2º Trimestre de 2007

Faro de Vigo.es.-29abril-2007.- EL 5% DEL SUELO DE TODAS LAS URBANIZACIONES SERÁ CEDIDO DE FORMA GRATUITA A LA ADMINISTRACIÓN GALLEGA PARA VIVIENDAS EN ALQUILER

La Xunta promoverá por ley que el 40% de la vivienda nueva de Galicia sea protegida. La reforma de la Lei do Solo forzará a los promotores a construir al mismo tiempo los pisos de venta libre y los subvencionados. La Xunta prepara una reforma de calado de la Lei de Solo cuyo objetivo es aumentar el parque de viviendas protegidas en Galicia y contener, e incluso bajar, la escalada de precios de las de venta libre. Ahora, en toda promoción hay que reservar un 20% para pisos de protección, pero cuando entre en vigor la reforma, esta reserva aumentará al 30% en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y llegará al 40% en el resto de los municipios. Estos porcentajes serán de aplicación en todos los suelos urbanos no consolidados y en los suelos urbanizables delimitados, que son aquéllos que en teoría serán desarrollados a medio plazo. Sin embargo, la reserva para vivienda pública se incrementará hasta el 50% en los suelos urbanizables no delimitados, que son aquellas áreas de ampliación urbanística pensando en el futuro. En todo caso, estos porcentajes son mínimos, según precisó Táboas, y deberán aumentar todavía más, si es necesario, hasta cubrir por completo la demanda de vivienda protegida.

Faro de Vigo.es.-29abril-2007.- La edificación aporta a los concellos el 60% de sus ingresos en impuestos

Los ayuntamientos gallegos recaudan al año más de 360 millones con el cobro del IBI y la tasa que grava a la construcción y las obras.

Entre las muchas repercusiones que el supuesto freno tendrá para la economía están los ingresos que la actividad inmobiliaria tiene para las administraciones. Especialmente, para los concellos, encargados de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el que grava las construcciones y las obras. Dos tasas que, en Galicia, suponen para los ayuntamientos el 60% de su recaudación impositiva. La edificación ha permitido a los municipios de la comunidad embolsarse más de 360 millones de euros en 2005. El Impuesto de Bienes Inmuebles -conocido como el recibo de la contribución- es, por sí solo, el tributo más elevado para los ayuntamientos gallegos. El que representa más ingresos. Muy cerca incluso de la mayor partida que reflejan los balances municipales, ...

El Correo Gallego.es.-20-abril2007.-Ordenan el derribo de 12 viviendas ilegales de A Illa de Arousa . Los inmuebles se construyeron en zona no urbana, afectada por la Ley de Costas ·· A los propietarios se les han embargado sus cuentas y propiedades

La Voz de Galicia.es.-13-4-2007.-La Xunta abre una ofensiva judicial contra los desmanes urbanísticos
Ratifica recursos contenciosos por concesión de licencias en Malpica, Fisterra, Barreiros y Foz. Touriño anuncia nuevas actuaciones y reitera que aplicará la ley sin mirar el color político del concello. Los alcaldes de la Costa da Morte aseguran que las obras se ajustan a la legalidad . Proyectos en primera línea de playa . Política Territorial devuelve los planeamientos de Tui y Sandiás . Reportaje: El bum que dinamita los pueblos: Casi 700 pisos sin red de alcantarillado ni aceras en la calle

20MINUTOS.ES / EUROPA PRESS. 11.04.2007.- El Parlamento Europeo aprueba el informe que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería. Con el voto en contra del PP.

La Voz de Galicia.es.-4-4-2007.-Sólo once concellos tienen planes adaptados a la ley urbanística. El plazo para la adecuación de los planeamientos a esa legislación expiró en enero del 2006

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Faro de Vigo.es.-29abril-2007.- EL 5% DEL SUELO DE TODAS LAS URBANIZACIONES SERÁ CEDIDO DE FORMA GRATUITA A LA ADMINISTRACIÓN GALLEGA PARA VIVIENDAS EN ALQUILER

La Xunta promoverá por ley que el 40% de la vivienda nueva de Galicia sea protegida

María José Caride y Teresa Táboas.

La reforma de la Lei do Solo forzará a los promotores a construir al mismo tiempo los pisos de venta libre y los subvencionados.

X. A. Taboada / Santiago
La Xunta prepara una reforma de calado de la Lei de Solo cuyo objetivo es aumentar el parque de viviendas protegidas en Galicia y contener, e incluso bajar, la escalada de precios de las de venta libre. La entrada en vigor de estas modificaciones legales, prevista para finales de 2007, supondrá que en los próximos años el 40% de todos los pisos que se construyan en la comunidad autónoma serán de protección pública. Los cambios fueron presentados ayer en Santiago por las conselleiras de Vivenda, Teresa Táboas, y de Política Territorial, María José Caride, y justificados por la necesidad de "favorecer el acceso a una vivienda de calidad y a unos precios que puedan asumir las rentas medias del país".
Con respecto a la actual ley, las modificaciones serán de gran alcance, sobre todas las referentes a la reserva de suelo para vivienda protegida en los planes municipales de urbanismo. Ahora, en toda promoción hay que reservar un 20% para pisos de protección, pero cuando entre en vigor la reforma, esta reserva aumentará al 30% en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y llegará al 40% en el resto de los municipios. Estos porcentajes serán de aplicación en todos los suelos urbanos no consolidados y en los suelos urbanizables delimitados, que son aquéllos que en teoría serán desarrollados a medio plazo.
Sin embargo, la reserva para vivienda pública se incrementará hasta el 50% en los suelos urbanizables no delimitados, que son aquellas áreas de ampliación urbanística pensando en el futuro. En todo caso, estos porcentajes son mínimos, según precisó Táboas, y deberán aumentar todavía más, si es necesario, hasta cubrir por completo la demanda de vivienda protegida.
Suelo autonómico
La Xunta también introducirá una medida, calificada como de "extraordinaria importancia", para crear una bolsa de suelo de titularidad autonómica. Por ley, en toda urbanización de uso residencial se cederá un 5% del suelo de forma gratuita y sin cargas a la Xunta para que ésta construya vivienda pública pero dedicada exclusivamente a alquiler y sin posibilidad de venta. Este 5% del suelo no corresponderá a la parte edificable, sino a los espacios dotacionales o de equipamiento y donde, por ejemplo, estaba previsto un polideportivo, un área verde o un área de ocio.
La reforma de la Lei do Solo también atañe a los ayuntamientos, ya que regulará los usos del 10% de suelo al que tienen derecho los municipios en todo aprovechamiento urbanístico lucrativo. Aunque la finalidad de ese suelo sería destinarlo a equipamiento o a vivienda protegida, según la Xunta en la práctica muchas alcaldías venden ese patrimonio para aumentar su erario.
Así que el Gobierno gallego va a fijar como obligación que todos los ayuntamientos destinen al menos la mitad de ese suelo cedido a construir vivienda pública. Para reforzar este aspecto, en la Lei do Solo también se anulará la opción que los promotores tienen de pagar una compensación económica a cambio de no ceder suelo para pisos protegidos. "Esta posibilidad desaparece en beneficio de la transparencia en la gestión", destacó Táboas.
Las modificaciones se completan con nuevas disposiciones para obligar a los promotores a construir al mismo tiempo las viviendas protegidas y las de venta libre, con la posibilidad de que si no lo hacen el ayuntamiento o la Xunta puedan decretar su edificación forzosa.
Según Táboas, todo esto permitirá, junto a la capacidad de la Xunta -también por ley- para obtener suelo residencial, "que el 40% de todas las viviendas que se construyan en Galicia en los próximos años sean protegidas". "Por mucho que se libere el suelo, el precio no baja, pero con estas medidas vamos a contribuir a contener o bajar el precio de la vivienda", destacó Caride.
La nueva regulación sobre los suelos urbanizables afectará tal cual a todos los ayuntamientos, tengan adaptados o no sus planes generales de ordenación municipal. En el caso del suelo urbano no consolidado, si en seis meses después de la entrada en vigor de la reforma -posiblemente en enero- los ayuntamientos tienen aprobados sus planes urbanísticos, la reserva será del actual 20%, pero si no, deberán ajustarse a la reforma.

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Faro de Vigo.es.-29abril-2007.- La edificación aporta a los concellos el 60% de sus ingresos en impuestos

Los ayuntamientos gallegos recaudan al año más de 360 millones con el cobro del IBI y la tasa que grava a la construcción y las obras.

J. Pérez / A Coruña
Lo ocurrido en el mercado inmobiliario en las dos últimas semanas, con la publicación de los datos del Ministerio de Vivienda que señalan un ligero descenso del precio de los pisos, especialmente en las grandes ciudades; y el incesante desplome en Bolsa de las empresas ligadas al ladrillo, abre muchas interrogantes.
Entre las muchas repercusiones que el supuesto freno tendrá para la economía están los ingresos que la actividad inmobiliaria tiene para las administraciones. Especialmente, para los concellos, encargados de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el que grava las construcciones y las obras. Dos tasas que, en Galicia, suponen para los ayuntamientos el 60% de su recaudación impositiva.
La edificación ha permitido a los municipios de la comunidad embolsarse más de 360 millones de euros en 2005, según el último informe sobre presupuestos de entidades locales elaborado por la Agencia Tributaria. Casi la mitad, entre los ayuntamientos coruñeses, donde se recaudaron 168,1 millones de euros. Es también la provincia donde el pago de impuestos relacionados con el sector inmobiliario tiene más peso, en relación al volumen total de impuestos. Un 63%, concretamente, de los 263,210 millones que aportaron impuestos directos e indirectos.
Los concellos de Ourense y Pontevedra se mueven en un porcentaje similar, del 62% y el 60%, respectivamente, con una recaudación total por Bienes Inmuebles y por obras de 39,238 millones de euros y 117,562 millones, según el reciente informe del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La proporción de lo que ambas tasas supone en Lugo se rebaja hasta el 54%, con 41,269 millones de euros recaudados.
El Impuesto de Bienes Inmuebles -conocido como el recibo de la contribución- es, por sí solo, el tributo más elevado para los ayuntamientos gallegos. El que representa más ingresos. Muy cerca incluso de la mayor partida que reflejan los balances municipales, que es la de las transferencias corrientes que se realizan desde el Gobierno central. 120,613 millones de euros para los concellos coruñeses, 35 millones para los de Lugo, 32,4 millones en Ourense, y 90,9 millones en Pontevedra.

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Sin licencia
El Correo Gallego.es.-20-abril2007.-Ordenan el derribo de 12 viviendas ilegales de A Illa de Arousa
Los inmuebles se construyeron en zona no urbana, afectada por la Ley de Costas ·· A los propietarios se les han embargado sus cuentas y propiedades
DELEGACIÓN • PONTEVEDRRA
Las consellerías de Facenda e Economía y Política Territorial estudiarán conjuntamente una solución para las 12 viviendas unifamiliares de A Illa de Arousa, sobre las que pesa una orden de derribo y sanciones que oscilan entre los 25.000 a 50.000 euros. Además, cada propietario habrá de pagar multas de 1.800 euros por cada mes que tarde en tirar los inmuebles.

Aunque el inicio de los expedientes contra estas viviendas comenzó entre los años 1996 y 2000, fue el pasado mes de agosto cuando las familias comenzaron a vivir una verdadera pesadilla a raíz de recibir en sus casas la resolución de la Xunta de Galicia.

Tras una reunión mantenida con la delegada de la Consellería de Facenda, María José de Castro, los afectados consiguieron, hace 7 meses, paralizar la orden de la Xunta hasta que no haya una solución definitiva al ordenamiento urbanístico de A Illa, que se pretende que sea "singular". Incluso, a las casas de estas personas llegaron cartas tipo haciendo constar que sus expedientes quedaban en suspenso.

Pero, el mecanismo administrativo siguió funcionando y, hace 10 días, cada uno de los afectados recibió otra misiva en la que se les recordaba la situación ilegal de sus viviendas. Lo grave llegó al día siguiente, cuando se enteraron que sus cuentas bancarias estaban embargadas, una situación que también afectaba a sus sueldos y a sus propiedades. También les paralizaron las subvenciones que habían solicitado para mejorar sus viviendas.

"Están incumplindo o que nos dixeron hai unos meses, e o que tamén lle dixeron ó alcalde", dijo Rosa García, portavoz de los afectados, que añadió "quedaron en que todo se paralizaría, e non foi así".

Aseguran los afectados que sus propiedades se ajustaban al PXOM y que están ubicadas junto a otras que tienen 50 años de antigüedad, que son legales.

Ayer, los afectados volvieron a reunirse, junto al alcalde de A Illa, José Manuel Vázquez, con la delegada de la Consellería de Facenda e Economía, quien les comunicó que se estudiaría una solución legal con la Consellería de Política Territorial.

En ese encuentro, se informó a la delegada que, delante de sus viviendas se están construyendo bloques de 140 pisos después de talar una hilera de pinos, muy cerca de la línea de Costas.

Todo sigue su curso

A pesar de las promesas, la Consellería de Política Territorial informó ayer que los expedientes contra cada una de estas viviendas sigue su curso, encontrándose en la vía ejecutiva.

También señaló que los expedientes fueron incoados desde la Consellería de Pesca cuando tenía competencias sobre la línea de Costas que ahora desarrolla Política Territorial. Este departamento revisó cada uno de los expedientes y una vez constatado que estaban bien tramitados, siguió adelante con los mismos.

Asimismo, subrayó que, desde el primer momento, la Administración comunicó a los propietarios que construían de forma irregular.

Al parecer, estas viviendas tampoco disponen de la licencia municipal, que no pudo otorgarlas por encontrarse sus terrenos, ubicados en Cabo Deiro o Espiñeiro, en unas zonas a las que la Administración autónomica no permitió su declaración de "urbanos" al carecer de servicios antes del año 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas. Así se recoge en el PXOM. A pesar de ello, los propietarios levantaron sus viviendas unifamiliares en la citada zona.

EL DATO Mujeres coraje

Doce mujeres representan a las familias afectadas, sus propias familias. Son mujeres luchadoras que dejan sus trabajos para defender sus viviendas, y dicen que harán lo posible para mantenerlas .

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La Voz de Galicia.es.-13-4-2007.-La Xunta abre una ofensiva judicial contra los desmanes urbanísticos

Ratifica recursos contenciosos por concesión de licencias en Malpica, Fisterra, Barreiros y Foz

Touriño anuncia nuevas actuaciones y reitera que aplicará la ley sin mirar el color político del concello

Los alcaldes de la Costa da Morte aseguran que las obras se ajustan a la legalidad
Proyectos en primera línea de playa
Política Territorial devuelve los planeamientos de Tui y Sandiás
Reportaje: El bum que dinamita los pueblos: Casi 700 pisos sin red de alcantarillado ni aceras en la calle

Autor de la imagen: J. M. CASAL (Firma: Serafín Lorenzo | Lugar: santiago)
Uno de los recursos de la Xunta cuestiona cinco permisos otorgados para construir 257 viviendas (en la imagen, uno de los edificios) en la caótica Recta da Anchoa de Fisterra.

El Gobierno gallego está dispuesto a agotar todos los medios a su alcance para exigir a los concellos que cumplan la ley urbanística 9/2002 y erradicar la cultura del todo vale que, favorecida por la tradicional inhibición administrativa y la fuerte presión inmobiliaria, ha provocado un desarrollo irracional del territorio. Con esa intención, el Consello de la Xunta ratificó ayer la presentación de once contenciosos contra licencias otorgadas en cuatro concellos: los seis que el Ejecutivo anunció el miércoles para paralizar 376 viviendas en Barreiros (PP), otro para anular 40 licencias para 1.350 viviendas (algunas ya vendidas y otras en construcción) en Foz (PSOE), y varias resoluciones más contra actuaciones en Malpica (PSOE) y Fisterra (PP). Los cuatro ayuntamientos rechazaron requerimientos de Política Territorial para anular las autorizaciones.

El recurso de Malpica afecta a un permiso para construir un centenar de viviendas en el lugar de Canido y el de Fisterra cuestiona cinco licencias para 257 inmuebles en Escaselas, en la margen derecha de la Recta da Anchoa, en la vía C-532 que va a la capital provincial.

Proceso invalidado en Foz

Sobre Foz, el presidente de la Xunta matizó que es una «irregularidade no procedemento formal de concesión dunhas licenzas», que el alcalde socialista, José García Rivera, quiso corregir convalidando su concesión. Emilio Pérez Touriño objetó que «desde a Asesoría Xurídica da Xunta entendemos que non é así», por lo que Urbanismo requerirá al Concello su anulación: «Se non o fai, ampliaremos o recurso contencioso contra esa concesión».

Touriño volvió a presentar la actuación en Foz como prueba de que la Xunta «non mira cores nin raseiros políticos» en sus intervenciones urbanísticas, sino que actúa, reivindicó, «en función da legalidade e da salvagarda do interese xeral». El presidente, que rechazó «meter todo no mesmo saco», opuso el caso de Foz, donde precisó que «se discute a formalidade no procedemento xurídico de concesión dunhas licenzas», a los de Gondomar, Vigo y Ourense -los tres del PP-, con «infraccións reiteradas e incumprimento de sentenzas». También reprobó a «quen é alcalde por horas e coa outra man actúa como promotor inmobiliario», y citó los casos de Arteixo y Salceda, con regidores del PP. Recriminó a Feijoo que, mientras la Xunta no avala la actuación de Foz, «desde otros posicionamientos políticos non existe ese comportamento».

Preguntado sobre la conveniencia de que el alcalde focense no se presente a las próximas municipales, Touriño subrayó que «non se trata de actuar como Tribunal da Inquisición, senón de facer cumprir o que nos encomendaron os cidadáns», al tiempo que anunció que los servicios jurídicos presentarán un número «considerable e importante» de nuevos recursos contra concellos por actuaciones urbanísticas.

Los alcaldes de la Costa da Morte aseguran que las obras se ajustan a la legalidad

(Lugar: la voz | cee)
El alcalde de Fisterra, el popular José Traba, aseguró ayer que las obras recurridas en su municipio no se paralizarán sin orden judicial, porque las licencias fueron legalmente otorgadas. Afirmó que la argumentación de la Xunta no es correcta, ya que las empresas realizaron las cesiones correspondientes dentro de las unidades de ejecución aprobadas en 1996, y detalló que los permisos fueron aprobados hace dos años y remitidos entonces a la Xunta y a la Subdelegación del Gobierno. «As reclamacións da Xunta son extemporáneas, tiveron tempo de revisar esas licenzas», subrayó. Los edificios están hoy prácticamente terminados.

Sobre la construcción en suelo no consolidado (dejaría de ser consolidado por carecer de saneamiento), Traba manifestó que los sistemas de alcantarillado y depuración están previstos y aprobados desde el 2002. Hoy siguen sin estar en funcionamiento y la depurada ni siquiera se ha construido, aunque también está prevista.

Por su parte, el alcalde de Malpica, José Ramón Varela, replicó al bipartito que los permisos fueron concedidos por la junta local de gobierno en base a informes técnicos y jurídicos favorables: «Non podemos negar unha licenza con eses informes, sería prevaricar», dijo.

FISTERRA Y MALPICA
Proyectos en primera línea de playa, con fosa séptica, piscina y pistas de pádel

(Lugar: e. e. | cee)
Las cinco licencias recurridas por la Xunta en Fisterra son sólo parte de los 16 edificios en los que se han detectado irregularidades.

El permiso para la promotora Plaza Garden se aprobó en abril del 2005. La empresa levantó un edificio de 88 apartamentos, distribuidos en cuatro plantas (bajo, primero, segundo y bajocubierta) sobre una parcela de casi 4.000 metros cuadrados, con la consiguiente cesión voluntaria para viario.

A esta actuación le sigue en número de viviendas Fisterracons, con licencia otorgada en octubre del 2005: 76 apartamentos y una cesión de 1.076 metros cuadrados para uso público, en los que se ubicarían una piscina y una pista de pádel. Como en la mayoría de los proyectos, estaba previsto instalar una fosa séptica, aunque, según el ayuntamiento, el saneamiento estaba aprobado desde el año 2002.

Las empresas

Otra empresa afectada por el contencioso es Campoalsa, promotora de 60 viviendas en tres edificios, licitados entre junio y septiembre del 2005. También preveía una fosa séptica. La cuarta sociedad es L-Tres, con 18 viviendas bajo proyecto licitado en abril del 2005. La última firma afectada es Poalsa, con un proyecto de 12 apartamentos, licitado en mayo del 2005, aunque en el informe técnico figuran 15 viviendas.

La inversión de esas cinco empresas supera los 7,2 millones de euros y todas ellas suman 257 viviendas, aunque en el punto de mira de la Xunta hay 391 en Fisterra. Casi todas se concentran en la conocida Recta da Anchoa, un tramo paralelo a la playa de A Langosteira que se han convertido en ejemplo del urbanismo salvaje de la Costa da Morte.

En el caso de Malpica, el contencioso interpuesto afecta a una licencia concedida a varios edificios situados en primera línea de playa en la zona de Canido. Los permisos fueron otorgados en septiembre del 2005 (hubo más licencias en mayo del 2006), y en total suman algo más de cien licencias. El Concello de Malpica reiteró su decisión de presentar alegaciones a la decisión tomada ayer por el Consello de la Xunta.

Política Territorial devuelve los planeamientos de Tui y Sandiás
Los concellos deberán revisarlos, llevarlos a pleno y otra vez a la Xunta

El alcalde tudense, del PP, estudia acudir a la vía contenciosa para resolver la situación

Contadas sanciones por defectos de forma frente a una mayoría de aprovechamientos desmesurados
Vía libre al edificio de 21 metros en la plaza de España de Ferrol

Autor de la imagen: RAFAEL ESTÉVEZ (Firma: Mónica Torres | Lugar: tui)
De momento la Xunta no da luz verde ni al Plan Xeral de Tui, en Pontevedra, ni al de Sandiás, en Ourense. Los dos municipios estaban pendientes de la aprobación definitiva de sus respectivos documentos urbanísticos, pero Política Territorial hizo ayer públicas sendas órdenes con los motivos por los que no otorga su visto bueno.

Los impedimentos en Sandiás son «muchos menos» que en Tui, según la consellería. Allí la resolución centra sus exigencias de correcciones y carencias en cuestiones ambientales, mientras que la lista de deficiencias detectadas en el municipio pontevedrés es mucho más extensa y afecta a la base misma del documento. En éste último se advierte la ausencia «dunha análise crítica do modelo urbanístico do plan anterior e da realidade actual do territorio, na que fundamentar un axeitado modelo de implantación territorial dos usos e as instalacións».

Las órdenes obligan a los dos municipios a someter de nuevo a pleno la aprobación de los planes y su posterior remisión para ser analizados por Política Territorial, que comprobará que se realizaron las correcciones exigidas y resolverá sobre su aprobación definitiva.

La decisión de Política Territorial llega a Tui cuatro días antes de que expirara el plazo para su aprobación definitiva. El regidor, del PP, entiende el fallo como «una irresponsabilidad de la Xunta, que busca paralizar el urbanismo», y avanza que el Concello ya estudia acudir a la vía contenciosa.

REPORTAJE | Crecimiento desordenado en la Costa da Morte
El bum que dinamita los pueblos
Ni Malpica ni Fisterra tienen aún un plan general para regular su desarrollo urbanístico que, sobre todo en el caso fisterrán, tiene un carácter anárquico y un gran impacto estético

Casi 700 pisos sin red de alcantarillado ni aceras en la calle

(Firma: Eduardo Eiroa | Lugar: cee)
El último censo aprobado en Fisterra supera por poco los 5.000 vecinos. La localidad pierde población cada año. Sin embargo, en la Recta da Anchoa se construyen casi 700 apartamentos, destinados a segundas viviendas.

Hace cinco años era posible hacerse con un piso por poco más de 30.000 euros. Ahora es difícil encontrar algo por menos de 120.000 euros. Imposible cerca del mar. La revalorización del suelo puso al municipio en obras, pero lo hizo de un modo anárquico: no hay línea de fachadas, no hay calles, no hay aceras, no hay espacios verdes habilitados todavía, no hay aparcamientos. Sólo hay pisos.

Pero el nuevo urbanismo no es un nuevo problema. Es el mismo de siempre, sólo que con más presión. Las licencias y las normas para edificar son algo ajeno a muchas viviendas, que se han construido o reformado sin demasiados remilgos, mientras el casco histórico -como en el caso de otros ayuntamientos de la zona, como Cee- no deja de sumar ruinas.

El bum inmobiliario en Fisterra está llegando incluso a las aldeas cercanas al casco. Así, San Martiño, con sus impresionantes vistas, ha cambiado su tipología de casas marineras por una profusión de adosados y chalés que se han adueñado de unos terrenos sin infraestructuras para darles servicios.

En Malpica la presión es menor y los efectos de la falta de un plan que regule el desarrollo saltan menos a la vista, aunque el turismo de segundas viviendas también ha revolucionado el municipio, donde las calles estrechas del casco urbano conviven con edificios más propios de una avenida. El freno que ahora trata de echar la Xunta llega tarde en muchos casos.

Casi 700 pisos sin red de alcantarillado ni aceras en la calle

La Recta da Anchoa, en Fisterra, es un claro paradigma del desorden. En esta zona se venden pisos de pretendido lujo que incluyen bañeras de hidromasaje, pero no alcantarillas. Tampoco hay depuradora para las aguas fecales. Pero faltan más cosas. Los peatones carecen de aceras por las que caminar y recurren a arcenes tomados por las obras de más y más apartamentos. Hasta 700.

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20MINUTOS.ES / EUROPA PRESS. 11.04.2007.- El Parlamento Europeo aprueba el informe que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería. Con el voto en contra del PP.
La Comunidad Valenciana, la peor parada según el informe.
El PE pide que se establezcan leyes que eviten abusos del derecho de propiedad por parte de las autoridades regionales y locales.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el miércoles con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería.

El informe reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados.

El 'no' del PP

El popular Iturgáiz consideró que el informe sólo intenta desgastar al Gobierno del PP en ValenciaEl PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto "con el que básicamente estamos bastante de acuerdo", según dijo el eurodiputado, Luis Herrero.

Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de plano el informe al considerar que su único objetivo es "intentar desgastar al Gobierno del PP en Valencia".

El informe ha sido elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.

Es el tercero que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde el año 2003 y el primero que habla de otras regiones.

15.000 denuncias por abusos en Valencia

El otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cashman, hizo traer a la sala donde se celebraba la reunión de la comisión de Peticiones dos grandes baúles que contenían las "15.000 peticiones" recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana para demostrar que no son "una invención" como sostiene el Gobierno valenciano.

Estos abusos son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar Asimismo, explicó que siguen llegando denuncias y que durante su visita le entregaron otras 60 que "describen los desproporcionados sueños urbanos de los urbanizadores que se han convertido en pesadillas para los ciudadanos".

Estos problemas "son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar", opinó el coautor del informe.

Almería y Madrid

Las críticas de Cashman se centraron en el caso de la Comunidad Valenciana y fueron mucho más benévolas para Almería o Madrid.

En el primer caso destacó que, aunque la visita de los parlamentarios coincidió con el día de Andalucía y era una jornada festiva, representantes del Gobierno regional en la provincia aceptaron reunirse con la delegación "para discutir las leyes urbanísticas andaluzas y su aplicación en varios municipios y el tema de la compra legal de edificios ilegalmente construidos".

Sobre su visita a Madrid, el eurodiputado destacó que fue recibido también por las autoridades regionales y que la misión visitó Torrelodones y Galapagar , localidades de las que habían llegado quejas al Parlamento.

La misión expresó a las autoridades madrileñas su "preocupación" por el impacto de los programas de urbanización en los espacios protegidos por la red Natura 2000 en el río Guadarrama y por los problemas de tratamiento de aguas residuales.

Recomendaciones

Para resolver estos abusos, la comisión de Peticiones aprobó un catálogo de recomendaciones. Entre estas, figuran:

Que el Gobierno y las autoridades regionales reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida.
Que estos definan de manera precisa el interés general que puede justificar una apropiación.
Creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados.

Cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y exige a la Comisión que investigue cualquier denuncia.

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La Voz de Galicia.es.-4-4-2007.-Sólo once concellos tienen planes adaptados a la ley urbanística
El plazo para la adecuación de los planeamientos a esa legislación expiró en enero del 2006

Ourense es la única ciudad gallega con una planificación acorde a la norma autonómica

La Xunta aprobará la norma para ordenar el litoral con tres años de retraso sobre el calendario legal

La Xunta aprobará la norma para ordenar el litoral con tres años de retraso sobre el calendario legal

Autor de la imagen: PILI PROL (Lugar: s. l. | santiago)
?a Xunta aplicará, con la norma que restringirá temporalmente la construcción a menos de 500 metros de la costa, un peaje a los concellos que, cuatro años después de la entrada en vigor de la ley urbanística gallega 9/2002, todavía no tienen sus planeamientos adaptados a ese texto. La ley autonómica habilitó un período de tres años para realizar esa adecuación, que expiró el 1 de enero del 2006. Quince meses después de agotar ese calendario legal, sólo once municipios disponen de modelos de desarrollo urbanístico ajustados al marco legislativo gallego: Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Boimorto, O Incio, Ourense, San Cibrao das Viñas y Xunqueira de Ambía.

Dos municipios más cuentan ya con planes que han recibido la aprobación parcial por parte de la Consellería de Política Territorial. Se trata de Vedra y de A Pobra do Caramiñal, que es el único concello costero afectado por la Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia que, en caso de obtener la aprobación definitiva en breve, podría quedar excluido de la prohibición cautelar de construir en el suelo urbanizable situado en la franja de los 500 metros.

Tramitación dilatada

La relación de los ayuntamientos con planes generales en regla sólo incluye una ciudad, Ourense, a falta de que se resuelva el proceso para la aprobación del plan de Vigo. En estos casos, como en la mayoría de los restantes, la adecuación a la norma autonómica es posible porque el inicio de la tramitación de los planeamientos arrancó antes de que el PP aprobara en solitario, el 30 de diciembre del 2002, la norma que sustituyó a la Lei do Solo de 1997. De hecho, el plazo medio de tramitación supera los cinco años, por lo que buena parte del medio centenar de municipios que están adaptando sus planes a la ley urbanística aún tienen por delante un largo trayecto hasta la aprobación final.

En este punto centran sus quejas los alcaldes, que han denunciado a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) las dificultades que la propia ley plantea para elaborar planeamientos. Esos obstáculos técnicos agravan, en los municipios con menos población, los derivados de su propia estrechez de recursos.

La Xunta ha asumido la necesidad de superar esas trabas con la incorporación a la ley de los 500 metros de la creación del Instituto de Estudos do Territorio, un organismo que estará adscrito orgánicamente a la Consellería de Política Territorial y que prestará asistencia y colaborará con los ayuntamientos para elaborar, gestionar, adaptar y ejecutar sus planeamientos. Además, el Gobierno gallego pretende facilitar que la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural pueda ser llevada a la práctica con una nueva reforma de ese marco normativo, que ya fue revisado en la ley 15/2004. La Xunta buscar dotar de estabilidad a un marco legislativo que permita agilizar los planeamientos.

La Xunta aprobará la norma para ordenar el litoral con tres años de retraso sobre el calendario legal

?os concellos no cumplen los plazos establecidos en la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural para adecuar los planeamientos, pero la Xunta tampoco tiene los deberes hechos. El Gobierno gallego ha tenido que recurrir a una ley transitoria para hacer frente a la fuerte presión urbanística que soporta la fachada costera porque no resolvió a tiempo una ordenación del litoral que, según el calendario fijado por la norma en vigor, debería estar aprobada desde el 1 de enero del 2005, es decir, con el anterior Gobierno. Política Territorial prevé que el plan sectorial que delimitará la franja de protección costera en cada municipio reciba luz verde a finales del presente año, con tres de retraso, por tanto, sobre el plazo legal.

La diligencia en la confección de ese plan es clave para minimizar el impacto de la ley que, con carácter transitorio, vetará el ladrillo en la franja de los 500 metros. El propio Emilio Pérez Touriño ha dado las instrucciones oportunas para acelerar esa delimitación, tal como apremian también la patronal y los concellos. La asignatura ya quedó pendiente en la etapa del PP. El Ejecutivo de Fraga, con Alberto Núñez Feijoo como responsable de Política Territorial, presentó en diciembre del 2004 un avance de las directrices de ordenación del territorio en el que proponía regular los usos y actividades en la franja de interés autonómico de 500 metros en la que ahora restringirá la construcción el bipartito. Sin embargo, el Gobierno del PP nunca llegó a poner en práctica esas restricciones, que circunscribía a zonas determinadas de las Rías Altas, entre punta Queixal (Muros) y la desembocadura del Eo.

Territorio sin directrices

El incumplimiento del plan del litoral no es el único debe de la Xunta en materia de regulación urbanística. Cuatro años después de la aprobación de la ley autonómica en este ámbito, Galicia sigue pendiente de las directrices del territorio. La Lei de Ordenación Urbanística marcó un plazo de un año para elaborar esas directrices, pero ni el anterior Ejecutivo ni el actual las han presentado.

Por tanto, ni en uno solo de los tres frentes de actuación más relevantes que ordenó la norma urbanística vigente -las directrices del territorio, la ordenación del litoral y la adecuación de los planeamientos municipales- se ha respetado el calendario establecido. Galicia incumple su propia ley urbanística.

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