa en España. «En Europa no se entiende que urbanizar sea un derecho del propietario, como ocurre aquí, sino que es una obligación pública que corresponde a la autoridad local o al Gobiernor».

Estos son los dos 'cimientos' que han permitido que los 'pelotazos' se multipliquen allí donde hay un interés económico real en desarrollar promociones urbanísticas, especialmente en el litoral y en las afueras de las grandes ciudades. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por Villoria para la ONG Transparency Internacional que ofrece una radiografía completa del tema: todos los municipios obtienen ingresos importantes a través de los convenios urbanísticos (acuerdos entre un particular y el Ayuntamiento en los que el primero cede terreno o paga dinero por el cambio de calificación de un suelo); hay poca vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones de los proyectos; las sanciones suelen ser multas, no demoliciones; muchos nuevos partidos se han creado al amparo de intereses urbanísticos para llegar a los Ayuntamientos e influir en planes y decisiones… El informe aboga por la necesaria reforma de la ley de financiación de partidos: «El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos».

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El confidencial.com.Martes, 07 de noviembre de 2006-El fiscal de urbanismo dice que la nueva ley del suelo favorecerá la aplicación del Cödigo Penal


El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, consideró que la reforma de la Ley del Suelo que prepara el Gobierno "favorecerá" la aplicación del Código Penal en las infracciones urbanísticas, porque vuelve a la normativa sobre la que se tipificaron los delitos en esta materia.

En la conferencia que pronunció en unas jornadas sobre medio ambiente organizadas por la Guardia Civil en Cantabria, Vercher recordó que cuando el Código Penal incorporó por primera vez los delitos contra la ordenación del territorio, en 1995, estaba vigente una Ley del Suelo (la de 1992) que determinaba que sólo era urbanizable el suelo expresamente declarado como tal.

Sobre ese contexto legal, el Código Penal de 1995 estableció un castigo de hasta tres años de cárcel para aquellos que construyeran sin autorización "en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural" (artículo 319). Sin embargo, recordó Vercher, la Ley del Suelo que el PP aprobó en 1998, después de que el Tribunal Constitucional anulara dos terceras partes del articulado de la norma de 1992 por invadir competencias autonómicas, "cambió totalmente" el planteamiento anterior sobre el suelo urbanizable y estableció que "se podía construir en cualquier lugar" salvo en los expresamente protegidos.

El fiscal responsable de urbanismo reconoció que eso "supuso un dislate" e hizo "verdaderamente difícil aplicar el Código Penal". "Afortunadamente, la situación está en visos de resolverse, porque el anteproyecto de la Ley del Suelo vuelve otra vez al planteamiento inicial en relación con esta materia (...) Si la cosa tiene lugar como parece que va a tener lugar, será un aspecto que favorecerá la aplicación del Código Penal y, en consecuencia, abundará en la tranquilidad y la paz social, que es lo que busca el Código Penal", aseguró este representante del Ministerio Público.

Autocrítica de la Justicia

Vercher también hizo autocrítica con la actuación de los profesionales de la Justicia y reconoció que, en ocasiones, se han dictado sentencias absolutorias ante "barbaridades urbanísticas" por desconocimiento de la ley por parte de jueces y fiscales.

Explicó que hay sentencias que basan la absolución en que "la barbaridad urbanística" cometida fue "legalizada" posteriormente por un convenio entre el constructor y la Alcaldía, cuando en realidad eso no es posible, porque -recordó- legalmente un convenio no puede modificar el planeamiento urbanístico del municipio. "Sin embargo, en la práctica, eso está ocurriendo con relativa frecuencia", añadió el fiscal, que mantiene que dar por buenas esas actuaciones "lo único que pone de manifiesto es que se desconoce en su totalidad la esencia del convenio urbanístico".

Antonio Vercher defendió que si es necesario recurrir al derecho penal para acabar con los atentados urbanísticos es porque, como ha señalado la Audiencia de Barcelona en una reciente sentencia, el administrativo se ha mostrado "absolutamente incapaz" de frenarlos. Sin embargo, también insistió en que no se tratar de "conseguir sentencias condenatorias 'per se'", sino para cumplir los fines por los que vela el Código Penal: "la tranquilidad y la paz social".

Si aplicando el Código Penal se evita que las normas ambientales y de ordenación del territorio "se conviertan en disposiciones de naturaleza puramente ornamental" y "se consigue que la sociedad española vea el problema de la corrupción como algo de carácter puramente incidental, como ha sido hasta hace poco", argumentó el fiscal, "se habrán dado los pasos que democráticamente hay que dar".

Antonio Vercher admitió que una de las dificultades para lograrlo es la "peculiar" actitud ante el medio ambiente de los españoles, que son "muy ambientalistas de puertas para fuera, pero, de puertas para dentro, a la hora de separar la basura y de cumplir adecuadamente con los más elementales y estrictas normas de medio ambiente tienen una actitud totalmente diferente".

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La Voz de Galicia.com. 7-11-2006.- ESTUDIO .La especulación urbanística eleva la percepción de corrupción en España.Un estudio de Transparency International otorga una nota de aprobado, tras años de notable.Los datos contrastan con los del resto de la UE, cuyos índices mejoran de forma clara

La especulación urbanística ha elevado la tasa de corrupción en España hasta los «peligrosos niveles» que se vivían en los años noventa. Esta es la principal conclusión del último estudio de la oenegé Transparency Internacional (TI), dedicada a analizar y comparar los índices de percepción de la corrupción (IPC) en 163 países de todo el mundo a través de encuestas a expertos e instituciones del ámbito de la administración y la política.

La duodécima oleada de este estudio destaca que España, por primera vez en los últimos seis años, pasa del notable al aprobado alto, con una nota de 6,8, igual a la de 1999 y por debajo del 7,1 del 2004 o el 7 del 2005. España ocupa el puesto número 23 en el ránking mundial de la corrupción, por detrás de buena parte de los países europeos y en el nivel de otros estados como Barbados, Estonia, Chile, Macao, Portugal, Malta, Eslovenia o Emiratos Árabes.

Desmanes constructivos

El presidente de TI-España, el catedrático Jesús Lizcano, quien recordó que el empeoramiento de los datos nacionales tiene lugar mientras el resto de los países de la UE mejora de manera clara sus índices, aseguró tajante que este crecimiento de la percepción de la corrupción está muy relacionado con los desmanes urbanísticos de los gobiernos locales, ya que «no hay alarmas en otros sectores como la policía, el legislativo, el ejecutivo o el judicial. No hay una corrupción estructural y no hay que demonizar a todo el sistema, pero la corrupción urbanística está manchando la imagen de todos los sectores», señaló el director del estudio en España.

En opinión de otro de los analistas de TI, Jesús Sánchez, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset, el problema del repunte de la corrupción en España es la falta de financiación de los municipios, que tienen que recurrir a la venta de terrenos públicos para cubrir «gastos básicos» como el pago de los funcionarios.

Las recetas de Transparency Internacional para intentar «corregir» las tasas de corrupción pasan en primer lugar por un pacto de Estado urbanístico que limite ese poder de los ayuntamientos. Otras soluciones son, según los analistas, una verdadera ley del gobierno local, un nuevo sistema de incompatibilidad y una ley de acceso a la información publica y que obligaría a los ejecutivos locales a dar publicidad a los proyectos urbanísticos desde el inicio de los estudios y no sólo una vez que se han firmado los convenios.

El barómetro de TI mide los niveles de corrupción en el sector público y está realizado por nueve instituciones independientes.

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Cinco Dias.com. 7-11-2006.-La imagen de España, bajo la losa de la corrupción urbanística.

Fernando Martínez / MADRID (07-11-2006)


Bastan unas cifras para hacerse una idea del calado de la corrupción urbanística en la geografía española: el número de diligencias abiertas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente aumentó en 2005 un 62,65%, de 2.016 a 3.279, según datos de la Fiscalía General del Estado. Las consecuencias en la imagen de transparencia de la Administración pública son inevitables. España ha caído de 7 a 6,8 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (cuantos más puntos, menos corrupción), que elabora desde hace 12 años la ONG Transparencia Internacional y que fue presentado ayer en rueda de prensa. Es la peor nota de España desde 1999.

'Todos los poderes públicos deben reaccionar inmediatamente. La corrupción es como un cáncer, cuando se empieza a extender, si no se para, acaba por afectar a todas las instituciones democráticas', advirtió en la presentación Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de la comisión ejecutiva de Transparencia Internacional España.

España está en el furgón de cola de la UE, pero hay otros países donde el panorama pinta mucho peor. Es el caso de Portugal (6,6 puntos) y especialmente de Italia (4,9) y Grecia (4,4), los tres países de la zona euro que están por debajo de nuestro país. Como es tradición, los países nórdicos copan los primeros puestos por grado de transparencia, con Finlandia e Islandia en el primer y segundo lugar (ambos con 9,6 puntos), mientras que Dinamarca es cuarta (9,5 puntos) y Noruega, octava (8,8 puntos).

Los expertos no quieren dramatizar. 'La honradez de los funcionarios públicos es extraordinaria y, al contrario de otros países, donde la corrupción es un hecho generalizado, el problema de España se focaliza en el asunto urbanístico', recalcó Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. Son los alcaldes, concejales y promotores urbanísticos encausados por presuntos delitos de corrupción los que copan los titulares de prensa, pero para los expertos esa es la anécdota y no la raíz del problema. 'Lo relevante es la perversión del sistema de financiación', explicó Jesús Sánchez, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset.

'El problema es que los ayuntamientos no tienen ingresos fiscales suficientes para cubrir los capítulos I, II y VI del presupuesto ordinario los gastos corrientes y se ven obligados a utilizar el urbanismo para financiarse', detalló Jesús Sánchez. 'Cuando los convenios urbanísticos se publican sólo después de haber sido aprobados y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, es un indicativo de la dinámica perversa en la que se ha entrado', remató el directivo de la ONG.

Como una primera medida para paliar la situación, Transparencia Internacional propone redistribuir los impuestos y que el gasto público del Estado se centre menos en las comunidades autónomas y más en los municipios, para dotarlos de mejores infraestructuras administrativas. La ONG también ha comenzado a realizar su aportación directa para contribuir a atajar la corrupción; el equipo de Transparencia Internacional está trabajando ya en la creación de un índice que mida la transparencia de los ayuntamientos españoles.

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La corrupción urbanística nos inunda
El ladrillo que mancha

Carlos Girbau
Revista Pueblos

El “desarrollo” del último decenio se basa especialmente en la construcción. En nuestro país (44 millones de habitantes) se construye cada año más vivienda que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas (240 millones de habitantes). La capacidad de generar (socialmente hablando) riqueza es nula. Más bien, crea pobreza . Este modelo asociado, gracias a las disposiciones fiscales del Ministerio de Economía, a la compra de vivienda, que no a su alquiler, ha hecho que la inmensa mayoría de la sociedad deba “hipotecar” una cantidad superior al 50% de sus ingresos familiares por un periodo cercano al de una vida laboral. El ladrillismo es un modelo injusto y muy favorable al capital financiero (bancos) y resto de sectores más parásitos (rentistas) del capitalismo español, poniendo en sus manos un volumen de capital cada vez mayor (la parte fundamental de la riqueza del país ahora y durante 25 años). El ladrillo con los bancos y las constructoras a la cabeza maneja una cantidad de capital presente y futuro que transforma a sus principales accionistas en una de las facciones más poderosas del capitalismo español. Avanza la idea de que nosotros votamos pero que son ellos quienes mandan.

La corrupción para actuar necesita oscuridad, poca transparencia, ciudadanía desorganizada y con pocos derechos. La obligatoriedad de defender la participación y un dictamen forzoso a la par que vinculante de los vecinos y de sus entidades (sindicales, vecinales y asociativas) sería un paso importante contra la tiniebla. Nada impide hoy que un ayuntamiento organice un proceso así para aprobar sus planes urbanísticos.

 


La corrupción urbanística nos inunda. Se trata de una mancha que extiende su huella por toda la geografía española dejando trazas en todos los colores del arco parlamentario, aunque no lo hace por igual, ni de la misma manera. Poco importa que sea Ciempozuelos en Madrid o Marbella en Málaga, todo huele mal.

Izquierda Unida tuvo un caso en Camas (Sevilla) que acabó con la expulsión inmediata del imputado. Pero el quehacer diario de IU no se caracteriza por casos como los de Camas, sino por su contrario, el importante número de denuncias que contra la corrupción y los pelotazos urbanísticos hace llegar a la opinión pública (Seseña, Morata, etc).

A pesar de los esfuerzos de cierta prensa, tampoco PSOE y PP son iguales. El PSOE tiene cargos públicos (alcaldes, concejales y hasta diputados) entre las filas de los sobornados. Pero el PP debe sumar a su “cuota” de sobornados, la de los sobornadores. Se ha demostrado que estos últimos tienen conexiones en la inmensa mayoría de casos con el PP (recordemos el Tamayazo en Madrid). Corruptores y corruptos son las dos necesarias caras de esta moneda ladrillista.

Es la derecha el principal foco de generación de la corrupción y sus principales beneficiarios. Como dirían los clásicos: “son los poseedores de los medios de producción”. Lo son en lo político, al permitirles la corrupción desprestigiar la gestión y el trabajo institucional de la izquierda. Lo son en lo económico, puesto que las compras de votos y cargos favorece el desarrollo de sus negocios, haciéndoles así, más y más ricos.

El desafuero

En 1998 el Partido Popular transformó en urbanizable todo el suelo y cambió los criterios que regían las expropiaciones forzosas. A partir de esa fecha, los terrenos a expropiar dejaron de pagarse por el precio que tenían, para pasar a tasarse en función del valor que deberían tener en caso de urbanizarse. Esa decisión se dio en un marco en el que ya una parte fundamental, desde el punto de vista del negocio, del suelo era privada. Por lo tanto, la medida reforzó las operaciones de compra de todo tipo de suelo y con ello su concentración en menos manos. Los cambios en la ley abrieron la puerta a inmensos beneficios. Ganar muchísimo dinero se hizo (para algunos) más fácil y posible a condición de saber o de condicionar cuándo, cómo y dónde había y hay que deshacerse de los lotes. Los principales capitales del país, con los bancos y las grandes constructoras a la cabeza, destinan desde entonces crecientes recursos a la adquisición de todo tipo de suelo. Se calcula que el 70% de las grandes fortunas están invertidas en ladrillo.

Tales cambios acentuaron otros, por ejemplo, los de la “necesidad” del soborno. Pensemos por ejemplo que, en este contexto, lograr que el AVE pase por Guadalajara de una manera concreta o de otra equivale a “realizar un beneficio” de miles de millones.

El modelo de crecimiento

El “desarrollo” del último decenio se basa especialmente en la construcción. En nuestro país (44 millones de habitantes) se construye cada año más vivienda que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas (240 millones de habitantes). “Levantar casas” tira del PIB hacia arriba, pero lo hace de una manera determinada y por razones variadas. El modelo empieza ya a dar síntomas de agotamiento, pero sigue siendo la clave para entender el “milagro español”, su capacidad de generar empleo y absorber mano de obra inmigrante.

Los puestos de trabajo creados gracias a este modelo se basan en la precariedad de una mano de obra usada de manera muy intensiva y con bajos salarios. No genera I+D, con lo cual no aporta nada en términos de crecimiento productivo, más allá del que surge de gran “gasto humano” en forma de largas jornadas y de sus obligadas consecuencias reflejadas en la escalofriante siniestralidad laboral. Vamos a un promedio de un muerto cada 3 días.

La capacidad de generar (socialmente hablando) riqueza es nula. Más bien, crea pobreza. Este modelo asociado, gracias a las disposiciones fiscales del Ministerio de Economía, a la compra de vivienda, que no a su alquiler, ha hecho que la inmensa mayoría de la sociedad deba “hipotecar” una cantidad superior al 50% de sus ingresos familiares por un periodo cercano al de una vida laboral. O lo que es lo mismo, a reducir su ya corta capacidad de consumo en función de la importante cantidad de dinero corriente que debe destinar a cubrir esta necesidad básica a lo largo de su vida. Pero es que además, muchas personas no llegan a poder acceder a una vivienda. Construir casas y el derecho a vivienda son dos cosas muy distintas.

El ladrillismo es un modelo injusto y muy favorable al capital financiero (bancos) y resto de sectores más parásitos (rentistas) del capitalismo español, poniendo en sus manos un volumen de capital cada vez mayor (la parte fundamental de la riqueza del país ahora y durante 25 años). Un modelo que por su capacidad de depredación y degradación voraz del entorno, del conjunto del espacio, es no ya sólo insostenible, sino ciego en relación a cualquier perspectiva de futuro.

La izquierda falla

Todo el mundo señala que si bien la victoria de Zapatero significó ciertos cambios en la política española, dónde menos se modificó ésta fue precisamente en el campo de la economía. No sólo el Ministro del ramo es un confeso defensor de los postulados más socialiberales, sino que las palancas fundamentales del crecimiento español siguieron residenciadas en ladrillo y turismo.

Probablemente, gobernar y tener el poder nunca fueron bajo la burguesía exactamente la misma cosa. Hoy esa sensación es, si cabe, más clara. El ladrillo con los bancos y las constructoras a la cabeza maneja una cantidad de capital presente y futuro que transforma a sus principales accionistas en una de las facciones más poderosas del capitalismo español. Avanza la idea de que nosotros votamos pero que son ellos quienes mandan. En la globalización, la capacidad de las grandes empresas y fortunas de domeñar la política y a los gobiernos se ha hecho proverbial, máxime por la reducción sin fondo del lugar del Estado y del sector público en todo el mundo.

No separarse del modelo, seguir haciendo de la edificación o de la venta de suelo público la base de muchas cosas, inclusive el enjuague del déficit de las administraciones locales, es caer de cuatro patas en el meollo del problema. Sin romper con un modelo que expande y protege la corrupción, el del ladrillo, no podremos reducir la corrupción de una manera significativa, ni avanzar serias políticas de izquierda.

Ejemplos como el de Ciempozuelos ilustran de manera paradigmática esa falta de separación a la que hacíamos referencia y lo chato de la política social del PSOE local. El plan en este pueblo madrileño de cerca de 15 mil habitantes fue redactado bajo mayoría del PP y a través de la empresa del cesado Director General de vivienda, Enrique Porto, también del PP. Llegaron las elecciones municipales y ganó el PSOE, que hizo suyo el objetivo urbanístico. Continuismo en los planes de futuro sobre la localidad y en su forma de desarrollo. Mejoró algo en la parte social y de servicios, pero el fondo era del PP y con él, la obligada “coima”. Ahora, lógicamente, los populares esperan cerrar el círculo y volver a controlar el consistorio tras la forzosa renuncia del alcalde del PSOE sobornado.

La incapacidad manifestada por la izquierda a la hora de levantar un modelo alternativo de crecimiento se refuerza por una desarmante corrupción que la acaba afectando a toda en su conjunto, no sólo a la más derechista. Recordemos que el PP logró sacarle rédito de gobierno a aquello que “sus” constructores le habían organizado. Tamayo y Saéz vendieron su voto a cambio de dinero forzando unas elecciones anticipadas y extraordinarias que dieron paso al gobierno más ladrillista y reaccionario de toda la historia autonómica. IU mantuvo sus resultados, pero no capitalizó la pérdida del PSOE.

Las finanzas municipales

Otra de las causas fundamentales que explican los fuertes asideros del ladrillo se halla en la dura realidad local. Los ayuntamientos que en su inmensa mayoría tienen presupuestos más pequeños que las cuentas de resultados de más de una constructora, deben “rendirse o enfrentarse” a las embestidas de los grandes propietarios de tierra amparados en la reaccionaria ley del suelo. Si deciden lo segundo, la falta de verdaderos instrumentos legales que se lo permitan dificulta sobremanera el esfuerzo.

Pero además, los consistorios deben hacer frente a un montón de gastos “impropios”que, en un principio, corresponden a otras instituciones estatales. Por ejemplo: ciertas prestaciones sociales, vivienda, promoción y orientación en el empleo, asistencia a la inmigración. Gastos que representan alrededor del 37% de sus dispendios y que hay que sumar a los propios de la hacienda local. El dinero para todo ello no existiría si se contara solamente con los fondos que los consistorios reciben del Estado. Fondos que dentro de la estructura de gasto público representan únicamente el 13% del total de la misma.

Medido en gasto público, el conjunto de servicios que presentan los municipios se eleva a más del 35% del total de dicho gasto. Para llenar la diferencia de más de 22 puntos que existe, los ayuntamientos deben “buscarse la vida”. Vender suelo es la forma más concreta y generalizada de estabilizar las finanzas municipales. Simplemente añadir que para vender suelo hace falta el beneplácito de todas las Administraciones. Sin ese resto de instancias, nada podría venderse. Así los ayuntamientos se vuelven víctimas y agentes de una burbuja que los coloca, en caso de querer hacer una política social, contra las cuerdas.

La obligada descentralización de servicios y cercanía de su prestador al ciudadano, elementos básicos de cualquier democracia, se han transformado bajo la égida globalizadora que impregna toda la política, en una vuelta de tuerca a favor de los postulados más neoliberales. Así, se transfieren o reconocen competencias, pero no se pasa a la par el dinero que las debe hacer posibles.

¿Cómo escapar del laberinto?

El PP afirma que todo es un problema del PSOE. En el propio PSOE y en la propia derecha diversos sectores levantan voces a favor de reducir las competencias que en este campo tienen los municipios al ser, dicen, los únicos “focos de la corrupción”. Oficialmente el PSOE e IU piden, desde ópticas diferentes pero no contrarias, pactos contra la corrupción que incluyan, de una u otra manera, dentro del problema las causas que permiten los “pelotazos”, el impulso para la acción de los corruptores.

Cualquier salida que aborde el problema con la radicalidad que se merece debe concluir que la única forma segura de salir del pozo que genera la corrupción es deshacerse del capitalismo. Al capitalismo le son consustanciales el ventajismo, el dinero negro y la corrupción. Un sistema que necesita paraísos fiscales para funcionar con “normalidad”, como pueden ser Andorra o Gibraltar, demuestra que la limpieza no es lo suyo.

“Romper la lógica del ladrillo” exige, por lo menos, medidas en tres campos: en el de la propia corrupción, en el de la política de vivienda y en el de las finanzas municipales.

La corrupción para actuar necesita oscuridad, poca transparencia, ciudadanía desorganizada y con pocos derechos. La obligatoriedad de defender la participación y un dictamen forzoso a la par que vinculante de los vecinos y de sus entidades (sindicales, vecinales y asociativas) sería un paso importante contra la tiniebla. Nada impide hoy que un ayuntamiento organice un proceso así para aprobar sus planes urbanísticos.

Paralelamente, la definición de una carta de “derechos de ciudadanía” que estableciese las garantías mínimas de todos los ciudadanos por el hecho de estar empadronados, incluyendo en ello la sostenibilidad, forzaría cambios en la construcción. Garantizaría servicios, vivienda en alquiler en cantidad suficiente, perseguiría la vivienda vacía, obligaría a buenas dotaciones y coadyuvaría a favor de criterios más sociales.

La izquierda, sobre todo la más transformadora, necesita para vivir a una ciudadanía organizada. La organización sistemática desde los equipos municipales de elementos de democracia participativa, empezando por el debate de los propios presupuestos municipales y el consiguiente destino de sus partidas y montos, sería no sólo una escuela, sino el mejor camino contra la corrupción. Limpieza y ética son básicas, pero lo más honrado para la izquierda es reconocer que necesita potentes organizaciones sociales para poder avanzar en sus propuestas. La derecha no necesita la organización de la gente modesta, de la población trabajadora. Sus grandes conglomerados empresariales son su organización. Con ellos dirige la sociedad e intenta dominar toda la política. Nosotros sólo tenemos por capital nuestra capacidad de organizar. No usarla a fondo nos debilita y nos deja más a merced de los poderosos.

La acción de cualquier gobierno municipal será más útil cuanto más sirva para organizar y dar voz potente a los que la tenemos capitidisminuida, los trabajadores y resto de sectores oprimidos. El otro gran y falaz asidero de la corrupción es la necesidad de vivienda. Demostrado ya por la fuerza de las cosas que construcción, por muy grande que sea el volumen de su negocio, no es lo mismo que el derecho a la vivienda, los poderes públicos, apoyados en la población deben defender medidas serias contra las más de, por ejemplo 300 mil viviendas desocupadas que hay en Madrid. Empezando por el IBI y siguiendo por medidas contundentes a favor del alquiler. Sólo garantizando el acceso de todos a la vivienda garantizamos el derecho a la misma.

Para empezar, tal y como reclamó la asamblea del encuentro de movimientos sociales de Madrid celebrada esta primavera, deberían paralizarse todos los planes de urbanismo y revisarse a fondo. Seguidamente, deberían cumplirse las medidas autonómicas que formalmente obligan a reservar un 50% de la vivienda a vivienda social.

Por último, la declaración y protección del suelo como bien público, por encima de su propiedad, impediría en gran medida su mal uso actual a favor de la especulación salvaje y en contra de otros empleos productivos asociados, por ejemplo, al tejido industrial y social. Ahora bien, sin duda, nada de ello será posible si no echamos atrás la ley del suelo del PP, amparo de primer orden para el pelotazo especulativo ladrillista.

Es obligada una mención sobre el ahogo presupuestario que sufren los ayuntamientos y que exige no quietarles autonomía, sino reforzarlos como elementos clave para la ciudadanía. Evidentemente, hay que cambiar la ley de Régimen Local y dotar de recursos a los ayuntamientos. Sin tantos problemas presupuestarios, los consistorios serían más fuertes ante el ladrillo. Pero ese hecho no impide que hoy, a pesar de todos los límites, se pueda usar la “fuerza municipal” para reforzar esa soberanía y autonomía locales a través de animar, amparar y organizar a la ciudadanía. Potenciar su participación.

Las dificultades que en muchos casos encuentra la izquierda para mantener limpios y éticamente aceptables los usos municipales ante la voracidad del capital, hace que ésta se olvide con demasiada frecuencia en su gestión que la mejor garantía de limpieza y ética es una ciudadanía organizada.

* Carlos Girbau es miembro de la Junta Directiva de Paz Con Dignidad y actual Coordinador del Foro Social Madrid.

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20MINUTOS.ES/EFE. 04.11.2006 .-Prisión para los dos ex alcaldes de Ciempozuelos por irregularidades urbanísticas

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Ampliar fotoEl ex alcalde socialista de Ciempozuelos, Joaquín Tejeiro, se dirige a los juzgados de Valdemoro (Foto: Efe) Están acusados de delitos de cohecho y blanqueo de dinero.

La prisión es eludible con fianza de 900.000 euros.
El PP ha anunciado que se presentará como acusación popular.
El juez de Instrucción número 2 de Valdemoro (Madrid), Agustín Carretero, decretó la noche del viernes el ingreso en prisión eludible con fianza de 900.000 euros de los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos (Madrid) Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, respectivamente, en relación con presuntas irregularidades urbanísticas.

El juez les procesa por delitos de cohecho y blanqueo de dinero según informaron los abogados defensores de ambos ex alcaldes y asimismo el juez ha decretado su ingreso en la cárcel Valdemoro.

Ambos ex mandatarios se encuentran en la prisión III de Valdemoro, al no haber sido capaces de depositar la fianza, que su abogado considera "desproporcionada".

Horas antes el juez decidió dejar en libertad sin cargos al presidente de la promotora Esprode, Francisco Javier Castillo.

El PP se presentará en el juicio

El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha anunciado que su partido ha decidido personarse como "acusación popular" en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro contra los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos.

"Queremos saber desde cuándo el Ministerio del Interior ha tenido conocimiento de estos hechos y qué investigaciones y diligencias ha propuesto o realizado", afirmó Prada.

Comisiones de 40 millones de euros

Tejeiro y Torrejón declararon el viernes en calidad de imputados por la supuesta recalificación de terrenos a cambio del cobro de comisiones de 40 millones de euros.

Estas citaciones se produjeron en el marco de las diligencias abiertas a instancias de una querella del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos 'Manos Limpias' por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio y cohecho.

Tejeiro reconoció en sus declaraciones que había falsificado la firma de una promotora, Esprode, para justificar la procedencia de 100.000 euros y admitió que ingresó esta cantidad en una cuenta en Andorra para no tener que explicar su procedencia.

Por su parte, Torrejón renunció el pasado 17 de octubre a su cargo en la alcaldía después de que el secretario de Organización del PSM-PSOE, Andrés Rojo, se reuniera con él y le pidiera que dimitiera, al no considerar satisfactorias sus explicaciones sobre una información del diario ABC, según la cual su predecesor, Tejeiro, había pactado las comisiones para lograr una recalificación.

 

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EL GRAN ESCÁNDALO DE LA CORRUPCIÓN (I)

Noticia publicada Domingo, 05 noviembre

Ismael Rodríguez (*)


Cuando parecían casos aislados (“Operación Malaya” en Marbella; “Operación Eolo” en Canarias; “Operación Faycán” en Telde; etc.) se ha descubierto que la corrupción política está enraizada en muchas administraciones públicas, mucho más de lo que sabíamos, aunque siempre teníamos la “mosca detrás de la oreja”.
El tema de la corrupción política, especialmente la urbanística, ha hecho que saltaran todas las alarmas en toda España, haciéndose eco de la misma casi todos los medios de comunicación. El pasado fin de semana el periódico El País dedicaba un suplemento especial a este tema. En la portada de dicho suplemento, entre otras personas imputadas por corrupción en todo el territorio nacional, salían las fotos de nuestros “ilustres” Antonia Torres (Concejala del PP de Telde) y Celso Perdono (ex Director General de Industria del Gobierno de Canarias, con el PP). Nos guste o no nos guste, ya somos un referente de la corrupción política.

Pero no quiero quedarme en la superficie cuando hablamos de corrupción política, especialmente cuando se trata de especulación urbanística. Pienso que hay que ahondar más para saber por qué se produce y por qué con tanta proliferación. Sin ánimos de ser exhaustivo, me atrevo a exponer algunas de las causas que permiten que esta corrupción exista:

1ª) La existencia de personas con escasos o nulos valores éticos, que acceden a la política y a ocupar cargos públicos animados interiormente con poder ser alguien importante en la vida y con la intención de aprovechar su paso por la política para enriquecerse y situarse económicamente para el resto de sus días.

2ª) El error de muchos Partidos Político que, a la hora de elegir a sus representantes, “valoran” más el presunto “gancho” de sus candidatos antes que su verdadera integridad personal, preparación y capacidad de gestión de bienes y patrimonios públicos.

3ª) La existencia de una legislación de Régimen Local que cada vez ha venido acrecentando el poder y el carácter más presidencialista a los Alcaldes y Presidentes de Cabildos Insulares (o Diputaciones), a la vez que inversamente ha ido mermando los asuntos que son sometidos al control del Pleno de las corporaciones locales. Con ello se ha conseguido que la oposición, en las distintas administraciones públicas locales, tenga un papel bastante limitado en el control y la fiscalización de los gobernantes.

4ª) El deficitario control fiscalizador de quienes corresponde hacerlo y el uso irregular que se hace por muchos políticos, con la connivencia de funcionarios, de la Ley y el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.

5ª) Las carencias de financiación de muchos ayuntamientos, que han visto en el urbanismo y en el crecimiento de camas turísticas la panacea a todas sus deficiencias económicas, ha propiciado que la corrupción tenga una puerta de entrada fácil en los ayuntamientos con políticos que tienen pocos escrúpulos.

De las irregularidades e infracciones urbanísticas, como pueden ser las construcciones de viviendas en suelo rústico o las vulneraciones de la legislación urbanística en suelo urbano, incluso mediante la ocupación de suelo público, se intenta obtener una bolsa de “votos cautivos y agradecidos” por parte de políticos impresentables, que son los que justamente tienen la obligación legal de impedir esas ilegalidades.

La legislación de ordenación del territorio y de urbanismo, a pesar de todas las limitaciones que establecen, sigue permitiendo rendijas por las que se cuelan recalificaciones de suelo, convenios urbanísticos y otras muchas fórmulas para financiar irregularmente a los ayuntamientos y, en muchos casos, los propios bolsillos de políticos y funcionarios corruptos.

6ª) Aunque las competencias ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda son de la Comunidad Autónoma Canarias (art. 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias), en la época que gobernaba Aznar, acogiéndose a las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 148.1.13ª (Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) el PP aprobó la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones que vino a decir que (sic): “El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable” (art. 10).

Eso significó en la práctica que, salvo el suelo que ya era urbano y el que no fuera suelo protegido, todo el suelo restante se puede urbanizar. Esta política liberalizadora del suelo la completó el PP con el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes; la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.

Esto ha permitido que en España, y especialmente en los Ayuntamientos que usan indebidamente el urbanismo como mecanismo e instrumento económico, para las arcas públicas o para las arcas privadas de políticos y funcionarios, se haya instalado la cultura del pelotazo.

Las medidas legislativas en materia de suelo y de vivienda que implantó el PP a nivel nacional, supuestamente para liberalizar y abaratar el suelo y, como consecuencia, los precios de la vivienda solo ha servido para que en España se construyan unas 800.000 viviendas anuales (tanto como en Francia, Alemania y Reino Unido juntos), para que los precios de los pisos hayan subido un 150% desde el año 1998 hasta la fecha y para que en España estén escondidos un tercio de todos los billetes de 500 euros de la Unión Europea, convirtiéndose el paraíso del dinero negro.

Tras estos ocho años en los que la explosión del urbanismo ha podido campar por sus anchas, también la corrupción ha podido caminar de la mano de los especuladores del suelo.

La legislación liberalizadora solo trajo consigo que el suelo urbanizable quedará en muy poquitas manos y que la especulación de ese suelo fuera la moneda de cambio, de forma que cuando quieren que los precios suban sólo tienen que retener el suelo sin urbanizar y sin construir sobre las inmensas bolsas de suelo que están en manos de los especuladores y de los promotores salidos de la nada y que se han hecho inmensamente rico en tan pocos años.

(*) Ismael Rodríguez es abogado y fue alcalde y concejal en el Ayuntamiento de Mogán.

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Ideal.es- 5-100-2006.- «Si hay corrupción urbanística es porque alguien la permite»

La falta de suelo hace que suba la vivienda. Se tarda además unos cinco años en gestionar el suelo, y eso encarece la obra. Si todo fuera más rápido, se harían más viviendas y habría menos corrupción.
Hidalgo desvincula a Granada de las irregularidades en la construcción y el pago de comisiones y culpa a las administraciones de todos los 'casos Malaya'
MARÍA RUIZ/GRANADA

José Manuel Hidalgo lleva tres décadas dedicado a la construcción en Granada, conoce a la perfección cada bolsa de suelo disponible y ha seguido con mirada intrigada el pulso de las actuaciones urbanísticas y sus consecuencias judiciales. Las de Marbella, las del resto de España y, especialmente, las de la provincia.

Preside desde hace dos años la Asociación de Promotores y Constructores de Granada, que cuenta con 160 asociados y es la 'voz' de cerca del 90% de los constructores de la provincia.

Analiza el sector como un ingreso económico y laboral imprescindible para la provincia, reconoce que un joven tiene «casi imposible» comprarse una viviende en la capital y su área metropolitana y se desvincula de manera tajante de cualquier tipo de corrupción en el sector. Ni presiones, ni dinero negro, ni chantajes ni ilegalidades urbanísticas. En este caso, deja la pelota sobre el tejado de los políticos y sólo sobre sus tejados.

-Preside la asociación de un sector cuestionado por jueces, políticos y clientes. ¿La construcción sigue teniendo buena salud?

-El sector sigue gozando de buena salud, a pesar de todo lo que se dice. Los datos del tercer trimestre del año son muy buenos, con más de 760.000 viviendas visadas en España. Crece a buen ritmo y una muestra de ello es que uno de cada cuatro puesto de trabajo pertenece a la construcción. Además, el sector ya supone un 36,5% del PIB del país.

-Marbella ha sufrido el primer golpe judicial contra la especulación, ¿le ha dolido a la construcción?

-El 'Caso Malaya' no se sabe aún cómo puede afectar al sector. Creo que es un tema muy localista, centrado en Marbella, que de ninguna manera va a afectar a una zona como Granada. Se trata sólo de un grano más de presión para un sector que todo el mundo mira con lupa, al que siempre tachan de especulativo.

-¿Al que tachan de especulativo?

-Nuestra materia prima es el suelo, sin eso habrá que cerrar empresas. Es la base del problema y la solución tienen que aportarla los ayuntamientos. Nosotros no podemos sacar suelo de donde no lo hay. Y no especulamos.

-También aquí habrá buenos y malos. ¿Nadie especula?

-Por parte del promotor no existe la especulación. Hay que estar muy ducho en el tema para conseguir el terreno adecuado y la promoción de viviendas adecuada, pero sólo eso. Lo único que ocurre es que hay un plazo de entre cinco y ocho años de gestión entre el momento en el que empieza a tramitarse la venta de un terreno y todo termina.

-La sospecha de la especulación apunta a todo el mundo, ¿se sienten amenazados?

-El ruido de especulación que se escucha ahora por todas partes es culpa del Gobierno. La Administración debería articular medidas para financiar a los ayuntamientos y que el suelo no sea el único modo de sobrevivir y financiarse.

-Pero si el río suena...

-Se habla de especulación porque los ayuntamientos sacan a la venta espacios para poder sobrevivir. Tan sencillo como eso.

-La paralización de las obras de Parque Nevada, ¿también es un tema sencillo?

-Parque Nevada es un proyecto con licencia que aprobó la Junta de Andalucía, por lo que habría que pedirle a Urbanismo que tuviera más cuidado con lo que aprueba y luego desaprueba. No tiene nada que ver con Marbella, donde sí se sabía que pasaba algo. Pero las administraciones han dejado que pasen quince años para investigar. La intervención tenía que haber llegado antes, no después de quince años en los que también la Junta ha obtenido mucho dinero.

-¿La especulación era rentable?

-La Junta ha recaudado muchísimo dinero en Marbella. Sólo con el uno por ciento que ingresan por la tramitación de cada licencia ya son cantidades ingentes.

-¿Les considera los culpables?

-El cien por cien de la culpa de la especulación es de las administraciones. La falta de suelo hace que suba la vivienda. Se tarda además unos cinco años en gestionar el suelo, y eso encarece la obra. Si todo fuera más rápido, se harían más viviendas y habría menos corrupción.

-La Costa granadina también resulta tentadora. ¿Esconde corrupción urbanística?

-En la Costa granadina no creo que exista ningún caso de corrupción urbanística. Lo único que pasa es que hay suelo que tarda mucho en salir. Cuando aparecen problemas, lo necesario es una investigación judicial. Con un PGOU hay un suelo que cambio de rústico a edificable. Pero en Granada, el 99,9% de las edificaciones se hacen en suelo urbanizable.

-Los promotores, ¿tienen voz o voto en la recalificación del suelo?

-El sector no tiene ninguna fuerza a la hora de recalificar el suelo, es potestad exclusiva de cada ayuntamiento. Un promotor nunca puede decir qué suelo se debe urbanizar. Existe un control férreo del urbanismo, cada vez más duro. Si hubiera dinero para financiar los ayuntamientos, no se vería el urbanismo como forma de financiarse y con la sombra siempre de la corrupción.

-El pago de comisiones a los políticos. ¿Leyenda o realidad?

-En Granada no existen ni ha existido el pago de comisiones, al menos hasta donde yo conozco. Si alguien las paga... lo esconde muy bien.

-¿El sector no juega sucio?

-Hay que olvidar que exista dinero 'b'. No se puede trabajar en el sector con dinero negro. No puedes decir que una promoción cuesta cinco millones de euros si te cuesta siete, porque el seguro sólo te cubre lo que declaras que vale.

-¿Las irregularidades son como las meigas, que haberlas haylas?

-No hay ningún municipio de Andalucía, por pequeño que sea, que no pase por el control de la Junta de Andalucía. Si hay corrupción por parte de los promotores, es porque hay quien la permite.

-Vuelve a apuntar a los políticos. ¿Cree que miran para otro lado?

-No sé si miran para otro lado. Creo que todo es más sencillo: un ayuntamiento vende y el promotor compra.

-¿Por qué ustedes son casi siempre los malos de la película?

-Difícil respuesta. Con los datos del sector, y leyendo entre líneas, queda claro que no lo somos. Llevamos diez años creciendo y es un error que la gente piense que nosotros somos los que especulamos. Nadie se mete con los bancos, con los hoteles o con la Bolsa, y sus protagonistas ganan lo mismo o más que nosotros.

-La opción de retirar las competencias urbanísticas, ¿solucionaría los problemas?

-No creo que la Junta le vaya a quitar las competencias urbanísticas a ningúna ayuntamiento granadino. Y dudo que la solución a estos problemas esté en las competencias urbanísticas.

-El precio de la vivienda está por las nuves. ¿Quién se enriquece?

-Los precios suben pero no porque nos estemos enriqueciendo a costa de los ciudadanos. El promotor sólo se lleva entre un quince y un veinte por ciento del negocio, un porcentaje muy normal para cualquier sector. El proceso es tan lento que siempre se le olvida a la opinión pública que en ese camino hay muchísimos impuestos, gastos, proyectos, actos jurídicos, notarios...

-¿Quién gana más, el constructor o el promotor?

-El promotor tiene más margen de beneficios que un constructor, aunque también existen promociones ruinosas.

-Antes los granadinos podían comprar una casa, ahora...

-A tiempo pasado todo el mundo pone muy bien las banderillas. No sirve hablar de cuánto valían los pisos antes porque el valor del dinero también ha cambiado.

-¿Qué le diría a un joven que no puede comprarse un piso?

-Es cierto que en Granada, de aquí a un par de años, será casi imposible que un joven se compre una casa. Y volvemos al problema de la falta de suelo. Para comprar hay que irse lejos, y cada vez habrá que irse más y más lejos. Pero eso ya pasa en otras ciudades como Madrid, que trabajas allí pero vives a cincuenta kilómetros de diestancia.

-¿La solución apunta a más 'VPO'?

-Las VPO son baratas porque el suelo es gratis. Si a mí me dan el suelo, también hago una promoción barata porque la calidad y el coste de los materiales son iguales, lo único que cambia es que no gastas en el suelo.

-Granada se queda sin suelo, ¿miran a la Vega?

-La Vega siempre es un tema recurrente. He defendido que no se abandone, que no se quede parada. Y eso no quiere decir que se construya. Si quieren defender de verdad la Vega, que expropien los cuatro millones de metros que hay y que articulen algún tipo de programa que no la deje muerta.

-¿Matarla antes de que muera?

-No se puede estar veinte años hablando de la Vega sin hacer nada. Ese terreno se puede dedicar a edificaciones, a zonas lúdicas, deportivas, culturales... pero hacer algo.

-¿Qué propone?

-Estamos en una ciudad en la que tenemos poco terreno y, además, en la que dos tercios del suelo están protegidos por Medio Ambiente o por Cultura. Hay demasiado suelo protegido y deberíamos plantearnos crecer hacia arriba y no de manera horizontal. Esa es la tendencia de los nuevos desarrollos, las ciudades que crecen de forma vertical. En Granada ya no tenemos suelo, quedan los últimos planos y eso no resulta suficiente.

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Hacienda Pública y Corrupción

Concepto y Fines de la Hacienda Pública
Causas del Comportamiento Fraudulento
Análisis de los Sistemas Corruptos
Corrupción Internacional
Manifestaciones de Corrupción en España
Estrategias para Combatir la Corrupción

Financiación de los Partidos Políticos y sus Campañas.

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

En España son varios los casos que han salpicado a los partidos políticos por pedir, y a las empresas por dar, comisiones ilegales que ayudase a financiar las campañas electorales. Sin duda los más conocidos son el Caso Naseiro, el caso Cañellas y, el archiconocido, caso Filesa, este último con la agravante de ser un fraude continuado y de grandes proporciones. Los dos primeros afectan al Partido Popular y, el último al Partido Socialista Obrero Español.

El caso Filesa cobra un papel importante por cuanto ha intervenido el partido que estaba en el gobierno, cuando sucedieron los hechos y, grandes y prestigiosas empresas que no se sabe muy bien qué beneficios obtuvieron. Del caso Filesa se han conocido nombres de políticos altamente conocidos y de ejecutivos que representaban a empresas de la entidad de Cepsa, Banco Central-Hispano, Banco Bilbao-Vizcaya, Elsan, Enasa (Iveco-Pegaso), Abengoa, Pryca, Focsa (FCC), ABB Energía o Catalana de Gas (Gas Natural). En todos los casos se ha acusado a los representantes de las empresas de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y fraude fiscal.

Y es que los partidos políticos mantenían hasta 1.994 una deuda acumulada con bancos y cajas superior a 126.000 millones de euros, a pesar de haber recibido más de 600 millones de euros del Estado desde 1.988.

Esto es así porque hacer, por ejemplo, un mailing electoral de alcance nacional puede rondar los 2.300.000 euros. Si se encarga un tríptico con la cara del alcalde y el programa de un candidato de un pueblo, de digamos 300 habitantes, la broma puede salir por 2.000 euros.

Además de eso, mantener las sedes de los partidos cuesta carísimo y, si no que se lo digan al PSOE, que tiene 4.000 sedes locales y que a finales de 1.994 tenía una deuda, junto con el Partido Socialista Catalán (PSC) de 69 millones de euros, a pesar de ser el partido que más dinero del Estado había conseguido -gracias a su representación parlamentaria- y de la trama irregular que el juez Barbero puso de manifiesto y que ascendía a varios millones de euros.

Desde el PSC se plantea la posibilidad de que el estado eleve las subvenciones actuales de 56 millones de € a más de 75 millones de € anuales.

Por su parte Joaquín Llach, responsable de finanzas de los socialistas catalanes, proponía, incluso, que el Estado incentivara las donaciones privadas haciendo que puedan ser reducidas de la cuota del Impuesto sobre la Renta, que las empresas también puedan dar aportaciones desgravables y totalmente transparentes, y que se prohíban determinados gastos electorales, como pancartas, banderolas, vallas o anuncios en la prensa.

El Partido Popular era partidario de admitir donaciones siempre que se sepa quien las hace, sea persona física o jurídica, pero con un límite de 30.000 euros. Además propone el que sean desgravables de la cuota del IRPF, pero advierte que "Habría que suprimir la posibilidad de donaciones de aquellas empresas que contratan con la administración".

Izquierda Unida, por su parte, limitaría a un millón la donación máxima en una persona física, a la vez que suprimiría la posibilidad de solicitar prestamos privados y haría que el Estado abriera líneas especiales de crédito.

Sin embargo no sólo con dinero se ayuda a un candidato a llegar a La Moncloa, existen otra serie de ayudas que pueden hacer valer un favor en el futuro, alguna de las prácticas habituales son:

- Cesión de elementos de transporte, como por ejemplo aviones privados, donde el candidato sólo paga un billete de primera, en algunos casos junto con sus ayudantes y, puede disponer del avión cuándo, dónde y por el tiempo que desee.

- Existe la cesión de locales e instalaciones inmuebles, para que el candidato pueda departir sus charlas a sus seguidores o a sus ayudantes de campaña. Así mismo se incluye el uso de las instalaciones anexas, con un precio ridículo o ninguno, de las instalaciones deportivas o de ocio, servicios de telecomunicaciones, restaurante, etc.

En este caso el ahorro del candidato está en que el coste de los servicios disfrutados es sólo de una pequeña fracción de lo que esos servicios realmente cuestan.

- Compra al candidato, a sus familiares o a sus ayudantes más próximos, los que pueden optar a cartera, de un gran volumen de ejemplares de su último libro publicado. Estos ejemplares son repartidos después entre los empleados de la empresa, o bien "regalados" a los clientes junto con la compra de un producto. A veces el número de ejemplares es de varias decenas de miles, lo que dificulta su colocación. En el caso de que la empresa sea una editorial, lo normal es adelantar jugosas cantidades a cuenta de los derechos de autor en base " a las ventas futuras".

- El invitar a los políticos a dar charlas y conferencias, normalmente jugosamente pagadas. Por poco más de una hora de discurso se pueden pagar más de 6.000 euros.

- También podemos incluir en este apartado la publicidad gratuita que determinados medios de comunicación, prensa, radio y televisión, hacen de los candidatos ya sea mediante entrevistas "en exclusiva" de gran tamaño, o para resaltar aquellos puntos que los candidatos/partidos presentan a las elecciones, mostrándolos como ideales y adecuados para los intereses nacionales y de los ciudadanos en general. Esta ayuda es, sin duda, de vital importancia, puesto que los medios de comunicación pueden y, de hecho lo hacen, moldear y decantar la opinión pública -y el voto-, de una forma u otra según convenga.


ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Las medidas recomendadas para hacer frente a la corrupción, tanto dentro del sector público como del privado son:

1.- Autolimitación convenida de los gastos de los partidos, especialmente de los gastos electorales.

2.- Facilitación pública, en condiciones de igualdad y de proporcionalidad, de los medios financieros, incluso con adelantos de subvenciones y de publicidad de campañas electorales.

3.- Establecimiento de un sistema de contabilidad de los partidos políticos, con estados contables consolidados que diferencien nítidamente las aportaciones regulares de sus afiliados de los ingresos por aportaciones voluntarias.

4.- Mejora de los incentivos de los funcionarios públicos. En muchos países los niveles de ingresos de los funcionarios han caído tan bajo que éstos no pueden alimentar a sus familias sin acudir al pluriempleo o sin aceptar compensaciones.

5.-Aumento de las sanciones efectivas por corrupción.

6.- Limitar el monopolio, dado que muchos creen que la corrupción es fruto de: C=M+D-T. Es decir, la Corrupción es igual al Monopolio más la Discrecionalidad de los Funcionarios, menos la Transparencia.

7.- Clarificar la discrecionalidad de los funcionarios. Simplificar normas y reglamentaciones, delimitando lo que está permitido y lo que no lo está.

8.- Aumento de la responsabilidad y de la transparencia. La promulgación de normas de conducta y reglas de juego claras hacen más fácil la responsabilidad.

9.- Modificación o revisión de las leyes criminales y su aplicación a los sobornos a funcionarios extranjeros. Examen de las leyes civiles, comerciales y administrativas y reglamentos que condenen el soborno. Modificación de los reglamentos y prácticas fiscales que pudieran favorecer directamente los sobornos, así como examinar los requisitos y practicas contables de las empresas, de tal forma que se garantice la anotación adecuada de los pagos relevantes, junto con una revisión de las normas bancarias, financieras o de otro tipo que se consideren relevantes para llevar libros adecuadamente y que éstos estén disponibles para su inspección e investigación.

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20MINUTOS.ES. 02.11.2006 - El PP suspende a los cuatro concejales que no apoyaron un proyecto urbanístico de 'El Pocero' en Seseña



El Quiñón de Seseña de Toledo, protagonista del conocido como 'caso Seseña' (Foto: Efe) El plan urbanístico fue rechazado con la abstención del PP.
El proyecto pertenecía al constructor Francisco Hernando, 'El Pocero'.
El PP de Toledo ha suspendido cautelarmente la militancia a los cuatro concejales populares de Seseña (Toledo) que no apoyaron un proyecto urbanístico en la zona.

Así lo anunció esta tarde el secretario provincial del PP de Toledo, Jaime Ramos, que también informó de que se había solicitado al Ejecutivo Provincial del partido la apertura del expediente informativo a los cuatro concejales.

Ramos explicó que con la apertura del expediente informativo se quiere esclarecer cualquier duda sobre la actuación de los concejales, y aseguró que este procedimiento podría llegar a concluir con la expulsión de los ediles del partido, si fuera necesario.

El Pleno de Seseña paralizó, con la abstención de los cuatro concejales suspendidos, un plan del constructor Francisco Hernando, apodado como 'El Pocero', principal artífice de la vida política de esta localidad toledana.

La noticia se produce en medio de un clima político marcado por el debate de la corrupción urbanística en España.

Caso abierto por 'ladrillazo'

En Seseña investigan la recalificación de los terrenos sobre los que construye Francisco Hernando.

El alcalde del municipio, de IU, ha denunciado presiones del PP y del PSOE para aprobar el proyecto.

Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'El Pocero'.

El promotor tenía contratados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno a sus obras.

El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros con una votación en la que los concejales del PP se abstuvieron.

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www.eldiariomontanes.com.-Viernes, 1 de septiembre de 2006

Universidad Internacional Menendez Pelayo
«El urbanismo es un perverso método de financiación indirecta de los partidos»


El magistrado del Supremo Martín Pallín propone el incremento de penas para los «funcionarios que se dejan sobornar» y los promotores que se lucran ilegalmente

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, denunció ayer en la UIMP, que «el urbanismo es un perverso método indirecto de financiación de los partidos porque nadie ha querido agarrar el toro por los cuernos y hacer una ley de financiación equiparable a otras que existen en la Unión Europea». El magistrado se lamentó de las escasas penas con las que se condenan este tipo de conductas, que no pueden ser calificadas como «delitos menores», por lo que demandó una mayor persecución para «los funcionarios que se dejan sobornar» y «los promotores que se lucran con estas actividades». En concreto, propuso incrementar las penas actuales (de dos a cuatro años) para situarlas entre los ocho y los diez.

Pallín apostó por la creación de «un organismo centralizado» que colabore en la planificación urbanística y «pueda llamar la atención e incitar a los tribunales a actuar», lo que a su juicio se podría conseguir sin vulnerar el principio de la autonomía municipal, que se utiliza como «excusa demagógica» para no ejercer un control estricto sobre este tipo de actividades. Máxime cuando se trata ya de un problema «supranacional», puesto que «el más de medio millón de ciudadanos de la UE que viven en España ya ha puesto más de 15.000 quejas al Parlamento Europeo» por la actuación de los promotores, «que se han convertido en depredadores del terreno en connivencia con los ayuntamientos».

A su juicio, y siempre «respetando absolutamente» la autonomía municipal, ésta no se puede entender como la imposibilidad de «corregir, fiscalizar o paralizar planes urbanísticos» que signifiquen una fuente de ingresos para los ayuntamientos «a costa de vulnerar la legalidad».

«Detrás de eso vienen la corrupción, los sobornos, la especulación y destrucción del hábitat», denunció Pallín al referirse a muchas de «esas fastuosas promociones inmobiliarias que no llegan al 40% de viviendas habitadas», mientras que el 60% restante pertenece a «inversores que utilizan el ladrillo para lavar el dinero negro».

En este sentido, instó a que la Justicia paralice los planes urbanísticos «hasta que se decida sobre su legalidad», y puso como ejemplo el proceso que se ha seguido en la opa de E.ON. El miembro de la Sala Segunda señaló que si este tipo de actuaciones se analizaran «en un plazo razonable de un año» la paralización no supondría ninguna dificultad para que los ayuntamientos pudieran seguir prestando sus servicios. «No se puede resolver sobre un plan urbanístico a los diez años, cuando ya está prácticamente desarrollado, y volar todo lo que está hecho», se lamentó Pallín, para quien «el urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos de los ayuntamientos».

El magistrado apoyó estas afirmaciones con el ejemplo de Marbella, que a su juicio «está completamente extendido», también en la costa del Cantábrico, de la que citó como caso más evidente la provincia de Lugo.

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El confidencial.com.7 de octubre de 2006

Ciudadanos contra la corrupción


Los recientes escándalos urbanísticos están generando un movimiento ciudadano contra la corrupción. Amenaza con comprometer la representación de los partidos mayoritarios en las próximas elecciones municipales y autonómicas, sobre todo en los municipios pequeños. Desencantados con los grandes partidos, estos grupos han optado por jugar sus cartas políticas y presentrse como alternativa. Para ello, cuentan además con un arma: la Red.

Asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, foros ciudadanos e incluso partidos políticos locales surgen como champiñones por todo el territorio patrio clamando contra un modelo de corrupción al que achacan unos precios de viviendas inaccesibles, el sobreendeudamiento de las familias, un blanqueo de dinero generalizado, el desarrollo de un urbanismoo insostenible y una transformación dramática de sus pueblos a golpe de ladrillo.

Abogados, arquitectos, ingenieros, ecologistas, jóvenes... integran estas redes vecinales. Distintas todas, tienen puntos en común, como su carácter local, la denuncia de todo tipo de corrupción, una defensa férrea de los recursos naturales, la activa participación de mujeres, una importante vertebración a través de Internet y la desvinculación total de los partidos políticos mayoritarios.

Marbella (Málaga)

Ha sido el detonante. Marbella se ha convertido en el símbolo de la corrupción urbanística con un balance, entre otros, de 30.000 viviendas irregulares. La localidad malagueña se encuentra hoy en manos de una gestora tras ver pasar por la cárcel a su equipo de gobierno. Y los vecinos han tenido un protagonismo indiscutible en la denuncia de las irregularidades del consistorio marbellí.

Mercedes Vázquez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, cuenta cómo, en julio de 2005, se produjo en el seno de la Federación una moción de censura en la que cambió toda la junta directiva, hasta entonces progilista.

La Federación está volcada en estos momentos en conseguir que “todo el patrimonio incautado revierta a un Ayuntamiento que está en quiebra para compensar la situación económica tan penosa en que lo han dejado y que se invierta en infraestructuras, tan necesitadas en estos momentos”. Con algunos de sus miembros “de distintos colores políticos” en la gestora marbellí, la Federación reivindica también una mayor participación ciudadana.

Personalmente, le molesta oír hablar de “marbellización” en términos despectivos, “porque nadie ve a la otra Marbella. La de los ciudadanos de a pie que hemos sufrido y denunciado tantos desmanes”, se duele. La Federación que representa esperaba más de la gestora, aunque reconoce que “sufre muchas presiones políticas”. Para ellos, Internet es importante para poner en contacto a los vecinos y para darse visibilidad a través de su web www.vecinosdemarbella.com.

Estepona y Espartinas

Sin salir de la provincia de Málaga, -no en vano el litoral mediterráneo, especialmente la Costa del Sol, es una de las zonas más castigadas por la corrupción-, los casos se suceden. En la vecina Estepona, ha surgido un grupo, fruto de una escisión de Izquierda Unida, llamado Convocatoria. Gerardo Galán, uno de sus miembros, explica que la escisión se hizo efectiva cuando la formación de izquierdas formó parte de un tripartito en 2003 con PSOE y el gilista Partido de Estepona (PES).

Los integrantes de Convocatoria se definen como “ecosocialistas” y se plantean presentarse a las próximas elecciones. Entre otras cosas, denuncian el “urbanismo desordenado” que supone el plan de incrementar esta población en 80.000 viviendas en diez años. Todavía hoy, Estepona cuenta con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables, donde esta nueva fuerza es la única parte personada.

Galán confiesa que sus integrantes hacen reuniones virtuales gracias al chat, manteniéndose en contacto con otras redes cívicas a través de Internet. Su página web está en construcción, pero en este blog en ella ya aparecen recogidas algunas de sus actuaciones.

Los tentáculos de la corrupción marbellí han llegado también hasta la localidad sevillana de Espartinas, donde se pretenden recalificar 20 hectáreas de suelo rústico en favor de una empresa cuyo administrador único es el concejal de urbanismo.

El colectivo Ciudadan@s de Espartinas lleva tiempo denunciándolo en su activa página. Uno de sus promotores, el arquitecto Ramón Gil Manrique, confirma la no adscripción política de sus integrantes. “No creemos en los partidos mayoritarios. Están todos implicados en la corrupción urbanística. Yo creo que en las próximas elecciones votaré en blanco”, sentencia.

A Estrada (Pontevedra)

Y de Andalucía, a Galicia. El tablero de la corrupción salpica a toda la geografía. Aedru.org surgió en junio de 2005 en contra de un plan diseñado para 150.000 habitantes en el pueblo pontevedrés de A Estrada, de 23.000 almas.

Los vecinos, que de nuevo no se definen polí­ticamente, contrataron a un técnico urbanista y descubrieron la apertura de calles de forma irregular, suelos clasificados también irregularmente y muchas otras actuaciones discrecionales. Asimismo en el estudio económico-financiero del Plan terrenos que éste valoraba a 9 euros el metro cuadrado, en la realidad el precio llegaba a los 600 euros. Finalmente, el PGOU no fue aprobado por la Xunta teniéndose que volver a hacer de nuevo, atendiendo en parte a las peticiones de modificación presentadas por Aedru junto con mas de 3000 firmas a la Xunta de Galicia.

Los miembros de Aedru son de todas las tendencias políticas y sus propuestas intentan ajustarse a la realidad, tratando siempre que sean económicamente viables. Para ellos, Internet es muy importante, porque "es un lugar donde hay confluencia de ideas y -en su opinión- es el único sitio donde se dice la verdad".

Moralzarzal (Madrid)

La Comunidad de Madrid tampoco se ha librado de recientes escándalos. Esta semana, tuvo que dimitir el director general de Urbanismo de la CAM, Enrique Porto Rey, cuya antigua empresa, Plarquin, elaboró unos planes para Moralzarzal que preveían la construcción de viviendas en un terreno no urbanizable de especial protección medioambiental, a cinco kilómetros del núcleo urbano.

La Plataforma Democrática de Moralzarzal, convertida ya en tercera fuerza política, con una concejala en el Ayuntamiento, se ha opuesto reiteradamente a estos planes. Su declaración de intetnciones es la siguiente: “Queremos un Pueblo para los Ciudadanos. Queremos una política que genere empleo, que atienda servicios y necesidades de sus habitantes”. Esta concejal se llama Mª Ángeles González Santero, es licenciada en derecho y hace gala de ofrecer un programa muy sensato y volcado en la política local. Prevé mucha abstención en las próximas elecciones municipales y autonómicas porque, según cree, “la corrupción ha ido in crescendo y últimamente se muestra sin pudor”.

Esto es sólo una pequeña muestra tanto de los escándalos existentes como de los movimientos que los denuncian. Pero hay muchos más. El próximo día 21 de octubre, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, se reúne en Marbella y hace un llamamiento a todos aquellos “preocupados por la corrupción en el territorio español”. Como reza el antiguo axioma, la unión hace la fuerza.

El Confidencial ha habilitado una dirección de correo electrónico - ciudadanoscontralacorrupcion@elconfidencial.com - para que puedan enviarse las denuncias sobre cualquier tipo de actuación sospechosa de corrupción urbanística.

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La Voz de Galicia.es.15-10-2006.-Las Aulas na Costa da Morte delatan los errores del urbanismo actual
Xerardo Estévez, ex alcalde de Santiago, dijo que se condicionan votos a cambio de licencias

La planificación ha dado paso a una suma de intereses inmobiliarios de los inversionistas.-Llegó a manifestar que se está «vinculando votos a cambio de licencias» de construcción.



(Lugar: x.a.| carballo)


?os participantes en las Aulas na Costa da Morte, que organiza la Universidad de A Coruña, pusieron en entredicho las políticas urbanísticas que se llevan a cabo actualmente y denunciaron algunos de los errores más frecuentes que generan. El ex alcalde de Santiago, Xerardo Estévez, uno de los ponentes ayer en Vimianzo, fue claro: «A palabra planificación desapareceu». Aunque fue el más incisivo, los otros dos arquitectos presentes también criticaron tendencias actuales. En concreto, Amparo Casares Gallego, profesora de la Escuela de Arquitectura, puso la localidad de Caión como paradigma de los desastres que suelen cometerse en la zona.

Xerardo Estévez dio un profundo repaso a la situación. Llegó a manifestar que se está «vinculando votos a cambio de licencias» de construcción. En su breve exposición, que incluso no estuvo exenta de rasgos poéticos, apuntó que los planes generales de ordenación municipal «levantan sospeitas» en todas partes y que la planificación desapareció porque los ordenamientos se han convertido en mera sumas de opciones de compra que suelen presentarse antes de que los PXOM se aprueben.

En su opinión, hay que llegar «a un punto no que se diga que ata aquí chegamos». Calificó la Lei do Solo de 1998 que aprobó el PP como «terrible». ¿Por qué? Porque todo aquello que no es protegible es edificable. Y puso como ejemplo que si hay propuestas para edificar todo el suelo de Vimianzo de una vez, siguiendo la filosofía de esta ley, sería posible. El ex alcalde compostelano cree que alguno de los males que llevan a esta situación es el «turbourbanismo» y el mercado desenfrenado en una sociedad sobremoderna en la que el individualismo sale ganando.

Apuntó, por otra parte, que es positivo que en la Xunta haya un ejecutivo que pare los pies a ciertos proyectos, aunque señala que es deseable que del propio Gobierno gallego puedan surgir propuestas alternativas y rentables.

También se dieron algunos datos. Actualmente, en España se construyen 850.000 viviendas al año, que son las que suman Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Y esto sucede en un país en el que hay 3.000.000 de viviendas vacías y la escalofriante cifra de 850.000 millones de euros en hipotecas.

Los ponentes denunciaron claramente la obsesión de las Administraciones locales de dar salida a todos los que quieran hacer inversiones urbanísticas. «A vivenda como obsesión enfermiza», calificó Estévez. Y no la respuesta a una necesidad real de construcciones. Una de las consecuencias es que, a pesar de que se puedan cumplir todas las normativas, nadie, ni siquiera el que adquiere un piso o una casa, está satisfecho con el resultado.

Algunos de los presentes expresaron sus temores sobre el futuro de la Costa da Morte a causa de las múltiples urbanizaciones proyectadas.

El Correo Gallego.15 de octubre de 2006.- El urbanismo para incumplir
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Una planificación rígida y órdenes que nunca se acatan están detrás de la destrucción del patrimonio ambiental y arquitectónico ·· Algunos PXOM impiden en la actualidad la implantación de empresas
POR JUAN J. RAPOSO ARCEO *


Todos los días la prensa nacional, e incluso ya la extranjera, se hacen eco de escándalos vinculados a la situación del urbanismo en España. Es patente la existencia de un foco notorio de corrupción, que junto a la destrucción sistemática de nuestro patrimonio ambiental y arquitectónico, conforman nuestra realidad cotidiana. Y esta situación hace necesario abordar sus raíces a fin de explicar cómo hemos llegado a la misma y sus posibles soluciones. Estimo que no se trata de un problema, tan sólo, de personas (aunque sus notorias deficiencias formativas y morales, en muchos casos son patentes), sino de estructuras y del ordenamiento jurídico vigente.

Parece necesario abordar, siquiera brevemente, el marco normativo en que nos movemos. Si hablamos de urbanismo hemos de tener en cuenta que en España está condicionado por la existencia de una estructura jurídica dual que se articula en un doble plano: por un lado, leyes, reglamentos y ordenanzas de ordenación del territorio, del suelo, y edificatorias; y por otro, planes, generalmente de ámbito municipal, y que también son normas.

Esta sistemática surge en un contexto histórico muy determinado, con la Ley del Suelo de 1956. Su intención, como el de otras normas y disposiciones, era ordenar y racionalizar la edificación y los procesos urbanísticos. Y, especialmente, dirigirlos. Se inserta en una tradición que pretendía crear ciudades perfectas, utópicas, y que cuenta con antecedentes remotos. El propio nombre de "utopía" nos remite a la ciudad ideal de Tomás Moro. Más recientemente, otros autores han tratado de prefigurar modelos de ciudades que respondan a las necesidades de la población y que faciliten y mejoren sus condiciones de vida. Desde la ciudad jardín de Ebenezer Howard, pasando por la Ciudad Lineal de Arturo Soria, hasta la Broadacre City de Frank Lloyd Right, por citar sólo algunos de los múltiples intentos de crear nuevas tipologías de ciudad y por tanto de convivencia, ha sido sistemático el anhelo de generar un espacio ideal que permitiese el desarrollo del hombre. Sin embargo, tanto los intentos de crear nuevas formas de ciudad como de ordenar el territorio no han conseguido sino éxitos muy limitados, y estimo que los planes generales de ordenación urbana son un ejemplo más de lo que afirmamos.

Es precisamente este marco de planificación, rígido, imperativo, de un urbanismo de órdenes y previsiones que nunca se cumplen, el que constituye el caldo de cultivo de la situación actual. Y voy explicar los motivos de tal afirmación.

1º.- La planificación urbanística no es sino una especie del género planificación económica. Si ésta, aplicada en los países de economía centralizada, no ha tenido resultados excesivamente satisfactorios, no entendemos la razón de someter un sector tan importante en este momento en España como es el de la actividad constructiva, así como la ordenación del territorio, a tales planes, que, como sus programas temporales de desarrollo (similares a los quinquenales de las economías mencionadas), nunca han sido operativos.

2º.- La planificación urbanística, tal como se había diseñado en las sucesivas leyes del suelo, jamás se ha aplicado. Originada en la referida ley de 1956, ya fue sistemáticamente preterida por los alcaldes de la época, e incluso por normativas como la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963 o la Ley de Costas de 1969. Era una planificación virtual pero que no se aplicaba en la práctica. Y esta disociación entre lo diseñado por el planificador y lo realmente ejecutado es una constante que ha permanecido, e incluso a veces se ha ensanchado en nuestros días.

3º.- Resulta hoy totalmente imposible determinar, a varios años vista, cuál va a ser la orientación del desarrollo urbano. Y menos aún dirigirla en su totalidad. Un ámbito territorial determinado, por ejemplo un municipio, tiene tantas variables que inciden sobre él (geográficas, históricas, económicas, sociales, políticas, climáticas), que es imposible determinar cuál va a ser la orientación futura del desarrollo de ese municipio. El principal fallo de la planificación es que no es consciente de la aleatoriedad que incide en el devenir del ámbito objeto de aquélla. Juega con certezas, cuando lo que existen son posibilidades. En horizontes temporales de varios años no se puede predecir la lógica de la orientación empresarial. Los planes hoy pueden incluso ser factores que no sólo no favorezcan sino que impidan la implantación de empresas, lo que es sabido por muchos alcaldes, y resulta totalmente ilógico sobrando suelo no calificado como especialmente protegido.

4º.- El déficit absoluto de participación democrática en la elaboración de los planes. En efecto, se confunde sistemáticamente, estimamos que de forma interesada, el derecho de audiencia y de alegaciones, con el de participación en su elaboración. Este último debe de ser preferente y precedente a aquel. Y no quedarse en simples formalismos. Cuando el ciudadano accede al plan, este está diseñado, y sólo puede alegar. Alegaciones que suelen ser informadas por el mismo equipo que ha diseñado el plan, y que de ordinario informan negativamente, dejando al ciudadano en la tesitura de aquietarse ante lo que se le impone o recurrir en vía contenciosa, con escasas posibilidades de éxito, ante una jurisprudencia que ha hecho de la discrecionalidad del planificador un baluarte poco menos que inexpugnable en la mayoría de los casos.

.- La rigidez de los planes. Una vez elaborados es muy difícil modificarlos. En la mayoría de los casos, en Galicia, exigen la intervención de la Administración autonómica, además de la municipal afectada, lo que hace aún más complejo el proceso. En la práctica, una vez aprobado un plan, hasta su próxima revisión deviene en una norma de inexorable aplicación y casi inmutable. Pero esta situación no podemos pensar que sea irreversible, existen, estimo, salidas que nos permiten superarla. Mañana continuaremos.

*Profesor de la Escuela Universitaria de Empresariales de la Universidade de A Coruña

 

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Un nuevo urbanismo en Galicia

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Normas más claras y sencillas, elaboradas desde abajo con las ideas del ciudadano, permitirían una planificación más humana del espacio ·· Los municipios serán los únicos autorizados para su desarrollo, eso sí, a través de órganos plurales y no de concejalías unipersonales
POR JUAN J. RAPOSO ARCEO *
Decíamos ayer que con el estado de cosas descrito nos encontramos con que el planificador urbanístico deviene en una especie de poder teocrático que hace y deshace fortunas. Como en el milagro de los panes y los peces, su mano, al trazar una línea, o grafiar un espacio con un determinado color, puede convertir un erial en un tesoro de valor centenas de veces superior al inicial. De ahí, aunque no sólo por ello, la existencia de una enorme corrupción que aunque de todos conocida, y aflorando cada vez con mayor extensión e intensidad, nadie parece tratar de atajar, quizás por la incidencia del urbanismo en la financiación de las administraciones locales, y pudiera ser que también en la de los partidos políticos.

Pues bien, ante este estado de cosas, y teniendo en cuenta que la planificación no ha dotado a nuestro territorio de una mejor y más racional ordenación, ni está posibilitando la salvaguardia de nuestro patrimonio ambiental y arquitectónico, ni garantiza la integridad de nuestros paisajes y de nuestras costas, estimo que es necesario una modificación del sistema actual. Frente a tal estado de cosas se nos dice en todos los foros, de forma generalizada, que quien es opuesto al plan es enemigo declarado de toda racionalización del territorio, y que predica un "urbanismo sin ley". Pues bien, estimo que esa identificación entre "ley y plan" es totalmente rechazable. Cabe otro urbanismo, un urbanismo sin planes imperativos, más humano, más participativo y democrático, que solucione problemas en vez de generarlos. En este sentido, creo que este nuevo urbanismo debiera descansar sobre los siguientes pilares:

1º.- Normas más sencillas. La legislación en materia de suelo se ha hecho cada vez más críptica, su hermenéutica parece sólo accesible a un puñado de elegidos. Nada más lejos de la realidad. Deben hacerse normas sencillas, simples de concepción, y que se apliquen. Más reducidas en extensión, más eficaces en cuanto a intensidad de aplicación.

2º.- Es necesario sustituir los planes generales de ordenación urbanística, tal como hoy están concebidos, por otros instrumentos, más ágiles y eficaces, bien sean directrices, programas o, si se quiere, seguir denominándolos así por planes estratégicos. Instrumentos que habrían de ser de carácter esencialmente indicativo y prefigurarían, fundamentalmente, las estructuras y equipamientos de un territorio. En materia de trazado urbano tendrían un carácter esquemático, fijando lógicas proyectuales, y con un contenido normativo producto de estudios elaborados por los actores implicados (comisiones de transportes, infraestructuras, propietarios, promotores, arquitectos, etc). Como señala Patrick Geddes, "para planificar, antes que nada, comprender". En realidad no estamos sino postulando una vuelta a los orígenes de la legislación urbanística, en particular a la Town Planning Act de 1909, y a una orientación de un urbanismo menos ambicioso, pero quizás más efectivo.

3º.- La racionalización de las competencias de las distintas administraciones implicadas. En el nivel estratégico a que hemos hecho referencia tendrían participación las comunidades autónomas y el Estado (pese a la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, que ha balcanizado el urbanismo, dejando al Estado, a mi juicio, en forma absolutamente errónea, en una posición residual), toda vez que ámbitos como el de infraestructuras exigen lógicas regionales y nacionales, e incluso transnacionales. La comunidad autónoma de Galicia habría de centralizar en una única Consellería, la actual de Política Territorial, la totalidad de las competencias en esta materia, a fin de evitar retrasos y problemas de coordinación entre departamentos.

En el nivel de desarrollo del planeamiento, la competencia debe ser únicamente municipal. Y para evitar posibles actuaciones determinantes de desviación de poder, cuando no residenciables en el orden jurisdiccional penal, es decir, lisa y llanamente, para evitar la corrupción que nos asola, la planificación y la gestión urbanística, incluidas las licencias, habrán de ser competencia de todos los grupos municipales que habrían de estar integrados en la comisión de urbanismo, y en la que deben también participar representantes de las asociaciones vecinales y de los colegios profesionales y corporaciones con intereses y afectados por el urbanismo. Es necesario suprimir las concejalías unipersonales de Urbanismo, de forma que la autoridad en la materia la tenga un órgano colegiado y pluriparticipativo.

4º.- Es necesaria una mayor participación democrática en la ordenación del territorio. Debemos hacer un urbanismo de abajo a arriba, y no como acontece hoy, esta suerte de despotismo urbanístico y no muy ilustrado que padecemos. Estimo que sería positivo repetir experiencias como los PAI (programas de acciones inmediatas), que se produjeron en Madrid en los años setenta. Frente al proceso burocrático y formal, oponemos lo que Henri Lefebvre ha definido como "derecho a la ciudad", la creación de la ciudad por y para los ciudadanos, un derecho a la vida urbana transformada y renovada. Es preciso reivindicar las denominadas smart cities, esto es, aquellas comunidades capaces de vincularse de una manera activa en los procesos de diseño y transformación de la ciudad.

5º.- Por último, a la participación, debemos de unir la transparencia. Con los medios tecnológicos actuales resulta ridículo que el acceso a la información en muchos ámbitos urbanísticos se realice como en el siglo XIX. Y no hablo de situar en Internet determinadas disposiciones. Toda la información urbanística del municipio debe de ser accesible. Incluidos los proyectos. Su entrega debe realizarse en formato digital en la Administración competente, y ser totalmente accesible, a efectos de no convertir la acción pública en el urbanismo en una mera declaración de intenciones. Y mientras esto no se realice, habrán de cumplirse las prescripciones del Reglamento de Planeamiento que establece que todo ciudadano tiene derecho a acceder a todas la información urbanística, al menos durante cuatro horas, todos los días de la semana, en horarios de despacho al público (cfr. Artículo 164.3 Reglamento Planeamiento de 1978).

Es necesaria una reforma en profundidad de la ordenación urbana y territorial. Debemos de obtener un territorio, y especialmente un espacio urbano, en los que se garantice un desarrollo sostenible, no empobrecedor de los recursos, que fomente la solidaridad y la vida de relación de los ciudadanos, donde éstos puedan disfrutar de espacios públicos de calidad, al tiempo que se respeten los derechos de todos los actores implicados. Deben aunarse los intereses públicos y privados, tan legítimos unos como otros.

Es preciso también hacer un urbanismo de calidad, reivindicando el papel de la arquitectura en el mismo que estimo arrumbada en la actualidad. Lo que no cabe es quedarnos como estamos. Quizás aquí, desde Galicia, que aún está a tiempo de impedir desastres urbanísticos como los acaecidos en otros lugares de España, podamos iniciar una nueva etapa de la ordenación urbanística, que impida la destrucción de nuestro patrimonio, y que pueda erradicar, o al menos minimizar a su ámbito natural (una patología del sistema) la corrupción, hoy rampante.


*Profesor de la Escuela Universitaria de Empresariales de la Universidade da Coruña

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Terra.es.30-10-2006.-Alcaldes socialistas harán públicos sus bienes en cada mandato.Sostuvo que, en cambio, la corrupción urbanística es 'estructural' dentro del modelo de urbanismo 'especulativo' que promueve el PP.Añadió que este partido es 'complaciente' con esa corrupción urbanística y que, en lugar de expulsar a los responsables, los protege y a los que persigue es a los que denuncian los casos.


Los alcaldes y concejales socialistas de la Comunidad de Madrid deberán hacer públicos sus bienes e intereses antes y después de cada mandato, y no podrán participar en empresas vinculadas al urbanismo de su municipio, ni cuando dejen la política, según los compromisos que adquirieron hoy con su partido.

También tendrán que realizar, al final de cada legislatura, una 'auditoría urbanística' sobre el grado de cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, y deberán actuar con 'firmeza' y 'rigor' en 'todo' lo referente al régimen de incompatibilidades de cargos públicos.

Los alcaldes socialistas de la región asumieron hoy estos cuatro compromisos 'éticos', tras una reunión con la dirección del Partido Socialista de Madrid (PSM).

Además se comprometieron a 'no apoyar desarrollos urbanos sin que se garantice, por parte de sus promotores, tanto una oferta adecuada de vivienda protegida, como la satisfacción de los servicios básicos de accesibilidad y transporte público, abastecimiento y depuración de agua, tratamiento de residuos y abastecimiento eléctrico y de comunicaciones, así como las necesarias dotaciones y espacios públicos de uso colectivo'.

El secretario general del PSM, Rafael Simancas, aseguró que todos los cargos públicos socialistas darán a conocer su declaración de bienes e intereses antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, a fin de demostrar que no ha existido 'enriquecimiento inexplicable' de su patrimonio durante su mandato.

Simancas afirmó, tras la reunión con los alcaldes, que la corrupción urbanística es 'excepcional' dentro del urbanismo 'sano' y 'limpio' que promueve el PSOE; y destacó que, cuando aparece algún caso, su partido 'expulsa' a los responsables y acude a la Justicia.

Sostuvo que, en cambio, la corrupción urbanística es 'estructural' dentro del modelo de urbanismo 'especulativo' que promueve el PP.Añadió que este partido es 'complaciente' con esa corrupción urbanística y que, en lugar de expulsar a los responsables, los protege y a los que persigue es a los que denuncian los casos.

Los compromisos de los alcaldes socialistas forman parte de un documento titulado 'Compromiso socialista por un urbanismo al servicio del interés general', que incluye propuestas como que la 'decisión de reclasificar cualquier hectárea de suelo para hacerla urbanizable debe estar rigurosamente justificada' y principios como que 'el crecimiento urbanístico en sí mismo no es sinónimo de mayor bienestar'.

Simancas hizo hincapié en que los ciudadanos tendrán que elegir el próximo 27 de mayo, día de las elecciones, entre el modelo urbanístico 'especulativo' del PP y el 'sano' y 'limpio' del PSOE

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ATTAC:ORG.-EL URBANISMO PUEDE SER MOTOR DE CAMBIO SOCIAL?

En ATTAC tenemos muy claro que gran parte de los capitales del ladrillo especulativo proceden de paraísos fiscales, y por ello es obligatorio intervenir junto a otras organizaciones sociales para parar el proceso.

Necesariamente debemos analizar con seriedad el peso desmesurado que ha adquirido el ladrillo en la economía española y en los municipios. Se acercan elecciones municipales y desde ATTAC conviene opinar e influir hacia los que concurren a los comicios. Hay que alejarse igualmente de descalificaciones vulgares y facilonas, pues no todos los alcaldes y alcaldesas claudican ante las presiones de los especuladores.


¿Puede haber un urbanismo de derechas y otro de izquierdas? Si. ¿Se puede practicar un urbanismo honrado desde la derecha, cumplidor de las normas? Pues claro que si. ¿Es de izquierdas cumplir solo exactamente lo establecido y regulado? Creo que no necesariamente. Eso es simplemente lo lógico, es mas cuando hacemos estas reflexiones no podemos sino pensar que algo funciona mal.

Desde la izquierda y el centro izquierda, debiera pensarse en el reparto social de las plusvalías del sector. En mezclar población y no permitir guetos ni de pobres ni de ricos, en ubicar las V.P.O en barrios amplios y seguros, junto a otras urbanizaciones. Pensar en el paisaje, también en el urbano. Impedir la destrucción sistemática del territorio con urbanizaciones extensivas. Hacer una prioridad de la vivienda publica y protegida e innovar y experimentar mejoras en ella. Defender realmente el espacio rural, los bosques periurbanos (donde queden) y no inventar formulas mixtas y degradantes de chalet escondidos o disimulados entre arboledas, de campos de golf como si fueran zonas verdes o informes ambientales de esos que justifican cualquier tropelía. Pueden ser alguna de las premisas de las que propongo deberíamos partir.

Pero también del sentido común y de la inteligencia. Me explico; ¿significa desarrollo y empleo una depredadora urbanización del medio? En todo caso algún empleo temporal mientras duran las obras, luego nada. Además quien se lleva todo el beneficio es el promotor. El tipo de ciudad extensa o dispersa que hoy se practica solo beneficia al vehículo privado, al derroche energético y de suelo, y a las grandes superficies comerciales, pero no a las economías locales. En pocas palabras, pan para hoy y hambre para mañana. Y no pensemos en nuestros nietos, que vivirán en un mundo mas seco y con escasísimo petróleo. Generaciones futuras en las que por cierto no pensamos jamás.

¿Es el ladrillo y la urbanización el motor de desarrollo de una población? No. Hay que volver a pensar en proyectos I+D, en energías alternativas, en agricultura ecológica, en turismo rural (de verdad, claro y sostenible), en turismo cultural, en definitiva en opciones diferentes que creen empleo en el futuro y defiendan lo sostenible en el presente. En las grandes ciudades es necesario apostar por los espacios de convivencia y esparcimiento, por la cultura e integración ciudadana y por las viviendas muy asequibles para jóvenes, en régimen de alquiler preferentemente.

Creo que en el fondo se trata de recuperar los valores de la izquierda, en la gestión local, tal vez ahora nos conformemos con los de una socialdemocracia renovadora y consecuente, y por supuesto exigir a los partidos progresistas que sean un elemento de creación de pensamiento crítico y con disciplina, pero no para controlar a locos y rojos peligrosos que piensan, sino para difundir criterios, apartar a gestores/as con alma de hormigón, amigos de especuladores favorecedores de la insostenibilidad, de la destrucción del paisaje y de la privatización del medio ambiente.

No sirve cualquiera para edil desde ciertas filas. No es solo la gestión lo que debiera alimentar la acción de gobierno de la izquierda en los municipios y mucho menos si el éxito de esta, se basa en la cantidad de grúas que se visualizan en un pueblo o ciudad. ¿Que ocurre si esto no se da? Pues muy sencillo, la ciudadanía comprometida y concienciada, se agrupa en otras plataformas y movimientos sociales al margen de los partidos que no le ofrecen en sus estructuras locales y provinciales ninguna posibilidad de actuación ni de reflexión critica, ni siquiera de esperanzas de que esto cambie alguna vez. Por eso al margen de los partidos tradicionales esta surgiendo poco a poco y cada vez con mas fuerza un elemento de lucha y de defensa de los valores ciudadanos y del bien común, que por cierto muchas veces no coincide con el de los propietarios de suelo y de los promotores.

¿Que hacer ante esto por parte de las electas y electos locales?. ¿Despreciar a los medioambientalitas, altermundistas o simples ciudadanos defensores de su entorno, poder ir en bicicleta o pasear por sus bosques?. ¿No habría más bien que hacer más participativas las decisiones y dialogar con estos sectores en lugar de observarlos con recelo?. No me corresponde a mí definirlo, pero hace falta saber que ser de izquierdas, no lo define un carné o un cargo, sino un estilo de vida, una forma de pensar y de actuar y sobre todo hechos que corroboren tal afirmación. La política no puede quedar en manos de los “profesionales” muchas veces sin oficio ni beneficio, ni los partidos pueden consentir desmadre alguno y no solo el incumplimiento de un precepto legal, no. La acción de un alcalde o alcaldesa de un partido de izquierdas, no la decide un juez, la inspira la ética, las ideas y los valores, so pena que este sea una simple maquina electoral y no un elemento de cambio y transformación social, a favor de los que no tienen mas capital que su voto.

Por eso se puede hacer un urbanismo de izquierdas, que sea motor de viviendas sociales y públicas sostenibles, defensor del medio ambiente y con servicios públicos para todos y para todas, en todos los barrios, no solo en los centros económicos, porque los centros históricos son ya otra cosa, muy degradada en demasiados casos. El suelo como mero elemento de mercancía, debe desaparecer de nuestra visión y sobre todo hay que recuperar la iniciativa política en la gestión urbanística. Deben ser los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, quienes definan y ordenen el territorio, en base a la sostenibilidad, a la dotación de servicios e infraestructuras y a la habitabilidad y humanización de las ciudades, y no los grandes promotores con proyectos bajo el brazo dispuestos a impulsar su ciudad, su modelo de ciudad y su forma de especular. Hay que volver a hacer del urbanismo algo publico, porque el que se hace ahora en demasiados sitios, esta privatizado de facto.

Finalmente hay que dotar a los ayuntamientos de recursos, porque sino, la tentación de que la caja esta en el suelo publico o en los convenios, seguirá pesando demasiado en personas que muchas veces realizan una tarea tan ingente como ingrata. En cualquier caso, es imprescindible que todo el movimiento social en su conjunto, se tome esto muy en serio y comience a hacer oír su voz y a presionar para impedir el masivo desaguisado que se está cometiendo. La batalla de la opinión se puede ganar con facilidad, ahora falta hacer propuestas, que estas se implementen y acaben ejecutándose.

En ATTAC tenemos muy claro que gran parte de los capitales del ladrillo especulativo proceden de paraísos fiscales, luego es obligatorio por nuestra parte intervenir.

Carlos Martínez García. Urbanista. Miembro de Attac

 

 

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Joaquín Estefanía, El País, 23-10-2006.- La corrupción como apropiación del Estado

"Corrupción es el intrusismo del Gobierno en la eficacia del mercado, con sus regulaciones. La corrupción es nuestra protección. La corrupción nos mantiene sanos y salvos. La corrupción permite que ganemos"

Un personaje de la película Syriana, sobre las complicidades en el mundo del petróleo, contesta excitado a su interlocutor: "Corrupción es el intrusismo del Gobierno en la eficacia del mercado, con sus regulaciones. La corrupción es nuestra protección. La corrupción nos mantiene sanos y salvos. La corrupción permite que ganemos". He aquí un ejemplo de quienes creen que un poco de corrupción, como la existencia de los paraísos fiscales, permite engrasar el sistema y hacerlo eficaz.
En parte por el enorme valor del suelo en la construcción, en parte por la cercanía de unas elecciones municipales, España vive un brote de corrupción: recalificaciones de terrenos, adjudicaciones de contratos públicos, corrupción de funcionarios, conforman esta especie de segunda generación de la corrupción, esta vez centrada en lo local, tras aquella primera lista de casos que protagonizaron la vida pública a partir de los años ochenta (Banca Catalana, casos Juan Guerra, Filesa, Naseiro, Roldán, túnel de Sóller, tragaperras del País Vasco, el 3%, Gescartera, Pallerols, Pascual Estevill, lino, etcétera).
Por el momento, los casos conocidos, pendientes casi todos ellos de depuración por la Justicia, afectan a representantes de los dos principales partidos políticos, además de a numerosos outsiders (por ejemplo, Marbella y el GIL). Todavía no se sabe qué porción del dinero apoderado tiene como destino las finanzas de las formaciones políticas (en cuyo caso la corrupción urbanística devendría en financiación ilegal de los partidos) y qué porcentaje del mismo se queda en los bolsillos de los particulares implicados en ellos. Pero en uno u otro lance se habrá de contestar al menos a estas dos cuestiones: cuáles son las consecuencias para la legitimidad del sistema político en que sucede la desvergüenza; y cuándo, cómo y por qué un suceso irregular se convierte en un escándalo político.
Las reacciones habidas hasta ahora son disímiles: las peores, las de quienes acusan al partido oponente de "y tu más", como si la cantidad eliminase la responsabilidad. Las mejores, las que reconocen que la corrupción contraviene las bases del sistema en que vivimos. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -¡no nos la quiten de ahí, por favor!- declaró sobre la corrupción a la salida del último Consejo de Ministros: "Nada atenta más contra el Estado de derecho, venga de donde venga, pero especialmente cuando tiene a los servidores públicos como protagonistas".
Fernando Jiménez Sánchez, uno de los investigadores de la Fundación Alternativas para su anuario sobre la calidad de la democracia, entiende que la corrupción es el uso del poder por el que éste se pone al servicio de intereses particulares en lugar de buscar el interés general; una apropiación privada del Estado que supone la violación de uno de los pilares fundamentales de los regímenes democráticos: el derecho de todos los ciudadanos a un trato igual por parte de los poderes públicos. Hace ya más de una década, Jiménez Sánchez publicó un luminoso estudio, en el que comparaba los casos Straperlo, Matesa y Juan Guerra (Detrás del escándalo político. Tusquets Editores). En él, distingue entre corrupción y escándalo político. Este último es la reacción de la opinión pública contra un agente político al que se considera responsable de una conducta que es contemplada como un abuso de poder o una traición de la confianza social sobre la que se basa la posición de autoridad que mantiene tal agente. El escándalo podría llegar a ser una forma de control social, un medio a través del cual la sociedad se regula a sí misma y coordina el comportamiento de sus miembros; pero no es un proceso automático sino abierto, cuyo resultado es incierto y depende del juego que se desarrolla sobre el fondo de un contexto cultural, institucional e histórico determinado.
¿Está la España de hoy inmersa en ese contexto preciso y por ello emergen los casos de corrupción urbanística que nos acontecen en las últimas semanas? CJ, la portavoz del presidente de EE UU en la serie El ala oeste de la Casa Blanca, contesta así a un periodista sobre una cuestión que no sabe explicar: "No sé cómo definirlo, pero es como la pornografía: en cuanto la veo la identifico". Eso es la corrupción.
Joaquín Estefanía, El País, 23-10-2006

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ELPLURAL.COM.26-10-2006.-El PSPV le enviará una lista de los casos de corrupción

Rajoy es "cómplice" de los alcaldes imputados del PP

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) enviará al presidente del PP, Mariano Rajoy, un listado que incluye a los alcaldes conservadores de la Comunidad imputados por la Justicia en casos de supuesta corrupción urbanística. El objetivo es que Rajoy niegue que ese tipo de escándalos afectan a su partido.

El jefe de la oposición se ha negado a sellar con el Gobierno un pacto contra la corrupción urbanística y, entre sus argumentos, ha señalado que esos casos sólo salpican al PSOE. El parlamentario autonómico socialista Andrés Perelló explicó ayer que quieren que Rajoy "no pregunte más eso de que, si alguien conoce algún nombre de imputados, que se lo diga".

Para que se pronuncie
Para ello, los socialistas valencianos enviarán a la calle Génova (sede central del Partido Popular) un informe no con un nombre, sino con el de varios alcaldes del PP de la Comunidad Valenciana "imputados en causas judiciales y relacionados con casos de supuesta corrupción" relacionada con el urbanismo, para que Rajoy "se pronuncie sobre ellos".

Responsable, el PP
La lista incluye a los regidores de Alicante, Torrevieja, Orihuela, Riba-roja, así como al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Algunos siguen ejerciendo y otros han sido designados candidatos a las elecciones de 2007. "Si hay algún responsable de que imputados e implicados estén en las listas y gobernando" ése es el PP, según Perelló, que instó al líder conservador a tomar medidas; de lo contrario, considerará a Rajoy "cómplice necesario de esos niveles de corrupción".

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Expansion.com.-24-10-2006.-El PSOE expulsará a los cargos locales acusados por corrupción urbanística

El PSOE se autoimpuso ayer un código de buena conducta en el ámbito municipal, en el que se endurecen las medidas disciplinarias de acceso a las listas electorales del partido y se exige la inmediata destitución de cargos y la expulsión de la formación en caso de que salgan a relucir conductas con “indicios racionales de criminalidad”, en palabras del secretario de Organización socialista, José Blanco.


Este decálogo, que ha recibido el visto bueno de la Ejecutiva Federal del partido, pretende “acabar con la impunidad urbanística” y ampliar sus compromisos al resto de fuerzas políticas y, “muy en especial al PP”, dijo Blanco.A su juicio, “si lo hacen” y se acogen a este consenso, “estaríamos ante la posibilidad de propiciar un gran avance hacia un urbanismo sano y limpio”. Por contra, “si se desentienden”, demostrarán “una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni las instituciones, sino con quienes se aprovechan y abusan” de la sociedad y sus organismos públicos.

Hasta aquí la explicación a un código que, sin embargo, está cargado de medidas ya impulsadas desde los diferentes departamentos ministeriales –ver cuadro adjunto–. Por ejemplo, el futuro elenco de incompatibilidades de cargos municipales electos que incorpora la reforma de la ley de Bases, cuyo anteproyecto, diseñado por Administraciones Públicas, pasó el filtro del Consejo de Ministros antes del verano.

O la revisión del Pacto Antitrasfuguismo suscrito con el respaldo de todos los partidos en marzo pasado. El primer bloque legal habla de dos años de incompatibilidad para ejercer actividades privadas a los ediles en el ámbito político en el que hayan operado o dictado resoluciones. A cambio, percibirán subsidio de desempleo.

El decálogo socialista también recuerda en su redacción a los cargos electos varias novedades legales de los ministerios de Justicia y Vivienda. Respecto al departamento de Juan Fernando López-Aguilar, la nueva tipificación de penas de los delitos urbanísticos que, entre otras conductas, perseguirá el decomiso judicial de patrimonios a condenados por criminalidad organizada; la incriminación por el uso de empresas tapadera para encubrir entramados económicos, o la persecución de testaferros. Es decir, el endurecimiento penal y del régimen penitenciario de los supuestos comportamientos ilícitos detectados en el caso Marbella.

En este punto, el documento del PSOE también menciona la necesidad de “potenciar” lo que denomina como “cumplimiento escrupuloso de la legalidad”, donde alude a la lucha contra prácticas fraudulentas, a través de las unidades urbanísticas de la Fiscalía Anticorrupción y de una “mejor inspección fiscal”.

Sobre política de Vivienda, el PSOE incide en la “nueva cultura del territorio” de la futura Ley del Suelo y de la estrategia en favor de un “urbanismo equilibrado” que ya anunció en julio y en la que se fijan distintas responsabilidades de vigilancia al Estado, las autonomías y los municipios sobre los planes urbanísticos.

El PP andaluz rehusó la invitación al pacto al tildar de “fracaso” el control urbanístico de la Junta, mientras que desde Madrid se instó a la Fiscalía a “esclarecer” los hechos de los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos, en línea con la doctrina de Rajoy de eludir el consenso.

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EXPANSION:COM.- 23-10-2006) .-Apuntes liberales de un chico de derechas Miguel Ángel Belloso. El PSOE y la corrupción urbanística

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Ahora que hemos conocido que el alcalde socialista de Ciempozuelos y algún socio habían obtenido la modesta comisión de 40 millones de euros por la recalificación de terrenos, le he preguntado a un conocido promotor si la práctica del enriquecimiento ilícito con el urbanismo es más de izquierdas o de derechas. Es un asunto que puede parecer trivial pero que me preocupa un poco, pues mi amigo socialista Manolo, el camarero del bar donde desayuno, siempre ha pensado que la derecha es corrupta en sentido genuino mientras que la izquierda lo es por imitación, es decir, que nunca es del todo culpable.

El secretario de organización del PSOE, el señor Blanco, por ejemplo, cree que la corrupción tiene el don de la ubicuidad -dado que hay cargos públicos del PP incursos en procesos judiciales-, el promotor coincide, y yo, intuitivamente, lo he pensado siempre. La naturaleza humana es la que es, la tentación vive en el piso de arriba y en el de abajo, y si un alcalde de una localidad codiciada capta al vuelo los enormes beneficios de situar la línea virtual de terreno edificable unos metros allí o acá, el delito puede resultar ominoso pero es, como mínimo, explicable. De modo que la avaricia es una razón iniciática del proceso que vivimos, no por casualidad, a pocos meses de las elecciones municipales. Pero no es la única ni tampoco la importante. La fundamental es la ley.


Según el promotor del que les hablo, la corrupción es el pago correspondiente por una excepción de la norma. El cohecho es el peaje que se sufraga para obtener un trato de favor, para sortear el Estado de derecho. Es, por tanto, la mejor demostración de que la ley no sirve, y de que si no sirve, hubiera sido mejor idear otra menos vulnerable y más eficaz.

Quizá porque, digamos que circunstancialmente, los casos más graves y recientes de corrupción urbanística han afectado a los socialistas en Ciempozuelos e incluso en Marbella -donde la permisividad de Chaves durante décadas no tiene justificación-, el señor Blanco se ha apresurado a decir que la causa de todos los males reside en la ley del suelo que aprobó el PP en 1998, y ha anunciado medidas para combatir con fuerza, rigor y solemnidad el estado de la cuestión. Aunque no es casual que fuera el PP el que la aprobara, mi opinión es que dicha ley reúne dos condiciones excepcionales: es buena, porque tiene una clara orientación liberal, pero, insólitamente, jamás se ha aplicado. Luego el señor Blanco está mintiendo.

No se ha aplicado porque la disposición transitoria tercera de la ley aplazaba su vigencia real hasta que se procediera a revisar los planeamientos urbanísticos -que suelen durar doce años-, algo que todavía no ha sucedido en ningún lugar de España, que yo sepa. Pero, lo más importante, es buena porque instauraba el urbanismo de oferta. En el modelo actual, que es el urbanismo de demanda, el planificador evalúa y determina la cantidad de suelo que estima necesaria -con sus usos correspondientes-, a la que deben adaptarse los empresarios. La consecuencia es que no hay contraste de mercado, no hay choque posible entre la oferta y la demanda, y, en consecuencia, no hay precio que asigne eficientemente los recursos.

La ley de 1998, todavía virgen, optó por un modelo radicalmente diferente: declaraba todo el suelo urbanizable, salvo excepciones debidas a motivos medioambientales o relacionados con el patrimonio artístico.
El propósito era aumentar notoriamente la competencia entre suelos, lo que hubiera suavizado los precios y anulado las espectaculares plusvalías y los inevitables cohechos que vemos estos días. Desgraciadamente, no sabremos qué habría dado de sí, no sólo porque no ha podido activarse, sino porque la inefable ministra Trujillo presentó ya en mayo una nueva ley del suelo en el Congreso que no sólo liquida la de 1998 sino que se esmera en los errores del urbanismo de demanda: el intervencionismo administrativo aumenta y el derecho de propiedad se cuestiona. Por citar sólo un caso, la propuesta de Trujillo prevé elevar del 10% al 15% ó 20% la cesión obligatoria de suelo o de aprovechamiento -dinero- de los promotores a los ayuntamientos.

La consecuencia será que quienes compren una vivienda nueva tendrán que sufragar en el mismo porcentaje, vía aumento del precio de los pisos, los espléndidos parques y polideportivos que disfrutamos todos, incluso en algún caso las fiestas del pueblo. Esto puede que sea muy socialista, teóricamente benéfico para la comunidad, pero es injusto, y deberían saberlo el número creciente de jóvenes que se quejan con razón de la inaccesibilidad de la vivienda: podrían llegar a la sorprendente conclusión de que la mayoría está votando a partidos que diseñan estas normas perniciosas que les impiden volar por su cuenta.

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Noticias de Alava.-El PSOE propone devolver al Estado competencias sobre urbanismo expulsará a los cargos con indicios racionales de corrupción y reta al pp a hacer lo mismo .Los socialistas presentan un decálogo para frenar la especulación y el PP les acusa de "poner el ventilador"

madrid. El PSOE, que ayer presentó un decálogo de medidas contra el "desarrollo urbanístico salvaje", promoverá cambios legislativos para que el Estado intervenga, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, en la ordenación del territorio. Para lograr ese objetivo, los socialistas aprovecharán la reforma de la Ley del Suelo, en tramitación en el Congreso, y su programa para las próximas elecciones municipales y autonómicas. En su oferta electoral incluirán la propuesta de crear comisiones mixtas formadas por el Estado, comunidades autónomas y áreas metropolitanas, según informó ayer El País .

Los socialistas quieren llevar con cautela el debate sobre la intervención del Estado en la ordenación del territorio porque se trata de un asunto delicado, en el que las competencias las tienen las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les corresponde la elaboración de los planes urbanísticos. En la Conferencia Política de hace cuatro semanas, el PSOE aprobó un texto que ahora desarrollará, con vistas a incluirlo en el programa para las elecciones municipales de 2007. Además, el PSOE quiere potenciar la figura del fiscal especial anticorrupción y endurecer el régimen de incompatibilidades.

La propuesta para que el Gobierno vuelva a tener competencias urbanísticas, supone, según el presidente del PP-A, Javier Arenas, reconocer el "fracaso monumental" de los controles que el Gobierno ha llevado a cabo en esta materia.

límites al crecimiento En cuanto al decálogo de lucha contra la corrupción, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, informó de que nadie sobre quien recaiga "indicios racionales" de estar implicado en delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio o de cualquier otra índole formará parte de las listas socialistas. Tras emplazar al PP a hacer lo mismo, indicó que los militantes sobre los que recaigan "sospechas" fundadas de irregularidad serán separados del PSOE y que, con los mismos parámetros, exigirán el cese a los cargos públicos.

Blanco presentó el texto Por una nueva política urbanística y del territorio , que llama a fijar "límites" al crecimiento urbano en función de parámetros como las demandas económicas y demográficas reales y potenciales, la capacidad de absorber el crecimiento, la dotación de servicios e infraestructuras y el medio natural en que se va a desarrollar. También aboga por perseguir las reclasificaciones indiscriminadas.

El número 2 del PSOE señaló que si la formación que lidera Mariano Rajoy no elimina de sus listas a las personas con indicios racionales de criminalidad, los populares "demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones, sino con quien se aprovecha" de éstas. Además, defendió que es el Gobierno del PSOE el que ha acabado con "la impunidad urbanística" y que ahora se investiga cuando antes se "ocultaba y amparaba".

El secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó al PSOE de pretender "poner el ventilador" a través de su oferta de pacto contra los delitos urbanísticos después de los casos de Marbella y Ciempozuelos, y le avisó de que en materia de corrupción "no somos todos iguales". Rajoy subrayó que siempre que el Gobierno "organiza un lío" del que "no sabe salir" le pide un pacto a la oposición, y añadió que "acabarán pidiéndome un pacto para designar el candidato a la Alcaldía de Madrid".

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El Semanal digital, 25 de octubre de 2006.- La corrupción inmobiliaria y el sistema urbanístico español

Luis Miguez Macho

25 de octubre de 2006. Ni con decálogos ni con órganos especiales del Ministerio Fiscal se va a resolver un problema, el de la corrupción relacionada con el sector inmobiliario, que llevamos arrastrando desde hace décadas, que ha trascendido regímenes políticos y que en los últimos meses ha dado de nuevo titulares sonados a los medios de comunicación. En el colmo de la desesperación y el desconcierto, el PSOE hasta ha propuesto tímidamente devolver "ciertas" competencias de control urbanístico al Estado.

Las causas de que el ámbito del urbanismo sea terreno abonado por la corrupción no son difíciles de desentrañar. Desde el año 1956, en España urbanizar, es decir, hacer ciudad, se considera por ley una función pública de competencia fundamentalmente municipal, lo que supone que, dentro del marco general diseñado por la legislación urbanística, son los Ayuntamientos quienes deciden dónde, cuándo y cómo se construye, con un amplísimo margen de discrecionalidad. Si a esto le unimos la relevancia económica de la construcción y de la actividad inmobiliaria en general, y los grandes beneficios que se pueden obtener en el mercado del suelo y la vivienda, se entiende fácilmente lo que lleva ocurriendo durante décadas.

Yo no tengo soluciones mágicas para este problema, y no creo que las haya. Pero sí me gustaría aportar un punto de vista que no se suele adoptar en las discusiones sobre la cuestión.

El urbanismo, lejos de ser un sector carente de la debida regulación y control, está sometido a una intensa intervención de los poderes públicos, sobre la base de la concepción a la que antes me refería de la función urbanística como una verdadera función pública. Una legislación que alcanza unos grados de complejidad técnica que no se encuentran en otros sectores superpone un doble nivel de intervención pública, la planificación del desarrollo urbanístico a través de los planes de ordenación, y el control de la edificación y uso del suelo a través de las correspondientes licencias municipales y/o autonómicas.

Pues bien, cuando este sistema de intervención pública en el urbanismo ha cumplido ya cincuenta años, no queda otro remedio que constatar que en muchas zonas los resultados de su aplicación no son muy diferentes de los que habría producido un sistema basado en la pura anarquía privada. Eso sí, con una importante diferencia: la intensa intervención pública no habrá conseguido ordenar y racionalizar el urbanismo, pero sí ha dado lugar a una transferencia no desdeñable de recursos privados a las haciendas de los municipios (y a las haciendas privadas de quienes los gestionan y los partidos a los que pertenecen), contribuyendo al encarecimiento del precio del suelo y de la vivienda.

Estando así las cosas, a mí no me deja de sorprender que nadie, ni entre los políticos ni entre los juristas, se plantee seriamente que lo que ha fracasado es el modelo de intervención pública en el urbanismo que tenemos desde 1956, y que la solución, si la hay, no pasa por insistir en más de lo mismo, sino por reformular el sistema en su conjunto.

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MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) - Marín (IU) no cree que la corrupción "salpique a IU" aunque admite que "cualquier persona puede delinquir"EL PSOE ANUNCIA MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN .EL PP PREGUNTARÁ AL FISCAL GENERAL


El PSOE presentará medidas contra la especulación en Madrid y el PP preguntará al fiscal general del Estado

El coordinador general de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid (IU-CM), Fernando Marín, descartó hoy que los casos de corrupción que están denunciándose en la región "salpiquen" a su formación, aunque añadió: "Somos todos seres humanos, la izquierda, la derecha y el medio centro, y cualquier persona puede delinquir".

Marín, que realizó estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea, matizó, no obstante, que los dirigentes políticos "no son todos iguales", y aseguró "defender y respaldar" a todos los concejales y cargos públicos de IU, al considerar que apuestan por "ciudades razonables y vivibles".

Tras asegurar que "el que se lleva dinero a Suiza o Andorra es un ladrón", el coordinador general de IU-CM pidió "mano dura" contra "la especulación urbanística y el desarrollismo ilimitado" y advirtió de que su partido denunciará todos los casos se produzcan en el futuro, como ha hecho en municipios como Morata de Tajuña, Miraflores de la Sierra o Seseña (Toledo).

EL PSOE ANUNCIA MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea Ruth Porta anunció que su partido presentará el próximo lunes una batería de "medidas concretas en la Comunidad de Madrid" destinadas a lograr "un mayor control en la disciplina urbanística y en la ordenación del territorio".

Porta, que apuntó que en la región están pasando "cosas muy raras" en torno al urbanismo aunque no especificó a que se refería, pidió que "se llegue al fondo de la cuestión caiga quien caiga". "El PP sólo quiere que caigan algunos, pero están pasando cosas muy graves que implican al director general de Urbanismo --dijo--. Cuando eso ocurre, todo está contaminado".

EL PP PREGUNTARÁ AL FISCAL GENERAL

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Antonio Beteta, señaló que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, "tendrá que responder ante las Cortes Generales qué ha hecho" ante la denuncia realizada por la Unidad de Delitos Monterarios de Andorra sobre los movimientos realizados por los ex alcaldes de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón

 

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CONSUMER.-Octubre 2006.-Los ciudadanos podrán participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo . Los planes y convenios urbanísticos se someterán a información pública


Economía ultima la norma para agilizar y abaratar el cambio de hipoteca 24/10/2006
FACUA pide al Gobierno que frene el desarrollo urbanístico "desmesurado e insostenible" 24/10/2006
El 13% de las operaciones inmobiliarias en España las realizan extranjeros 23/10/2006
Vivienda prevé que el precio de los pisos suba lo mismo que el IPC cuando el mercado se estabilice 20/10/2006
El precio de las casas, que continúa su desaceleración, sube un 9,7%, según Vivienda 19/10/2006


La Ley de Suelo contribuirá a "frenar" la corrupción urbanística ya que establece mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Así lo dijo ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, durante la inauguración de las Jornadas sobre el Proyecto de Ley de Suelo que se celebran en la Universidad Carlos III de Madrid.

La diferencia entre esta ley y las normas anteriores es que el nuevo texto "se plantea desde la perspectiva del ciudadano y en clara sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible", dijo la ministra.

Trujillo subrayó que los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, se someterán a información pública, de modo que se exigirá la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorarlos.

Otra medida destacada por la titular de vivienda fue el nuevo régimen de valoraciones, que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún en el momento de su valoración.

La ministra adelantó además otras iniciativas gubernamentales en este ámbito, como el plan de prevención frente al fraude inmobiliario, un plan de sostenibilidad de la costa o la creación de unidades especiales sobre urbanismo.

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20MINUTOS.ES. 24.10.2006 - 19:11h.-Lista negra de los municipios cuyos ayuntamientos tienen causas abiertas por corrupción urbanística


Nota: Más de veinte casos vinculados a implicación urbanística están siendo investigados en España. Estos son los más conocidos.

EN MADRID

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.

Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro ha abierto diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE).

EN SALAMANCA

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

EN ÁVILA:

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués (PP) dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. En Navahondilla (PP), con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

EN VALLADOLID:

Arroyo de la Encomienda: El PSOE denuncia un pelotazo urbanístico , que está siendo investigado por la Fiscalía. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al un promotor local. El alcalde firmó presuntamente con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco el Pocero). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto.


EN ALICANTE

Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

Alicante: El juez ha imputado al alcalde (PP), Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares.

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

EN MURCIA:

Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.


EN GRANADA:

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

EN MÁLAGA:

Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.

EN SEVILLA

Camas: El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones.

Bormujos: El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE.
El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.

Burguillos: Se acusa al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE. El alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Las investigaciones acaban de comenzar.

La Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.

Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla)

 

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Se disparan los casos de corrupción urbanística en todos los rincones del país

Se queres comentar esta noticia, podes facélo desde a noticia publicada no mesmo xornal.Diariocrítico.04/10/2006

Lo dicen los números: el sector urbanístico es el negocio del momento y así lo refleja la Bolsa. Pero ahora comienza a salir lo 'sucio' y oscuro del sector del ladrillo. Se disparan continuamente denuncias de posible corrupción urbanística y en las últimas fechas se está haciendo insoportable.

Al caso de 'El Pocero' se le unen ahora los de Granada, Alicante y Madrid. Precisamente ayer dimitía el director general de Urbanismo de Madrid tras unas acusaciones. Y por supuesto, la sombra de Marbella, tan alargada como siempre.

Este miércoles llega sacudido por las supuestas corruptelas en el sector urbanístico. En un día el caso de Catral, en Alicante, y la dimisión del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid ha sacudido aún más el panorama, ya oscurecido por el caso de El Pocero, en Seseña, Toledo, y en de Armija (Granada).

Lo de Catral, una cortina de humo

Pocas causalidades son verdaderamente casualidades en política, y esto es, precisamente, lo que sucede en Valencia. La Generalitat, que gobierna el PP, retiró el martes las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Catral, en manos de los socialistas. Con ello, logra un doble objetivo: por un lado, eclipsar la moción de censura contra Francisco Camps, presentada por Joan Ignasi Pla y que este miércoles se debate en las Cortes Valencianas; y por otro, obtener un poderoso 'arma arrojadiza' contra el PSPV-PSOE, en un debate que está perdido de antemano porque el PP goza de mayoría absoluta en la Cámara autonómica.
"Triste favor le han hecho, además, a Joan Ignasi Pla sus compañeros de Ferraz al forzarle a presentar esta moción, a pocos meses vista de unas elecciones autonómicas", nos han comentado en Valencia fuentes muy bien informadas.


Dimisión en Madrid

El director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto Rey, presentó el martes su dimisión "por motivos personales para defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", según informaron fuentes del Gobierno regional.

Porto tomó esta decisión, aceptada por el consejero Mariano Zabía, al considerar que "las falsas denuncias y presiones sobre su quehacer profesional no deben perjudicar la buena gestión y la transparencia que caracterizan a la Administración regional", así como que esta situación en la que se ha visto inmerso en las últimas semanas está afectando, no sólo a su buen hacer y prestigio profesionales, sino a su vida personal y familiar. (leer más)


El caso de Armija, en Granada, también con dimisión

Otro caso de posible corrupción urbanística es el de Armija (Granada), en donde el concejal de esta competencia y vicepresidente de la Diputación Provincial, Gabriel Cañavate, se ha visto obligado a dimitir tras la publicación en el diario Ideal de Granada, durante dos días consecutivos, de informaciones relativas al sorprendente crecimiento de su patrimonio.

El Gobierno estudia retirar la Medalla al Trabajo 'El Pocero'

El Gobierno ha remitido una respuesta por escrito a la pregunta formulada en junio pasado por la diputada de IU Isaura Navarro, donde afirma que ha iniciado las gestiones oportunas para estudiar si retira la Medalla al Mérito del Trabajo, en su categoría de plata, que Eduardo Zaplana concedió al constructor Francisco Hernando Contreras, más conocido como Paco “El Pocero”, en enero de 2004, cuando Zaplana era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

En la respuesta del Gobierno, a la que compaña el informe sobre la concesión de la medalla –incluida la carta de petición y un muy particular currículum vitae del constructor, remitidos ambos a Zaplana por Carlos García Cano, por entonces jefe del gabinete técnico de la subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas y suegro de Paco “El Pocero”- señala textualmente que “una vez consultado el procedimiento seguido para la concesión, en este momento se están recabando los informes solicitados a diferentes áreas del Departamento con el fin de comprobar si en la tramitación del mismo se ha incurrido o no en alguna de las causas de revisión previstas por el ordenamiento jurídico”.

Otros casos

Como les decíamos, además del complejo caso de corrupción en Marbella, ahora en manos de los tribunales, existe una 'red' por todo el país de casos similares.

En Alicante, las imputaciones por supuestos casos de corrupción afectan los regidores de la capital de la provincia, Torrevieja y Orihuela.

En Canarias se 'sufre' el denominado 'caso Faycán', una supuesta red de cobro de comisiones en obras públicas y suministros integrada por una docena de políticos, empresarios y empleados del municipio de Telde.

En Murcia, escándalos en Los Alcázares, Lorca, Águilas...

En Andalucía: Rota, El Puerto de Santa María, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, La Línea de la Concepción (todos ellos en la provincia de Cádiz), Almuñécar (Granada), Camas (Sevilla), Carboneras (Almería). Manilva (Málaga)...

 

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El confidencial.com..-Miércoles, 04 de octubre de 2006La corrupción urbanística irrumpe en la agenda política de cara a las próximas elecciones municipales

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El último caso de corrupción en aflorar ha sido el de Catral, un municipio alicantino de algo más de 6.000 habitantes, al que la Generalitat valenciana decidió ayer retirar las competencias urbanísticas. La corporación, según el gobierno autonómico, ha permitido la construcción ilegal de 1.270 viviendas en terreno protegido.

El caso de Catral -gobernado por un alcalde socialista- tiene mucho que ver con un cierto oportunismo político, ya que hoy se debatirá la moción de censura presentada por el PSPV contra el presidente valenciano, Francisco Camps, que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Pero, en cualquier caso, señala los derroteros por los que va a circular la campaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo.

La retirada de competencias urbanísticas a un municipio es un hecho extraordinario en la legislación española. Ni siquiera cuando Jesús Gil o sus herederos políticos gobernaban Marbella se tomó una medida similar. En todo caso, la actuación del Gobierno central se limitó a disolver el consistorio, pero de ninguna manera arrebatarle las competencias en materia urbanística.

Tras el caso de Catral, según algunos expertos, es probable que los grandes partidos adopten medidas similares en pequeños municipios para dar una señal de lucha contra la corrupción. Como si fuera un asunto de moda, con las urnas esperando a pocos meses vista, los gobiernos autonómicos, sean de corte popular o socialista, se apresuran a limpiar sus ayuntamientos de ‘aprovechados’, fundamentalmente de las filas contrarias.

El primero en abrir fuego fue la Junta de Andalucía con la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Comenzaba la Operación Malaya. Desde entonces, se ha abierto la veda para denunciar actividades irregulares relacionadas con el urbanismo municipal. Los casos se suceden sin orden de continuidad y donde los ciudadanos comienzan a movilizarse para exigir responsabilidades judiciales, los partidos políticos han descubierto un filón donde hacer causa política.

También ayer, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, y por tanto de Esperanza Aguirre, dimitía “para defenderse con libertad y proteger su honorabilidad” ante las acusaciones socialistas sobre su dudosa gestión e intereses personales en el desarrollo urbanístico de Brunete. Pero no fue el único caso. El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañabate (PSOE) renunció a sus cargos por la polémica generada a cuenta de su patrimonio y de la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial del citado municipio.

El caso de Catral podría ir a mayores. La Generalitat valenciana está dispuesta a disolver el consistorio al modo marbellí. De momento, se ha responsabilizado de las competencias en materia urbanística, pues son 1.270 las viviendas construidas (hasta tres millones de metros cuadrados) sin licencia. Loable severidad que también esperan los ciudadanos de otros municipios alicantinos, pero esta vez gobernados por el Partido Popular.

El pasado lunes, el diario El País se hacía eco de las imputaciones por supuestos casos de corrupción de los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, Luis Díaz Alperi, Pedro Ángel Hernández Mateo y José Manuel Medina, respectivamente. En el caso de la capital de provincia, alcalde y dos concejales tendrán que responder por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, adjudicaciones irregulares así como el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercaliente. Pese a ello, Díaz Alperi ha obtenido el respaldo de su partido para presentarse de nuevo a las elecciones.

El alcalde de Orihuela ha renunciado a su reelección tras reconocer ante un juez prebendas de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. Por su parte, Hernández Mateo, Torrevieja, opta a su quinta legislatura con la imputación de tráfico de influencias.

Otros municipios salpicados

En la comunidad canaria reside otro hueso para el Partido Popular. Según la citada publicación, en el caso Faycán, una presunta red de cobro de comisiones de obras públicas, están implicados políticos, empresarios y empleados del municipio grancanario de Telde, gobernado por el PP, y su alcalde Francisco Valido no piensa dimitir.

En Andalucía, el edil de Urbanismo de Rota, Antonio Peña, está imputado en un delito de prevaricación en la tramitación de un expediente de urbanización en suelo privado. Por otra parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez será candidato pese a su imputación por un caso de contrataciones irregulares.

El partido socialista tampoco se queda atrás. A esta formación pertenece el regidor de Los Alcázares (Murcia), Juan Escudero, quien dimitió tras la publicación de las inversiones de Juan Antonio Roca (Operación Malaya). Tampoco tienen limpio el expediente el alcalde dimisionario de Lorca, Miguel Navarro, ni seis ediles del municipio murciano de Águilas.

Izquierda Unida, GIL, Convergencia Andaluza y Partido Andalucista, son otras formaciones políticas que tienen en sus filas alcaldes y ediles bajo la sospecha de la corruptela generada por el boom del ladrillo. De su absolución o condena hablarán los tribunales, pero de que respondan o no políticamente tendrá que encargarse la dirección de sus partidos.

El voto apremia y los comicios municipales pueden ser una oportunidad para limpiar la imagen de administraciones y formaciones políticas. Chaves, Aguirre y Camps lo saben..


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«El urbanismo desmoraliza a los ciudadanos»
José A. Martín Pallín
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO


Para los males del urbanismo, medicinas jurídicas. José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, apuesta por que la jurisdicción contencioso-administrativa paralice los planes urbanísticos sospechosos de ilegalidad, que se resuelvan en un plazo máximo de un año y que se potencie la vía penal en los delitos relacionados con la construcción.

Pregunta.- ¿Qué sucede con el urbanismo en España?

Respuesta.- Es un hecho evidente, que incluso ha trascendido más allá de las fronteras, las fuertes críticas no sólo de algunos aspectos de las leyes que regulan el desarrollo urbanístico, sino también de la forma de aplicarlas y de la insuficiente y tardía respuesta de los tribunales de justicia cuando el conflicto llega a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y, en casos excepcionales, a la penal. No es una campaña de desprestigio, como muchos insinúan diciendo incluso que hay interés por parte de los países competidores en materia de segunda residencia para desviar posibles compradores. La verdad es que no puede pasar mucho más tiempo sin que se produzcan consecuencias graves desde el punto de vista económico y ambiental.

P.- ¿Cuáles son los puntos negros?

R.- En primer lugar, nuestro sistema constitucional garantiza la autonomía municipal. Si se hace una lectura literal, como de hecho se está haciendo, llegamos a la conclusión de que cada uno de los 8.108 municipios de España puede hacer de su capa un sayo. Esta irracionalidad no se sostiene porque llega un momento en el que los proyectos chocan. Segundo: la forma en que se utiliza la figura del agente urbanizador. Teóricamente tiene algunas ventajas, porque agiliza el desarrollo de suelo, pero en la práctica se ha demostrado que es un foco de especulación y corrupción. Lo tercero, la financiación de los ayuntamientos. Su forma de buscarse la vida a través de planes disparatados supone dinero para hoy e infinidad de gastos para mañana, porque las infraestructuras las tendrán que pagar los vecinos. Y cuarto: la utilización del urbanismo como forma de financiación encubierta de los partidos políticos. La situación es muy preocupante porque crea cierta desmoralización en los ciudadanos. Y el desarrollo urbanístico está dentro de los intereses generales que protege la Constitución.

P.- ¿Existen soluciones eficaces?

R.- Desde mi punto de vista, no veo inconveniente para que hubiera incluso una agencia de desarrollo urbanístico de ámbito estatal que marcase las líneas directrices y que, en el caso de que se traspasasen, pudiese intervenir para anular los planes de ordenación urbana. Aquí entra la jurisdicción contencioso-administrativa para decir si se ajusta o no. Hasta ahora no ha dado respuestas en tiempo razonable y, cuando alguna vez se ha anulado un plan, han transcurrido ocho o 10 años. Para entonces es prácticamente imposible restituir el daño causado.

P.- ¿Qué se puede hacer para acabar con este tipo de situaciones?

R.- La jurisdicción contencioso-administrativa tiene facultades cautelarísimas de paralización preventiva. Ahora bien, hay que lograr que tenga medios materiales y procesales para que en un año se resuelva. Es factible si se hacen algunos retoques. Además, ha llegado el momento de que el Derecho Penal actúe con la mayor potencialidad.

P.- ¿Será factible a corto plazo?

R.- La reciente creación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo va a impulsar la vía penal. En cada una de las comunidades habrá una delegación que estará sobre el terreno para recibir las denuncias y decidir si podría tratarse de hechos delictivos. Así como el Derecho Penal no tiene efectos disuasorios para los que cometen delitos por su marginalidad o desajustes emocionales, creo que sí tendrá consecuencias muy positivas en la reducción de delitos relacionados con el urbanismo.

P.- Con el bombo mediático que se le ha dado al 'caso Marbella', ¿se ha desviado la atención de otras situaciones más graves? ''

R.- Marbella ha tenido un 'efecto' 'foco' desde el punto de vista urbanístico por el lujo y los personajes famosos asociados a ella, pero desde luego los graves problemas están en las expansiones de las grandes urbes y en los proyectos faraónicos previstos en algunas zonas sin tener en cuenta ni las infraestructuras ni el impacto ambiental.

P.- El medio ambiente, de hecho, parece uno de los retos futuros...

R.- Empieza a haber conciencia entre los que trabajamos en los tribunales de justicia, en las escuelas y medios de comunicación, en los propios ayuntamientos... Pero ha estado parado durante años y se han producido algunos daños que son irreparables

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www.eldiariomontanes.com.-Viernes, 1 de septiembre de 2006. Universidad Internacional Menendez Pelayo «El urbanismo es un perverso método de financiación indirecta de los partidos»


El magistrado del Supremo Martín Pallín propone el incremento de penas para los «funcionarios que se dejan sobornar» y los promotores que se lucran ilegalmente

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, denunció ayer en la UIMP, que «el urbanismo es un perverso método indirecto de financiación de los partidos porque nadie ha querido agarrar el toro por los cuernos y hacer una ley de financiación equiparable a otras que existen en la Unión Europea». El magistrado se lamentó de las escasas penas con las que se condenan este tipo de conductas, que no pueden ser calificadas como «delitos menores», por lo que demandó una mayor persecución para «los funcionarios que se dejan sobornar» y «los promotores que se lucran con estas actividades». En concreto, propuso incrementar las penas actuales (de dos a cuatro años) para situarlas entre los ocho y los diez.

Pallín apostó por la creación de «un organismo centralizado» que colabore en la planificación urbanística y «pueda llamar la atención e incitar a los tribunales a actuar», lo que a su juicio se podría conseguir sin vulnerar el principio de la autonomía municipal, que se utiliza como «excusa demagógica» para no ejercer un control estricto sobre este tipo de actividades. Máxime cuando se trata ya de un problema «supranacional», puesto que «el más de medio millón de ciudadanos de la UE que viven en España ya ha puesto más de 15.000 quejas al Parlamento Europeo» por la actuación de los promotores, «que se han convertido en depredadores del terreno en connivencia con los ayuntamientos».

A su juicio, y siempre «respetando absolutamente» la autonomía municipal, ésta no se puede entender como la imposibilidad de «corregir, fiscalizar o paralizar planes urbanísticos» que signifiquen una fuente de ingresos para los ayuntamientos «a costa de vulnerar la legalidad».

«Detrás de eso vienen la corrupción, los sobornos, la especulación y destrucción del hábitat», denunció Pallín al referirse a muchas de «esas fastuosas promociones inmobiliarias que no llegan al 40% de viviendas habitadas», mientras que el 60% restante pertenece a «inversores que utilizan el ladrillo para lavar el dinero negro».

En este sentido, instó a que la Justicia paralice los planes urbanísticos «hasta que se decida sobre su legalidad», y puso como ejemplo el proceso que se ha seguido en la opa de E.ON. El miembro de la Sala Segunda señaló que si este tipo de actuaciones se analizaran «en un plazo razonable de un año» la paralización no supondría ninguna dificultad para que los ayuntamientos pudieran seguir prestando sus servicios. «No se puede resolver sobre un plan urbanístico a los diez años, cuando ya está prácticamente desarrollado, y volar todo lo que está hecho», se lamentó Pallín, para quien «el urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos de los ayuntamientos».

El magistrado apoyó estas afirmaciones con el ejemplo de Marbella, que a su juicio «está completamente extendido», también en la costa del Cantábrico, de la que citó como caso más evidente la provincia de Lugo.

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Monografías.com

Corrupción, elites, democracia y valores
Ensayo sobre la fenomenologia de la corrupción

1. Introducción y propositos del presente ensayo
2. Aspectos de orden teorico
3. Escenarios de partida: elites, poder y democracia
4. La inversion de valores absolutos individuales
5. Conclusión
6. Referencias
7. Descripción del trabajo

. Introducción y propositos del presente ensayo

La Corrupción es un tema de investigación sumamente difícil de abordar. Es evidente que resulta sumamente complicado recoger datos fiables y de manera sistemática sobre actividades ilegales o producto de corrupción. Lo que conocemos de la corrupción suele provenir de los escándalos más o menos publicitados por los medios de comunicación, de la experiencia personal y de inferencias más o menos sustentadas en los dos primeros aspectos mencionados. Como sostiene Steven Reed, un escándalo nos permite lanzar una breve mirada bajo la superficie de la política a través de un incidente determinado que se convierte en público por su tinte "corrupto", pero no existe motivo para pensar que los datos proporcionados por los escándalos sean imparciales o estadísticamente representativos. Por ello, debe ser tratada a partir de sus implicaciones fenomenológicas.

Como investigadores, estamos atrapados en el dilema de saber que sin una crítica, las cosas no mejorarán; pero la crítica sola no producirá los análisis científicos y comparativos necesarios para comprender las causas fundamentales de la corrupción. Por otro lado, como sostenía Octavio Paz, la pasividad está incorporada en la cultura del latinoamericano típico como elemento intemporal, impermeable a ciertos actos externos que aparezcan más allá de las propias manos. A quiénes van dirigidos los conocimientos que producimos sino a la historia de la cromprehensión de un problema? Escribimos pensando justamente en aquellos que nunca leerán nuestras palabras.

El presente trabajo pretende abordar el problema "Corrupción" desde sus implicaciones fenomenológicas y aportes efectivos a la estructura social; su aporte al sostenimiento de estructuras y estratos sociales, así como a los procesos de movilidad social. Se pretende establecer en este ensayo indagaciones de orden teórico e hipotético respecto a que el estilo político o el sistema político implantado en América Latina ha sobrevivido gracias al factor Corrupción; ergo, que las Democracias Liberales han sido sostenidas por el fenómeno y, por ende, sus actores.

Este ensayo se escribe en el momento en que el Ecuador vive casos de corrupción bancaria que enfrenta a facciones de la burguesía nacional, expresados en los medios y su tratamiento de la noticia; no hace falta decirlo, pero algunas de las interpretaciones planteadas aquí tienen muy presente los pormenores o entretelones del suceso; no obstante, se cita poca información directa respecto al caso.

2. Aspectos de orden teorico

La Sociología Política comparativa aún tiene que alcanzar acuerdos unánimes sobre la definición del concepto "corrupción", aunque, para fines del presente ensayo, seguiré el camino trazado por Gibbons (1993) al identificar como corrupto todo comportamiento que, de convertirse en conocimiento público, conduciría a un escándalo. Esta definición tiene en cuenta las actitudes, e implica que un acto pudiera ser corrupto en algunas ocasiones y lugares, pero no en otros. A menudo, la variación cultural entorpece los estudios comparativos sobre la corrupción: el comportamiento escandaloso en un país podría considerarse normal en otro.

La definición de una conducta escandalosa y corrupta varía según la época y el lugar. Heidenheimer (1993) nos proporciona el mejor marco para analizar la corrupción desde una perspectiva comparativa. Se muestra a continuación una parte de su análisis de indicadores de conducta externa, con ciertas variaciones que vienen al caso Ecuatoriano.

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La corrupción desde una perspectiva comparativa


Punto
Indicadores
Actitud publica

1.
Las autoridades se desvían de la ley en aspectos menores para beneficiar a los amigos
Frecuente

2.
Las autoridades aceptan obsequios como muestra generalizada de buena voluntad
Muy frecuente

3.
Nepotismo en designaciones oficiales y adjudicación de contratos
Frecuente

4.
Las autoridades se benefician de decisiones públicas a través de negocios complementarios (sobornos políticos directos)
Muy frecuente

5.
Los clientes comprometen el voto de acuerdo con las directrices del patrocinador
Frecuente

6.
Los clientes necesitan la intervención de un patrocinador para conseguir la «vía de derecho» administrativo
Frecuente

7.
Las autoridades esperan recibir obsequios (comisiones ilegales) como requisito para respetar «vía de derecho»
Frecuente

8.
Las autoridades toleran el crimen organizado a cambio de compensaciones
Frecuencia desconocida

9.
Los militantes cambian repentinamente su fidelidad al partido por razones pecuniarias
Muy Frecuente

10.
Las autoridades y los ciudadanos ignoran pruebas claras de corrupción
Muy Frecuente

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Obviamente, la definición de la frecuencia no tiene base estadística; es más bien un conjunto de hipótesis de trabajo que podrían medirse de manera directa o indirecta, si es que fuera el propósito. La validez del esquema de Heidenheimer consiste en evidenciar los comportamientos típicos no legítimos susceptibles de ser considerados como "corruptos" y, de esa forma, proporcionarnos un marco de comprehensión.

La tipología citada permite hacer más explícito el carácter subjetivo y volátil de la definición de la corrupción. La corrupción blanca se emplea para referirse a prácticas que no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública ni por las minorías. En otras palabras, la corrupción está tan completamente integrada en una cultura que ya ni siquiera se percibe el problema. En esta visión culturalista, lo que aquí es corrupción (por ejemplo en los Estados Unidos) no lo es en otro sitio (por ejemplo en Francia). La corrupción negra tiene el mismo consenso, pero al revés: todos, minorías y ciudadanos, están de acuerdo en estigmatizar ciertas prácticas. El desacuerdo aparece en la opción gris: lo que unos definen como corrupción, otros no lo consideran como tal. Es en este desajuste donde hay riesgo de que aparezca el escándalo, en el choque entre las percepciones de unos y las prácticas de otros, como ha ocurrido por ejemplo en el asunto de la financiación de los partidos políticos. La opinión pública se ha conmovido por las prácticas poco ortodoxas de los partidos, mientras éstos últimos trataban de justificarse invocando las necesidades de la vida democrática.

De manera general, la definición de la corrupción (con acuerdo o sin él) depende a la vez de ciertos efectos de umbral (cuantitativos o simbólicos) y de influencia en el sistema.

Por otro lado, desde el punto de vista del presente ensayo, es necesario considerar las relaciones entre algunos de nuestros términos y conceptos claves, especialmente los de "corrupción" y "escándalo". Se sostiene que «dado que la "corrupción" es una etiqueta definida social y a veces legalmente, y empleada para evaluar modelos reales de conducta, la corrupción no tiene una existencia independiente del proceso social de etiquetación» (Blankenburg et al., 1989, 914). Cuando la "corrupción" genera "escándalo"? Cuando, puesta a la luz pública por los medios, compromete un valor y una ética; es decir, cuando conmueve la opinión colectiva. No obstante, puede sostenerse que esta es la última etapa del proceso por el cual la sociedad civil emite un criterio con cierto grado de trascendencia evidenciado en la aplicación o no de penas para los sujetos observados: «el escándalo es el estado final de la etiqueta, el estado en el cual el público acepta que se aplicara la etiqueta» (Sherman, 1989, 895) en donde «tiene que haber alguien que obtenga beneficios políticos y/o económicos con la exclamación de "escándalo"» (Blankenburg et al. 1989, 916).

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Sin embargo, la tipología de Heidenheimer y la del "escándalo" descruidan una esfera donde la corrupción es mentalizada y programada: lo privado. Esto constituye un aspecto sobre el que no hay acuerdo. Destaquemos a este respecto que la discusión sobre este punto es prácticamente insoluble habida cuenta de la naturaleza misma del objeto en cuestión. La corrupción es, en síntesis, una transacción clandestina [Claeys y Frognier, 1995], salvo allí donde por ser ya sistemática, disfruta de un status casi oficial, de un "acuerdo" no escrito pero conocido y aceptado por todos.

Para poder abarcar las manifestaciones no evidentes de la corrupción recurriré a la categoría Anomia (Durkheim, El Suicidio), pero comprehendiéndola como un comportamiento regular y estructural no legítimo que afecta en grado sumo al sistema total. Por otro lado, para interpretar las formas articulación al sistema anomico se utilizará el esquema diseñado por Tomasetta, sobre la base de los modelos de comportamiento de Merton. Brevemente los paso a revisar.

El elemento común de toda estructura social o cultural está representado por las metas, las finalidades y los intereses que se definen culturalmente y que se presentan como objetivos legítimos para todos los miembros de la sociedad; esos proyectos exintenciales de grupo se presentan más o menos integradas y juntas constituyen la jerarquía de los valores que ordenan los distintos elementos de las estructuras, y a las estructuras entre sí, en el conjunto del sistema; junto a ese elemento aparece otro: los modos aceptables por los cuales pueden alcanzarse las metas vinculadas a la estructura, es decir, las finalidades políticas del sistema.

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Aquí aparecen los "modos de adaptación" al sistema político. La aceptación del sistema exige un comportamiento de identificación a determinado nivel; este grado de identificación puede ser de dos tipos: a) conformidad; y, b) innovación.

Un individuo se adapta en "conformidad" cuando aborda la acción social como una aceptación total de finalidades y medios; esto incluye una conformidad con el status quo, y la sola idea de cambiar se presenta como una tensión inaceptable.

En cuando al modo de adaptación por innovación, Merton lo abordó con referencia exclusiva a la actividad económica, colocándolo en la esfera de los comportamientos desviantes; por tanto, se cumple mediante el uso de recursos institucionalmente prohibidos, pero que suelen ser eficaces para lograr apariencia de éxito, riqueza y poder. Todas la direcciones apuntan, entonces, al hurto, al delito, al vicio organizado, etc. En el fondo, el comportamiento innovador definido por Merton tipifica la "legalización social del comportamiento anomico" como remedio a un generalizado límite impuesto por la institucionalidad.

Finalmente concluiríamos con Merton que "solo cuando un sistema de valores exalta, prácticamente sobre cualquier otra meta, ciertos objetivos de éxito comunes a la población en general, en tanto que la estructura social bloquea de modo riguroso las vías aceptables para alcanzar esas metas a una parte considerable de la población, se desarrolla a gran escala el comportamiento desviante".

3. Escenarios de partida: elites, poder y democracia

Tal como se revisó en el apartado anterior, la repercusión inmediata de la corrupción como fenómeno invisible consiste en la imposibilidad de medirla directamente; por ello, el presente estudio propone el desarrollo de observaciones del comportamiento de variables probablemente no relacionadas directamente con el problema de estudio (al menos no formalmente); esta forma de observar la corrupción se plantea para casos o contextos como el nuestro; las variables a considerar son las siguientes (tomando una situación hipotética como escenario):

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Variable
Comportamiento
Interpretación

Grado de alternancia de las elites
con alteración en determinado nivel
ausencia de consenso en las elites sobre mecanismos de operación; aceptación

Grado de movilidad de los distintos estratos sociales, aun en situaciones críticas
centrado en ciertos estratos
solo ciertos estratos están integrados a los mecanismos construidos por la elite

Niveles de estabilidad del sistema políticas
no constante
la falta de consenso en las elites se muestra en una inestabilidad del sistema democrático

Frecuencia de escándalos publicados por los medios
alto
las elites se empeñan en estigmatizar como escandaloso la actitud de la facción contraria

Grado de movilidad o circulación de las Elites: Vilfredo Pareto definió como la circulación o la alternancia de las élites aquel comportamiento desarrollado por los estratos altos orientado a "conservar, por lo menos para los fines del poder, las relaciones existentes de poder y, por otro lado, para establecer nuevas combinaciones de tales relaciones". La no alternancia de las elites en el poder inicia su degeneración por la vía autoritaria de la corrupción, en lugar de mantener el férreo compromiso del deber político democrático para la conducción del Estado,. El manejo del Estado es asumido como un medio para enriquecerse, descuidando, cada vez más, las más elementales obligaciones del buen gobierno. Esta conductas se reproducen y alcanzan a todos los sectores de la elite en el poder (empresariales, intelectuales, financieras y de toda índole). Un ejemplo de ello son las siete décadas del gobierno PRI en México. La explicación de este fenómeno tiene dos componentes:

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A) incompetencia, desgano e ineficacia para gobernar; por ello, hoy es más notorio que antes los errores en la conducción del Estado.

B) La acumulación desmedida de riqueza como valor o principio existencial.

Un informe de la fiscalía en el caso Filanbanco determinó que dicha institución bancaria, previo a su traspaso al poder estatal, en el período comprendido entre el 21 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998, recabó de sus fuentes de financiamiento 30 mil millones de sucres, pero desembolsó cerca de 3 billones de sucres lo que demuestra que cayó en iliquidez.

Todas las estimaciones iniciales sobre el caso Filanbanco establecen que esos desembolsos formaron parte de un conjunto de créditos especiales denominados "vinculados", muy usuales dentro del sistema financiero y no percibidos como corrupción debido a este mismo factor de generalización (corrupción blanca). La elite implementó este mecanismo con la finalidad de utilizar recursos líquidos del sistema bancario para la financiación de actividades empresariales propias. Es un caso típico de mantenimiento de mecanismos ocultos, invisibles, para sostener e incrementar el status, el poder. Se puede afirmar que pertenece al tipo negro de corrupción.

Fuente: El Universo, febrero 2000.

Grado de movilidad de los distintos estratos sociales: Ciertos estratos cercanos a las elites tienen una movilidad positiva, mientras que la movilidad efectiva social es negativa. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, se debe observar el tipo de movilidad experimentado por los estratos bajos y medios a través de la variable acceso a bienes y servicios o capacidad actual de consumo (siguiente gráfico); la conclusión obvia es una reducción de la calidad de vida, agudizado en los períodos 1997 - 1999.

Niveles de estabilidad del sistema político: se expresa en la funcionalidad del sistema de democracias liberales; en nuestro medio, en esencia, este sistema está altamente cuestionado; no obstante, no se perciben otras opciones o, para ser más precisos, los actores políticos y las elites no consideran la posibilidad de implementación de otro modelo; tampoco los ciudadanos no ejercen presión en ese sentido. Por ello, a pesar de que la democracia tal y cual está implantada en América Latina ha demostrado contemplar grandes fallas, no existe un proyecto opcional, lo que incide en el mantenimiento de la elite. El mantenimiento del sistema de democracias liberales en América Latina es, por sobre todo, mérito de las políticas y formas de dominación internacionales de los centros de poder mundial; no es percibido como un acto de corrupción, pero, en esencia, lo es. Podríamos decir que entra en el tipo blanco de corrupción.

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Frecuencia de escándalos publicados por la prensa: Como en el caso ecuatoriano (la crisis bancaria) evidencia un escenario de inestabilidad de las elites tradicionales. La elite maneja los medios masivos cuestión que en nuestro medio, también, pasa desapercibido; es decir, constituye corrupción gris.

Manifestaciones como las señaladas de las cuatro variables establecidas configuran un comportamiento regular y estructural no legítimo que afecta en grado sumo al sistema total, es decir una configuran un escenario de Anomia Global.

Por otro lado, el escenario sería esencialmente incompleto si es que no se considera una variable de contexto: el el grado de subdesarrollo; en el caso ecuatoriano y latinoamericano, es obviamente considerable. El relacionamiento de estas variables configura un cuadro de alta inestabilidad social actual que descubre la existencia de un sistema paralelo decisional e integrador, esencia de la estabilidad: las decisiones y operaciones no legítimas incorporadas en el comportamiento de las elites (gráfico anterior).

Uno de los efectos indirectos de esta interpretación consiste en la exculpación del Estado. El supuesto del proceso, entonces, es la Anomia Estructural que se verifica en la construcción y funcionamiento de un sistema paralelo al Estatal o legítimo, concebido e implementado por las elites.

Aparte de las interpretaciones expuestas respecto al comportamiento de la elite, es decir la acumulación desmedida de riqueza como valor o principio existencial, por un lado, y la incompetencia, desgano e ineficacia para gobernar, por otro, hay factores externos que ejercen presión con dirección a la Anomia Estructural. Consideremos los siguientes argumentos.

El neoliberalismo observa a la corrupción como una de las manifestaciones de los mercados negros originados por el exceso de intervencionismo estatal. Cuanto más interviene el Estado, más reglamenta y más fomenta la invasión de las burocracias, más riesgos hay de que se den procedimientos y mercados paralelos, origen de comportamientos delictivos. Por el contrario, los que no están convencidos de la perversidad intrínseca del Estado o de los méritos evidentes del mercado, insisten en otro aspecto: el debilitamiento de la ética pública, la deslegitimación del Estado como encarnación del interés general, la disolución de los valores colectivos por la búsqueda del beneficio y la defensa de intereses egoístas y privados. Hay que señalar, con relación a la definición dada por el Neoliberalismo, los siguientes aspectos:

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Los mercados negros son Mercados Negros Internacionales. Estos implican la realización de actividades totalmente ocultas; es decir, implican Corrupción Negra.


Los Mercados Negros no son los únicos productores de corrupción internacional, también los son los organismos financieros internacionales, especialmente los conocidos como Inversionistas Buitres; esto implica Corrupción Gris.


Por último, las grandes corporaciones que abren oficinas de representación local desde la cual pactan con las elites, de manera privada y al margen del estado y del sistema legítimo con la finalidad de ganar licitaciones, también implican Corrupción Negra.

Es obvio que la decrepitud del Estado contribuye definitivamente para la mantención de varios tipos de corrupción. Pero este mismo Estado ha sido mantenido durante largo tiempo por la elite como medio para impulsar sus planes de enriquecimiento ilícito. El Estado es el punto de unión de lo público y de lo privado, utilizado por la elite, especialmente en los sectores en los que el gestor público no está sometido a unas reglas totalmente obligatorias, para sostener un sistema oculto.

Las relaciones de corrupción a nivel internacional son especialmente complejas en la medida en que mezclan intereses privados legítimos (los de la empresa) o menos honorables (los de los intermediarios) con los intereses de socios político – administrativos que pueden actuar en nombre de los intereses públicos considerados legítimos (apoyo a la exportación, defensa de intereses nacionales) o bien como partes directamente interesadas en el intercambio delictivo.

La multiplicación de los intercambios internacionales, ciertamente, contribuye a la prosperidad mundial y al crecimiento de los países en desarrollo. Pero como establece Heidenheimer, "esta evolución, más o menos positiva, se sitúa en un contexto político y comercial doblemente insatisfactorio. Por un lado, estos intercambios económicos dan lugar, cada vez más, a una verdadera guerra económica en la que los argumentos de venta no responden más que en parte a las reglas del mercado: intercambios de contratos a cambio de protección militar o política, comisiones, corrupción de los directvos de las empresas, de la administración o de las minorías políticas. Además, por un efecto de boomerang, los corruptores occidentales se convierten a su vez en corruptos al aceptar donaciones o aportaciones para sus campañas electorales o incluso permitiendo que los que se han beneficiado con sus prebendas, les paguen. La corrupción no es un camino de sentido único, de la empresa occidental corruptora hacia los países compradores corruptos. Con frecuencia, con demasiada frecuencia, la corrupción se practica en el seno de una compleja red en la que el intercambio corrupto es multidireccional y sistemático".

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Heidenheimer continúa diciendo que: "por otra parte, a diferencia de la situación que prevalece en la mayoría de los Estados --por lo menos en el plano jurídico --el intercambio corrupto internacional se desarrolla en un universo en el que el Estado de Derecho es más una loable aspiración que una realidad. Sólo se puede reprimir la corrupción por medio de las legislaciones nacionales. Aparte de que siempre es difícil probar el delito, es iluso esperar una gran eficacia de la represión cuando a veces los dirigentes de más alto nivel están ellos mismos en la primera fila de los actores de la corrupción".

Añade que "la internacionalización de los intercambios comerciales va acompañada por la internacionalización de los flujos monetarios y por la multiplicación de los bancos en los que el secreto de las operaciones y el anonimato de las transacciones y de los titulares de las cuentas constituyen la regla de oro y la ventaja comparativa más evidente. Suiza, refugio tradicional de operaciones discretas, ha tenido que hacer algunas concesiones menores presionada por los Estados Unidos, comprometidos en la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero; pero los pequeños cambios que se han producido en la Confederación se han compensado o anulado por la multiplicación de bancos off-shore y por el enmarañamiento de innumerables transacciones cruzadas".

Por último sentencia que "este fenómeno es tanto más inquietante por cuanto las diversas mafias internacionales de la droga, de la corrupción y del crimen organizado a menudo se valen de protecciones nacionales del más alto nivel (en el caso de la corrupción, de la clase política y de la policía), beneficiándose además de las nuevas oportunidades que ofrece la mundialización de los flujos monetarios y del secreto de las operaciones bancarias. En algunos países de los Balcanes o de América Latina, se ha citado con frecuencia y a veces se ha demostrado, el pacto de las mafias y de un sector de las minorías político-administrativas, dando un aspecto radicalmente nuevo al problema ya que la urgencia no era ya tanto instaurar la democracia -que ha perdido todo su sentido en este contexto mafioso y corrupto -- como la de restaurar un mínimo de organización estatal para al menos restablecer las condiciones previas a toda construcción democrática, es decir, la seguridad, la legalidad y la separación de las esferas pública y privada".

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¿Cuál es el génesis de la corrupción? Revisemos los siguientes aspectos.

Corrupción en existe en grado diverso en todos los países a nivel mundial; en el grado o nivel de corrupción, al parecer, inciden dos variables fundamentalmente:


nivel de desarrollo


nivel de influencia externa, ya sea de organismos internacionales o de corporaciones

Países clasificados según la reputación de corrupción de los servicios públicos

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Menos corruptos
Algo corruptos
Muy corruptos

País
Puntuación
País
Puntuación
País
Puntuación

Nueva Zelanda
9,55
(00,7)
Alemania
8,14
(0,63)
España
4,35
(2,57)

Dinamarca
9,32
(0,01)
Chile
7,94
(0,97)
Corea del Sur
4,29
(1,29)

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Singapur
9,26
(0,21)
E.E.U.U.
7,79
(1,67)
Hungria
4,12
(0,69)

Finlandia
9,12
(0,07)
Austria
7,13
(0,36)
Turquia
4,10
(1,33)

Canadá
9,07
(0,44)
Hong Kong
7,12
(0,48)
Grecia
4,04
(1,65)

Suecia
8,76
(0,11)
Francia
7,00
(3,32)
México
3,18
(0,06)

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Australia
8,80
(0,54)
Bélgica
6,85
(3,08)
Italia
2,99
(6,92)

Suiza
8,76
(0,52)
Japón
6,72
(2,73)
Tailandia
2,79
(1,69)

Holanda
8,69
(0,63)
Suráfrica
5,62
(2,35)
India
2,78
(1,63)

Noruega
8,61
(0,78)
Portugal
5,56
(0,66)
Paquistán
2,25
(1,62)

Irlanda

8,57
(0,61)
Malasia

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5,28
(0,36)
China
2,16
(0,08)

Gran Bretaña (R.U.)
8,57
(0,17)
Taiwan
5,08
(1,03)
Indonesia

1,94
(0,26)


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Producto de una revisión del cuadro anterior puede afirmarse que existe una relación inversa entre el nivel de Corrupción y el nivel de Desarrollo de un país: a menor desarrollo, mayor corrupción; podríamos expresar este relación de variables mediante la siguiente ecuación:

Donde Nd es el nivel de desarrollo de un país determinado y Gc es el grado de corrupción correspondiente.

El nivel de influencia externa está en relación con el nivel de estabilidad institucional de un país dado; en los países del tercer mundo el grado de injerencia externa no permite el desarrollo de iniciativas locales de manejo del estado sino que, por el contrario, afirman un modelo por sobre todas las cosas, por mucho que éste asfixie a la mayor parte de la población. La emisión de recetas de organización social para países subdesarrollados influye en su efectivo desarrollo; no obstante, la elite es muy receptiva a dichas recetas, aun cuando les afecte en determinada medida, ya que hasta ahora ninguna de ellas ha significado un cuestionamiento del status quo. Por otro lado, mantienen (como ya se ha expuesto anteriormente) un sistema paralelo de corrupción negra.

Todos los factores mencionados dan como subproducto un bajo nivel de integración social y una constante des – asimilación social. Para el caso de la elite, el sistema paralelo es, al mismo tiempo, un sistema integrador que contribuye a la mantención del status quo. Este sistema negro de integración se extiende a los subestratos cercanos a la elite (políticos, comunicadores, intelectuales, funcionarios públicos, etc.) provocando, también, un cierto nivel de integración: en buen romance, propagando la corrupción negra. Sobra decir que todos estos sujetos son conspicuos defensores de Democracia Liberal. Para la mayor parte de la población la integración es media, baja o nula; entonces la relación es inversamente proporcional: a menor grado de integración social mayor grado de corrupción negra.

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Donde "Is" representa la integración social y "Cn" la corrupción negra; los símbolos indican la inversión de la proporcionalidad; "X" es un valor constante relacionado con la extensión del sistema paralelo.

Por consiguiente, el sistema paralelo es, en esencia, un sistema de innovación que genera disfunciones en la consecución de las de las metas sociales del sistema. Los niveles de innovación en el sistema son inversamente proporcionales a la consecución de metas sociales del mismo.

Donde "Si" es el sistema innovador y "Ms" son las metas sociales alcanzadas.

En base a estas consideraciones, puede plantearse, al menos como hipótesis, que existe una relación directa entre los tipos de Corrupción Gris o Negra y las Democracias Liberales. Esta relación implica que:


un grupo elite maneja el estado


este grupo elite se mantiene en el poder


hay una restringida circulación de las elites


las elites no dan paso a nuevos grupos potenciales elites


las elites sostienen el sistema paralelo integrador de corrupción negra

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las elites asimilan indirectamente a ciertos subestratos


las elites sostinen el sistema de Democracia Liberal

¿Cuándo puede hablarse de una inversión del proceso? Probablemente, solo bajo las siguientes condiciones:


nuevos actores políticos socialmente empoderados, con cierto nivel de legitimidad


cierto nivel de transgresión institucional


ingreso de nuevos grupos de elite, aceptados por los nuevos actores políticos


la elite cesante es reducida por la ley


las nuevas elites reducen significativamente el uso al sistema paralelo

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las nuevas elites redefinen los grados de libertad de los funcionarios privados y reducen el ámbito de decisión de los funcionarios públicos


las nuevas elites promueven la integración social mediante recursos de diversa índole


se replantea el sistema de Democracia Liberal considerando tantos elementos de libertades individuales como de deberes ciudadanos

No es posible, por ahora, afirmar si el caso ecuatoriano se ajusta en determinada medida al tipo planteado. Para ello, hacen falta tiempo e información.

4. La inversion de valores absolutos individuales

La corrupción se ubica en los siguientes niveles:


Una elite no ética


Sistemas paralelos de corrupción negra

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Mecanismos sociales integradores y desintegradores vinculados directamente con la corrupción


Valores percibidos por el individuo

En el capítulo anterior revisamos los literales a, b y c. En el presente capítulo abordaremos el literal d.

De acuerdo a la Declaración de Lima de 1997, surgida de la Octava Conferencia Anti-corrupción que se llevó a cabo en Lima, Perú, se señala que la corrupción erosiona la base moral de toda sociedad. Sobre esta consideración, partimos de una pregunta de tipo comprehensivo: ¿qué actitud adoptan los ciudadanos comunes con respecto a la corrupción? Las personas no dan demasiada importancia al un empleado público o a un oficial de tránsito; pero se escandalizan temporalmente por la corrupción monetaria de un funcionario de alto cargo o de un político. La opinión pública tolerará una corrupción anecdótica pero reacciona con indignación al descubrir el carácter sistemático y planificado de la corrupción.

La financiación ilegal de los partidos políticos, por ejemplo, es un secreto a voces para la mayor parte de la población. Pero sólo se ha convertido en un gran escándalo debido a ciertas condiciones, como la revelación al gran público de unos hechos que no sospechaba ya sea por jueces que raramente escapan a la trama o por elementos de la misma elite venidos a menos por maniobras de sus ex socios. La corrupción en los líderes escandaliza; pero a su vez, le da al fenómeno una trascendencia distinta: los modelos de socialización se replantean.

No se debe soslayar la "contribución" de actores fundamentales de la transmisión de valores absolutos en la generación de corrupción, tales como la iglesia católica: fue esta la que, a finales del siglo XV y por la gracia divina, repartió el nuevo mundo entre los españoles y portugueses y por ende los productos de los "descubrimientos". También podría achacarse el mayor grado de corrupción experimentado por los países del tercer mundo por el tipo de hombre europeo que emprendió la conquista de nuestras tierras y la ética transmitida por estos a las colonias a partir del siglo XVI; si observamos con detenimiento, los sitios en donde ha dominado el protestantismo experimentan actualmente corrupción baja y media; mientras aquellos en donde ha dominado el catolicismo, como en el caso de América Latina, se observa niveles altos de corrupción.

La reacción de la opinión pública frente a hechos de corrupción depende de elementos totalmente disímiles:


los actores de la trama, por lo general son líderes o personas públicos, ya sea políticos o grandes empresarios.


la naturaleza de los hechos incriminados, por lo general uso indebido de dineros públicos o fraude de algún tipo. y,


la función de la prensa: que varía de acuerdo a la postura del medio frente a la noticia.

¿Qué implicaciones puede tener el hecho que un Líder social (un presidente de la república, por ejemplo) esté implicado en un escándalo de corrupción? Obviamente varias, empezando por el hecho de cómo el asunto fue a dar a la "luz" pública generalmente tiene también "intereses" nada claros o definitivamente muy oscuros. América Latina está llena de escándalos de corrupción de este tipo más difícilmente se podrían realizar mediciones al respecto; no obstante se pueden desarrollar aproximaciones hipotéticas y plantear que la afectación a la conciencia colectiva es en el nivel de:

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el perfil típico del Líder


el perfil típico aceptado o socialmente, con un componente latente no lícito

La conciencia colectiva, y dentro de esta la ética pública, es un producto histórico. Si esta es sostenida por una serie de tradiciones o de reglas más o menos interiorizadas, los actor de corrupción protagonizados por los Líderes sociales han promovido la deslegitimación de estos valores, lo que ha tenido la consecuencia de aumentar de alguna forma el "coste moral" de la corrupción. Es decir, no solo es el perjuicio, generalmente económico al estado o a cualquier otra institución; es también el nivel de afectación a la frágil valoración colectiva de la moral de sus líderes, lo que se reproduce en la socialización. No es posible aproximar el tamaño de la afectación, pero baste ver la reacción de la colectividad o de los ciudadanos en términos temporales: ningún caso tiene continuidad sino existe entidad que lo asuma.

Los medios de comunicación tienen mucho que ver en el problema: ellos denuncian el escándalo y explotan la noticia pero no evalúan los efectos negativos de ésta ni promueven el interés colectivo en el caso. Luego de un tiempo en el aire, la noticia pierde efecto en el público y el tema se desecha.

Por otro lado, en una sociedad sin vínculos efectivos de integración ¿cómo se puede exigir a los individuos proceder de acuerdo a ética intachable?

Otro talón de Aquiles es Sistema Educativo, en especial en su nivel Básico, y las condiciones en la que éste se desarrolla. El viejo estado centralista y concentrador, todavía en píe en nuestro medio, también propicia, por su ineficiencia, la corrupción a nivel espiritual en este ámbito. El sistema educativo público, aun obsoleto y con maestros mal pagados, constituye una clara muestra de ello. El problema se incrementa una vez que el asunto es manejado desde los políticos profesionales, lo cual dificulta su comprensión por los ciudadanos.

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¿De dónde pueden provenir las alternativas?

En cierta medida, el fenómeno del crecimiento de los movimientos religiosos pentecostales (iglesias no católicas) motivado por la crisis emotiva de la población, contribuye a presionar al individuo hacia un tipo de actitudes legítimas más que ningún otro mecanismo implementado por el Estado. La integración social por medio de la religión tiene, aparentemente, más ventajas de las que se han podido poner de manifiesto; esto implica el incremento del Protestantismo en detrimento del Catolicismo, que es la religión oficial.

Sin embargo, el cambio debe operarse, por sobre todas las cosas, en el nivel político; la revisión del sistema es un imperativo tanto como lo es el cambio de actitud de la elite frente al manejo de los intereses colectivos. Nuestra Democracia es institucional y espiritualmente débil: todos los signos nos llevan a pensar de que no es percibida como un valor absoluto por parte de los ciudadanos comunes. ¿Si la elite no la respeta, que podemos esperar de aquellos actualmente ubicados por debajo de la línea de la pobreza? Es necesario que las instituciones de nuestro país se rediseñen desde la perspectiva del ejercicio Democrático y darle a esta una base ética de valores absolutos. Solo así podemos esperar que por ella no juren tanto los pobladores del cielo como los del infierno.

5. Conclusión
La corrupción es un problema eminentemente político. Las elites que han manejado al país hasta ahora la han hecho funcional a sus aspiraciones de mantención del Status Quo.

La explicación del porque en los últimos tiempos se han hecho públicos un sin número de casos de corrupción no se debe a un sinceramiento social. Aparentemente, la explicación a la importancia que se le ha dado al problema se debe buscarla en otra parte: por un lado, en disputas internas de las elites por el poder; por otro lado, en ciertas exigencias planteadas desde el contexto internacional (globalización) que presionan a las elites a ciertas actitudes frente al manejo del Estado y del sistema productivo.

La debilidad institucional de la Democracia en nuestro medio ha contribuido al sostenimiento de un sistema paralelo integrador de corrupción negra frente al sistema legítimo en plena crisis. Este sistema es concebido y mantenido por la elite tradicional.

A pesar de las deficiencias estructurales, el problema de la corrupción no tiene, en rigor origen, en el Estado, sino en las Elites que han manejado el Estado. El supuesto del proceso, entonces, es la Anomia Estructural que se verifica en la construcción y funcionamiento de un sistema paralelo al Estatal o legítimo, concebido e implementado por las Elites.

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La principal repercusión de los hechos de corrupción por los medios masivos ha sido su coste moral. Cuando la ética pública no apropiada, cuando la opinión pública tiene en general un concepto negativo de la política, la corrupción se tolera porque se considera una consecuencia inevitable del ejercicio del poder.

Los medios de comunicación son indispensables para la formación de una opinión colectiva, especialmente sobre una cuestión tan secreta y clandestina por definición. Sin embargo, su accionar está en función de la actualidad de la noticia; una vez que esta pierde actualidad pasa al olvido contribuyendo a que los ciudadanos comunes mantengan una actitud apática en esencia.

Es correcto que la ineficiencia de los servicios públicos generan corrupción; pero también es cierto que el nivel de integración social y la percepción de metas sociales es baja. No se puede pretender un óptima relación del ciudadano común con las reglas institucionales si aquel se encuentra fuera o se siente fuera de los propósitos de la sociedad.

6. Referencias

Cartier Bresson, J. Corrupción, poder discrecional y rentas, 1993.

Declaración de Lima: Octava Conferencia Anti-corrupción, 1997.

Diario "El Universo", Domingo, 11 de Junio del 2000.

Gunn McRae, Donald, Vilfredo Pareto. Enciclopedia de las Instituciones Políticas.

Fukuyama, Francis, El Fin de la Historia y el Ultimo Hombre. 1992.

Heidenheimer, Arnold J., Topografía de la Corrupción. 1989.

Mény, Yves, Corrupción "fin de siglo": Cambio, crisis y transformación de los valores.1996

Michel Poniatowski, Conducir el cambio: Ensayo sobre el poder.

Paz, Octavio, Tiempo Nublado. 1982

Steven R. Reed, La Corrupción Política en Japón. 1996

Tiryakian, Edward, Sociologismo y Existencialismo.

Tomasetta, Leonardo, Participación y Autogestión.

7. Descripción del trabajo "Corrupción, Democracia y Elites.

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Descriptores:


Definición del concepto corrupción


Tipos de corrupción


Corrupción y sistema político


Grupos sociales y corrupción


Corrupción y conductas individuales


Democracia y corrupción


Sistema financiero internacional y corrupción

Trabajo enviado por:
Ruben Aroca J
raroca@innfagye.org.ec
ruben_aroca@yahoo.com
www.geocities.com/ruben_aroca/Sociologia.html
Sociólogo
Teléfono: 09255906 - 04444840

 

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