AEDRU.org-Gondomar

La Voz de Galicia,20-2-2007.El parque inmobiliario del Val Miñor crece el doble de rápido que su censo. En cinco años la población aumentó un 11% mientras la oferta de viviendas lo hacía un 23%Solamente Baiona se libra de los escándalos urbanísticos que salpican su entorno. Los concellos dibujan un área de Vigo con 860.000 residentes . El PP se inclina por que el alcalde de Gondomar opte a la reelección en mayo . Los promotores reconocen que los convenios son «focos de corrupción»

Domingos Solla se mudó a la ciudad de Vigo después de que unos desconocidos le quemaran dos coches y parte de su vivienda en la entidad local menor de Morgadáns. David Giráldez recuerda que Millares le dijo en un pleno que acabaría apaleado . El líder de los independientes de Gondomar exige que se aclare para quién era el dinero . Núñez Feijoo reitera su confianza en el alcalde y limita el caso a los dos ediles

El edil dice además en la grabación que se costearía la campaña del nuevo partido de los tránsfugas

Los dos acusados renunciaron a sus actas a través de un mensajero
«Ni nos ofrecieron, ni recibimos nada», dice el portavoz de los independientes
ENTREVISTA: El empresario que destapó la trama de Gondomar. «Tras pagarle, me dijo: "Si quieres más obras llámame la semana que viene"»
Reacciones: Pérez Touriño recalca que «la legalidad hay que cumplirla siempre» | El PP dice que ediles del PSOE conocían la operación «antes que nadie»

El Correo Gallego.-18-2-2007.-SORPRESA
La Fiscalía tiene la certeza de que los ediles actuaron por encargo
En el sumario abierto aparecen al menos otras dos personas directamente implicadas ·· La Guardia Civil sigue recabando informaciones sobre los sospechosos ·· El Juzgado no baraja por ahora dar protección policial al denunciante ·· Los agentes presumen que el "cebo" filtró datos

Feijóo niega rotundamente implicaciones hacia arriba
Una encerrona en la calle Colón

La Voz de Galicia.-18-2-2007.-Dimiten los dos concejales imputados en el «caso Gondomar» . Ambos han presentado la renuncia al acta de concejal en el Registro municipal.. En una grabación se oye al concejal de Gondomar regateando la comisión
Foz: Política Territorial tomará «medidas» si el concello no anula las licencias irregulares antes del día 23 .-Los 120 billetes de 500 euros fueron fotocopiados previamente en los juzgados. Cinco minutos antes de la entrega, el edil llamó para cambiar el escenario del encuentro.

La Fiscalía del Tribunal Superior replica a Núñez Feijoo, y defiende su imparcialidad

Entrevista | José Luis Mosquera
«Si lo hice fue porque el dinero no era para mi bolsillo»

Investigación
El Correo Gallego.es.- 17-2-2007.-Los ediles de Gondomar pactaron el soborno en tres entregas de dinero
José Luis Mosquera y su novia fueron detenidos tras recibir sesenta mil euros ·· En los próximos días se iban a producir dos "donaciones" de 90.000 y 60.000 euros respectivamente ·· Un intermediario de una constructora fue el encargado de efectuar los pagos

El alcalde cesa a los dos concejales procesados y el PP abre un expediente
Fuera de sus casas para aislarse del "torbellino"

» La compañera de uno de ellos y un arquitecto también están acusados
» Un promotor colaboró en la operación judicial con un "cebo" de 50.000 euros

Acusa de tres delitos a los dos concejales del PP y a un arquitecto, mientras que a la compañera de uno de los ediles le atribuye uno.

El fiscal investiga las posibles ramificaciones del caso en el resto del Val Miñor

Los detalles: «Con las manos en la masa»
Juzgado: Los cuatro encausados, en libertad provisional con cargos
Crónica: Una vida sin alardes económicos
Entrevista: José Carlos Silva, alcalde de Gondomar
Reacciones: Feijoo | Touriño | Aymerich
Álbum: Corrupción en Gondomar

La Guardia Civil seguía desde hace meses a los cuatro presuntos implicados en la trama

Una repentina gripe estuvo a punto de dar al traste con la operación
Los perfiles: Alejandro Gómez Garrido | José Luis Mosquera
Gondomar: Un concello con las licencias suspendidas
El PSOE vincula un ataque a su sede de Nigrán con «mafias urbanísticas»

Faro de Vigo.-20-3-2007.-La Corporación de Gondomar paraliza su plan urbanístico ante la presión vecinal

El pleno de Gondomar, ayer, durante la votación de la propuesta para parar el Plan Xeral. / jesús de arcos

Las protestas de un centenar de vecinos llevaron al PP a cambiar de posición y permitir la suspensión.

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Gondomar quedó suspendido ayer, treinta y tres días después de las detenciones de los ex concejales acusados de tres delitos de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de beneficios urbanísticos. El gobierno local, del Partido Popular, cedió a la presión vecinal en un pleno cargado de tensión y se abstuvo en la votación de una propuesta presentada por la oposición para paralizar la tramitación del plan y para dejar sin efecto su aprobación inicial. Tras lo sucedido, será la Corporación que salga de las próxima elecciones municipales la que decida sobre el futuro del ordenamiento del municipio.
Más de un centenar de vecinos acudió a la sesión plenaria solicitada por BNG y PSOE para exigir el bloqueo del plan. Los gritos, abucheos y advertencias de los presentes hicieron cambiar de opinión al equipo de gobierno que encabeza el alcalde, Carlos Silva. Pese a contar con mayoría absoluta y haber manifestado horas antes de las votaciones su intención de rechazar la iniciativa de la oposición, el grupo popular decidió abstenerse y permitir de esta manera el aplazamiento del documento urbanístico.
Silva defendió en su primera intervención la necesidad de mostrar el plan a los vecinos para modificarlo después en función de las alegaciones. Sin embargo, cambió su discurso tras escuchar a los portavoces de la oposición y a los vecinos presentes y cerró los turnos de palabra con el argumento de que la Corporación actual "no está legitimada para hablar de urbanismo". Tampoco mantuvieron su postura los independientes de Move Gondomar. Su portavoz, Manuel Núñez Sestelo, anunció inicialmente que no votaría, pero más tarde apoyó el bloqueo.
La oposición insistió en la irresponsabilidad de continuar con "un plan bajo sospecha" y acusó al gobierno de mantenerlo "para poner a salvo sus intereses". Tanto el PSOE como el BNG instaron al equipo de gobierno a "salir dignamente de la política y rechazar el plan sobre el que planea la sombra de la corrupción".
Así, el portavoz nacionalista, Antonio Araúxo, reiteró al PP que "o están del lado de los ciudadanos y de la transparencia o del lado del oscurantismo y la corrupción". El socialista, Carlos Cabaleiro, dijo al alcalde que si continuaba con el plan "daría la impresión de estar atado de pies y manos".
Ambos representantes de la oposición insistieron en eliminar el PXOM, pero no la reflexión para buscar un modelo urbanístico. Así, abogaron por la apertura de un diálogo con todos los partidos y colectivos sociales del municipio para que aporten sugerencias.
Socialistas y nacionalistas propusieron al equipo de gobierno que pida el amparo de la Xunta con el fin de que la Administración autonómica dote a Gondomar de una normativa básica que permita conceder licencias urbanísticas y evitar la paralización económica del municipio.
No es la primera vez que la comarca del Val Miñor registra una retirada de un plan urbanístico ante la presión vecinal. El alcalde de Nigrán aplazó el de su municipio el pasado octubre tras meses de conflictos vecinales.

Faro de Vigo.-17-3-2007.-El fiscal ratifica el cohecho en el caso Gondomar y la defensa pide archivarlo por escuchas ilegales

Entradas y salidas por separado. Los ex concejales, el arquitecto y la mujer detenida en esta operación que se destapó a mediados del pasado febrero llegaron por separado acompañados de sus letrados y, ni a la entrada ni a la salida, tuvieron contacto entre ellos. En las imágenes, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, los dos ex ediles José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, Borja Ramilo y Belén Fernández.

Los abogados de los ex ediles y de los otros dos imputados piden el último Plan Xeral y el testimonio de la arquitecta que lo redactó.

La acusación y la defensa dejaron ayer clara la línea que seguirán en el caso de presunta corrupción urbanística que llevó a la detención de dos concejales del PP de Gondomar. El fiscal mantuvo la imputación de tres delitos de cohecho para los ya ex ediles José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, así como para el arquitecto vigués Borja Ramilo, en este último caso, como colaborador necesario. A Belén Fernández, compañera de Mosquera, sólo le imputa uno de estos delitos en calidad de cómplice. Muy distintos fueron los planteamientos hechos por los abogados defensores, que solicitan el archivo de la causa al considerar que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación policial se hicieron de forma ilegal. La juez tendrá que decidir ahora si continúa con el procedimiento o, al contrario, dicta el sobreseimiento.
Fiscal, abogados e imputados acudieron ayer a la comparecencia que se celebró en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo y que tenía por objeto concretar las imputaciones así como exponer alegaciones y nuevas pruebas en este procedimiento, que se realizará por el trámite de la Ley de Jurado ya que, debido al tipo de delito, el caso lo juzgaría un tribunal popular.
No hubo sorpresas en relación con las imputaciones de la acusación pública. El fiscal de delitos urbanísticos, Juan Carlos Aladro, mantuvo ante la juez María Eugenia Manzanares Saavedra las mismas que solicitó en la primera comparecencia judicial de los detenidos, sólo un día después de los arrestos por supuesto cobro de comisiones ilegales.
La defensa desveló por primera vez cuál será su estrategia legal: pedirá la nulidad de las actuaciones, y por tanto el archivo de la causa, al entender que las escuchas telefónicas al arquitecto Borja Ramilo se hicieron de forma ilegal ya que cuando se pincharon los teléfonos "no existían indicios ni pruebas" para decretar esa medida.
"Las escuchas no se hicieron según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni conforme a los requisitos de legalidad que se contemplan en la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional", explicó ayer el abogado de Mosquera, Fernando Rubianes, que presentó esta alegación, a la que se unieron las demás defensas. Los letrados también señalaron que es un delito provocado al entender que se forzó a cometerlo por la forma en que se desarrolló la investigación.
Asimismo, piden que se aporte a la causa el último Plan Xeral de Gondomar, que está en trámite de exposición pública tras su aprobación inicial. Plantean que declare como testigo la redactora del documento, la arquitecta Marián Leboreiro.
La Fiscalía, además de datos como la información patrimonial de los imputados, solicita documentación sobre los tres convenios urbanísticos que supuestamente originaron los delitos y que se incluyeron en el citado Plan Xeral. Estos proyectos corresponden a la finca Pousa de Fontán, cuya urbanización promovía el "gancho" de la operación; a la finca Clemente y al polígono 10. Los promotores de estas dos últimas áreas no pagaron comisiones ilegales porque no les satisfacía la edificabilidad prevista en el documento urbanístico.

Faro de Vigo.-22-2-2007.-Un tribunal popular juzgará a los acusados por la trama de Gondomar

Los cuatro imputados por supuesta corrupción urbanística en Gondomar se enfrentarán a un jurado popular. Este tribunal será el encargado, cuando se celebre el juicio, de pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los ex concejales del grupo del Partido Popular Alejandro Gómez Garrido y José Luis Mosquera; de la compañera sentimental de este último, Belén Fernández, y del arquitecto Borja Ramilo. La razón: el delito que les imputó la juez cuando los dejó en libertad con cargos, el de cohecho, es uno de los que se incluye en la Ley del Tribunal del Jurado.
La investigación judicial en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de beneficios urbanísticos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Gondomar prosigue en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo, cuya titular, María Eugenia Manzanares Saavedra, ha levantado el secreto de sumario, lo que ya permite a las partes acceder a los autos sobre las actuaciones practicadas en relación con este caso. Los imputados no han tenido que volver a testificar ante la juez desde la jornada posterior a su detención, el pasado día 15.
La instrucción de este caso se prevé larga y compleja. Una vez finalice esta fase, el asunto será trasladado a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, que está especializada en materia penal. Será en esta sala donde se celebre la vista oral con tribunal popular, según informaron fuentes cercanas al caso.
La Audiencia viguesa ha celebrado hasta el momento numerosos juicios con jurado, pero hasta ahora ningún tribunal de ciudadanos había juzgado un delito de cohecho, al menos de tanta importancia y trascendencia, confirmaron fuentes judiciales consultadas por este periódico. El jurado es competente en delitos como homicidio, asesinato, allanamiento de morada u omisión del deber de socorro, procesos que sí han sido frecuentes en la sección viguesa. También juzga otros que, como el cohecho, tienen relación con el ejercicio de la función pública, como es el caso de los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o negociaciones prohibidas a funcionarios.
Abogados
Aunque en su primera declaración judicial los ex concejales y los otros dos acusados tuvieron que ser asistidos por un abogado de oficio, al existir un auto de incomunicación por parte de la juez que les impedía acceder entonces a un letrado particular, ahora ya pueden ser representados por un jurista privado. La mayoría de estos abogados ya se han personado a lo largo de los últimos días en el procedimiento para comenzar a preparar la defensa de sus clientes.

Louzán muestra su "total apoyo" a Silva como candidato del PP a la Alcaldía

Las dudas del alcalde de Gondomar, Carlos Silva, sobre su futuro político se van despejando cada día. No sólo las muestras de apoyo por parte de militantes y simpatizantes de su partido en el municipio le ayudan a recuperar el optimismo tras las imputaciones de sus dos ex compañeros en el gobierno municipal por supuesto cobro ilegal de comisiones a cambio de favores urbanísticos. El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Louzán, manifestó ayer su "total apoyo" a Silva como candidato a la Alcaldía, igual que lo hizo el pasado mes de noviembre en un encuentro con las bases de la formación.
El respaldo al regidor gondomareño lleva a Louzán a no barajar otro cabeza de lista para el municipio. Y es que el partido había realizado un sondeo entre la población antes de las detenciones de José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido que le auguraban resultados muy positivos en las elecciones. La encuesta calculaba que los populares mantendrían su mayoría absoluta en la Corporación con nueve concejales, el mismo número del que disponen en la actualidad.
El presidente provincial del PP rechaza de forma rotunda que los actuales ediles estén relacionados con el caso de supuesto cohecho. En este sentido, los propios integrantes del gobierno municipal han encargado un informe jurídico con el fin de valorar la posibilidad de personarse como acusación particular contra José Luis Mosquera ante las declaraciones en que les implicaba a todos en una trama de financiación irregular de partidos.

El fiscal jefe de Galicia asegura que "no hay previstas" nuevas detenciones

"No hay previsto nada de eso". Ésta fue la escueta respuesta que dio ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela, a la pregunta formulada por los periodistas sobre la posibilidad de que se produjesen nuevas detenciones en relación con el caso de Gondomar.
Varela realizó estas declaraciones al finalizar una rueda de prensa celebrada en Santiago con el fin de presentar un plan contra la violencia laboral. El fiscal jefe del Alto Tribunal gallego señaló, a las preguntas de los medios de comunicación, que no haría referencia a ningún otro tema que no fuese el que se había abordado en la comparecencia. Así, se limitó a confirmar que no está previsto que se realicen más arrestos.
Iniciativa del BNG
Las reacciones políticas en torno a este caso se suceden. La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández, instó ayer a la Fiscalía a investigar si existen nexos de unión entre los ataques a cargos públicos del BNG en Gondomar y Nigrán que se produjeron hace un año con tramas urbanísticas.
En una iniciativa parlamentaria, solicita explicaciones de las investigaciones abiertas el pasado año por las agresiones y ataques a estos cargos públicos. "¿Se descartó cualquier relación entre estas agresiones y las tramas urbanísticas que se conocieron hace poco?", preguntó.

La Voz de Galicia.-22-2-2007.-El caso Gondomar revela que se pidió un millón de euros por recalificar tres fincas
El sumario considera seis de las diez imputaciones en grado de tentativa

Mosquera aseguró en su declaración que los fondos eran para pagar campañas electorales

El PP se personará como acusación particular si se le implica en el uso de los fondos

Autor de la imagen: ÓSCAR VÁZQUEZ (Firma: Carlos Punzón Alejandro Martínez | Lugar: vigo / gondomar)

El caso de la supuesta corrupción urbanística destapado la semana pasada en Gondomar afecta a más promociones inmobiliarias que la que dio origen a la denuncia presentada en la fiscalía viguesa el pasado mes de noviembre. Según pudo constatar ayer La Voz de Galicia, parte de los imputados habrían solicitado casi un millón de euros en total a cambio de recalificar tres parcelas del municipio para permitir construir en ellas a través de convenios urbanísticos alcanzados con el Ayuntamiento para tal fin.

Así consta en el sumario del «caso Gondomar», cuyo secreto ha sido levantado ya por la magistrada del juzgado de Instrucción número seis de Vigo.

Las declaraciones efectuadas por los cuatro imputados ante la jueza, y las pruebas documentales aportadas, principalmente la conocida grabación en vídeo hecha de manera secreta al concejal de Cultura, hacen concluir que parte de los protagonistas del caso habrían mantenido conversaciones con tres grupos de promotores distintos, a los que presuntamente les reclamaron en total el citado millón de euros. Además de los 45 millones de pesetas solicitados al autor de la denuncia (que finalmente fueron rebajados a 35 millones), a los implicados se les imputaría la petición de otros cien millones de pesetas por modificar la calificación de una segunda parcela de grandes dimensiones, y cerca de otros 35 millones de pesetas más por realizar la misma operación en una tercera finca.

Solamente el primer plazo del caso denunciado ante la fiscalía llegó a ser cobrado en una cafetería de Vigo la semana pasada por el edil José Luis Mosquera y su novia Belén Fernández. Las negociaciones y peticiones de fondos por las otras dos parcelas no habían dado fruto hasta el momento a pago alguno, por lo que hasta que se efectúe el escrito de calificaciones por parte del fiscal, tanto sobre Mosquera, como sobre Alejandro Gómez (edil de Urbanismo) y Borja Ramilo (arquitecto privado de Vigo) pesan dos delitos de cohecho en grado de tentativa, además del consumado que dio origen a las cuatro detenciones. Por ese pago deberá responder también la pareja sentimental del edil de Cultura gondomareño, que era quien llevaba consigo los 60.000 euros del pago de la mordida que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil.

La declaración de José Luis Mosquera ante la jueza ratifica en parte lo dicho en la grabación de vídeo secreta a la que fue sometido ante el empresario que hizo las veces de gancho. El edil independiente en las filas del PP aseguró a la magistrada que el dinero solicitado por realizar las tres operaciones iba a ser destinado a pagar gastos de campañas electorales de las próximas elecciones municipales.

Lo curioso del caso es que el PP local había diseñado una operación de renovación total de su lista en Gondomar, en la que sólo se mantendría en el cartel de los próximos comicios de mayo el actual alcalde, Carlos Silva.

El PP se personará como acusación particular en el juicio que se celebre sobre el caso de supuesta corrupción urbanística de Gondomar, si en algún momento alguno de los imputados alude a que dicha formación política iba a ser la receptora del dinero reclamado por las recalificaciones, o parte del mismo.

Así lo anunció ayer el presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Rafael Louzán, que manifestó a este periódico su repulsa por la supuesta operación de corrupción y su incredulidad a que el ya ex edil haya pedido perdón por su delito a prácticamente todo el mundo menos al partido que le acogió en sus listas.

La agrupación Move Gondomar, que Mosquera aseguró en la cinta que se le grabó que surgió por obra del PP al favorecer una escisión del PSOE local, estudia también personarse en el caso igualmente como acusación particular.

La presunta corrupción urbanística de Gondomar será además tratada en el Congreso de los Diputados, donde el BNG quiere que se aclare si la trama descubierta tiene que ver con los atentados que sufrieron en el Val Miñor cargos nacionalistas y vecinales.

Faro de Vigo.es.-20-2-2007.-PP e independientes de Gondomar estudian ejercer la acusación contra Mosquera
Ambos partidos consideran que las declaraciones del edil imputado perjudican su imagen.

El PP y la formación independiente Move Gondomar estudian presentarse como acusación particular contra José Luis Mosquera Veleiro, uno de los concejales imputados de tres delitos de cohecho en la operación contra la supuesta corrupción urbanística en el municipio pontevedrés efectuada el pasado miércoles. Ambos partidos consideran que las declaraciones del ex edil de Cultura perjudican su imagen, ya que revelan que el dinero cobrado a cambio de beneficios urbanísticos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal estaba destinado a pagar sus campañas electorales. Respecto al testimonio sobre la supuesta financiación irregular de partidos, las tres formaciones mayoritarias en el Parlamento gallego -PSOE, PP y BNG- reclaman a la justicia que investigue hasta las últimas consecuencias para aclarar el asunto.
Tanto los populares como los independientes dejan claro que las implicaciones que les atribuye Mosquera son falsas, por lo que prevén acusarlo de calumnias. Aunque el alcalde, Carlos Silva, rechazó ayer realizar declaraciones al respecto, fuentes del Partido Popular sí admitieron conversaciones con asesores jurídicos para analizar los términos en que recurrirán a los tribunales para esclarecer el caso. El portavoz de Move Gondomar, Manuel Núñez Sestelo, también indicó que mantendrá mañana miércoles una reunión con su representante legal para valorar si "hay algún obstáculo legal que impida presentarse como acusación particular". En caso de que el letrado "vea el camino libre", el trámite comenzará de inmediato.
"Vamos a dar todos los pasos necesarios para limpiar nuestra imagen", asegura Manuel Núñez Sestelo, cuyo partido mantenía una reunión al cierre de esta edición para analizar lo sucedido. El líder de los independientes gondomareños insiste en que tanto él como sus compañeros han sido "injuriados" por José Luis Mosquera, cuestión que les molesta especialmente ante la "rectitud en relación a cuestiones urbanísticas" que aseguran mantener. En este sentido, recuerda que incluso en su etapa en el PSOE -partido del que se apartó hace un año- presentó denuncias contra el gobierno municipal por asuntos que creían ilegales.
El concejal imputado confirmaba el domingo que el dinero que percibió de manos del empresario vigués Manuel Rodríguez -que se prestó como cebo en la operación- serviría para sufragar los gastos de la campaña, aunque aseguró que la idea había sido únicamente suya. En sus últimas declaraciones, Mosquera afirmó que ni sus compañeros en el gobierno municipal -a excepción del otro concejal imputado, Alejandro Gómez Garrido-, ni los independientes sabían nada del cobro ilegal de comisiones. Pero "ya es tarde" para afirmar esto, recalca Núñez Sestelo, porque las grabaciones de la investigación reflejan frases en las que les implica a todos.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra asegura que las detenciones se produjeron en el momento en el que uno de los hechos delictivos se estaba produciendo ·· La Consellería de Educación no tomará ninguna medida contra el ex edil y profesor mientras no haya sentencia
REDACCIÓN • SANTIAGO/VIGO

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, aseguró ayer que la actuación llevada a cabo la semana pasada con cuatro detenciones por presuntos delitos urbanísticos en Gondomar fue "eminente, sustancial y básicamente judicial".

Fernández informó de que la operación tuvo como "punto de origen" una denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal y, que "en este caso", la Guardia Civil y su unidad de la Policía Judicial la desarrolló por estar "al servicio" de las órdenes de la titular del Juzgado número 6 y el fiscal.

Manifestó que él, como subdelegado, no tiene nada que decir sobre el estado de la investigación, "porque no puede conocer las diligencias de este caso, que son secretas" y porque, agregó, "están en el ámbito del juzgado". Fernández argumentó que "el subdelegado se preocupa del qué, no del cómo" de esta operación y no pudo avanzar si habrá nuevas detenciones.

Sobre las críticas del PPdeG en cuanto a las "formas" en las detenciones a última hora de la noche del pasado miércoles, el subdelegado argumentó ese procedimiento porque "efectivamente" uno de los hechos delictivos se estaba produciendo sobre las 21 horas y "lo normal" era que la detención se hiciera en ese momento. Fernández reconoció que la detención se produjo "con las manos en la masa" y que "esto no lo determina la Guardia Civil". Por otro lado, apuntó a la investigación judicial para saber si hay relación entre las detenciones y los ataques que sufrieron ex ediles del BNG en Nigrán.

Mientras, la Consellería de Educación evitará tomar medidas contra el profesor y ex edil, José Luis Mosquera, mientras no haya una resolución judicial o, en su caso, una condena firme.

Las agendas, política en el caso del presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y sanitaria en el del alcalde de Gondomar, Carlos Silva, que se encuentra en pleno proceso de revisión médica, impidieron ayer la anunciada conversación en torno al futuro del regidor municipal. Silva aseguró ayer a esta redacción que por el momento no se expresa sobre su situación. No se descarta que esta tarde pueda tener lugar la reunión entre los dos mandatarios del PP.
UNANIMIDADLos 3 partidos desean que se llegue al final

Los portavoces parlamentarios de los tres grupos coincidieron ayer en destacar que la Fiscalía debe investigar si el dinero cobrado por los dos ediles del PP de Gondomar imputados por un caso de corrupción urbanística era destinado para financiar la campaña electoral de determinadas formaciones políticas.

Tras la Xunta de Portavoces, los tres grupos parlamentarios afirmaron que la investigación de este asunto está en "buenas manos" y mostraron su deseo de que las pesquisas "lleguen hasta el final". No obstante, discreparon sobre la actitud que las distintas formaciones han tenido en relación a esta trama. Así, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, subrayó que no es la formación nacionalista la que tiene casos como los de Foz –gobernada por el PSdeG–, Barreiros o Gondomar –gobernadas por el PPdeG–.

La Voz de Galicia,20-2-2007.El parque inmobiliario del Val Miñor crece el doble de rápido que su censo. En cinco años la población aumentó un 11% mientras la oferta de viviendas lo hacía un 23%. Solamente Baiona se libra de los escándalos urbanísticos que salpican su entorno. Los concellos dibujan un área de Vigo con 860.000 residentes . El PP se inclina por que el alcalde de Gondomar opte a la reelección en mayo . Los promotores reconocen que los convenios son «focos de corrupción»

(Firma: Alberto Magro | Lugar: vigo)
?n la comarca de los escándalos urbanísticos, las viviendas se reproducen el doble de rápido que las personas. Lo dicen los datos del Colegio de Arquitectos de Galicia y de los municipios de Nigrán, Gondomar y Baiona, que revelan que entre el año 2000 y el 2005 los tres municipios del Val Miñor incrementaron un 11% su censo y un 23% su parque de viviendas.

Mientras el número de residentes pasaba de 37.055 a 41.487 (4.432 más), la oferta de pisos se disparaba desde los 20.207 que había en el año 2000 a los 24.926 con los que contaban los tres municipios cuando el calendario llegó al 2006. Todo gracias a la frenética actividad del sector de la construcción del Val Miñor, que fue capaz de levantar más de 4.700 viviendas en una zona cuya población crece menos de un 2% al año.

Pero para las constructoras no fue la demografía el mayor obstáculo, sino el sinfín de revuelos urbanísticos que sobresaltaron a la comarca en los últimos años. Al que hace unos meses hundió el plan general de Nigrán y, con él, al alcalde Alfredo Rodríguez (PP) ha seguido el que tiene en jaque al gobierno de Carlos Silva (PP), tras el supuesto cobro de comisiones a constructores por parte de dos de sus concejales.

No es este el primer episodio turbio que vive Gondomar en relación con su urbanismo. En realidad, esta localidad de casi 13.000 vecinos ubicada a escasos veinte minutos de Vigo lleva años encharcada en litigios relacionados con la promoción inmobiliaria. El más grave de ellos dejó al municipio sin plan general. Fue en el 2001, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo en el 2005. Desde entonces todo han sido problemas, que no impidieron al municipio incrementar un 25% su parque de viviendas. A las 4.482 que tenía se sumaron en un lustro más de 1.100.

Pese a todo, hubo quien los superó. No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos, porque en los otros dos municipios de la comarca la fiebre edificadora fue incluso más virulenta que en Gondomar. El caso más reseñable es sin duda el de Baiona. Pese a que es de momento el único concello de Val Miñor que no tiene a parte de su gobierno actual ante un tribunal, la localidad luce un mercado inmobiliario preñado de contradicciones.

En él, la sobreoferta de pisos -1.936 nuevos en cinco años- no basta para frenar el desbocado precio del metro cuadrado de hogar, y apenas queda reflejada en el crecimiento demográfico de un municipio turístico que atrajo a un millar de nuevos vecinos en un lustro.

Y mientras en Baiona la mancha de ladrillo crecía un 30%, Nigrán se convertía en el paraíso de los inversores inmobiliarios. Por el territorio de Alfredo Rodríguez, ex director general del Celta y actual alcalde, merodearon en los últimos meses ilustres directivos de clubes como el propio equipo vigués y el Real Madrid, a la caza de terrenos que un futuro plan general iba a convertir en oro. La reordenación urbanística se frustró el pasado año después de que los vecinos atacasen la casa consistorial de Nigrán, pero en el tiempo en el que se redactaba el plan las constructoras edificaron y vendieron en el municipio 1.676 pisos.

(Lugar: a.?m. | vigo)
En la comarca deL Val Miñor los euros y los ladrillos se multiplicaron en apenas un lustro. Pero la fase más lucrativa de los proyectos urbanísticos estaba por llegar. En Nigrán sólo una revuelta vecinal impidió que se aprobase la construcción de otras 7.000 viviendas, una cifra más que notable para un municipio de 17.000 habitantes.

La operación se fue al garete tras el alzamiento de los vecinos, pero en Gondomar y en Baiona tienen preparadas licencias suficientes para que el ladrillo siga su avance. Llama la atención el caso de Gondomar, que pretende dar licencia en los próximos quince años para 3.500 nuevas viviendas. Si esta vez logra sacar adelante su plan general, la localidad habrá conseguido duplicar su parque de viviendas en menos de veinte años, y casi con los mismos vecinos.

?laro que los proyectos de la comarca no extrañan tanto si se comparan con los del conjunto del área metropolitana de Vigo. La ciudad más poblada de Galicia y la veintena de municipios que la circundan han pintado en los planes generales, recién aprobados o en tramitación, la construcción de 220.000 viviendas para albergar a 859.000 personas antes del 2020. Y esas parecen muchas en una ría en la que hoy conviven 530.000 gallegos y 56.833 pisos vacíos.
El PP se inclina por que el alcalde de Gondomar opte a la reelección en mayo

(Lugar: c.?p.?/?a.?m. | vigo?/?gondomar)
El PP no considera que Carlos Silva, alcalde popular de Gondomar, tenga motivos para pagar un precio político por el escándalo urbanístico surgido en su grupo de gobierno y que ha supuesto que a quienes eran sus ediles de Urbanismo y Cultura se les hayan imputado tres delitos de cohecho a cada uno. Fuentes del partido mantienen que nada ha cambiado respecto a la decisión consensuada de que Silva opte por segunda vez a la reelección como regidor. «Él ha sido el primer sorprendido, y el traicionado por dos de sus colaboradores», mantienen en la dirección del PP gallego.

El alcalde de Gondomar, sin embargo, reconoció ayer que está sopesando su futuro político y aún no tiene tomada una decisión sobre su continuidad en la vida municipal, extremo que comunicará en breve en función de la evolución del caso. De todas formas, en su entorno más próximo se asegura que Silva se inclinará por presentarse, «porque lo contrario sería reconocer que él ha hecho algo mal, o incluso que se va para poner tierra por medio», señalan en su partido.

Lo que sí tiene claro el PP gallego, y el propio Carlos Silva, es que la lista que presente la formación a las elecciones de mayo será totalmente renovada, sin concejales del actual grupo municipal. Esa idea de cambio ya rondaba en la cabeza del alcalde, afirman desde la cúpula del PP, quien manifestó en más de una ocasión, de manera interna, su cada vez mayor distanciamiento con algunos de sus ediles, especialmente con los que fueron detenidos, aseguran ahora las fuentes consultadas.

Por su parte, el PSOE, el BNG y la Agrupación Independiente de Gondomar han pedido ya la dimisión inmediata del alcalde.

?a Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin) apuntó ayer directamente a la figura de los convenios urbanísticos como uno de los «focos de posible corrupción» institucional, en especial allí donde no existe planeamiento en vigor, como es el caso de Gondomar.

Javier Garrido, presidente de los promotores de la provincia, reconoció que los convenios urbanísticos por los que se autorizan construcciones a cambio de cesiones por parte de los particulares «depende del territorio de la negociación», con el grado de arbitrariedad y opacidad que esa circunstancia puede llegar a tener.

Garrido consideró al sector de la promoción inmobiliaria como «carne de cañón para los desaprensivos», por lo que insistió en defender la seriedad del sector y animar a sus asociados a que denuncien las prácticas de extorsión a las que puedan verse sometidos.

El presidente de los promotores quiso también romper una lanza en favor del arquitecto vigués imputado en el caso, Borja Ramilo, a quien calificó como «un gran profesional».

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, aseguró ayer que desconocía si habrá más detenciones relacionadas con el caso, y recordó que el sumario es secreto y dependiente del Juzgado número 6 de Vigo.

La Voz de Galicia,19-2-2007.-Abandona Gondomar un vocal del BNG que sufrió un atentado
Reportaje | Urbanismo y violencia en Val Miñor

Domingos Solla se mudó a la ciudad de Vigo después de que unos desconocidos le quemaran dos coches y parte de su vivienda en la entidad local menor de Morgadáns

David Giráldez recuerda que Millares le dijo en un pleno que acabaría apaleado
El líder de los independientes de Gondomar exige que se aclare para quién era el dinero
Núñez Feijoo reitera su confianza en el alcalde y limita el caso a los dos ediles

Autor de la imagen: GUSTAVO RIVAS (Firma: Alejandro Martínez | Lugar: gondomar)
El vocal del BNG de la entidad local menor de Morgadáns, Domingos Solla, se ha marchado de Gondomar después del atentado que sufrió el año pasado en su propio domicilio.

La madrugada del 13 de enero se despertó sobresaltado tras entrar por su ventana el humo generado por la quema intencionada de los dos vehículos de su propiedad que tenía aparcados en la entrada de su casa.

La Subdelegación del Gobierno ordenó una investigación, pero nunca se supo quiénes fueron los autores del suceso. Domingos Solla entendió que se trataba de un aviso y actuó en consecuencia: se mudó a su ciudad natal de Vigo y, ayer mismo, anunció su decisión de no volver a presentarse a las próximas elecciones municipales.

Reconoce que con esta acción lograron meterle el miedo en el cuerpo. «Ya ve cómo quedó mi casa, la política aquí está muy crispada, así que preferí marcharme, porque, sinceramente no me compensa», afirmaba ayer. Ahora no quiere saber nada de la política de Gondomar.

La vida también ha cambiado para Manuel Pereiro. Este ex concejal del BNG de Gondomar fue atacado por un infractor al que denunció por querer construir un taller de cantería en suelo rústico de protección forestal amparándose en el permiso verbal del concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez. El hombre lo golpeó en la cara y le siguió pegando con un palo cuando ya estaba tendido en el suelo. «Una llamada telefónica me salvó la vida, porque si no hubiera seguido hasta el final», recuerda. De la paliza que recibió le han quedado secuelas. Dice que ha perdido audición en el oído derecho y que todavía tiene un zumbido permanente que le hace la vida insoportable.

Pero lo que le dolió en el alma fue la reacción del gobierno municipal. «Pusieron a funcionar el aparato del Concello y enseguida sacaron el comunicado firmado por José Luis Mosquera conforme habían encontrado irregularidades en la construcción de mi vivienda. No me sentí arropado por la corporación municipal, sino todo lo contrario», manifiesta.

Tampoco se le ha quitado el miedo a que le vuelva a pasar una cosa así. «Estas situaciones te cambian la vida, te hacen vivir con una cierta preocupación, que seguiremos teniendo hasta que no veamos una condena».

La detención de los dos ediles del gobierno de Gondomar no le sorprende porque «el urbanismo en Gondomar tiene muchas lagunas y puntos negros, y estaba en la boca de todo el mundo que esto podía pasar».

Sede del PSOE

La agrupación local del PSOE de Nigrán ha sido víctima del último incidente vandálico en el que presumiblemente están detrás los intereses políticos y urbanísticos.

La sede de este partido amaneció el miércoles de la semana pasada embadurnada con pintura de color rojo y con los cristales de dos ventanas rotos. Su portavoz Manuel Rial, criticó la falta de convencimiento democrático de los autores, por tener que emplear este tipo de métodos salvajes en lugar del diálogo. Los concejales socialistas han solicitado una investigación ágil para que no vuelvan a repetirse este tipo de ataques ni queden impunes.

Y es que la tensión se respira en Val Miñor desde hace ya más de un año. La próxima aprobación de los planes generales en sus municipios ha puesto en juego muchos intereses económicos, que algunos se empeñan en defender excediendo todos los límites.

David Giráldez recuerda que Millares le dijo en un pleno que acabaría apaleado

El edil del BNG, David Giráldez, opina que algunos comentarios lanzados desde portavoces del PP han servido para dar cobertura política a los atentados sufridos durante los últimos 15 meses.

El representante nacionalista recuerda las palabras que un día el alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez Millares, le dijo en un pleno. Debatiendo sobre la creación del polígono industrial de Porto do Molle, el regidor le soltó al representante nacionalista que «no sé si usted estará aquí dentro de 15 años, porque a lo mejor para entonces ya le han apaleado», según consta en el acta municipal.

En otra ocasión aseguró que no había que permitir que en esta guerra «ganen los malos». «Este tipo de lenguaje puede alentar a personas infractoras o que tuvieron privilegios de todo tipo a pensar que todo se soluciona a golpe de pepinazos», afirmó ayer el representante nacionalista.

Víctima

David Giráldez fue la primera víctima. Su coche apareció calcinado a la puerta de su casa al día siguiente de haber denunciado públicamente una tala ilegal en un suelo protegido de la península de Monteferro. Días después recibió amenazas telefónicas desde una cabina pública de Portugal.

Han pasado 15 meses desde entonces y todavía no hay ninguna pista sobre los posibles autores, «lo que me hace pensar que los resultados de la investigación son nulos, e incluso dudo que se hiciera una investigación en condiciones».

El líder de los independientes de Gondomar exige que se aclare para quién era el dinero

Manuel Núñez, líder de Move Gondomar, exigió ayer a los ediles imputados en el caso de supuesta corrupción urbanística de la villa pontevedresa que digan públicamente para quién era el dinero que pretendían lograr con el presunto cohecho descubierto la pasada semana. Núñez, cuya formación fue apuntada directamente como receptora de fondos supuestamente ilícitos en las grabaciones secretas hechas al ya ex edil de Cultura de Gondomar, aseguró ayer que nunca recibió «ni un duro ni oferta verbal por nada semejante».

El líder de la formación escindida del PSOE considera que lo que dice en las declaraciones grabadas el concejal imputado y lo que él haya podido decir a la jueza incriminando a terceros «son meras justificaciones, sin ningún tipo de pruebas». «Mosquera [por el concejal de Cultura que recibió el sobre con el dinero] debería ser más claro, no manchar a todo el mundo y presentarnos a todos como sucios».

Finalmente, Manuel Núñez asegura a La Voz que la formación más involucrada por las afirmaciones de Mosquera es el propio PP y su alcalde. «Es mi amigo, pero debería irse, aunque esté limpio, porque él es el responsable de meter y mantener a esa gente».

Núñez Feijoo reitera su confianza en el alcalde y limita el caso a los dos ediles

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, expresó ayer desde Suiza su confianza en el alcalde de Gondomar. «Tiene todo mi respeto y apoyo, y él ha sido el primer sorprendido con que gente de su equipo hiciera ese tipo de negocios», señaló. El líder del PP considera que entre dos mil ediles que tiene su partido puede haber «alguien sin ética. Es injustificable, lo lamento, y además perseguiré cualquier comportamiento similar», añadió.

Ricardo Varela, secretario de Organización del PSdeG, exigió por su parte «moitas explicacións ao PP» y al regidor de Gondomar. «El é o máximo responsable e non pode seguir no posto nin un minuto máis», dijo.

Faro de Vigo. 16-2-2007.-"ES FALSO QUE PAGÁSEMOS LA ESCISIÓN DEL PSOE. SE ME CALENTÓ LA BOCA PARA CONVENCER AL EMPRESARIO QUE IBA A PAGAR", MANIFIESTA. Mosquera exculpa a PP e independientes pero afirma que el dinero era para la campaña. "Ni el alcalde ni el resto de mis compañeros, ni tampoco los ediles de Move Gondomar sabían nada de esto", dice.

El ex edil José Luis Mosquera Veleiro. / sonia daponte

"Ni el alcalde ni el resto de mis compañeros, ni tampoco los ediles de Move Gondomar sabían nada de esto", dice.

Había asegurado que el dinero de las comisiones ilegales a cambio de beneficios en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Gondomar no se destinaría a su lucro personal. José Luis Mosquera, uno de los concejales de Gondomar detenidos por presunta corrupción urbanística, confirma ahora que pensaba gastar en la campaña electoral los 60.000 euros, cuyo cobro resultó frustrado el pasado miércoles por la operación policial en que resultaron detenidos los dos ediles, la pareja de uno de ellos y un arquitecto vigués. Él solo, insiste, pensó en apoyar económicamente a Move Gondomar. Asegura que el equipo de gobierno y los tres independientes desconocían sus intenciones. "Ni el alcalde, Carlos Silva, ni el resto de mis compañeros en el equipo de gobierno, ni tampoco los independientes sabían nada de esto", recalca.
El ex concejal de Cultura y portavoz del gobierno municipal gondomareño se responsabiliza por completo de una "estrategia política para mantener el gobierno del PP". La idea comenzó a desarrollarse en su mente antes del pasado verano, dice, y llegó a comentarla con el otro imputado de tres delitos de cohecho Alejandro Gómez Garrido. El Partido Popular dispone de mayoría absoluta con nueve concejales en la Corporación, pero Mosquera estaba convencido de que no gozaría de una ventaja tan amplia después de las elecciones del próximo 27 de mayo después del largo proceso judicial que acabó por anular el Plan Xeral de 1997 y los retrasos en proyectos como el de la piscina municipal. "Estaba convencido de que bajaríamos hasta los 6 o 7 concejales. Creía que necesitaríamos a los independientes para garantizar que el PP siguiese gobernando e impedir que PSOE y BNG lograsen la mayoría", explica.
Pero esta idea jamás trascendió de su imaginación, asegura. Sí reconoce que la comentó con el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, pero nunca con el regidor, los otros ediles del PP, "ni mucho menos los tres concejales de Move Gondomar".
Coalición
Respecto a los independientes, asegura que nunca llegaron a conocer su intención de aportarles ayudas económicas para la campaña electoral. "No hay nadie que pueda decir que yo les propusiera ofertas económicas. Ni siquiera habíamos hablado de una posible coalición", sentencia. Lo cierto es que los ediles no adscritos han mostrado su apoyo al gobierno municipal en diversos plenos de la Corporación y eran muchos los gondomareños que vaticinaban un pacto de gobierno entre populares e independientes tras los comicios.
La investigación trata de esclarecer si la cantidad que Mosquera iba a recibir se destinaría a la financiación irregular de partidos. La grabación del encuentro del ex edil con el empresario vigués Manuel Rodríguez, que se prestó como cebo en la operación, incluye frases que apuntan a esta posibilidad. La cinta muestra cómo el ex concejal incluso asegura al "gancho" que compró la ruptura de los ediles independientes con el PSOE hace más de un año. Pero ahora se retracta y asegura que mintió, que se trataba de una argucia para ofrecer garantías al empresario. "Se me calentó la boca para convencer a la persona que iba a pagar. Es falso que financiásemos la escisión del PSOE. A nosotros nos benefició que el partido se rompiese, pero no lo provocamos y todo el mundo lo sabe", argumenta.

La Voz de Galicia.-19-2-2007.-La cinta de Gondomar revela que se pagó la escisión del PSOE local
18/02/2007

Tres de los cuatro concejales socialistas dejaron su formación y crearon una independiente

El edil dice además en la grabación que se costearía la campaña del nuevo partido de los tránsfugas

La conversación grabada entre el empresario vigués y el concejal de Gondomar que presuntamente exigió el pago de 45 millones de pesetas por la aprobación de un convenio urbanístico podría ampliar en breve las consecuencias políticas de la crisis abierta en la villa pontevedresa.

La cinta de vídeo en la que el ya ex concejal de Cultura es enfocado en todo momento durante el encuentro vigilado recoge cómo el imputado, José Luis Mosquera, alude al control que, al menos él, tendría sobre los tres ediles que abandonaron en este mandato el PSOE y fundaron después el partido Move Gondomar.

Fue en el momento en el que el empresario-gancho pidió garantías de que el convenio urbanístico saldría aprobado dentro del nuevo Plan Xeral cuando Mosquera retrató la situación de la corporación. Como reconocen además fuentes de la investigación, el edil acusado de cohecho dijo ante la cámara, cuya existencia desconocía, que los votos del PP estaban garantizados, y que los ediles de Move Gondomar se abstendrían, porque (tal y como dice en la grabación) se les habría financiado la marcha del PSOE y se había comprometido a costear parte de la campaña electoral de las municipales.

En ese episodio, Mosquera hace la reflexión de que el PP no tendrá fácil obtener esta vez en las elecciones de mayo la mayoría absoluta, y por eso les haría falta «una pata para apoyarnos más». De la conversación no se deduce sin embargo que el dinero de la supuesta comisión fuese destinado a dicho partido.

El PSOE de Gondomar se fracturó en el 2005 por la disputa del liderazgo en la secretaría xeral. El que fuera candidato a la alcaldía en el 2003, Manuel Núñez Sestelo, perdió el favor de la militancia y fundó Move Gondomar. Dos ediles más del PSOE se sumaron y desde entonces solían coincidir en las votaciones con el PP.

La cinta grabada a José Luis Mosquera recoge, por otra parte, cómo el ex edil garantiza a su interlocutor que el concejal del PSOE «no se entera», pero le habría avanzado que no alegaría contra el convenio. El imputado se refiere finalmente en la cinta a los ediles del BNG, jactándose de que ya se les habría dado un aviso en un pleno de que en el plan también hay parcelas recalificadas de sus familiares.
Los dos acusados renunciaron a sus actas a través de un mensajero

?osé Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido presentaron ayer por escrito la renuncia a sus actas de concejales, pero no lo hicieron personalmente, sino que encargaron a un mensajero que introdujera sus cartas de dimisión en el registro municipal.

Ambos no han salido de sus casas desde que fueron puestos en libertad con cargos por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo. Ayer tampoco lo hicieron, sabiendo además que numerosos periodistas esperaron su llegada durante toda la mañana en las puertas de la casa consistorial.

José Luis Mosquera escribió una carta en la que, de su puño y letra, pidió perdón al alcalde, a todas las personas que confiaron en él «y a todos los vecinos por el daño irreparable que, con mi actitud irresponsable, he causado al nombre de Gondomar».

El ya ex concejal de Cultura reconoció con franqueza su error. «Te presento mi dimisión porque mis últimas actuaciones son indignas de un representante de los vecinos e incompatibles con el recto proceder de un cargo público y porque he actuado mal y no merezco tu confianza política», terminó diciendo en su misiva.

Alejandro Gómez, en una nota más escueta, manifestó su renuncia para poder trabajar «en favor de la verdad» y ponerse a disposición de la Justicia.

Los dos representantes poseían una amplia trayectoria en la política municipal de Gondomar. Alejandro Gómez dio carpetazo después de 20 años de dedicación a la concejalía de Urbanismo, mientras que José Luis Mosquera se despidió tras 16 años como concejal de Cultura.
«Ni nos ofrecieron, ni recibimos nada», dice el portavoz de los independientes
18/02/2007

«Nosotros nos ofrecimos para colaborar en el plan, pero no tenemos nada que ver con sus chanchullos». Así se expresaba ayer el portavoz de Move Gondomar, Manuel Núñez Sestelo, que negó rotundamente tener algún tipo de relación con las presuntas negociaciones prohibidas que motivaron la detención de los ediles José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido.

Los independientes estudian la posibilidad de presentar una querella contra Mosquera por haber comentado al promotor que hizo de gancho que garantizaban también el apoyo de Move Gondomar al Plan Xeral que haría posible las recalificaciones pactadas.

Manuel Núñez afirmó que no existe ningún pacto previo con el PP y que su apoyo al gobierno siempre ha sido en cuestiones muy específicas. «Nos quieren salpicar personas del BNG y del PSOE que ahora dicen que esto lo veían venir, y yo les pregunto por qué no lo denunciaron entonces, como hicimos nosotros en otras ocasiones con más irregularidades», manifestó este portavoz.

El BNG demandó ayer que se investigue la financiación de los partidos locales.

(Firma: Carlos Punzón | Lugar: vigo)
Sabe que se convertirá en breve en protagonista. De hecho, ya lo es. Pero prefiere mantener el anonimato todo el tiempo que le sea posible. Esa es la condición previa marcada para el encuentro con La Voz. «Porque yo no quiero nada, no busco protagonismo, sólo represento a un equipo de empresarios que estamos hartos de tanta impunidad».

A él acudió una sociedad promotora para poner en marcha una urbanización de cuarenta chalés en una parroquia de Gondomar. Él comenzó a hacer su trabajo, intermediación en la compra de fincas a particulares, formar juntas de compensación...

Junto a los promotores, estudió en el Ayuntamiento la posibilidad de incluir mediante un convenio dicha actuación en el Plan Xeral de Ordenación Municipal que se estaba iniciando. La empresa promotora asegura que los redactores del PXOM no vieron demasiadas pegas para ello. Pagaron a los propietarios de los terrenos 180.300 euros, y a partir de ese momento empezaron los problemas y las supuestas peticiones de dinero que han dado paso al caso Gondomar. Sus entresijos prefiere que sea la Justicia quien los dirima, pero él lo tiene claro. «Por supuesto que lo volvería a hacer», dice con toda la contundencia del mundo.

- A estas alturas, ¿no tiene dudas, les pidieron 45 millones de pesetas, tal cual?

-Así fue. Los promotores no entendían nada, les estaban pidiendo dinero por tramitar algo que todos habían dicho que era absolutamente legal. Cómo iban a embarcarse en algo en lo que además podían perder lo invertido.

- Y con el dinero del solar ya abonado, ¿no pensaron al menos ni por un momento en pagar la «mordida»?

-Los socios de la empresa y yo analizamos todas las posibilidades. Pagar, no hacerlo y esperar a ver qué pasaba con el Plan Xeral; o finalmente, denunciar el caso en la fiscalía y llegar hasta el final. Todos lo tuvimos claro enseguida. Pensamos cómo hacerlo y lo denunciamos. Lo teníamos claro, con todas las consecuencias, cayera quien cayera.

- ¿Y por qué no pagar? ¿No es una costumbre más o menos habitual en el sector del ladrillo?

-Mire, le digo una cosa y téngala por absolutamente cierta. Si paga una vez, se le queda cara de paganini, se le va a notar en la cara y en el alma, y además en el sector se acaba sabiendo que es de los que pagan. Por eso no nos cupo ninguna duda. Además, no puede ser que todo el mundo se tape la nariz. Ya no se puede seguir mirando más para otro lado, hay que denunciar.

- Pero a la hora de sopesar todas las salidas posibles, ¿no barajaron también el miedo, sobre todo cuando se dice que hay mafias urbanísticas en el Val Miñor?

-Podemos parecer románticos o quizá locos, pero lo cierto es que si hubo algo que nos animó a denunciar fue ver los ataques que habían sufrido políticos y simples vecinos de Gondomar y Nigrán. Alguien tiene que dar la cara, ayudar a cortar esta lacra. Si nadie se anima a denunciar, los corruptos serán los que dominen la sociedad. A los socios de la empresa los animó mucho eso para tirar para adelante.

-¿ Pero está relacionando los ataques con las presuntas peticiones de comisiones?

-No, no. No digo eso. Pero los ataques nos llevaron a plantearnos qué podíamos hacer nosotros en nuestras circunstancias, y estaba claro, denunciar.

-Me imagino que sí, supongo que lo harían a conciencia. Es lógico que el fiscal y la jueza no se fíen de cualquiera. Pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Lo que me queda claro es que no hay impunidad. Hay que recoger buena información y acudir a la Justicia. En ella hay buena gente dispuesta a trabajar con absoluta seriedad.

Asegura que empezó a dormir con normalidad después de que todo acabase, después de semanas pensando y trabajando con la Justicia para, como han dicho las fuentes de la investigación, «cogerlos con las manos en la masa».

-En que si todo salía mal mis socios podían perder ese dinero. Porque 60.000 euros no se sacan debajo de una piedra así como así. Uno de los socios tuvo que pedir una póliza de crédito de otro negocio para lograr rápido el dinero. Imagínese, que después de todo el trabajo, de tantas horas de pensar, de hablar, perdiéramos el dinero e incluso el invertido en Gondomar.

-Sí, claro, pero quién sabe cómo acaban esas cosas. De todas formas si se hubiese perdido, acordamos repartir la pérdida entre todos los socios de la empresa.

-Pues Mosquera me dijo que fuéramos al servicio, y la verdad es que a mí en ese momento hasta me vino bien, me hacía falta. Le di el sobre y nada más. ¡Ah sí!, me dijo: «Bueno, ahora ya sabes, si quieres más obras en Gondomar llámame la semana que viene».

(Lugar: la voz | pontevedra)
El secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda Crespo, aseguró ayer en Pontevedra que hubo miembros del PSOE de Gondomar que tuvieron conocimiento «antes que nadie» de la operación. Rueda puso de manifiesto la «plena confianza» del PPdeG en la Justicia y en el trabajo de los jueces, pero admitió que tienen sus reservas con respecto al trabajo de la fiscalía. «Hay cosas, en el modo de hacer las detenciones y de actuar en el sumario, ciertos procedimientos, que nos siguen chirriando».

Rueda defendió el modo de actuar de su partido: «En cuanto se tuvo constancia de las actuaciones judiciales, el PP llegó al límite de lo que puede ser la actuación de un partido».

(Lugar: j.?a. | oviedo)
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, no se muestra partícipe de recortar las competencias de los ayuntamientos en materia de urbanismo. Pero aún reconociendo las dificultades que muchos pequeños concellos gallegos tienen para ejercer su autonomía y revisar sus planeamientos, no dudó al valorar casos como el de Gondomar: «La legalidad hay que cumplirla siempre, porque la legalidad no es algo abstracto, es la defensa del interés general, de la calidad de vida y de la seguridad jurídica de los ciudadanos y de los empresarios. En cuanto no se cumple de una u otra manera vienen los inconvenientes, y se generan los problemas».

A la conclusión de la cumbre interautonómica de Galicia y el Principado, Touriño incidió en que las autonomías disponen de «potentes instrumentos» para controlar el urbanismo y que su función debe ser la de apoyar a los ayuntamientos para que puedan desarrollar sus planeamientos. En el caso de la Xunta, insistió en que además hay un interés evidente en reforzar este papel, de ahí la creación del Instituto de Estudios del Territorio, que se incluye en el proyecto de ley de medidas urgentes de protección del litoral y cuya función fundamental será la de asesorar a los concellos.

Por otra parte, el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda Crespo, aseguró ayer en Pontevedra que hubo miembros del PSOE de Gondomar que tuvieron conocimiento «antes que nadie» de la operación. Rueda puso de manifiesto la «plena confianza» del PPdeG en la Justicia y en el trabajo de los jueces, pero admitió que tienen sus reservas con respecto al trabajo de la fiscalía. «Hay cosas, en el modo de hacer las detenciones y de actuar en el sumario, ciertos procedimientos, que nos siguen chirriando».

Faro de Vigo.es.- 18-2-2027.-Feijóo anima al juez a investigar "sin límite" el destino de los cobros ilegales de Gondomar
El presidente del PP quiere que se "despeje cualquier duda" sobre el supuesto uso de ese dinero para financiar la campaña electoral.

El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, instó ayer a la Justicia a investigar "sin límites" a qué iba destinado el dinero procedente del cobro ilegal de comisiones por parte de los dos ediles de Gondomar y a esclarecer "cualquier indicio" de que pudiese usarse para financiar campañas electorales. "Queremos que se conozca el alcance y el contenido de lo dicho por ese concejal", comentó ayer el líder de los populares desde Suiza, en alusión a las palabras de José Luis Mosquera, uno de los imputados por los delitos de cohecho, en las que reconocía su culpabilidad pero advertía que el dinero no era para él.
Mosquera, que ya presentó su renuncia como concejal de Cultura, fue uno de los cuatro detenidos el pasado miércoles por el presunto cobro ilegal de dinero a cambio de incluir un proyecto urbanístico en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. La investigación abierta indaga ahora si esas comisiones iban destinadas a financiar campañas electorales.
"Si hay alguna duda, nosotros pedimos a la investigación que actúe hasta las últimas consecuencias", expuso ayer Feijóo. El líder del PP adoptó ayer una posición de total firmeza ante "la presunta comisión de un delito" por parte de políticos que militen en sus filas. El PP suspendió ya de militancia a Alejandro Gómez Garrido, el otro edil imputado. Mosquera, sin embargo, no tenía carné del Partido Popular, aunque había concurrido a las últimas municipales en su candidatura.
"El mismo día que supimos la decisión del juez actuamos", apuntó Feijóo. En esa línea y en alusión a las sospechas sobre financiación del partido con cobros ilegales animó al juez a "despejar todas las dudas, cualquier indicio sobre este asunto".
El regidor de Gondomar, el popular Carlos Silva, tiene, sin embargo, el apoyo de la cúpula del partido. "En este momento el alcalde tiene la confianza de la dirección", aseguró.
El líder del PP gallego y el alcalde mantuvieron una conversación en la que Silva le dio su palabra de que "no conocía los hechos". "Y yo no lo pongo en duda", advirtió ayer Feijóo.
Por este motivo, el presidente de los populares gallegos cree que el regidor no tiene por qué dimitir. "Si el alcalde está seguro de que está teniendo una conducta intachable, debe seguir", aseguró.
Por su parte, el secretario xeral del partido, Alfonso Rueda Valenzuela, denunciaba desde Pontevedra que "ciertos procedimientos judiciales chirrían", ya que, según censuró, miembros del PSOE disponían de información privilegiada ya que conocía "antes que nadie" la operación policial. En todo caso, el dirigente mostró su "máximo respeto" por la autoridad judicial.

El Correo Gallego.-18-2-2007.-SORPRESA
La Fiscalía tiene la certeza de que los ediles actuaron por encargo
En el sumario abierto aparecen al menos otras dos personas directamente implicadas ·· La Guardia Civil sigue recabando informaciones sobre los sospechosos ·· El Juzgado no baraja por ahora dar protección policial al denunciante ·· Los agentes presumen que el "cebo" filtró datos

Feijóo niega rotundamente implicaciones hacia arriba
Una encerrona en la calle Colón

Copia de la carta que presentaron ayer mismo los dos concejales del Partido Popular en Gondomar renunciando a sus escaños

La Fiscalía está convencida, "tiene la certeza", según una fuente consultada por este periódico, de que los dos ex concejales de Gondomar, José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido, actuaron por encargo de otras personas en el caso del cobro de dinero a un promotor a cambio de la agilización de licencias urbanísticas. En ese sentido decir que en las investigaciones abiertas aparecen al menos otras dos personas directamente implicadas, aunque los agentes tratan de recabar más indicios incriminatorios para proceder a su detención, que "puede ser cosa de días o prolongarse en el tiempo", señaló la citada fuente.

"Hay datos en la investigación", señalaba ayer, "sobre algunas personas más. El caso no está cerrado y seguimos trabajando. Están relacionados directamente con el hecho que se abortó (la entrega de dinero) pero estamos a la espera de una información trascendente".

José Luis Mosquera reconoció ante la juez que el dinero recibido no era para él aunque no avanzó demasiado sobre los presuntos destinatarios. Tanto Mosquera como su compañero Gómez se negaron "a dar nombres" pero los agentes judiciales "están muy bien encaminados". La fuente, que pidió preservar su identidad, no quiso desvelar si los sospechosos también pertenecen al Partido Popular aunque otras informaciones señalan a miembros de "una candidatura independiente de Gondomar".

Por otra parte, el intermediario vigués que denunció los hechos y entregó el dinero como gancho, que fue identificado como Manuel Rodríguez, no dispondrá por ahora de protección oficial al considerar tanto la Guardia Civil como la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo que su vida no corre peligro. Los agentes han desvinculado este hecho con actos violentos registrados en este mismo concello contra ediles del Bloque que habían denunciado en su día varios presuntos casos de corrupción urbanística.

El denunciante, según fuentes de la investigación, ha venido filtrando datos de la misma, una cuestión que les ha sorprendido porque "pone en peligro su vida".

El reconocimiento público del edil José Luis Mosquera de que el dinero decomisado por agentes judiciales no era para él conduce a pensar al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gondomar, José Carlos Cabaleiro, a que podría ser para financiar la campaña de una agrupación de independientes escindidos del PSdeG-PSOE y del PP, que está en pleno proceso de formación. El edil socialista también cree que los "pactos secretos" aludidos por los inculpados en sus declaraciones ante la juez deben dejar claro no sólo quien era el destinatario final del dinero sino a qué se iba a destinar. Está convencido de José Luis Mosquera no va a cargar con todas las culpas del presunto cohecho. Le anima a dar los nombres y apellidos del resto de los implicados, ya que cree que hay mas involucrados.

Feijóo niega rotundamente implicaciones hacia arriba
Rueda atribuye las declaraciones de José Luis Mosquera a un intento por defenderse ·· Los populares creen que el caso puede acabar volviéndose contra los socialistas

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, negó ayer de forma rotunda cualquier implicación de la organización en el caso Gondomar. El concejal independiente de Cultura, José Luis Mosquera, tal y como puede comprobarse en la carta que hoy reproduce este periódico, apuntó que el dinero no era para él, aunque no desveló los destinatarios.

Feijóo, en declaraciones a este periódico desde Ginebra, donde se encuentra de gira de contacto con la diáspora, fue claro: "Cara arriba, no PPdeG, ningunha responsabilidade". "Se alguén se aproveitou que cargue con toda a responsabilidade", agregó, al tiempo que reiteró la disposición de la formación popular a "facilitar" al juez toda la información. Es más, el dirigente pidió al juez que actúe "como corresponde" , "investigue" y aplique la ley con toda la "contundencia". A la vez que hizo hincapié en el "máximo respeto" del PP a lo que decidan las autoridades judiciales, añadió que nada más conocerse el cariz de los acontecimientos dio instrucciones al comité de dereitos e garantías del PPdeG para sancionar y separar de la disciplina al otro edil implicado en la trama y que sí milita en el partido.

En todo caso, Alberto Núñez Feijóo destacó que en el PPdeG hay "tranquilidade" y que el concejal que realizó las declaraciones en las que señala que el dinero no era para él, no pertenece a la disciplina popular, sino que es independiente.

Aprovechó, además, para pedir "responsabilidade" al PSdeG porque en las filas socialistas "hai xente denunciada por cousas similares e non dimiten". "Que non se ensañen con este caso porque pode volverse contra o seu partido", advirtió el máximo responsable del PPdeG.

Pero Feijóo no estuvo solo en la batalla. La dirección conservadora cerró toda ella filas en el caso. El número dos de la organización, Alfonso Rueda, también fue rotundo a la hora de desvincular al partido de los cobros. "Lo que diga ese señor él sabrá por qué lo dice. Estará intentando defenderse. Pero, en absoluto". Y, en el mismo sentido, se pronunció el presidente provincial pontevedrés, Rafael Louzán.
Una encerrona en la calle Colón
La entrega gancho en la cafetería de un hotel vigués traía detrás una investigación iniciada en los últimos meses de 2006, cuando se informó al fiscal del requerimiento de comisiones a un promotor ·· Las cuatro detenciones transcurrieron el miércoles en menos de tres horas

Un empleado del hotel Galicia, en la calle Colón, en la puerta de la cafetería donde fue detenido el ex edil de Cultura, José Luis Mosquera
FOTO: ANA
La investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística de Gondomar minuciosamente conducida desde los últimos meses de 2006, saltó a la acción pasadas las nueve de la noche del miércoles a las puertas de la céntrica cafetería del hotel Galicia de la calle Colón de Vigo, cuando dos agentes de paisano arrestaban nada más abandonar el establecimiento al que durante los últimos 16 años ha sido concejal delegado de Cultura del ayuntamiento de Val Miñor, José Luis Mosquera. En el bolso de su compañera sentimental, Belén Fernández, el sobre con los 60.000 euros que constituiría la primera de las tres entregas hasta completar un soborno que ascendería a 210.000 euros para recalificar como edificable una parcela que albergaría una urbanización del promotor Manuel Rodríguez.

Pero la trama se les cayó encima. La demanda de contrapartidas a la agilización de del convenio urbanístico fue puesta en conocimiento del fiscal especial de Medio Ambiente de Vigo. Al tanto desde hacía meses de los planes de los concejales imputados, el dispositivo policial vigiló la cita, fijada a las 21.00 horas, en la que el promotor actuó de gancho.

A partir de ahí, y en unas pocas horas, fueron detenidos el Alejandro Gómez Garrido, hasta el viernes concejal de Urbanismo y Hacienda, y, pasada la medianoche, el arquitecto Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez, que habría actuado como enlace con hasta tres propietarios de terrenos dispuestos a pagar comisiones a cambio de seguridad en sus inversiones urbanísticas en el plan general del municipio. De esos tres contactos, sólo prosperaría el de Manuel Rodríguez.

El secreto de sumario pesa sobre la investigación. Y el sigilo está siendo una constante en una operación que ha sorprendido a una localidad de trece mil habitantes, especialmente por recaer sobre dos concejales que nunca sobresalieron por el lujo: Mosquera, que vive de su sueldo como profesor de Historia en el instituto Auga da Laxe, tiene el mismo coche desde hace once años y compra su ropa en las rebajas, según él mismo ha relatado en los últimos días.

Según ha trascendido de sus declaraciones ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo, los concejales han admitido el cobro, pero destacando que el dinero no era para su lucro personal.

Dimisión y arrepentimientoMosquera siente vergüenza, pero asegura que el dinero no era para él

Un allegado a los dos concejales del PP entregó a las 12.30 horas en el registro del Ayuntamiento de Gondomar las cartas de renuncia de los ediles. Una es extensa y manuscrita, la de José Luis Mosquera, y otra breve y mecanografiada, la de Alejandro Gómez.

Mosquera se muestra en el escrito profundamente arrepentido por su actuación y reconoce haber recibido dinero, pero asegura que "jamás llamé a la puerta de ningún promotor para pedir dinero a cambio de una licencia" y afirma que "el dinero del que se habla estaba muy lejos de mi bolsillo, ya que nunca tuve como objetivo ni el enriquecimiento personal, ni la ostentación, ni el lujo".

En la carta con la que presenta su renuncia como concejal de Cultura, Mosquera pide perdón al alcalde y a los vecinos por el "daño irreparable que he causado a Gondomar con mi actitud irresponsable". Insiste en que sus actos de los últimos días "sólo encuentro motivos para sentir vergüenza y pedir perdón".

Reconoce sin ambages que "mis últimas actuaciones son indignas de un representante de los vecinos e incompatibles con el recto proceder de un cargo público" y por eso "presento mi carta de dimisión".

Por su parte, el responsable de Urbanismo subraya que la decisión de presentar su dimisión es "firme y rotunda" y expresa su voluntad de "trabajar en favor de la verdad en este asunto".

Destaca su intención de "colaborar con la justicia para aclarar esta cuestión en el periodo más breve de tiempo posible".

La Voz de Galicia.-18-2-2007.-Dimiten los dos concejales imputados en el «caso Gondomar» . Ambos han presentado la renuncia al acta de concejal en el Registro municipal.. En una grabación se oye al concejal de Gondomar regateando la comisión
Foz: Política Territorial tomará «medidas» si el concello no anula las licencias irregulares antes del día 23

(Firma: Agencias | Lugar: Santiago)
Una persona en nombre de los dos ediles de Gondomar (Pontevedra) imputados por tres delitos de cohecho ha presentado hoy la renuncia de ambos al acta de concejal en el Registro municipal, informaron fuentes del PPdeG.

La formación que preside Alberto Núñez Feijoo, que ya propuso la suspensión de militancia a Alejandro Gómez, uno de los dos ediles imputado, instó ayer tanto a él como a su compañero, el también edil, José Luis Mosquera, a que devolviesen el acta de concejal, para cumplir con el código ético del partido.

Además, el alcalde, Carlos Silva, ya les había retirado ayer sus responsabilidades al frente de Urbanismo y Cultura, respectivamente.

Ambos se encuentran en libertad con cargos, tras ser detenidos, junto con la novia de uno de ellos y un arquitecto, por presuntos delitos de cohecho.

La detención de estas cuatro personas se produjo el pasado miércoles a última hora de la noche y está enmarcada dentro de una operación llevada a cabo por la Guardia Civil de Vigo y de Madrid contra la corrupción urbanística en el municipio pontevedrés de Gondomar.

La primera entrega de fondos se concretó para tan sólo 48 horas después de la negociación vigilada

Los 120 billetes de 500 euros fueron fotocopiados previamente en los juzgados
Cinco minutos antes de la entrega, el edil llamó para cambiar el escenario del encuentro
Entrevista: «Si lo hice fue porque el dinero no era para mi bolsillo»
Reacción: El alcalde de Gondomar destituye de sus cargos a los ediles imputados

Autor de la imagen: XOÁN CARLOS GIL (Firma: Carlos Punzón | Lugar: vigo)
Todo está grabado. El caso Gondomar no será en principio un pleito en el que la verdad se dirima sólo entre testimonios enfrentados. Una cinta, cuya grabación fue autorizada judicialmente, se convertirá en la principal prueba de cargo para demostrar las denuncias por corrupción urbanística surgidas en Val Miñor.

La cinta, grabada con punteros sistemas de la Guardia Civil, recoge al portavoz del PP gondomareño y concejal de Cultura, José Luis Mosquera, dando todo lujo de detalles sobre las cantidades reclamadas para agilizar la tramitación de un convenio urbanístico, las garantías de ejecución para los promotores, los plazos exigidos para recibir los pagos e incluso el regateo establecido en la negociación. Fuentes de la investigación aseguran que la contundencia de la prueba es absoluta, y así se le habría indicado durante los interrogatorios a algunos de los detenidos.

Todo se había iniciado cuando, durante la tramitación de una urbanización de 40 chalés en Gondomar, el arquitecto encausado, Borja Ramilo, indicó a los promotores la condición puesta por concejales del PP local de cobrar una cantidad para agilizar el convenio urbanístico incluyéndolo en el nuevo Plan Xeral. Tras analizar la petición, y dado que los empresarios ya habían invertido 180.000 euros en la compra de la parcela en cuestión, se decidieron a «ir a por todas», según relatan fuentes de la investigación, y seguir la corriente a los ediles hasta el final. Dicha situación fue comunicada antes a la fiscalía especial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dando lugar a la conocida denuncia.

Los empresarios nombraron entre ellos a un representante, quien, tras insistir al arquitecto, logró tener una primera conversación directa con el concejal de Cultura, José Luis Mosquera, que es la que quedaría grabada.

La entrevista entre el empresario y el concejal se realizó al fin el pasado lunes, tan sólo 48 horas antes del simulado pago y de las cuatro detenciones. El lugar fijado, el despacho del arquitecto, según señalan las fuentes consultadas. El profesional presentó a las dos personas y no volvió a aparecer en la cinta.

El empresario, convertido ya en gancho policial, inició la conversación considerando exagerada la cantidad pedida en la mordida . La respuesta no se hizo esperar, y tras relatar el edil de Cultura necesidades económicas personales, como su hipoteca, aceptó una rebaja de 45 a 35 millones de pesetas.

El propio concejal fijó, tal y como consta en la conversación grabada, la entrega en tres plazos. La primera, de diez millones de pesetas, para el pasado miércoles, una vez que se había aprobado inicialmente unos días antes el nuevo Plan Xeral de Gondomar. Los segundos 10 millones, cuando se realizase la aprobación provisional. Y los últimos 15 millones, cuando la Xunta firmase el plan.

Únicamente se materializó el primer plazo, justo frente al despacho del arquitecto, en la cafetería del Hotel Galicia, de la calle Colón. Los agentes vigilaban el lugar desde horas antes y, tras la entrega controlada, llegaron las detenciones.

Una de las condiciones que los empresarios denunciantes pusieron para seguir adelante y colaborar hasta el final para tratar de «coger con las manos en la masa» a los denunciados fue la de no perder los 60.000 euros que se iban a entregar en el primer pago y que servirían para realizar las detenciones. Así lo señalan fuentes del caso, quienes aseguran que en todo momento se les dio garantías de ello, e incluso de que la devolución del dinero se haría en el menor tiempo posible.

¿Y cómo garantizar que el dinero entregado era el mismo que el que se le incautase a los detenidos y que no habría ningún problema con la identificación de los billetes?

La respuesta judicial y policial fue rápida y efectiva. Tras conseguir reunir el mismo lunes los promotores los 60.000 euros, se procedió en el juzgado encargado del caso a fotocopiar cada uno de los 120 billetes de 500 euros que iban a ser entregados. Las series de todos y cada uno de ellos quedaba así reflejadas en las fotocopias depositadas en el juzgado.

El martes se hizo la llamada de rigor para confirmar que se disponía del dinero acordado, continúa el relato de las fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico que siguen el caso de supuesta corrupción urbanística.

La cita se fijó para el día siguiente, sin más dilación. El empresario gancho sería el encargado de hacer la entrega, de otra parte el concejal de Cultura y portavoz del grupo municipal del PP gondomareño, José Luis Mosquera, el encargado de recibirlo. Y así fue, tal y como atestiguan las diligencias del caso.

SORPRESA A ÚLTIMA HORA: Cinco minutos antes de la entrega, el edil llamó para cambiar el escenario del encuentro
(Lugar: c. p. | vigo)
La calle Colón de Vigo se convirtió la noche del miércoles en una de las más vigiladas de la ciudad. Desde antes de las nueve de la noche, varios agentes de la Guardia Civil de paisano vigilaban el cruce de las calles Colón y García Barbón, pero sobre todo con la vista puesta en el portal del despacho profesional del arquitecto Borja Ramilo. En la conversación telefónica del día anterior se había decidido que en ese piso, donde todo había quedado secretamente grabado, se realizaría la cita con la que el cohecho pasaría de ser una conversación a realidad.

Tras ser fotocopiados los 120 billetes por los agentes judiciales, se guardaron los 60.000 euros en un sobre, con los que el empresario se encaminó hacia la cita. Según aseguran fuentes del caso, cuando estaba a punto de enfilar la calle que daba paso al despacho profesional, el empresario convertido en gancho policial por un día recibió una llamada en su teléfono móvil. El interlocutor era el propio Mosquera Veleiro, que exigía un cambio de escenario para el pago. En lugar del despacho, la cafetería situada justo en la acera de enfrente dentro del Hotel Galicia, fue el lugar fijado.

El empresario aceptó y lo comunicó a los agentes, que veían a Mosquera nervioso paseando arriba y abajo, recuerdan las mismas fuentes de la investigación consultadas.

Al entrar en la cafetería, el empresario se encontró con que el edil de Cultura estaba con una mujer, a la que presentó como su pareja, y sin dilación pidió que la entrega del dinero se hiciese en los servicios de la cafetería. En el sobre no había 10 millones de pesetas. Por las cosas del cambio faltaban 101 euros, pero no hubo problema. El dinero acabó en el bolso de la mujer, salieron y allí estaban los agentes, esperando.

«No me voy a mudar de Gondomar, llevo 30 años aquí y soy un buen vecino»

Autor de la imagen: ÓSCAR VÁZQUEZ (Firma: Alejandro Martínez | Lugar: gondomar)
José Luis Mosquera Veleiro regresó el jueves a su domicilio, tras ser puesto en libertad con cargos por tres delitos de cohecho relacionados con el presunto soborno a promotores a cambio de la agilización de licencias urbanísticas. El concejal de Cultura reconoce haber cometido un error y anuncia que presentará hoy por escrito la renuncia a su acta de concejal. Después hará pública una carta en la que pedirá perdón a todos los vecinos, instituciones y empresas que lo han apoyado durante sus 16 años continuados de gestión municipal. Ayer pasó el día sin salir de su apartamento del centro de la villa.

-Cuando fui a cobrar el dinero sabía que no estaba haciendo nada bien, y si realmente llegué a consumar semejante torpeza fue movido por el ánimo de que el dinero que iba a recibir no era para mi bolsillo. Juro que nunca he pedido dinero a nadie para mi beneficio.

-Pido a los vecinos que me vean como lo hicieron siempre. Soy uno más, y reconozco que he cometido una cobardía, pero no lo hice por un interés de lucro personal. Soy un incauto, me fié de la palabra de la gente.

-Lamento muchísimo lo que ha pasado. Estoy arrepentido de cometer esta torpeza. Quiero que la gente sepa que nunca he pedido dinero para mi bolsillo. En mi vida el dinero no es una prioridad. La prueba es cómo vivo, en un edificio modesto, con un coche que compré hace ya más de once años, siempre compro la ropa en las rebajas y no soy nada ostentoso. La política urbanística municipal no me interesa, mis inquietudes han estado siempre centradas en cuestiones culturales y en la organización de actividades de todo tipo con las que creo que durante los últimos años hemos hecho de Gondomar un municipio de prestigio.

-Eso prefiero no decirlo públicamente. Que la gente piense lo que quiera. Algún día se aclarará todo y se sabrá que en mi vida nunca me he metido un solo duro en el bolsillo de una forma fraudulenta.

-Yo creo que no, que la jueza tendrá en cuenta que yo no tenía ningún afán de lucro personal. Me pondré a disposición de la Justicia para que todo pueda aclararse algún día. También quiero precisar que el Concello tampoco ha querido beneficiar especialmente en el Plan Xeral, que aprobamos inicialmente hace tres semanas, a ninguna empresa en particular. Dicho plan es bueno para Gondomar e iba a repercutir en beneficio de muchos particulares que son propietarios.

-Dimitiré porque metí la pata en el último segundo y he causado un daño enorme. Lamento profundamente acabar de esta forma mi carrera política, y espero que los vecinos me recuerden por mi trabajo de los últimos años, más que por los acontecimientos de los últimos días.

-He pedido de plazo al alcalde este fin de semana para poder redactar una amplia carta de despedida y de perdón. Hablé con él ayer y le expliqué que estoy redactando mi dimisión. También aprovecharé la ocasión para agradecer todo el apoyo recibido durante todos estos años en los que he sido responsable de Cultura. Posiblemente hoy sábado presente mi renuncia en el registro municipal del Ayuntamiento.

-He recibido un trato muy correcto en todo momento y no tengo ninguna queja, ni del fiscal ni de nadie.

«No me voy a mudar de Gondomar, llevo 30 años aquí y soy un buen vecino»

?l futuro de Mosquera y de las otras tres personas que están imputadas por corrupción urbanística depende ahora de la decisión judicial. Mosquera, que no niega los hechos por los que lo acusan, seguirá viviendo en el municipio de Gondomar.

-No me voy a mudar a otra parte. En el municipio de Gondomar llevo 30 años y espero que la gente sepa valorar que soy un buen vecino. Aquí tengo mi pareja y toda mi vida. Y aquí he vuelto después de todo lo que he pasado durante los últimos dos días.

-Muchísimo. Ella no tiene nada que ver con esto. Simplemente me acompañaba en el momento en el que nos detuvieron, y confío en que quede libre de todo esto porque no se lo merece.
El alcalde de Gondomar destituye de sus cargos a los ediles imputados
17/02/2007

Alejandro Gómez anunció anoche que renuncia a su acta, y Mosquera lo hará hoy

La dirección gallega del PP abrió el proceso para expulsar al que era teniente de alcalde

El escándalo impidió al gobierno local aprobar ayer los presupuestos
La Fiscalía del Tribunal Superior replica a Núñez Feijoo, y defiende su imparcialidad

(Firma: A. Martínez / M. Torres)
El alcalde de Gondomar, Carlos Silva Mariño, acabó ayer cediendo a las presiones de su grupo y destituyó, a primera hora de la tarde, a José Luis Mosquera y a Alejandro Gómez de sus competencias dentro del equipo de gobierno local. El regidor gondomareño había dicho por la mañana públicamente que no iba a quitarles sus cargos porque esperaba que dimitieran a lo largo de las próximos días.

Pero horas después cambió de opinión, tras reunirse durante más de dos horas en el Ayuntamiento con los otros seis concejales que conforman el equipo gestor.

El propio alcalde asumirá ahora las competencias que dejan vacantes los ediles imputados. José Luis Mosquera era el concejal de Cultura, portavoz del gobierno y responsable de las relaciones con los medios de comunicación. Por su parte, Alejandro Gómez Garrido ejercía sus funciones en Urbanismo y Hacienda.

Anoche, Alejandro Gómez anunció que renunciaba al acta de concejal, lo mismo que presumiblemente hará hoy José Luis Mosquera. Esas decisiones permitirán conservar la mayoría al gobierno del PP porque, al ser nombrados los suplentes, mantendrá nueve concejales en el salón de plenos, frente a los ocho que reúne la oposición municipal.

La dirección del PP de Galicia anunció ayer el inicio del proceso para la expulsión de Alejandro Gómez del partido. José Luis Mosquera no está afiliado.

(Lugar: la voz | vigo)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) salió ayer al paso de las declaraciones del popular Alberto Núñez Feijoo en las que se quejaba de una posible persecución del ministerio público sobre los concejales de su partido.

Un portavoz de los fiscales gallegos replicó que las diligencias abiertas se remontan al 28 de noviembre del 2006 por una denuncia, una fecha bastante alejada de las elecciones municipales. La urgencia de la detención de los sospechosos precipitó las fechas, sin que ello tenga relación con la proximidad de las elecciones municipales.

La fiscalía recuerda que todos los imputados gozan de la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano. La acusación recuerda que, ante las afirmaciones que sobre estos sucesos han vertido algunas personas o instituciones, que han puesto en cuestión la imparcialidad del ministerio fiscal, quiere dejar absolutamente claro que dicho organismo cumple el deber constitucional de promoción de la acción de la Justicia, pese a los intereses que puedan aparecer implicados en cualquiera de las investigaciones en que interviene.

Por ello, la fiscalía asegura que «le es absolutamente indiferente la adscripción ideológica, o partidista, de aquellas personas que puedan verse involucradas en los procesos penales».

Niegan la posible inoportunidad de la intervención del ministerio público y aseguran que no hay ninguna acción sospechosa, pues se ha realizado una investigación judicial bajo la dirección y ejecución del correspondiente magistrado de instrucción.

Faro de Vigo,.17-2-2007.-LA INVESTIGACIÓN ABIERTA INTENTA ESCLARECER SI PARTE DE ESTE DINERO SE DESTINABA A LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE LA PRÓXIMA CAMPAÑA

Uno de los ediles de Gondomar admite el cobro de comisiones, pero asegura que no eran para él

El todavía concejal José Luis Mosquera Veleiro. / j. lores

"Lamento haber sido tan cobarde y haber involucrado a mi pareja", asegura el concejal de Cultura y portavoz de su grupo.
Neli Pillado / gondomar

Arrepentido y avergonzado. Así se mostró ayer el concejal de Cultura y portavoz del gobierno de Gondomar, José Luis Mosquera, horas después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo le pusiese en libertad y le imputase tres delitos de cohecho por la supuesta recepción de dinero a cambio de la inclusión de un proyecto urbanístico en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado de forma inicial el pasado 26 de enero. No duda en culparse de los hechos investigados y pide perdón a los vecinos de Gondomar. "Asumo mi culpa. No estoy orgulloso de lo que hice. Estoy muy arrepentido y avergonzado", manifestó.
Pese a admitir el intercambio económico que desató su detención a última hora de la tarde del pasado miércoles en Vigo, el concejal insiste en que nunca exigió dinero a nadie, sino que recibió lo que le ofrecieron. "Repito que nunca pedí nada a ningún constructor. Nunca le hice un favor urbanístico a nadie. Nunca me aproveché de mi cargo de concejal para colocar a nadie en ningún puesto de trabajo, ni para favorecer a mis familiares, amigos o a mí mismo", recalca.
Perdón
Durante casi veinticuatro horas incomunicado en un calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Vigo, José Luis Mosquera tuvo tiempo para reflexionar y darse cuenta de que los vecinos de Gondomar pueden recriminarle sus hechos. "Pido disculpas a la gente que, seguro, se sentirá decepcionada conmigo. Lamento defraudar a las personas que hayan confiado en mí y espero tener su comprensión y que algún día sepan perdonarme", indica.
Pero lo que más le preocupa en este momento es su novia, la gondomareña Belén Fernández, detenida en el mismo lugar que él cuando, según fuentes de la investigación, portaba el dinero pagado por el promotor que colaboró con la investigación. Ella también ha sido puesta en libertad y está acusada de un delito de cohecho. "Lamento haber sido tan cobarde y haber involucrado a mi pareja en algo de lo que ni siquiera tenía noticias", relata.
Por todo ello, el concejal prepara a lo largo del fin de semana una carta de dimisión en la que pretende disculparse "con todo el mundo". Hoy mismo presentará su renuncia voluntaria como concejal de la Corporación en el registro municipal, pero prevé entregar el lunes la mencionada carta. Mientras elabora el texto, Mosquera adelanta su agradecimiento a los vecinos de Gondomar por su trato y apoyo a lo largo de sus dieciséis años como concejal delegado de Cultura. "Todos me ayudaron a hacer que Gondomar tenga un nombre como localidad cultural en la provincia de Pontevedra", señala. En este sentido, el hasta ahora portavoz del gobierno gondomareño pretende dar las gracias en el texto a sus compañeros de equipo por concederle total libertad para organizar las programaciones culturales. En este capítulo también mencionará al grupo municipal del BNG, ya que "siempre me han echado una mano y respaldado en la gestión cultural". Los mismos agradecimientos irán dirigidos en la carta al Instituto de Estudios Miñoranos, colectivo al que Mosquera pertenece, por su colaboración en todo momento a la hora de promover actos e iniciativas culturales.
Destino del dinero
Entre las cuestiones que José Luis Mosquera Veleiro trata de aclarar a los gondomareños, se encuentran las circunstancias relacionadas con el dinero que llegó a recibir a cambio de la inclusión de un convenio urbanístico en el PXOM. "El dinero del que se habla jamás iba a ser para mi propio bolsillo", asegura. El concejal se niega a explicar a dónde iba a ir a parar la cantidad que sirvió como prueba a la investigación, aunque fuentes próximas a las pesquisas señalan que Mosquera admitió en su declaración ante la jueza que el destino de parte de estos recursos era financiar la próxima campaña electoral.
Para demostrar su intención de destinar el dinero a cuestiones ajenas a su entorno personal, Mosquera recuerda que su vida carece de "grandes lujos". "No tengo propiedades escondidas, ni fincas en Gondomar, ni siquiera dispongo de dedicación exclusiva en el ayuntamiento", insiste. El edil vive hasta ahora de un sueldo de profesor de instituto.

La detención e imputación de tres delitos de cohecho no llevarán a José Luis Mosquera a abrir un nuevo capítulo en su vida y marcharse de su actual entorno. "Gondomar es mi pueblo y me quedaré aquí", sentencia.
El concejal, natural de Ourense, se instaló en la villa condal en el año 1977, fecha desde la que ejerce como profesor.
Veinte años más tarde se trasladó a Vigo, pero tardó poco en regresar a la localidad pontevedresa, donde adquirió un ático en 2005. "Estoy orgulloso de estar en Gondomar, mi hija vive aquí, mi pareja vive aquí y espero no marcharme", señala.
Según sus palabras, será duro salir a la calle y encontrarse con los vecinos habituales, "pero lo peor será regresar al instituto" para dar clases de historia, como cada día desde hace tres décadas.

Investigación
El Correo Gallego.es.- 17-2-2007.-Los ediles de Gondomar pactaron el soborno en tres entregas de dinero
José Luis Mosquera y su novia fueron detenidos tras recibir sesenta mil euros ·· En los próximos días se iban a producir dos "donaciones" de 90.000 y 60.000 euros respectivamente ·· Un intermediario de una constructora fue el encargado de efectuar los pagos

El alcalde cesa a los dos concejales procesados y el PP abre un expediente
Fuera de sus casas para aislarse del "torbellino"

Los concejales de Gondomar José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido habían pactado con una constructora pontevedresa el pago de 210.000 euros para agilizar proyectos urbanísticos en el municipio. La primera entrega fue de 60.000 euros y tuvo lugar en una cafetería de Vigo. Las otras dos iban a ser de 90.000 y 60.000 euros respectivamente y se iban a producir en los próximos días, la segunda de ellas en las fiestas de Carnaval.

La operación, según la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se inició tras la presentación de una denuncia, ante el fiscal de Vigo, "en la que se comunicaba la reclamación, por parte de personal de la Corporación municipal de Gondomar, de cantidades de dinero para obtener la inclusión de convenios en el plan".

Agentes judiciales tuvieron conocimiento de que el día 14 en una céntrica cafetería de Vigo iba a producirse una entrega de dinero. Se montó el correspondiente operativo de seguimiento y se detectó la llegada del edil José Luis Mosquera acompañado por su novia, Belén Fernández. Allí se reunieron con una persona que tenía relaciones comerciales con una empresa constructora, para la que realizaba labores de relaciones públicas, búsqueda de clientes e intermediación en compras de terrenos.

Durante la conversación el representante de la empresa hizo entrega a Mosquera de un sobre con 60.000 euros que el edil pasó a su novia para que lo guardara en el bolso. Cuando la pareja salía del establecimiento público fueron abordados por los agentes. Tras ser detenidos, la Guardia Civil, ante los indicios previos que se habían conocido durante la investigación, se trasladaron al domicilio de Alejandro Gómez, el segundo de los implicados en el operativo que no acudió a la cita por estar enfermo. Allí se le comunicaron los hechos y fue trasladado a dependencias policiales.

La actuación policial se efectuó "ante la evidencia de que se estaba produciendo un pago indebido en relación con la incorporación de unos convenios urbanísticos en el plan de ordenación del Ayuntamiento".

Esta operación se había activado a finales de noviembre y hay más personas que fueron y están siendo investigadas por estos mismos hechos aunque, hasta el momento, no se ha podido probar su relación directa con la causa. En ese sentido, según puso saber EL CORREO GALLEGO, la decisión de la juez, María Eugenia Manzanares Saavedra, de dejar en libertad con cargos aunque sin fijar fianza a los acusados modificó la línea de actuación que se había previsto inicialmente en la Fiscalía de Vigo.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hizo ayer público un comunicado en el que, tras un relato superficial de los hechos, entró a valorar las acusaciones políticas del PP. "Se quiere dejar claro", dice la nota, "que el Ministerio Público cumple, como lo hace siempre, con el deber constitucional de promoción de acción de la Justicia, en el marco de la más absoluta imparcialidad. A la Fiscalía le es absolutamente indiferente la adscrición ideológica, o partidista, de las personas implicadas".

Los dos concejales de Gondomar presuntamente implicados en un caso de corrupción urbanística han optado por aislarse por completo del torbellino político e informativo desatado en la villa pontevedresa a raíz de su detención el pasado miércoles como presuntos autores de tres delitos de cohecho.

Ninguno de los dos han pasado las últimas horas en sus domicilios, uno ubicado en pleno centro de Gondomar y otro, en la parroquia de Mañufe, a varios kilómetros del casco urbano de la localidad. El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, se ha ausentado de su vivienda, un ático ubicado en la calle Rosalía de Castro, a pocos metros de la casa consistorial. Los vecinos y comerciantes de la zona confesaron que no habían visto al concejal durante toda la jornada de ayer, y tampoco a Belén Fernández, su compañera sentimental y ex mujer del jefe de la Policía Local de Gondomar, a quien la jueza le ha imputado un presunto delito de cohecho.

Alejandro Gómez vive en una casa unifamiliar situada en la calle San Sebastián, en la parroquia de Mañufe, lugar sumamente tranquilo, aislado y de angostos accesos. La vivienda, de construcción poco llamativa en comparación con muchos de los impresionantes chalés salpicados por la villa, está en la actualidad en obras. Sus propietarios están realizando un nuevo cierre, por lo que la finca ni siquiera tiene portal. A las tres de la tarde, la mujer del edil llegó a la casa tras concluir su jornada laboral. Visiblemente afectada, reconoció que el impacto de este asunto sobre la familia había sido brutal y que su marido había preferido aislarse por completo. Hablará, dijo, en el momento que él considere oportuno.

Un portavoz de la empresa constructora de José Fajo, una de las más conocidas y que más trabajan en el municipio y relacionada con los detenidos, negó ayer cualquier vinculación con el caso. "No queremos decir nada. Nosotros no tenemos nada que ver", dijeron ayer.

En la Fiscalía sorprendió que la jueza no adoptara medidas más contundentes contra los detenidos, como su ingreso en prisión o que fijara una fianza económica.

El delito de cohecho (que una autoridad acepte un soborno por cometer un acto ilegal) está penado con entre dos y seis años de cárcel .

DECISIONES
El alcalde cesa a los dos concejales procesados y el PP abre un expediente
El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular suspende de militancia al edil de Urbanismo ·· Los socialistas creen que habrá más detenidos
M.G. • GONDOMAR

Sin que al cierre del registro municipal de Gondomar llegaran ayer las dimisiones de los dos concejales procesados por tres presuntos delitos de cohecho, el equipo de gobierno del municipio pontevedrés decidió cesarlos en todas sus competencias pasadas las tres de la tarde.

Ilocalizables en sus domicilios y en sus teléfonos, los ediles Alejandro Gómez Garrido, militante del PP responsable del área de Urbanismo, y José Luis Mosquera, edil independiente titular del área de Cultura, fueron cesados por el ejecutivo local en las funciones tanto de las áreas de gobierno como de la portavocía. El alcalde del PP, Carlos Silva, asume todas sus competencias.

En medio de la crisis política abierta en el gobierno de Gondomar, el alcalde aseguró que los dos concejales se han comprometido personalmente con él a presentar su dimisión de forma inminente, por eso no se descarta que lo hagan esta mañana.

La decisión del cese fue adoptada tras comprobar que no llegaban los escritos de dimisión y después del frustrado pleno sobre presupuestos, ya que a instancia de un edil independiente, y con los votos del PP, se ha pospuesto hasta que el municipio "recobre la normalidad".

La sesión comenzó con el anuncio realizado por la ejecutiva del Partido Popular de Galicia de suspender de militancia al único edil en las filas populares: Alejandro Gómez. La medida se produce después de la decisión de la titular del Juzgado número seis de Vigo de imputar al concejal hasta un total de tres presuntos delitos de cohecho.

A petición del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha abierto un expediente disciplinario al edil por considerar que su conducta puede constituir una infracción "muy grave" en relación con los estatutos de la formación política. El máximo responsable del partido en Pontevedra, Rafael Louzán, defendió la medida de "cautela" al tiempo que criticó la "intencionalidad política" dejada en evidencia por la Fiscalía al detener a los concejales el miércoles sin que prestaran declaración hasta el jueves.

La decisión de suspender al edil popular de militancia ante un supuesto caso de corrupción urbanística fue interpretada ayer en Lugo por el secretario del PSdeG-PSOE, Ricardo Varela, en clave de "rectificación" por parte del máximo responsable del PP, a quien censura por estar "corto de reflejos" tras las detenciones, ya que dirigió sus críticas contra la fiscalía por denunciar un "trato desigual a los cargos públicos del PP". Al reclamar que los partidos asuman las responsabilidades de sus representantes políticos, Varela recomendó no "enmascarar" el problema trasladando la responsabilidad a quien los detiene.

El portavoz del BNG en Gondomar, Antonio Arauzo, insta a la Fiscalía y al juzgado a "tirar del hilo hasta el final". Asegura que el caso de los dos ediles del PP es sólo la punta del iceberg. Asegura que la higiene democrática exige seguir investigando.

La decisión del alcalde, Carlos Silva, de dilatar hasta mediodía de ayer la decisión de cesar a los dos ediles procesados fue criticada por el portavoz socialista, José Carlos Cabaleiro, quien exige al regidor que asuma su responsabilidad política.

El parlamentario socialista Ismael Rego advirtió ayer en Vigo que la investigación sigue abierta con la posibilidad de que afecte a "alguien más" que a los dos concejales. Responsabiliza a los alcaldes del PP del "feísmo" del urbanismo que se registra en el urbanismo gallego.

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vigo (Aproin), Javier Garrido, anima a los empresarios sometidos a extorsión a denunciar. Garantiza la "honorabilidad" del arquitecto Borja Ramilo, quien le ha dicho que "no ha hecho nada" .
horas difíciles

Los familiares de uno de los concejales reconocen que son momentos muy duros para ellos ·· Subrayan que han preferido ausentarse de la villa para tener paz
El alcalde cesa a los dos concejales procesados y el PP abre un expediente
Los ediles de Gondomar pactaron el soborno en tres entregas de dinero
Los dos concejales de Gondomar presuntamente implicados en un caso de corrupción urbanística han optado por aislarse por completo del torbellino político e informativo desatado en la villa pontevedresa a raíz de su detención el pasado miércoles como presuntos autores de tres delitos de cohecho.

El Pais.-16-2-207.-Los dos ediles del PP detenidos en Pontevedra iban a recibir una comisión de 50.000 euros
Un promotor ha colaborado para desmontar la supuesta trama de corrupción en Gondomar
E. LOIS / P. GONZÁLEZ - Vigo - 16/02/2007

Los concejales de Gondomar (Pontevedra) José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, del PP, detenidos el miércoles por la Guardia Civil, iban a recibir ese día 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la justicia para desmontar la supuesta trama de corrupción urbanística. A ambos ediles (responsables de Urbanismo y Cultura) y al arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, contratato por el Ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno, y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Los cuatro han quedado en libertad con cargos.

VIDEO - ATLAS - 15-02-2007

La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros "favores". La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas tras una de tantas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en esta localidad turística de 13.000 habitante y cercana a Vigo.

El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas de los detenidos y de otras personas que estarían en el punto de mira de la investigación. Unas denuncias que pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según confirmaron fuentes de la investigación.

En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no habría acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía desde días antes recluido en su casa. Belén Fernández declaró ayer por la mañana ante el juez y volvió a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A última hora, la juez ordenó libertad condicional para los dos ediles y el arquitecto, a los que imputa tres delitos de cohecho a cada uno. Los tres deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. A la mujer también la dejó en libertad provisional tras imputarle un delito de cohecho.

Incomunicados
Un portavoz del instituto armado confirmó que los detenidos habían permanecido incomunicados. Por la tarde fueron puestos a disposición judicial. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la juez Eugenia Manzanares Saavedra, declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La juez también decretó el secreto de las actuaciones. Fuentes de la investigación no descartan la detención de más implicados.

La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario. De confirmarse la imputación a los detenidos, se convertiría en el principal testigo de cargo en el juicio de este caso.

Por su parte, el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, pidió ayer prudencia. "Para nosotros cabe la presunción de inocencia", afirmó, y lanzó un "mensaje de tranquilidad: ahora debemos mantener la cabeza fría". Silva criticó el método usado para detener a los dos ediles: "Alejandro estaba en su casa, en pijama, con gripe, su mujer esta mañana [por ayer] aún no sabía si estaba en Pontevedra o en Vigo".

Silva dijo desconocer exactamente lo que se les imputa a los dos concejales, a la compañera sentimental de uno de ellos y al arquitecto Francisco Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo. El alcalde afirmó que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con total normalidad.

El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Cabaleiro, no se mostró sorprendido por las detenciones: "Siempre sospechamos que había irregularidades urbanísticas, aunque la verdad es que no sabíamos que la cosa llegaba a estos extremos". Cabaleiro acusó al equipo de gobierno de "dar licencias urbanísticas de forma selectiva".

Xosé Antón Araúxo, portavoz nacionalista, se remontó a las presiones que han vivido los ediles del BNG desde que comenzaron a luchar contra el urbanismo irregular: "Quemaron los coches y la casa de un compañero, dieron una paliza a otro...". Araúxo acusó al subdelegado del Gobierno de ignorarles cuando denunciaron las agresiones, alegando que eran problemas entre particulares.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, consideró las detenciones como "una muestra de que el Estado de derecho funciona y de que las leyes están para ser cumplidas. Lo importante es destacar su eficacia ejemplarizante", añadió.

Faro de Vigo. 16-2-2007.- La juez deja libres a los cuatro detenidos en Gondomar, aunque les imputa cohecho

Acusa de tres delitos a los dos concejales del PP y a un arquitecto, mientras que a la compañera de uno de los ediles le atribuye uno.

» La compañera de uno de ellos y un arquitecto también están acusados
» Un promotor colaboró en la operación judicial con un "cebo" de 50.000 euros
M. Fontán/N. Pillado /VIGO

La juez dejó ayer libres con cargos a las cuatro personas detenidas por supuesto cohecho relacionado con el urbanismo en Gondomar, entre las que se encuentran el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el edil de Cultura y portavoz del Gobierno, José Luis Mosquera. La titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo, María Eugenia Manzanares Saavedra, imputa a cada uno de los dos concejales y al arquitecto Borja Ramilo Méndez tres delitos de cohecho, mientras que a la mujer arrestada en esta operación, Belén Fernández, compañera sentimental de Mosquera, sólo le atribuye la supuesta comisión de uno de estos delitos. El auto judicial, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), concreta que los detenidos quedan en libertad provisional y que debarán comparecer cada quince días en los juzgados.
La de ayer fue una jornada maratoniana en los juzgados vigueses. La toma de declaraciones comenzó pasadas las once de la mañana y, tras un breve descanso al mediodía, continuó hasta casi las diez de la noche. El hecho de que se decretase el secreto de sumario, a lo que se unió un auto de incomunicación de los detenidos, provocó que el mutismo fuese absoluto tanto por parte del fiscal especializado en delitos urbanísticos, Juan Carlos Aladro, como por parte de los abogados de oficio designados para los procesados. Además, por primera vez en los últimos años, el decanato ordenó al personal que controla la entrada en el edificio nuevo de los juzgados que impediese la entrada a los periodistas.
La primera en ser interrogada fue Belén Fernández. Tras ser trasladada desde los calabozos que la Comandancia de la Guardia Civil tiene en la calle Barcelona de la ciudad olívica, esta mujer entró en los juzgados custodiada por dos agentes de paisano. Tras prestar declaración ante la juez, fue trasladada de nuevo a las dependencias del Instituto Armado, en las que permaneció hasta que, a última hora del día, el juzgado le comunicó su puesta en libertad con cargos.
Tarde
Los otros tres detenidos declararon por la tarde. También acompañados por guardias civiles de paisano y en coches "camuflados", los dos concejales del PP y el arquitecto llegaron a la calle Lalín en torno a las cuatro de la tarde. Uno por uno, fueron trasladados al despacho del juzgado que lleva el caso hasta que se acordó su libertad. Los dos ediles salieron por la salida trasera de los juzgados para evitar a la prensa.
La operación fue promovida por el juzgado del que es responsable María Eugenia Manzanares siguiendo instrucciones del fiscal Juan Carlos Aladro, que no es la primera vez que promueve una actuación relacionada con el urbanismo de Gondomar. Así, recientemente presentó una querella criminal por supuesta prevaricación al concederse 300 licencias al parecer ilegales. Aladro también inició la investigación sobre el polémico caso de Nigrán. Ayer fue uno de los últimos en abandonar el juzgado y no dijo ni una sola palabra sobre estas últimas detenciones apelando al secreto sumarial.
La operación que ha vuelto a sembrar de polémica el urbanismo en la zona del Val Miñor continúa abierta, por lo que no se descarta que pueda haber más detenciones en los próximos días, según informaron fuentes cercanas a la investigación. Todas las detenciones se practicaron el pasado miércoles. La última fue la del arquitecto, con despacho en Vigo, que se produjo ya al filo de la medianoche.

La Voz de Galicia,16-2-2007.-La trama de Gondomar se destapó por una comisión para recalificar un solar:Uno de los ediles pidió supuestamente dinero por agilizar un convenio

El fiscal investiga las posibles ramificaciones del caso en el resto del Val Miñor

(Firma: Carlos Punzón | Lugar: Vigo)
La regularización y agilización de todos los trámites necesarios para convertir una parcela en edificable mediante un convenio suscrito con el Ayuntamiento fue lo que el pasado miércoles acabó por destapar una de las mayores crisis urbanístico-judiciales de la reciente historia de Galicia, y que supuso la detención de dos concejales del PP, la pareja sentimental de uno de ellos y un arquitecto vigués.

Según ha podido saber La Voz de Galicia de fuentes de la investigación, la tramitación de dicho convenio urbanístico suscitó una serie de conversaciones oficiales primero, y secretas después, en las que como conclusión y de una manera más o menos velada, se le habría sugerido a los promotores de la urbanización la conveniencia de pagar una cantidad de dinero para facilitar que el convenio llegase a ver la luz cuanto antes y sin ningún tipo de problemas.

Según admitieron ayer diversas fuentes consultadas, la cifra requerida finalmente de una manera expresa rondaba los 300.000 euros, cantidad que supuestamente, tal y como ha trascendido, fue comunicada a alguno de los promotores por el concejal de Cultura y portavoz municipal del PP, José Luis Mosquera.

Las diligencias realizadas bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo impidieron conocer durante el día de ayer la versión del entorno de los detenidos, ya que estos permanecieron aislados entre sí en todo momento, y asistidos incluso por abogados de oficio, para evitar que entre los implicados o sus representantes legales particulares se llegaran a conocer las explicaciones que estaban dando en los interrogatorios antes de ser puestos en libertad con cargos.

En todo caso, lo que sí está probado, y que ya fue apuntado ayer por La Voz, es que la petición de la mordida fue puesta en conocimiento del fiscal especial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Vigo. A partir de ese momento, en el último trimestre del pasado año, el departamento dirigido por el fiscal Aladro amplió a Gondomar las investigaciones que había abierto el pasado verano a raíz de las denuncias y acusaciones de información privilegiada lanzadas tras el estallido del conflicto urbanístico de la localidad limítrofe de Nigrán, también regida por el Partido Popular.

Diversos expertos relacionados con el urbanismo del sur de las Rías Baixas aseguran que el fiscal especial ha trazado un minucioso mapa de las actuaciones políticas y empresariales relacionadas con el mundo del ladrillo en el entorno de Vigo. En esa red encajaría la denuncia presentada, en la que el edil de Cultura gondomareño aparecería señalado como el portavoz del grupo conformado por las cuatro personas detenidas en la noche del miércoles.

El papel en la supuesta trama del concejal de Urbanismo de Gondomar, Alejandro Gómez Garrido, todavía no ha sido desentrañado públicamente, aunque fuentes de la investigación lo señalan como conocedor de la acordada tramitación y agilización del convenio, que ya fue inicialmente aprobado al estar incluido en el nuevo Plan Xeral del municipio, trámite que la corporación municipal realizó el pasado 26 de enero.

Sobre el arquitecto detenido, los investigadores apuntan que podría haber hecho, al menos en un primer momento, las veces de enlace entre los promotores de la urbanización y el concejal de Cultura.

Fuentes de la investigación no descartan, en todo caso, que se practiquen más detenciones en las próximas horas.

(Lugar: c. p. | vigo)
La operación de la Guardia Civil contra la supuesta trama urbanística de Gondomar se había trazado al milímetro desde hacía días. Todo estaba preparado para detener al mismo tiempo a los cuatro sospechosos de haber participado en el cohecho. Se había obtenido un grado de garantías de que las denuncias interpuestas podían ser ciertas y de que las pruebas eran suficientes, que no hubo dudas de seguir hasta el final.

Como señaló ayer La Voz, los agentes tenían conocimiento directo de la existencia de una cita en la que alguno de los implicados se personaría para cobrar él mismo la mordida presuntamente apalabrada. Algún incidente imprevisto, quizás la gripe repentina del edil de Urbanismo, hizo temer que el encuentro podía quedar anulado, pero eso sólo retrasó unos días la reunión.

Vigilados desde hace semanas en todos sus movimientos, según ha trascendido de fuentes de la investigación, el concejal de Cultura, José Luis Mosquera, acompañado de su pareja sentimental, Belén Fernández, se desplazó el miércoles hasta una céntrica cafetería de Vigo. Ese era el escenario neutral acordado para recibir el «regalo» presuntamente reclamado. Eran las nueve de la noche, la hora también fijada.

Alguien llevó el dinero de parte de los promotores, quizás un agente camuflado, y al recogerlo «fueron cogidos con las manos en la masa», aseguran fuentes de la investigación, exactamente con esas mismas palabras.

Según cuentan, no fue como dicen que ha ocurrido en Marbella. Esta vez no consta que hubiese bolsas de basura negras ni lujosos coches para salir pitando del encuentro.

Hasta donde se ha podido saber, todo el dinero estaba dentro de un sobre. En el momento de la detención el bolso de la mujer así lo atestiguó.

Penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación de siete a doce años
El arquitecto detenido no es funcionario del Ayuntamiento
Destacan la colaboración del personal del Ayuntamiento

(Firma: E. V. Pita | Lugar: vigo)
La jueza de Instrucción número 6 de Vigo decretó la libertad provisional con cargos para los cuatro encausados del caso Gondomar. Tras prestar declaración una hora y media cada uno, la titular les permitió salir en libertad pero bajo la acusación de tres presuntos delitos de cohecho cada uno, a excepción de la mujer, Belén Fernández, que sólo debe responder de un supuesto delito de cohecho. Esta acusación consiste en que un funcionario público acepta un soborno. Deben presentarse quincenalmente ante la juez.

Belén Fernández fue la primera en prestar declaración por la mañana en el juzgado, en presencia del fiscal especial de delitos contra el Patrimonio y el Medioambiente. A la mujer, ligada sentimental a Mosquera, le esperaban varios familiares y abogados. A las dos de la tarde, agentes de la Guardia Civil de paisano la acompañaron fuera de los juzgados para mantenerla incomunicada.

Tras la comida, declararon los tres encausados que restaban: el concejal de Urbanismo Alejandro Gómez Garrido, el de Cultura, José Luis Mosquera, y el arquitecto vigués Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez.

La jueza ordenó medidas especiales para proteger a los detenidos de los medios de comunicación, por lo que la Guardia Civil impidió el acceso de los periodistas a las dependencias judiciales. Además, los agentes jugaron al escondite con los cámaras de televisión para evitar que tomasen imágenes de la llegada y salida de los imputados. Éstos fueron trasladados desde el cuartel de la Guardia Civil y la comisaría hasta los juzgados en coches camuflados.

En esta línea de máxima discreción, el fiscal y los abogados de oficio que representan a los imputados evitaron hacer declaraciones sobre los interrogatorios debido al secreto de sumario que pesa sobre la investigación. Aladro tampoco desveló a la salida, si tras la puesta en libertad de los detenidos, mantendrá la operación abierta.

A las 21.15 terminó la ronda de interrogatorios y los acusados pudieron abandonar los juzgados por la puerta trasera para huir de las cámaras. Uno de ellos, Alejandro Gómez, se refugió en un bar antes de tomar un taxi para evitar el acoso de los fotógrafos.

El cohecho es un delito en el que una autoridad o funcionario público acepta o solicita un soborno a cambio de ejecutar un acto legal o ilegal en el ejercicio de su cargo. El acusado puede aceptar una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.

El código penal contempla, en el artículo 419, un castigo de prisión para quien acepte cometer un acto ilegal de dos a seis años, una multa que triplica el valor de la dádiva y la inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.

Si el funcionario público comete en el ejercicio de su cargo un acto que no constituya delito, y lo ejecute, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a nueve años, y de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años, si no llegara a ejecutarlo. En ambos casos se impone, además, la multa del tanto al triple del valor de la dádiva.

Si se trata de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, las penas serán de multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

?a última de las detenciones realizadas el miércoles se llevó a cabo pasadas las doce de la noche. De las informaciones policiales trascendió a esa hora que se trataba sin lugar a dudas del arquitecto municipal de Gondomar. Dicha circunstancia resultó del todo errónea, ya que el profesional detenido trabaja circunstancialmente para el Concello y no como el que se citaba ayer en La Voz.

El arquitecto detenido, puesto también en libertad, es Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez, y no José Antonio Álvarez, cuya trayectoria profesional fue ayer ampliamente respaldada por el Colegio de Arquitectos de Galicia y el alcalde de Gondomar.

Quienes han seguido el caso de Gondomar antes de que se llevasen a cabo las detenciones del pasado miércoles, mantienen que los requerimientos de colaboración hechos confidencialmente a funcionarios del Ayuntamiento han resultado claves para llegar a imputar a los detenidos.

«Han echado una mano muy importante a la hora de aclarar datos e información», expresa una fuente del caso, que suspira porque en otras ocasiones se hubiese conseguido una investigación tan intensa como ésta, fruto de que alguien llevó una denuncia de este tipo hasta el final.

«Ahora le toca a los tribunales», añaden las fuentes, «pero está claro que en Gondomar ha pasado algo y hay datos para dilucidarlo», concluyen los testimonios requeridos.

Un plan urbanístico que pone al concello a las puertas de otro bum inmobiliario

(Firma: Alejandro Martínez | Lugar: gondomar)
La detención de los ediles de Gondomar causó una conmoción sin precedentes en este municipio. Todo el mundo en el centro de la villa condal iba a primera hora de la mañana con un periódico debajo del brazo. Y es que Alejandro Gómez Garrido y José Luis Mosquera Veleiro son muy conocidos en el municipio por la gran cantidad de años que llevan dedicándose a la actividad política y ocupando cargos de responsabilidad.

Para muchos vecinos ha sido una verdadera sorpresa su presunta relación con la corrupción urbanística. La imagen que siempre han proyectado ha sido la de personas que nunca han destacado por hacer alardes económicos ni sociales.

José Luis Mosquera carece de dedicación en el Concello, y sus únicos ingresos reconocidos provienen de su actividad como profesor de Historia en el Instituto Auga da Laxe, ubicado en el centro de Gondomar, donde es muy apreciado por la mayor parte de los alumnos y profesores. Su vida transcurría a diario entre la casa consistorial y el centro de enseñanza, y habitaba una modesta vivienda situada en un ático de apenas 50 metros cuadrados en el casco urbano. Había vendido una vivienda en Vigo para trasladarse definitivamente a Gondomar.

El profesor y concejal del PP presumía de ser un buen gestor de actividades de ocio en el municipio y no tenía rubor en decir que había logrado convertir el municipio gondomareño en «la capital cultural de Val Miñor».

Por su parte, su compañero en el grupo de gobierno, Alejandro Gómez, trabajaba de lleno para el Ayuntamiento, con una remuneración de 40.000 euros brutos al año que le permitían llevar una vida acomodada junto a su familia en la parroquia de Mañufe. Las obligaciones de su puesto como responsable de Urbanismo lo obligaban a no salir apenas del concello de Gondomar y a estar en contacto permanente con los vecinos, recibiéndolos en su despacho, o visitándolos en los barrios.

En el Registro de la Propiedad número 2 de Vigo, el único de los detenidos que aparece con intereses en Gondomar es Alejandro Gómez Garrido, que es dueño de un terreno en San Blas-Mañufe, de donde es originario, Lo compró en 1991 y tiene una extensión de 600 metros cuadrados.

Las familias de los dos concejales han quedado destrozadas, lo mismo que la de Belén Fernández, novia de José Luis Mosquera, cuyos padres estaban ayer totalmente aturdidos en la panadería que regentan y que está situada a muy pocos metros de la casa consistorial, por delante de la cual desfiló durante todo el día de ayer una nube de periodistas y de cámaras de televisión como nunca se había visto en esta localidad de 13.000 habitantes en pleno Val Miñor.

(Lugar: a. m. | gondomar)
El plan urbanístico del Ayuntamiento de Gondomar, que ha sido aprobado inicialmente hace tres semanas, contempla la recalificación de casi 400.000 metros cuadrados del municipio en diferentes áreas de la localidad. La aprobación definitiva dará paso a un gran negocio inmobiliario que ahora se ha visto teñido con las sospechas de corrupción urbanística a raíz de las últimas detenciones practicadas por la Guardia Civil.

El concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, pretendía, con el nuevo planeamiento, originar una segunda oleada de crecimiento en la villa, una vez que municipios próximos como Nigrán y Baiona han crecido de forma espectacular en los últimos años. En las filas del grupo de gobierno se tenía la sensación de que los problemas en la tramitación del ordenamiento urbanístico habían frenado precisamente el crecimiento del concello, muy bien comunicado por autopista con Vigo, frente a los municipios limítrofes.

Las estimaciones que maneja el equipo de gobierno municipal consideran que la nueva herramienta urbanística servirá en el futuro para otorgar las licencias de 3.500 nuevas viviendas en diferentes parroquias del término municipal. Pero el problema que detectaron los grupos de la oposición (PSOE y BNG) fue que este crecimiento urbanístico no iba acompañado de una suficiente cobertura de servicios básicos. Nacionalistas y socialistas pusieron de manifiesto una insuficiente red de saneamiento y de agua potable, y votaron en contra del documento presentado por el Partido Popular.

Los representantes de la oposición municipal exigieron precisamente ayer la paralización de la tramitación del nuevo plan urbanístico si se demuestra que las detenciones de los concejales del gobierno de Gondomar y de un arquitecto están relacionadas con este documento.

Consideran que la operación policial desarrollada en la noche del pasado miércoles tiene la suficiente gravedad como para replantearse el futuro ordenamiento del municipio.

Una de las consecuencias de la suspensión de las licencias fue la caída del presupuesto municipal en un 8%, fruto de la disminución de los ingresos por este concepto en las arcas municipales. De esta manera, el Ayuntamiento se verá obligado durante el presente ejercicio a moderar sus inversiones y recurrir a operaciones de préstamo.

El alcalde de Gondomar, José Carlos Silva Mariño, compareció al mediodía de ayer, junto con los otros seis miembros del gobierno local, para afirmar que desconocen absolutamente los motivos de la detención de los dos ediles, la novia de uno de ellos y de un arquitecto.

-Evidentemente. No se les ha imputado de momento ningún delito. Hay que evitar realizar juicios paralelos y tener en cuenta su presunción de inocencia. Dejemos las valoraciones para después de que los jueces hayan hecho su trabajo.

-Por supuesto que no. La noticia ha sido una gran sorpresa para todos los miembros del gobierno. No teníamos ninguna sospecha, ni antes ni ahora, no tenemos ni idea de por qué los han detenido. Pedimos prudencia en estos momentos, y que se espere a la decisión de los jueces.

-Continúo siendo el cabeza de lista y ese no es un planteamiento que desde mi partido nos hayamos hecho en estos momentos.

-El gobierno local está tranquilo, y yo personalmente también. Ahora estamos a la expectativa de lo que pase en el futuro, y nos ponemos a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario.

-Por el momento, no. Intentaremos gobernar con normalidad los que estamos. Mañana celebraremos un pleno para debatir los presupuestos del municipio, y no pienso anular la convocatoria.

Sostiene que los ediles y el candidato socialista tenían más datos del caso que el alcalde popular

Autor de la imagen: MARCOS MÍGUEZ (Lugar: s. l. | santiago)
?a detención de los dos concejales del PP por su supuesta implicación en una trama de cobro de comisiones ligadas a operaciones inmobiliarias situó ayer en Gondomar el epicentro de un debate político que, a poco más de tres meses para las municipales del 27 de mayo, continúa gravitando sobre la gestión urbanística. El episodio suscitó lecturas dispares en los tres grandes partidos. Mientras Touriño presentó el caso como «paradigma da política do todo vale», Feijoo insinuó la posibilidad de un trato desigual por parte de los fiscales y Aymerich sugirió que concejales elegidos por el PSOE también pudieron lucrarse con el ladrillo.

Feijoo conjugó el recelo sobre el posible carácter político de la operación con una defensa contundente de la aplicación de la ley contra los infractores. «Se alguén mete a man, que pague. Nós temos fe na independencia dos xuíces, porque estamos nun Estado de dereito. Nós pedimos que se aplique a xustiza e se hai delito que se lle aplique o Estado de dereito», proclamó. Pero esa confianza en la actuación judicial no impidió al líder de los populares gallegos deslizar sospechas contra «os seus superiores». Arguyó que los fiscales siempre actúan por instrucciones de esos superiores, y que le gustaría que «tiveran a mesma independencia que teñen os xuíces».

En ese sentido, Feijoo justificó sus recelos en la intervención fiscal en la Diputación de Lugo. «O certo é que hai algúns fiscais que non están actuando co rigor que merece o Estado de dereito. Vimos de pasar un gran acontecimento dos fiscais de Lugo, sobre uns supostos problemas da Deputación de Lugo. Este fiscal se foi e xa non está en Galicia», recordó Feijoo en alusión al fiscal que dirigió la operación Muralla, Jesús Izaguirre, que en la actualidad ejerce en Vitoria. En la misma línea, el número dos del PPdeG, Alfonso Rueda, expresó las «sospechas» de los populares por las detenciones de Gondomar, que comparó en «despliegue mediático» a la operación Muralla.

Feijoo lamentó también la falta de información de su partido sobre el caso de Gondomar, y aseveró que los concejales y el candidato de los socialistas «tiñan máis información que o alcalde do Partido Popular», algo que, opinó, «non ten sentido». «¿Quen lle deu esa información aos socialistas? A nós gustaríamos ter a mesma para poder respostarlle», ironizó Alberto Núñez Feijoo.

El presidente del PPdeG reveló también que el miércoles, cuando trascendió la operación en la que fueron detenidos dos ediles populares, se puso en contacto con el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, a quien el presidente provincial del partido, Rafael Louzán, ya ratificó en septiembre como candidato a la reelección en los comicios de mayo. «Está absolutamente tranquilo», señaló Feijoo.

Feijoo también sacó a colación el caso Cabanas: «O que é evidente neste momento é que a única alcaldesa inhabilitada como consecuencia dun delito urbanístico é unha alcaldesa do partido socialista en Cabanas».

?l presidente de la Xunta consideró que la actuación judicial en Gondomar ha permitido desvelar «o paradigma do todo vale» en la gestión urbanística en ese concello. Touriño, que valoró la operación como la constatación de que «o Estado de dereito funciona e as leis están para ser cumpridas», subrayó que «é difícil atopar un caso máis claro de insubordinación e de confrontación coa norma, cos tribunais, coas sentenzas reiteradamente incumpridas».

Al respecto, el presidente recordó que el Tribunal Superior de Xustiza anuló, en noviembre del 2001, el planeamiento municipal de Gondomar, y cómo la inhibición del grupo de gobierno llevó al Tribunal Supremo a confirmar hace ahora dos años esa sentencia. Touriño, que compareció con todos los datos en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, reprobó que el concello siguió concediendo licencias, lo que obligó a la Consellería de Política Territorial a formular, en marzo del 2006, un requerimiento al gobierno de Gondomar para que anulase todas las autorizaciones concedidas de acuerdo con el planeamiento municipal. Touriño resolvió que, al hacer el concello caso omiso a ese requerimiento, la Xunta decidió enviar copia al ministerio fiscal de las actas de concesión de esas licencias.

El jefe del Ejecutivo apeló a la reflexión de todos sobre «a importancia máxima que ten a protección, a Lei de Medidas Urxentes, e que nos poñamos mans á obra entre todos para respectar a lei, cumprir as sentenzas, acatar a legalidade e facer as cousas como é debido». Invitó al PP a tomar nota de una actuación que describió como «unha lección» contra el todo vale.

?l Bloque deslizó en su valoración del caso Gondomar una acusación en la que dibujó sombras sobre la actuación de tres concejales elegidos por el PSOE. El portavoz nacionalista en el Parlamento, Carlos Aymerich, describió como «complicada» la situación política del municipio pontevedrés, en la medida en la que, sostuvo, el único grupo que sigue denunciando la situación urbanística es el del BNG. Recordó que sólo uno de los cuatro concejales elegidos por el PSOE se mantiene en la disciplina socialista. Los otros tres, apuntó, «están como non adscritos e romperon a disciplina de grupo, seguramente polo poderoso cabaleiro ese que está detrás de determinadas actuacións urbanísticas», sugirió.

Aymerich arremetió contra el PP y reclamó a Feijoo que realice una «limpeza interna» en las listas de su partido ante las municipales, con el objetivo de cerrar las puertas a personas involucradas en casos de corrupción o irregularidades urbanísticas. El portavoz nacionalista, que informó de la petición de su grupo para que el director de Urbanismo explique en la Cámara la situación de Gondomar, aplaudió el hecho de que las declaraciones que en su día realizó el delegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Álvarez, de que no había mafia urbanística en Val Miñor resulten ahora «desmentidas». Aymerich aseguró que al BNG le constan «moitas ilegalidades urbanísticas» en la comarca. Emplazó al PP a que se desmarque de actuaciones de corrupción «que anidan con máis frecuencia da desexable nas súas filas».

URBANISMO BAJO SOSPECHA
La Voz de Galicia,15-2-2007.-Detenidos dos concejales de Gondomar y un arquitecto por supuesta corrupción urbanística
La investigación se inició al denunciar un promotor que le exigían pagos por una licencia

La Guardia Civil seguía desde hace meses a los cuatro presuntos implicados en la trama

El urbanismo ha vuelto a estallar en el Val Miñor. Dos concejales del equipo de gobierno del PP en la corporación municipal de Gondomar fueron detenidos en la noche de ayer por agentes de la Guardia Civil en una operación especial en la que también cayeron la compañera sentimental de uno de ellos y el arquitecto municipal.

Los cuatro estaban siendo seguidos desde hacía tiempo con un control constante, al resultar sospechosos de integrar una trama que cobraba comisiones a cambio de regularizar y agilizar actuaciones y licencias urbanísticas en la localidad del sur de la provincia de Pontevedra.

La operación, diseñada desde hace varios días, supuso la detención del concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido; del portavoz del Grupo Popular en la corporación y responsable, entre otras áreas ,de Cultura, José Luis Mosquera; y de la pareja sentimental de este último. El arquitecto municipal, José Antonio Álvarez Álvarez fue detenido en torno a la medianoche.

Según ha podido constatar este periódico, toda la operación se precipitó ayer al sorprender los agentes que controlaban a los sospechosos a al menos uno de los inculpados recibiendo dinero con el que se pagaría un supuesto favor urbanístico en una cita concertada con anterioridad, y de la que presumiblemente los agentes tuvieron conocimiento directo.

El secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo sobre el caso tendió un manto de silencio sobre el asunto, que ayer se extendió a la clase política, no sólo de Gondomar, sino también de toda Galicia.

La Voz de Galicia ha podido saber que todo se inició hace unos meses, cuando un promotor presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ordenación del Territorio de Vigo, en la que se acusaba a los ahora detenidos de exigir el pago de una importante cantidad de dinero a cambio de la concesión de una licencia de obra para construir edificaciones en suelo de la localidad.

Dicha denuncia habría servido para iniciar una profunda investigación, tanto del caso reseñado como del de otras licencias concedidas en Gondomar en los últimos tiempos. Dicha actuación coincide, además, con el hecho de que la gestión del equipo de gobierno de Gondomar, liderado por el alcalde popular Carlos Silva, ya estaba en los juzgados desde el pasado año, al haberse concedido 300 licencias de construcción de viviendas, que la oposición considera ilegales.

El fiscal de Ordenación del Territorio dio entonces cuenta de esas impresiones al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sigue el caso. Las denuncias no han impedido que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ratificase en septiembre pasado al alcalde, Carlos Silva, como candidato a la reelección en los comicios locales de mayo.

El hermetismo impuesto policial y judicialmente sobre el caso suscitado ayer en Gondomar no impidió, sin embargo, saber que la Guardia Civil y el juez encargado del caso están investigando a más personas en la villa, tanto por si pagaron mordidas a cambio de recibir facilidades para licencias de obra, como por si además de los cuatro detenidos hay más implicados en el sistema de cobros ilícitos.

La oposición política de Gondomar viene reiterando desde hace semanas sus sospechas de que algo irregular estaba ocurriendo en el urbanismo local. De hecho, el pasado mes de abril se sometió a votación la petición de cese del concejal de Urbanismo ahora detenido, Alejandro Gómez Garrido.

Los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular, habían logrado evitar entonces el cese.

El concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, había dejado recado en el Ayuntamiento de que se ausentaría casi con seguridad toda la semana a causa de una repentina gripe, que según señaló le impedía realizar su trabajo con normalidad. De hecho, ayer no apareció por el consistorio.

La ausencia del edil coincidía así con el operativo diseñado para detener esta semana a los cuatro supuestos implicados. Según asintieron ayer fuentes de la investigación, se llegó a temer que el contacto concertado, y que habría sido determinante para la captura de los acusados, no llegara a producirse.

Los tres detenidos pasarán hoy a disposición judicial en Vigo. El fiscal especial en delitos urbanísticos se hará cargo del caso, como ya lo estaba haciendo con las denuncias suscitadas en Nigrán, donde parte de la corporación municipal también está siendo investigada.

ALEJANDRO GÓMEZ GARRIDO
Primer teniente de alcalde con fuertes atribuciones en el gobierno local

Alejandro Gómez Garrido es uno de los hombres fuertes del gobierno del popular Carlos Silva Mariño. Ejerce desde hace ocho años el cargo de primer teniente de alcalde y desempeña las funciones de responsable municipal de Urbanismo y de Hacienda.

Es uno de los concejales más veteranos de la corporación y conoce bien la Administración pública, ya que también ha tenido el bastón de mando durante los largos periodos en los que el regidor actual estuvo de baja a causa de problemas cardiacos.

Es natural de la parroquia de Mañufe y entró en política hace más de 16 años, de la mano del anterior alcalde, Ramón Sestelo, hoy en día retirado de la política. Como responsable de Urbanismo, se encargó los últimos meses de defender la postura del gobierno tras la anulación judicial del Plan Xeral, cuando decidieron continuar otorgando licencias de obra.

José Luis Mosquera Veleiro es el concejal de la máxima confianza del alcalde. Ejerce el cargo de edil de Cultura, pero su responsabilidad de mayor peso es la de portavoz del equipo de gobierno. José Luis Mosquera es la boca por la que habla Carlos Silva en los plenos. Su firma está siempre impresa en las notas de prensa enviadas desde el Ayuntamiento.

También es uno de los concejales más antiguos de la actual corporación municipal. Entró en política a través de una plataforma vecinal y acabo perteneciendo al grupo municipal del PP, si bien nunca ha militado en este partido. Se considera un independiente dentro del equipo de gobierno. En sus labores en el Concello siempre se ha dedicado a la organización de eventos culturales. Además de ello es profesor en el instituto de secundaria de Gondomar, puesto que compagina con su actividad política en el Concello.

(Lugar: a. m. | nigrán)
El Ayuntamiento de Gondomar llevaba desde los últimos años viviendo una situación urbanística irregular.

El Tribunal Supremo anuló el Plan General de Urbanismo que fue aprobado en el año 97, a raíz de una denuncia que fue interpuesta por el grupo municipal socialista. El gobierno local consideró que su planeamiento continuaba siendo válido mientras no se resolvieran todos los recursos presentados a cada pleito que iba perdiendo y continuó otorgando licencias de obra. Más de 300 permisos de construcción fueron declarados posteriormente ilegales, creando una situación de inseguridad jurídica a numerosos vecinos que tenían intención de construirse una vivienda en el municipio.

El gobierno local apostó por mantener esta estrategia hasta conseguir la aprobación de un nuevo plan de urbanismo. Y continuó otorgando licencias, amparándose en numerosas ocasiones en informes externos al Ayuntamiento, dado que no contaba con el apoyo de sus propios técnicos, tal y como denunció el BNG.

No fue hasta el pasado mes de septiembre cuando por fin el alcalde decidió suspender definitivamente la concesión de licencias, de cara a la aprobación inicial del nuevo Plan Xeral, que se llevó a cabo hace dos semanas.

La noticia de la detención de los representantes locales causó anoche una enorme inquietud en el municipio de Gondomar. Los vecinos los observaron hacer una vida normal toda la mañana, sin sospechar lo que se les iba a venir encima por la noche.