SENTENCIAS

La Voz de Galicia.es20/6/2008.-El TSXG ordena demoler el párking de Lalín al anular el proyecto técnico. De perder en el TS el Concello asegura que evitará el derribo con un proyecto que cumpla, al que adaptará la obra

Román Rodríguez, edil de Urbanismo, anuncia que el Ayuntamiento presentará recurso de casación al Supremo

El TSXG acaba de estimar parcialmente el recurso interpuesto por la familia Carral en relación al párking subterráneo de Lalín, y anula de este modo el proyecto técnico básico y de ejecución de la obra de construcción del aparcamiento «por ser contrario a derecho, por lo que deberá ser demolida la obra realizada a su amparo». La sentencia apunta que la aprobación del proyecto resulta contraria a las disposiciones del PXOM por varias cuestiones. La más notoria el hecho de que «la superficie construida proyectada -y en mayor medida la realizada- que sobrepasa en más de un metro la rasante supone un coeficiente de edificabilidad notablemente superior al de 0,15 metros cuadrados por metro cuadrado del artículo 135.2 del PGOM, y tampoco se cumplen las determinaciones de su apartado 4a como se explica en los informes periciales, que también recogen otras infracciones, aunque puntuales y de mucha menor entidad, en lo que se refiere a los viales y a la altura de la construcción. Por ello la pretensión principal de la demanda tiene que ser acogida», explica.
El concejal de Urbanismo, Román Rodríguez, informó ayer en rueda de prensa de la sentencia, de la que facilitó copia a los medios. Rodríguez expuso el máximo respeto hacia la familia Carral, que defiende sus intereses. El edil señaló que la sentencia ratifica un fallo anterior en el mismo sentido «que fala de exceso de edificabilidade e de ocupación. Así que era previsible o fallo negativo, e o esperabamos nesta liña».
Aspectos a favor del Concello
Rodríguez dijo que el frente judicial del recurso era amplio, y aseveró que la sentencia da la razón al Concello en varios extremos, como la licencia de actividad, prescindir del estudio de detalle de rasantes reclamado por la familia, la validación del convenio urbanístico y la adjudicación y concesión administrativa del párking. Valoró que este último era un aspecto clave, ya que de perder, habría supuesto retrotraer todo el proceso de adjudicación.
El concejal de Urbanismo dijo que la clave del problema es un exceso de edificabilidad, derivado de una sobreelevación de 60 centímetros de la estructura del párking sobre la rasante: «Foi unha cuestión de medición técnica, que motivou un exceso de ocupación no espazo libre».
Pese a la contudencia del fallo de la sentencia, el gobierno local entiende que no puede desligarse de la anterior sentencia, del año 2003, que explicitaba que sería necesario derribar el exceso de edificabilidad, pero no todo el párking subterráneo.
Mensaje de calma
Por su parte, Román Rodríguez anunció ya que el Concello presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo: tiene de plazo hasta el 1 de julio para hacerlo. Si no se admite a trámite el recurso, o bien si dentro de 2 ó 3 años se produce un fallo en contra, el gobierno local optará por reducir edificabilidad en el párking. El Concello lalinense, en este caso, procederá a redactar un proyecto que cumpla las directrices del Plan Xeral, concederá licencia y adaptará el párking a dicha modificación. Los técnicos municipales empiezan ya a barajar posibles opciones: una de las factibles sería retrasar el muro que delimita el espacio infantil hacia el párking, dejando un soportal. Aunque podría suponer perder en torno a medio centenar de plazas, se reduciría la edificabilidad que ganó la construcción al sobrepasar la rasante, y tenerse que computar. Rodríguez dijo que son en torno a un millar de metros cuadrados los que habrá que reducir.
Rodríguez lamentó que por sobrepasar 60 centímetros la rasante «unha porcentaxe mínima para a altura do párking», haya que efectuar recortes en la última planta. Curiosamente, la concha acústica podría mantenerse en pie, aunque por el momento sigue sin poder usarse.

El gobierno se aferra al apartado de la sentencia en el que se habla de posibles legalizaciones

El gobierno local da por seguro que, pese al fallo recogido en la sentencia, el párking subterráneo de Lalín no corre ningún peligro de demolición. En este sentido, aluden al procedimiento habitual que se sigue ante sentencias de este tipo. Indican que, al anular el proyecto técnico básico y de ejecución de la obra, automáticamente se ordena la demolición; pero en la práctica, el proceso pasar por realizar un nuevo proyecto que cumpla todas las prescripciones, otorgarle de nuevo licencia y ajustar el edificio a la nueva licencia: de este modo, se elimina el exceso de edificabilidad y de ocupación máxima.
El concejal de Urbanismo se aferra también al propio texto de la sentencia, que en el apartado tercero de sus fundamentos de derecho alude a posibles legalizaciones, apartado en el que encaja la solución al conflicto del párking en caso de no prosperar la vía judicial en el Tribunal Supremo. La sentencia recoge, en este sentido, que «la anulación del proyecto lleva consigo como consecuencia natural, al igual que la de una licencia -sin perjuicio de posibles legalizaciones- la demolición de lo construido a su amparo y la imposibilidad de su uso, con la consecuente vuelta de las cosas a su estado anterior».
Falta otra sentencia
Román Rodríguez señaló que falta por saberse el fallo de otra sentencia, ya que tanto la familia como el propio Concello habían recurrido la anterior sentencia del 2003. El fallo del TSXG que anula el proyecto técnico básico y de ejecución del párking se produce tras el citado recurso de la familia Carral, indicó el concejal.

Faro de Vigo.es.-21 xuño de 2008.-La oposición pide al gobierno que adapte ya el parking a la legalidad. Cree un despilfarro de fondos públicos seguir con una pelea judicial que no tiene visos de prosperar

Manuel G. Aller. / bernabé

X.S.S. / LALÍN Los dos partidos de la oposición de Lalín coinciden en criticar la actitud del gobierno local ante la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ratifica la ilegalidad urbanística del parking Europa. Tanto el portavoz municipal socialista, Manuel González Aller, como el nacionalista, Francisco Vilariño, consideran que sería más positivo abandonar ya una pelea judicial que no tiene visos de prosperar y empezar a elaborar el proyecto de adaptación de las instalaciones a la legalidad urbanística.
"A sentencia é demoledora, nunca mellor dito, xa que insta ao derribo do parking", señala el concejal del PSOE, para quien la resolución judicial "non deixa de ser unha nova mostra da ineptitude do goberno" de Xosé Crespo. El grupo socialista lamenta que el alcalde no depure responsabilidades políticas ante "infraccións urbanísticas evidentes" y cree "escandaloso" que el edil Román Rodríguez hable de "erro de medición técnica" en la altura del estacionamiento "cando todos os lalinenses decatábanse de que aquela construcción non parecía desde logo subterránea". También apunta al "cinismo" del concejal del PP al considerar aspectos favorables de una sentencia tan dura para el concello.
Aller apuesta por "coller o toro polos cornos e solucionar o problema en troques de dilapidar cartos públicos" en un proceso judicial que el propio gobierno local "non ten moitas expectativas de que prospere". En caso de perder la batalla judicial, destaca el "grave dano" que supondría para los lalinenses el derribo del parking o la modificación de su estructura en 1.000 m2, junto con el perjuicio que ya supone el no poder utilizar la plaza pública, un "espazo morto" que podría ser aprovechado para actividades de ocio. Aller solicita que, en caso de modificaciones, se recuperen las zonas verdes que incluía la plaza en el proyecto inicial y que se reforme la concha acústica, "proba de irrefutable feísmo urbanístico".
Por su parte, Franscisco Vilariño, que invoca responsabilidades políticas, incide en que el proyecto está "mal desde o principio" por un "considerable exceso de volume". También critica que el gobierno siga pleiteando cuando admite que la sentencia desfavorable era "previsible". "Por que segue empecinado en defender unha ilegalidade", se pregunta el edil del Bloque, que recientemente presentó una moción para reclamar el uso público de la Praza Europa. Advierte de que el recurso al Supremo podría elevar a una década el impedimento del disfrute de la plaza.
Por su parte, la empresa Portas y Acuña, concesionaria del aparcamiento subterráneo, declinaba ayer efectuar manifestaciones sobre el proceso judicial. "Preferimos no hacer ningún tipo de declaración", apuntaba su responsable, María José Portas.

Expansión, viernes 23/05/2003 .-Madrid se enfrenta a una indemnización millonaria por expropiaciones indebidas. En aquel momento se estableció un pago por expropiación de 2,51 euros por metro cuadrado, que tras un proceso de negociación se incrementó hasta 10,8 euros. después de una sentencia del tribunal superior de justicia de madrid de 1994, la cantidad se ha acabado elevando hasta 48 euros por metro cuadrado: 1,38 millones de euros para el total de 21.000 metros cuadrados propiedad de las familias. mientras, el ayuntamiento acabó beneficiándose de un precio final de venta de, al menos, 213 millones. pese a ello, hasta ahora el ayuntamiento se ha negado a pagar por lo que los denunciantes han exigido el embargo de las cuentas municipales, proceso que en este momento se encuentra en tramitación

El Correo Gallego.15-2-2006.--Los últimos "rebeldes" del Castiñeiriño logran chalés
El IGVS logra cerrar un acuerdo entre los vecinos del sunp 13 y la cooperativa Combarro ·· Los propietarios recibirán una vivienda unifamiliar a cambio de sus casas . Los propietarios del sunp 13 de O Castiñeiriño recibirán viviendas unifamiliares a cambio de sus actuales casas y terrenos, sin tener que pagar ninguna cantidad a mayores por ellas.

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OURENSE

El CorreoGallego.es .-5-abril-2007.- -El TSXG declara ilegales centenares de viviendas en un barrio de Ourense ."El candidato popular no puede seguir en la actitud de que fue abducido durante todo este tiempo, "alguien se metió en mi cuerpo y no me enteré de nada", aseveró. La sentencia "deja claro" que si el letrado que representa a los vecinos de A Ponte hubiese solicitado la anulación de todo el PXOM, "se le habría concedido". Los nacionalistas consideran que se trata de un problema de dimensiones "enormes" y proponen que el gobierno municipal "rehaga" el planeamiento urbanístico en la zona para lograr su aprobación, ya que calculan que el área podría alcanzar unos 100.000 metros cuadrados.
El auto del juez afecta a centenares de viviendas de nueva construcción, zonas verdes y al nuevo edificio de la Policía Local ·· El Bloque dio a conocer ayer el fallo, aunque había sido dictado el pasado 5 de marzo
EUROPA PRESS • OURENSE

En primer término, el edificio que alberga la sede de la Policía en el barrio ourensano de A Ponte
FOTO: La Región
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado ilegal una parte del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del barrio de A Ponte de la ciudad de Ourense. La zona afectada incluye centenares de viviendas de nueva promoción entre las calles Basilio Álvarez, As Caldas y Xesús Pousa, zonas verdes e incluso la nueva sede de la Policía Local ourensana.

La sentencia fue hecha pública ayer por el grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, aunque fue dictada por el juez con fecha 5 de marzo de este año, después de que unos vecinos de A Ponte presentasen un recurso contra una reparcelación de la zona que el ayuntamiento concedió a un promotor de la construcción en el año 1998. Por aquel entonces ocupaba la cartera de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense Ricardo Campo Labrador, quien, según los nacionalistas, modificó "puntualmente" el PXOM para esa zona de A Ponte.

La sentencia invalida ahora este acuerdo y, como consecuencia, todas las actuaciones inmobiliarias realizadas, dotaciones, espacios públicos, así como zonas verdes, se encuentran en la actualidad en situación de ilegalidad. El candidato del BNG a la alcaldía de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, compareció en una rueda de prensa en la que aseguró que la sentencia del Alto Tribunal afecta a "dotaciones públicas fundamentales", como el edificio de la Policía Local, "que está incluido en esta área de planeamiento".

Proceso de reparcelación

Asimismo, la decisión judicial también atañe a zonas verdes "previstas" o a un nuevo vial de la zona, como es la calle Basilio Álvarez, que comunica ésta con la estación de ferrocarril que, en un futuro, será la estación del AVE. El candidato nacionalista explicó que esta situación es "consecuencia" de un proceso de "reparcelación" de 1998, cuando un promotor "pide una modificación puntual" de un área de actuación "conjunta" que databa del planeamiento de 1986.

Así, Sánchez Vidal manifestó que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense "concedió" esta petición del promotor y que, por aquel entonces, los nacionalistas ya "advertimos" de los problemas que esta situación produciría en un futuro. "Significa trasladar todos los beneficios urbanísticos a ese promotor y las cargas urbanísticas de dotaciones públicas a una serie de familias de A Ponte", aseveró.

Sánchez Vidal recriminó la modificación del PXOM en esa zona de la ciudad y culpó al gobierno municipal ourensano de propiciar un "trato de favor" hacia el promotor inmobiliario, en contra del "interés colectivo de los vecinos" de la zona. Acusó también al alcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, de seguir gestionando esa modificación cuando era concejal de Urbanismo.

Abducido

En este sentido, el candidato del BNG explicó que Enrique Nóvoa "gestionó todo el proceso que después llevó a esta sentencia" y aunque tuvo "oportunidad" de resolver esta situación, "no lo hizo". "El candidato popular no puede seguir en la actitud de que fue abducido durante todo este tiempo, alguien se metió en mi cuerpo y no me enteré de nada", aseveró.

Además, Sánchez Vidal aseguró que la sentencia "deja claro" que si el letrado que representa a los vecinos de A Ponte hubiese solicitado la anulación de todo el PXOM, "se le habría concedido". Los nacionalistas consideran que se trata de un problema de dimensiones "enormes" y proponen que el gobierno municipal "rehaga" el planeamiento urbanístico en la zona para lograr su aprobación, ya que calculan que el área podría alcanzar unos 100.000 metros cuadrados.

AVALES TÉCNICOS Y JURÍDICOS Alcalde y promotor recurren al TS

El Ayuntamiento de Ourense y el promotor presentaron sendos recursos contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de anular la parcelación aprobada en 2003 por la Xunta de Galicia par el barrio de A Ponte. El alcalde alegó contar con el respaldo de informes jurídicos y técnicos.

Mientras que el Bloque estimó que la superficie afectada por la sentencia es de 50.000 metros cuadrados, el regidor municipal explicó que afecta "sólo a una esquina con dos edificios". Según recordó a Efe, la parcelación de esos terrenos requirió una modificación puntual del PXOM que se aprobó en un pleno municipal de 2003 con los votos a favor de PP y PSdeG y la abstención de los concejales nacionalistas. Tres meses después, la Consellería de Política Territorial dio su aprobación definitiva al plan general, incluyendo la modificación realizada por el Ayuntamiento, según Enrique Nóvoa, y con el respaldo de los informes jurídicos y técnicos.

La construcción continuará

"Salvo en la esquina afectada, la construcción en la zona continuará y seguimos adelante con la decisión de sacar a concurso público la construcción de un aparcamiento subterráneo", añadió el alcalde.

La relación a las responsabilidades de la actuación ahora anulada por el TSXG, Nóvoa recordó que él no era concejal de Urbanismo en aquel momento. "Sólo quiero manifestar mi respeto a las familias afectadas, a las que conozco, y que no son cientos ni mucho menos, como dice el BNG" .

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La Voz de Galicia.-4-abril-2007.- El TSXG anula parte del PXOUM ourensano a petición de un particular

La suspensión afecta a la urbanización de viviendas en una zona reparcelada.

(Firma: Redacción digital)
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula una parte del PXOUM de Ourense que afecta a la urbanización del barrio de A Ponte de la ciudad donde se ubica un edificio de la policía y estaban proyectadas varias viviendas.

La denuncia partió de un particular y tiene relación con la reparcelación de un área urbana. El TSXG da la razón al denunciante y declara nula la modificación del plan en relación a esta actuación, que fue acometida en el año 2003.

Aunque la anulación se refiere a dos parcelas concretas, el BNG ourensano ya ha alertado que por extensión alcanza a la planificación de toda la zona en la que se ubican cientos de viviendas, hechas y de futura construcción. También se encuentra en este lugar un edificio de la policía que, de progresar la decisión judicial, estaría fuera del plan.

Desde el concello ya se ha anunciado que presentarán un recurso de casación contra la decisión del TSXG. Además insisten en que el fallo sólo afecta a dos parcelas de esta urganización del barrio de A Ponte.

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El Pais.com.05/04/2007 .-El Tribunal Superior anula la urbanización de la zona de expansión de Ourense. El Ayuntamiento agrupó solares y concedió la edificabilidad a un promotor y las cargas a los vecinos
CRISTINA HUETE - Ourense -

El Tribunal Superior de Xustiza ha declarado nula la urbanización de 75.000 metros cuadrados de una importante área de expansión de Ourense en el barrio de A Ponte, incluida en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. El complejo alberga un centenar de viviendas, zonas verdes, la nueva sede de la Policía Local y el vial que va a la estación del tren. El fallo se produce a instancias de los afectados por la recalificación, que el Ayuntamiento realizó con "una argucia legal para juntar varios solares en uno solo y modificar la edificabilidad, que concedió a un promotor".

La sentencia del alto tribunal indica que si los demandantes hubieran pedido la nulidad del plan general en su conjunto, la habría concedido. El plan urbanístico de Ourense, aprobado en 2003 por el grupo de gobierno del Ayuntamiento (PP), "favoreció en el barrio de A Ponte los intereses de un particular por encima de los públicos", señala el portavoz del BNG y candidato a la alcaldía, Alexandre Sánchez Vidal.

Sánchez Vidal asegura que el Ayuntamiento "amañó un acuerdo con un promotor de forma que aprobó la segregación del polígono urbano en varias parcelas y concedió a un promotor la destinada a la edificación mientras que a los particulares les concedió la otra en la que no sólo no les otorga edificabilidad, sino que les impone la cesión de los viales, el pago de la construcción de una carretera de 20 metros de ancho y el acondicionamiento de la zona verde".

El portavoz nacionalista asegura que como miembro de la comisión de Urbanismo alertó en reiteradas ocasiones al grupo de gobierno de esta irregularidad "pero al actual alcalde y candidato del PP, Enrique Nóvoa, le da por decir que no es político, sino electricista, y resulta que no es más que un incompetente". Sánchez Vidal destaca que con su actuación, Nóvoa ha provocado la "inseguridad e incertidumbre de promotores ajenos a esto y de cientos de familias orensanas que han comprando pisos en esa zona y que tienen ahora un futuro incierto".

El BNG señala que el actual regidor dejó sin contestar, en su etapa de concejal de Urbanismo, los recursos de reposición que durante cuatro años le plantearon los vecinos afectados de esta zona "generando con su silencio un problema de gran magnitud". "El candidato del PP no puede ampararse en que fue abducido durante todo este tiempo", protesta.

En el caso de que se apruebe el derribo de los cientos de edificaciones construidas, "el Ayuntamiento tendría que indemnizar con cantidades millonarias, de las arcas municipales, a los afectados", destaca el edil, "como consecuencia de una actuación de connivencia y trato de favor del grupo de gobierno hacia el promotor".

Además de a las viviendas, la sentencia afecta a importantes dotaciones públicas de la ciudad ejecutadas en esta zona próxima al centro: el edificio de la Policía Local, una parte del área del planeamiento de la zona del Puente del Milenio y el nuevo vial que comunica con la estación del ferrocarril, que en el futuro será la del AVE.

El PSdeG sostiene que sentencias como ésta ratifican su decisión de denunciar el plal general "porque es especulativo y sólo favorece intereses particulares". El portavoz y candidato socialista a la alcaldía, Francisco Rodríguez, advierte que éste "sólo es un capítulo más y no sabemos lo que nos depara el futuro". Explica que la "operación especulativa" que el PP llevó a cabo en A Ponte consistió "en modificar en el plan el área de reparto a suelo urbano consolidado para no pagar la cesión a la que obliga la ley no hacer vivienda protegida ni pagar la urbanización".

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Gondomar

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Faro de Vigo.es.-21-4-2007.-Los dos ex ediles de Gondomar se libran de la cárcel, pero se enfrentan a una inhabilitación. El fiscal a cargo del caso de supuesta corrupción urbanística les imputa delitos de cohecho que no implican penas de prisión.

U. Foces / VIGO

No irán a la cárcel. Los dos ex concejales del gobierno local gondomareño José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, así como la compañera sentimental del primero y el arquitecto vigués Borja Ramilo, detenidos en febrero por una supuesta corrupción urbanística en Gondomar, no irán a prisión aún en el caso de ser juzgados y considerados culpables. La razón es que se les imputan tres delitos de cohecho a cada uno de los concejales y también al arquitecto. Este figura penal está castigada con una inhabilitación que, de no existir agravantes (como parece ser en este caso), implica la suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 3 años.

El Juzgado Número 6 de Vigo que instruye las diligencias por la supuesta corrupción urbanística de Gondomar ha dado por concluida la investigación y no tiene previsto citar a nadie más tras la declaración de los cuatro imputados y los propietarios, promotores e intermediarios de las tres fincas que dieron origen al caso y que se ratificaron ante la juez de la petición de dinero para acometer las edificaciones que tenían previstas.

El siguiente paso será dar traslado de las diligencias a las partes para la calificación de los hechos, salvo que prospere algún recurso de las partes y se pidan nuevas imputaciones.
La Fiscalía de Ordenación del Territorio, que desarrolló de oficio toda la investigación a raíz de la denuncia de uno de los promotores a quienes se requirió una cantidad económica para construir varios chalés, presentará el único escrito de acusación.
Al igual que en un primer momento, las imputaciones finales de la fiscalía serán de autoría y coautoría de tres delitos de cohecho para cada uno de los varones. La novia del edil Mosquera podría no ser imputada. Su relación con el caso responde a que acompañaba al concejal cuando éste recibió del promotor que actuó como "gancho" un sobre con el dinero que ella guardó en su bolso.
Las declaraciones de imputados y testigos, colocan al edil de Cultura, José Luis Mosquera, en el centro de la operación desarticulada por la Fiscalía, si bien las pruebas practicadas por el Juzgado de Instrucción 6 avalarían la tesis de la Fiscalía, lo que conlleva la imputación contra el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez.
El juicio, que se prevé largo, será con jurado popular, a tenor de lo dispuesto en la legislación para aquellas autoridades o funcionarios públicos (caso de los dos ediles) "que solicitaren dádiva o presente, o admitieren ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado". La pena, además de inhabilitación hasta 3 años, puede conllevar una multa del triplo del valor de la dádiva. En el caso del arquitecto la acusación tendrá que estudiar la petición de una inhabilitación especial. Ésta es una de las pocas ocasiones en las que un profesional ajeno a las administraciones aparece involucrado en el eje central de una posible trama urbanística.
Las diligencias, prácticamente concluidas, se cierran con una de las personaciones modificadas. El PP, partido bajo cuyas siglas gobernaban los dos ediles, se personó como acusación particular, si bien su propuesta fue rechazada por la juez por un defecto de forma, y es que si quieren personarse tendrán que hacerlo mediante una querella y acusar.

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AEDRU.org

Carballo

El Correo Gallego.-29-3-2007.- Polémica: Carballo no atendió los cambios que la Xunta propuso al PXOM
El edil de Urbanismo califica de "chapuza" el documento aprobado en 2003 ·· Los informes de Carreteras, del arquitecto y el secretario municipal eran negativos ·· A pesar de ello todos los grupos votaron a favor del Plan Xeral
J. M. R. • MUXÍA
La anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Carballo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia viene motivada, entre otras causas, porque no se realizaron todas las modificaciones que la Consellería de Política Territorial propuso en su informe que, aunque era favorable, ponía como "expresa condición" subsanar "la totalidad de las observaciones" reseñadas en el mismo.

Además, según se desprende de la sentencia de la TSXG, tanto los informes de la oficina técnica municipal, como de Carreteras y del secretario "eran negativos", por lo que, el Tribunal Superior deja entrever en su sentencia que la Xunta fue muy "generosa" a la hora de emitir un informe favorable.

El actual edil de Urbanismo, Andrade Cristóbal (CDI), que en 2003 no formaba parte de la Corporación que aprobó por unanimidad el Plan, aseguró que su partido había remitido un escrito al Concello "pidiendo que no se aprobase porque los informes que teníamos decían que las cosas se estaban haciendo mal".

Cristóbal recordó que ya en su día apuntó "que el plan iba a caer", y calificó de "chapuza" la decisión adoptada en 2003 por todos los grupos con representación en el Concello "motivada por la proximidad de unas elecciones municipales".

Caride, en el Parlamento

Por su parte, desde la Consellería de Política Territorial aseguraron que el Plan Xeral aprobado por el Concello carballés en mayo de 2003 se hizo al amparo de la Ley del 1997, por lo que, al contrario de lo que sucede actualmente "la aprobación definitiva recaía en las corporaciones locales".

Ayer en el Parlamento durante una intervención sobre el PXOM de Vigo, la conselleira María José Caride, justificó la actuación estricta que está manteniendo su departamento en los últimos meses al analizar los planes general. En este sentido aseguró que la anulación del PXOM de Carballo "pon de manifesto que a Consellería ten que facer o seu traballo para garantir a seguridade xurídica".

LA OPINIÓN TÉCNICANo afectará a las licencias

La anulación del PXOM no afectará a las licencias concedidas desde el año 2003, y no impedirá conceder otras nuevas, al menos en la "gran mayoría de los casos, si bien habrá que actuar con cierta prudencia en otros", según indicó Evencio Ferrero, tras una reunión mantenida con un experto en Urbanismo, a la que asistieron los portavoces de todos los grupos políticos. El regidor aseguró además que lo "normal" es que se admita a trámite el recurso de casación y, por ello, reiteró que "estaríamos en la misma situación que hace tres días". Insiste en que debe mantenerse la tranquilidad y anunció que el sábado habrá una reunión con los sectores afectados.

Por su parte, Manuel Andrade confía en que se apruebe lo antes posible la revisión del Plan que promovió su departamento, para regularizar la normativa definitivamente.

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El Correo Gallego.-28-3-2007.- Una sentencia anula el Plan Xeral de Carballo aprobado en el 2003

El TSXG entiende que los datos aportados por el Gobierno gallego son insuficientes ·· El Concello recurrirá ante el Supremo ·· Pedirá informes para conocer la repercusión sobre las licencias ·· La revisión del PXOM podría ser la solución
J. M. R. • MUXÍA
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carballo que había sido aprobado en mayo de 2003. El fallo se produce tras un recurso presentado ese mismo año contra la aprobación de dicho plan, por parte del presidente de la Asociación de Vecinos San Cristovo, de Lema ( Baldaio), José Luis Pacoret Regueira.

El alcalde, Evencio Ferrero, y los portavoces de los cuatro grupos municipales representados en la Corporación comparecieron ayer en rueda de prensa para analizar la resolución judicial que, según el regidor, se basa únicamente en "cuestiones de procedimiento". Así, el Tribunal Superior entiende que los informes aportados por la Xunta, a pesar de ser todos ellos favorables, son insuficientes.

Ferrero reconoció que se trata de una noticia de "impacto" y que puede generar desconcierto, pero quiso enviar un mensaje tranquilizador a los vecinos porque "este Concello está libre de toda sospecha urbanística", a la vez que recordó que el Plan Xeral fue apoyado, de forma unánime, por todos los partidos.

Además, el alcalde confirmó que el Concello presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, para ello, recabará los pertinentes informes jurídicos con el fin de conocer también cómo puede afectar la resolución judicial a la concesión de nuevas licencias.

Gobierno local y oposición confían en que el fallo del TSXG no tenga efecto alguno, pues esperan que antes de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación esté aprobada la revisión del Plan Xeral que se está tramitando, y que dejaría resueltos todos los problemas.

El alcalde señaló que pedirán reuniones con la Consellería de Política Territorial para que agilice los trámites de dicha revisión, ya que entiende además que la propia Administración autonómica "es parte codemandada en este proceso".

LOS DATOS:

Más de 20 recursosContra la aprobación del Plan Xeral de Carballo fueron presentados más de veinte recursos contenciosos-administrativos, algunos de los cuales ya fueron desestimados, y otros estimados en parte. Además, también los hay pendientes de resolución por parte del TSXG.

Contrario a DerechoEl fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acerca del recurso presentado por la entidad vecinal entiende que el acuerdo de aprobación del Plan Xeral "es contrario a Derecho".

Normas subsidiarias En caso de que el Tribunal Supremo ratifique la decisión del TSXG y la revisión del Plan Xeral no haya sido aprobada para entonces, el alcalde, Evencio Ferrero, señaló que se volverían a aplicar las normas subsidiarias anteriores al PXOM .

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La Voz de Galicia.com.-21-decembro de 2006.-El TSXG ordena a Fernández tramitar la demolición de parte de un edificio. El Concello, demandado por otorgar la licencia, puede recurrir el nuevo fallo judicial. Otorga un mes de plazo al alcalde de Silleda para iniciar el proceso, del que debe informarle

(Lugar: la voz | lalín)
?na resolución judicial dictada por la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) requiere al alcalde de Silleda, José Fernández, que en el plazo de un mes proceda a iniciar los trámites de cara a la demolición de parte de un edificio situado en la esquina de las calles Emilio Alonso Paz y José Antonio. En la providencia, establece que el Concello de Silleda debe informar, además, a la sala del TSXG del desarrollo de esta tramitación.

La nueva resolución judicial indica que es necesario cumplir el fallo que fijaba la demolición de parte del inmueble mientras no se plantee que no se puede ejecutar. «Mientras no se platee en el proceso específico incidente de inejecutabilidad de sentencia, deviene obligada la ejecución de la sentencia resolutoria del presente proceso, en cuanto a las consecuencias de demolición que de la misma deriven», indica la providencia. Es por ello, que requiere al Ayuntamiento de Silleda, en la persona de su alcalde-presidente, que inicie el proceso de cara a derribar parte de la edificación. Contra la resolución dictada, las partes implicadas tanto el Concello (el demandado) como la firma propietaria del inmueble Gumadeza (codemandada), pueden presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El anterior fallo judicial, dictado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, ordenaba la demolición de la cuarta planta y de dos metros del fondo de la edificación ya que tiene veinte y el Plan Xeral vigente pone el límite en dieciocho ya que no era legalizable. En la resolución, de finales de mayo y que fue recurrida, se anulaba además la licencia otorgada por el Concello de Silleda el 21 de abril del 2005 para legalizar el inmueble por el que hay litigio desde hace ocho años. El juzgado provincial estimaba que el Concello al otorgar el permiso para la edificación pretendía «defraudar» la ejecución del fallo del TSXG de noviembre del 2002 en la que se anulaba la licencia municipal otorgada por el Concello en 1998 para la construcción de la edificación en la esquina de las calles Alonso Paz y José Antonio.

Desde el año 1998, el inmueble se encuentra en los juzgados. Manuel Pena presentó entonces un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la comisión de gobierno al entender que sus características no se adaptaban a la legislación urbanística. El TSXG estimó su recurso en el 2002 y anuló la licencia, y con posterioridad, se anuló el permiso que legalizaba la construcción.