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El Correo Gallego.es. 11 de xaneiro de 2008.-El Jurado de Expropiación tasa en 17,53 € por metro los terrenos del polígono de O Pino El pago supone casi el triple de lo que había ofrecido en su día la promotora Fadesa

Agroinformación.com.-21/05/2007 .-ASAJA denunciará ante el Defensor del Pueblo la nueva Ley del Suelo. La Organización advierte que la Ley del suelo, tal y como ha sido aprobada, permitirá realizar expropiaciones de tierra a los agricultores a un justiprecio que roza la confiscatoriedad. A partir de ahora, el valor del terreno se calculará por el sistema de capitalización de renta, es decir por el valor de lo que se pueda sembrar o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de las fincas colindantes o incluso inferior al precio que se adquirió. Con este nuevo sistema de valoración, el nuevo justiprecio del suelo rural resultará verdaderamente irrisorio, ya que será mucho menor al actual y rondará entre 3 y 6 €/m2 , según los cálculos realizados por esta Organización. .Si como tiene declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en innumerables sentencias, la naturaleza jurídica del instituto de la expropiación es la de que el expropiado, con el importe del justiprecio, pueda adquirir un bien de idénticas características al que pierde, se puede encontrar a partir del 1 de julio con que con el dinero recibido no pueda adquirir dicho bien de sustitución, quebrando el indicado principio. En resumen, se trata de un sistema de valoración tremendamente injusto que atenta contra la libertad del mercado, motivo por el cual ASAJA se dirigirá al Defensor del Pueblo para solicitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley. Mientras tanto, esperamos que los Tribunales de Justicia sigan aplicando, como hasta ahora, en sus sentencias el principio del justiprecio.

El Correo Gallego.es.22-5-2007.-RECURSO: XXAA llevará al Defensor del Pueblo la Ley del Suelo . La organización agraria cree que la norma permite expropiaciones que rozarían la confiscatoriedad .La nueva legislación, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, "deja sin efecto el actual artículo 26 de la Ley del Suelo ya derogada, que establecía el valor del suelo no urbanizable por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas". Para XXAA, se trata de un sistema "injusto que atenta contra la libertad del mercado -insisten- y mientras no se resuelva el recurso, esperamos que los tribunales sigan aplicando, como hasta ahora, en sus sentencias el principio del justiprecio".

Socialismo-o-barbarie.org.-Cambios para enfrentar la crisis del campo, en China. . En los últimos veinte años se han expropiado 6,6 millones de hectáreas a unos 40 millones de campesinos. Las indemnizaciones que les correspondían fueron robadas, en un 90%, por una alianza de funcionarios, gángsteres y promotores urbanos e industriales que forman el protoconglomerado social de la “nueva clase” acomodada china. Un estudio ha revelado que en ese proceso se escatimaron a los campesinos 450.000 millones de euros. Muchos de ellos al perder la tierra, perdieron su identidad y el único recurso para alimentar a sus familias, reconviertiéndose en proletarios urbanos, emigrantes, o en “mitad trabajadores, mitad campesinos”, según el particular término chino.

El Mundo.es.-26-3-2007.-UN CIUDADANO CHINO SE ENFRENTA AL 'MONSTRUO' DE LA CONSTRUCCIÓN: 'Mi casa no se derriba': 'No queremos más dinero, sino que nos den una propiedad del mismo valor'

La Voz de Galicia, 25-3-2007.-La autopista AP-53 es una de las obras que más trabajo da al jurado provincial de expropiaciones Pese a reducción de las competencias a raíz de la constitución del organismo autonómico, el Jurado Provincial no se ha quedado, ni mucho menos, sin trabajo. De hecho, el año pasado resolvió un total de 1.243 expedientes, según una estadística facilitad por el presidente del organismo, el magistrado Javier Menéndez Estébanez. Las resoluciones dictadas por el jurado en el año 2006 suman un total de 32,3 millones de euros.

20minutos.com.-08.03.2007.-Primera gran expropiación de pisos vacíos en Barcelona para hacer vivienda de protección oficial. El Ajuntament expropia diez fincas y solares en el Casc Antic que los propietarios tenían abandonados.

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Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio.-Ley de Expropiación una paradoja de la democracia. El marco legal bajo el que fue elaborada fue en su momento derogado por la actual y ¿vigente? Constitución española.

El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones Cuestiona la independencia del órgano autonómico encargado de establecer los precios que pagarán Xunta y ayuntamientos ·· La mayor parte de sus miembros serán designados, precisamente, por la Administración ·· Los Tribunales suelen obligarle a abonar más de lo estimado

"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad"

La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98

Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006

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La Opinioncoruna.27 de abril de 2006.- MIÑO
LOS JUECES ESTIMAN LA DEMANDA CONTRA UNA PROMOCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS
Un tribunal anula la concesión a Fadesa de una urbanización en Miño.El Tribunal Superior de Galicia ha estimado el recurso que presentaron los expropiados contra el acuerdo del Ayuntamiento por el que se adjudicaron la obras a la inmobiliaria.

El Confidencial.com.Martes, 14 de noviembre de 2006.-PP, CiU y BNG presentan enmiendas a la totalidad de la Ley de Suelo .

En opinión del Grupo Popular, la ley busca "expropiaciones más baratas" y "no hace ni una sola propuesta para solucionar el precio del suelo y su incidencia en el precio final de la vivienda", que a su juicio, es el primer problema del sector.

El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, aseguró que el proyecto "sólo persigue abaratar las expropiaciones por parte de las administraciones públicas, para que no se pague el verdadero valor de los terrenos, sino un precio establecido legalmente, de manera que empresas particulares puedan expropiar al pequeño propietario de forma más barata".

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Blogurbanismo.com.-Procedimiento de expropiación (adaptado a las valoraciones de la ley 8/2007)

Lunes, 10 de Marzo de 2008

transcurridas las elecciones y con la esperanza que estas hayan servido para consolidar la legislación en materia de Suelo (recordamos que determinados partidos presentaban en sus programas la derogación de la misma y un nuevo concepto social del suelo, donde todo el suelo sería urbanizable y de la competencia de desarrollo sería estatal con la consiguiente inseguridad en la aplicación para los operadores del sector) hoy presentamos un comentario al instrumento por excelencia de todas las legislaciones en esta materia: el PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIóN.

El análisis del procedimiento de expropiación al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa y concordandola con lo dispuesta en la reciente, y no menos polémica, ley de Suelo 8/2007; recordar que uno de los mayores logros de esta ley consiste en eliminar el concepto de plusvalía del objeto de la valoración a efectos de expropiación, problema no suficientemente estudiado en cuanto que esto ha generado un efecto “reclasificador” masivo de miles de suelos urbanizables en suelos no urbanizables o rústicos a los efectos de las tasaciones financieras que son las que avalan la viabilidad de las operaciones de transformación de suelo agravando, mas si cabe, la crisis inmobiliaria/económica del país.

Pero no todo iba a ser negativo… esta eliminación de las plusvalías, junto a otras medidas estrella de la ley (véase valoración del suelo urbano no consolidado) ha abierto las puertas a las expropiaciones a precio de saldo, por lo que la guía que hoy os presentamos no tiene desperdicio en cuanto que a muchos operadores del sector, o meros propietarios del suelo, pueden ser objeto de este procedimiento excepcional que recoge la ley para aquellos casos de interés publico y función social, que a mi entender se van a multiplicar n los próximos años.

El comentario lo avala la Universidad de Zaragoza y su autor es el profesor Dr. Jose Luis BERMEJO LATRE y se encuentra perfectamente adaptado a la nueva ley del suelo (a los efectos de la valoración).

Altamente Recomendable!!

DESCARGAR PROCEDIMIENTO EXPROPIACION

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NUEVE PROPIETARIOS
El Correo Gallego.es. 11 de xaneiro de 2008.-El Jurado de Expropiación tasa en 17,53 € por metro los terrenos del polígono de O Pino
Este dictamen fija el precio provisional de las fincas de nueve propietarios·· El pago supone casi el triple de lo que había ofrecido en su día la promotora Fadesa

8 comentarios
C.G. • SANTIAGO
El Jurado de Expropiación ha tasado provisionalmente en 17,53 euros por metro cuadrado los terrenos del polígono industrial de O Pino. Dichas fincas pertenecen a nueve propietarios que a finales del pasado año presentaron el recurso correspondiente al precio que había estipulado Fadesa, promotora del futuro parque empresarial.

La compañía había pagado seis euros por metro cuadrado a los dueños de las fincas. Por tanto, ahora prácticamente se triplica la cifra inicial establecida por esta empresa.

El Jurado, dependiente de Política Territorial, recibió como propuestas los siguientes precios: 14,23 €; 45 €; 62,99€; 78,16 €; 100 € y hasta 158,76 euros por metro cuadrado. El organismo dictaminó que el que solicitaba 14,23 recibiese ese mismo importe, y los demás, hasta 17,53 €.

Por su parte, el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, mostró su satisfacción por esta resolución inicial. "Alégrome moito de que os nove expedientes que entraron en prazo obteñan máis valor polas súas propiedades, aínda que quero destacar que o prezo establecido polo xurado está moi lonxe das pretensións económicas dalgúns dos afectados, que superaban nalgún caso os 150 euros", asegura.

El regidor local no se muestra demasiado optimista, sin embargo, ante el propio proceso ya que cree que "o proceso" -de pago de la expropiación de los terrenos- "se vai demorar no tempo, porque ambas partes, tanto propietarios como Fadesa, poden recorrer en vía contenciosa estes prezos". Taboada recuerda que en todo momento se fijaron los precios de los terrenos de "un xeito moi riguroso e fundamentado". De hecho, la ponencia de valores de suelo industrial en el Concello de O Pino, elaborada por el Xurado Provincial de Expropiacións, dependiente del Ministerio de Economía, obtuvo un valor unitario de suelo de 6 €, si bien finalmente quedó fijado en 6,05 euros.

LOS DATOS Medio Rural

Algunos terrenos pertenecían a Medio Rural y en su día consideró aceptada la valoración de 6,05 euros por metro cuadrado establecida finalmente por Fadesa.

Alegaciones

Tanto propietarios como Fadesa pueden recurrir esta resolución inicial del Xurado de Expropiación. Esto conllevaría un retraso en el proceso de pago de los terrenos .

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Agroinformación.com.-21/05/2007 .-ASAJA denunciará ante el Defensor del Pueblo la nueva Ley del Suelo

La Organización advierte que la Ley del suelo, tal y como ha sido aprobada, permitirá realizar expropiaciones de tierra a los agricultores a un justiprecio que roza la confiscatoriedad.

ASAJA tiene previsto dirigirse, en los próximos días, al Defensor del Pueblo para plantear un recurso de inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley del Suelo que ha aprobado recientemente el Congreso de los Diputados. La Ley, en sus actuales términos, permitirá al Gobierno expropiar a los agricultores el suelo necesario para realizar infraestructuras a un justiprecio que roza la confiscatoriedad.

21. Mayo ´07 - El artículo 22 , referente a la “valoración en el suelo rural”, de la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor el próximo 1 de julio, deja sin efecto el actual artículo 26 de la Ley del Suelo ya derogada, que establecía el valor del suelo no urbanizable por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas.

A partir de ahora, el valor del terreno se calculará por el sistema de capitalización de renta, es decir por el valor de lo que se pueda sembrar o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de las fincas colindantes o incluso inferior al precio que se adquirió. Con este nuevo sistema de valoración, el nuevo justiprecio del suelo rural resultará verdaderamente irrisorio, ya que será mucho menor al actual y rondará entre 3 y 6 €/m2 , según los cálculos realizados por esta Organización.

A juicio de ASAJA, en el caso del urbanismo y con la nueva normativa, el agente urbanizador optará por un sistema expropiatorio absolutamente perjudicial para los agricultores, tanto por la nueva cobertura legal que justifica el expediente expropiatorio, como por el nuevo método de valoración del suelo rústico, tasado en función de la rentabilidad de la explotación que en muchos cultivos es ruinosa.

Si como tiene declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en innumerables sentencias, la naturaleza jurídica del instituto de la expropiación es la de que el expropiado, con el importe del justiprecio, pueda adquirir un bien de idénticas características al que pierde, se puede encontrar a partir del 1 de julio con que con el dinero recibido no pueda adquirir dicho bien de sustitución, quebrando el indicado principio.

En resumen, se trata de un sistema de valoración tremendamente injusto que atenta contra la libertad del mercado, motivo por el cual ASAJA se dirigirá al Defensor del Pueblo para solicitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley. Mientras tanto, esperamos que los Tribunales de Justicia sigan aplicando, como hasta ahora, en sus sentencias el principio del justiprecio.

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El Correo Gallego.es.22-5-2007.-RECURSO: XXAA llevará al Defensor del Pueblo la Ley del Suelo . La organización agraria cree que la norma permite expropiaciones que rozarían la confiscatoriedad .

La organización agraria Xóvenes Agricultores (XXAA) tiene previsto dirigirse "en los próximos días" al Defensor del Pueblo para presentar un recurso de inconstitucionalidad al artículo 22 de la Ley del Suelo, aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados.

Opina XXAA que la norma, en sus actuales términos, permitirá al Gobierno expropiar a los agricultores el suelo necesario para realizar infraestructuras a un justiprecio que "roza la confiscatoriedad". Así, según sus responsables, el artículo 22, referente a la valoración en el suelo rural de la nueva legislación, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, "deja sin efecto el actual artículo 26 de la Ley del Suelo ya derogada, que establecía el valor del suelo no urbanizable por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas".

"A partir de ahora, el valor del terreno se calculará por el sistema de capitalización de renta, es decir, por el valor de lo que se pueda sembrar o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de las fincas colindantes o hasta inferior al precio que se adquirió", explica XXAA.

Justiprecio irrisorio

La organización considera que este nuevo sistema de valoración, con nuevo justiprecio del suelo rural, "resultará verdaderamente irrisorio, ya que será mucho menor al actual y rondará entre 3 y 6 euros/metro cuadrado".

Para XXAA, se trata de un sistema "injusto que atenta contra la libertad del mercado -insisten- y mientras no se resuelva el recurso, esperamos que los tribunales sigan aplicando, como hasta ahora, en sus sentencias el principio del justiprecio".

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El Correo Gallego.es.22-5-2007.-Una familia se niega a dejar su casa por una expropiación
EUROPA PRESS
Una familia de Salvaterra de Miño (Pontevedra) se niega a abandonar su casa hasta que le paguen el precio "justo" por la expropiación de sus terrenos en los que ubicará parte de la conocida como plataforma logística, que ocupará más de cuatro millones de metros cuadrados.

Así, Mercedes Porto y José Manuel Lago dejaron claro que resistirán "hasta el último momento" y que "si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" tienen que ser los que les echen de su propia vivienda "tendrá que ser así", porque la decisión de "no abandonar está tomada". Este matrimonio, que vive con su hija de dos años en la casa que Mercedes heredó de sus padres, "donde murieron" y donde ella nació, reconoce estar viviendo los "peores momentos" desde que en 2004 comenzó el proceso de expropiación para construir una plataforma logística industrial de apoyo al Puerto de Vigo.

"Estamos preocupados porque acabamos de recibir la orden de desalojo forzoso judicial y esta situación no se ha arreglado satisfactoriamente", dijo a ­Europa Press Televisión Mercedes Porto, quien se mostró especialmente crítica con la Administración, en concreto con el Instituto Galego de Vivenda, porque "nunca se ha dignado hablar" con ellos. La casa tiene 242 metros cuadrados y la finca en la que se encuentra suma 1.600, que la Xunta tasó en 15,13 euros el metro cuadrado, lo que para ellos es una cantidad "ridícula", teniendo en cuenta que el metro cuadrado se está vendiendo incluso al triple de ese valor.

Mercedes Porto calificó de "patético" que le valoren a ese precio "un terreno edificable al lado de una vía de comunicación, situada a tres kilómetros de Salvaterra", un pueblo que, desde que comenzaron las obras ha visto cómo se revalorizaba su suelo de forma galopante.

"A mí con 15 euros que me dan no me llega para nada; esto lo van a vender a un precio desorbitado, es así; la especulación está ahí", dijo Mercedes refiriéndose al precio que se comenta en la zona que van a tener que pagar las empresas que se quieran instalar en la plataforma logística. "Eso es otro asunto y yo no tengo que entrar ahí. Yo sólo quiero lo mío: un terreno edificable con las mismas características y una casa para vivir, nada más", afirmó.

Porto reconoció estar dispuesta "a llegar hasta el final" en su reivindicación. "O me pagan lo que me pertenece o me sacan por los pelos. Es una decisión que está tomada", advirtió al límite de sus fuerzas .

DIÁLOGO Demandan "sentido común" a la Xunta

José Manuel Lago, marido de Mercedes Porto, pidió "sentido común" a la Administración autonómica y que "se reconduzca la situación". Además, demandó a la Xunta de Galicia que "escuche" a estos afectados y que "juntos" lleguen a una solución. El matrimonio se siente dolido con la Administración porque nunca les escuchó, ni "intentó buscar" una resolución para la situación creada .

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INFORMARSE PARA CREER

Socialismo-o-barbarie.org.-Cambios para enfrentar la crisis del campo

Por Rafael Poch
Corresponsal en Pekín
La Vanguardia, 14/03/06

El presupuesto agrario se incrementa este año un 12,5%, dos puntos por debajo del de defensa. La mayor sociedad campesina del mundo va a dedicar un poco más de atención a ese sector. Desde el punto de vista de los presupuestos no es un gran desembolso, pero el propósito es muy significativo. La nueva atención a los pobres está abriendo un importante y necesario debate en China sobre el rumbo de su desarrollo.

“Construir un nuevo agro socialista” ha sido la gran directiva sancionada por la Asamblea Nacional Popular de China, cuya sesión anual ha concluido en Pekín. En este país de políticas gradualistas no hay sorpresas: la gran directiva es resultado de un proceso largamente incubado que refleja un nuevo consenso para dedicar una mayor atención al mundo rural, es decir a la mayoría pobre de unos 700 millones de ciudadanos de este país que han sido poco o nada beneficiados por la orgía neoliberal de los últimos veinte años, marcados por la industrialización, la urbanización y el “enriquecerse es glorioso”.

El nuevo consenso tiene diversos componentes. El más decisivo es, por desgracia, el imperativo del “crecimiento”: sin “incrementar el consumo” de la mayoría pobre y rural, la locomotora podría averiarse. El segundo es la “estabilidad”: los pobres protestan cada vez más. En los últimos veinte años se han expropiado 6,6 millones de hectáreas a unos 40 millones de campesinos. Las indemnizaciones que les correspondían fueron robadas, en un 90%, por una alianza de funcionarios, gángsteres y promotores urbanos e industriales que forman el protoconglomerado social de la “nueva clase” acomodada china. Un estudio ha revelado que en ese proceso se escatimaron a los campesinos 450.000 millones de euros. Muchos de ellos al perder la tierra, perdieron su identidad y el único recurso para alimentar a sus familias, reconviertiéndose en proletarios urbanos, emigrantes, o en “mitad trabajadores, mitad campesinos”, según el particular término chino.

Ese dinero no se les va a devolver. En términos generales, el robo continua a razón de 300.000 millones de euros anuales, pues ese es el precio de mercado actual de las 200.000 hectáreas agrarias expropiadas cada año en las grises condiciones descritas. Es la contribución del campesinado de este país, en nombre del cual se hizo una revolución hace medio siglo, a la última acumulación de capital del desarrollismo chino, pero cada vez hay más protestas: fueron 87.000 el año pasado, lo que plantea un problema de orden público. Como tercer elemento, las consideraciones de “justicia social”, restringidas a un sector del Partido Comunista y de la izquierda de dentro y fuera del partido.

Algo de todo esto reconoce la nueva política cuando el Primer Ministro Wen Jiabao dice que, “la industria debe retribuir a la agricultura por la ayuda que ha recibido de ella”.

La nueva atención al campo es menos de lo que se proclama: 34.000 millones de euros en gastos para el campo, la agricultura y el campesinado en el 2006, lo que supone 4200 millones de euros más que el año anterior, es decir un incremento del 12,5%. El aumento es menor que el registrado por el presupuesto (declarado) de defensa: 14,7% sobre una cantidad total similar a la dedicada al campo, pese a que por cada soldado hay 700 campesinos en China. Además, eliminación total del impuesto rural, educación de nueve años libre de tasas en un plazo de dos años, mayor esfuerzo y énfasis en construcción e infraestructuras rurales y menor en las urbanas.

Es poco, muy poco, pero es muy importante, porque el gobierno del país con más campesinos del mundo ha decidido ocuparse un poco de ellos. No es “populismo”, como repite estos días la prensa principal de Londres y Nueva York. También es importante, porque puede ser un inicio de una política general más social, de un debate nacional que ya ha empezado y que está poniendo nerviosos a algunos nuevos ricos que contemplan el proceso con desconfianza.

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El Mundo.es.-26-3-2007.-UN CIUDADANO CHINO SE ENFRENTA AL 'MONSTRUO' DE LA CONSTRUCCIÓN:

'No queremos más dinero, sino que nos den una propiedad del mismo valor'
'Mi casa no se derriba'

Los constructores han derribado las casas vecinas haciendo un foso de 10 metros
El afectado no ha dudado en subirse al tejado y ondear una pancarta en tono desafiante
Prueba de fuego para la reciende Ley de la Propiedad Privada aprobada por el Gobierno

La vivienda de Yang Wu ha quedado 'suspendida' en medio de la nada. (Foto: AFP)
Actualizado viernes 23/03/2007 12:23 (CET)
EFE
PEKÍN (CHINA).- Las 'casas clavo', último fenómeno urbanístico surgido en China. Se llama así a las viviendas de los propietarios que se niegan a que su hogar sea expropiado. El caso más llamativo se ha dado en la ciudad china de Chongqing, donde un ex campeón de artes marciales se niega a abandonar un inmueble donde una constructora quiere erigir un centro comercial. Su historia está dando la vuelta al mundo.

Para presionar al dueño de la casa y que se marche, los constructores han derribado todas las viviendas vecinas y han hecho un foso de 10 metros de profundidad a su alrededor, por lo que la casa ha quedado en lo alto de un montículo, según fotos que pueden verse, por ejemplo, en la bitácora de información digital, www.danwei.org.

El jueves 22 de marzo se terminó el plazo establecido por las autoridades municipales para que el dueño (Yang Wu) dejara la casa, pero éste no sólo continuó en ella, sino que en tono desafiante subió al tejado y ondeó una bandera china, proclamando su victoria y sus derechos de propiedad. También desplegó una pancarta, ante cientos de fotógrafos, en la que se podía leer "no a la violación de las propiedades privadas legítimas".

La polémica, que es seguida con pasión por miles de internautas chinos, y ha empezado a atraer a las televisiones de todo el mundo al lugar, es una prueba de fuego para la Ley de la Propiedad, aprobada la semana pasada por el Legislativo chino, y primera que reconoce la propiedad privada (aunque no la de la tierra) en China.

Wu Ping, esposa de Yang. (Foto: AP)
La esposa de Yang, Wu Ping, fue entrevistada por la televisión nacional, CCTV, donde contó que su marido, antiguo campeón de artes marciales, ha prometido "dar una paliza a cualquiera que intente subir a su casa" con la intención de echarle.

'No queremos más dinero, sino que nos den una propiedad del mismo valor'

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Cuando la constructora decidió erigir el centro comercial, hace unos tres años, logró convencer a 200 familias que vivían allí a marcharse del lugar a cambio de indemnizaciones, pero no logró convencer a la pareja, que justo en ese momento acababa de reformar su vivienda y quería abrir en ella un restaurante. Siendo la única familia que ha resistido la presión, la indemnización ha ido subiendo y se les ofrece ya 2 millones de yuanes (unos 200.000 euros ó 250.000 dólares), pero la pareja rechaza moverse de allí.

"No queremos más dinero, sino que nos den una propiedad del mismo valor", señaló Wu a CCTV, desmintiendo, como afirman algunos rumores en la prensa, que ella y su marido querían multiplicar por 10 la indemnización. Los chinos llaman "casas clavo" ("dingzihu") a aquellas viviendas cuyos dueños se niegan a que sean expropiadas. El caso de Chongqing, cuyo final todavía es una incógnita, ha sido bautizado en los foros de internet chinos como "la casa clavo con más estilo de la historia".

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La Voz de Galicia, 25-3-2007.-La autopista AP-53 es una de las obras que más trabajo da al jurado provincial de expropiaciones

(Firma: Serxio Barral | Lugar: pontevedra)
Prácticamente cualquier obra pública de infraestructuras requiere la expropiación de terrenos. A la hora de construir una carretera, tender vías de tren, ensanchar una calle o cualquier otra actuación que requiera el uso de terrenos particulares la Administración correspondiente establece un precio y lo ofrece a los afectados.

Normalmente, admiten los expertos, la Administración valora el valor de los terrenos expropiados por debajo de su precio real de mercado, y ahí comienza el conflicto. El recurso que le queda a quien se considera perjudicado por el precio fijado por la Administración es acudir al jurado de expropiaciones, que se encargará de fijar un justiprecio.

Hasta hace poco más de un año, había un jurado en cada provincia en el que se resolvían este tipo de cuestiones, fuera cual fuera la Administración implicada. En febrero del 2006 se constituyó el Jurado Autonómico de Expropiaciones, que se encarga de todas las obras competencia de la Xunta, de la Diputación o de los Ayuntamientos gallegos. De esta manera, el jurado provincial, que en Pontevedra tiene su sede en la Audiencia Provincial, sólo se encarga desde hace un año de aquellas obras que ejecuta la Administración central del Estado. Básicamente, para construir carreteras y mejorar las infraestructuras vinculadas al ferrocarril, especialmente con la construcción de la red que facilitará la llegada del tren de alta velocidad a Galicia.

1.243 expedientes en 2006

Pese a reducción de las competencias a raíz de la constitución del organismo autonómico, el Jurado Provincial no se ha quedado, ni mucho menos, sin trabajo. De hecho, el año pasado resolvió un total de 1.243 expedientes, según una estadística facilitad por el presidente del organismo, el magistrado Javier Menéndez Estébanez. Las resoluciones dictadas por el jurado en el año 2006 suman un total de 32,3 millones de euros.

De todos estos asuntos, la obra que más trabajo dio a los miembros del jurado el año pasado fue la vía de alta capacidad de O Morrazo, que generó más de 350 expedientes, seguida por la circunvalación de Vigo o las obras de la AP-53.

En la zona de influencia de Pontevedra destacan, por el número de resoluciones, expropiaciones vinculadas a obras de conexión con la AP-9, a la variante de Marín, a la alternativa norte en Poio o a la variante de Caldas.

El propio presidente del Tribunal prevé que en los próximos años las obras que les darán más trabajo serán las vinculadas con el tren de alta velocidad.

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Primera gran expropiación de pisos vacíos en Barcelona para hacer vivienda de protección oficial
20minutos.com.-08.03.2007.- El Ajuntament expropia diez fincas y solares en el Casc Antic que los propietarios tenían abandonados.
Se construirán 74 viviendas de protección oficial.
Las protestas del colectivo V de Vivienda persiguen a Jordi Hereu hasta Nueva York.

El Ajuntament de Barcelona ha optado por primera vez por la expropiación de 10 fincas y solares privados que estaban abandonados en el distrito de Ciutat Vella para darles un uso social.

Con esto, quieren evitar los casos de especulación, inseguridad y marginalidad y en el espacio que dejen se construirán 74 pisos de protección oficial.

Estas fincas han creado situaciones de inseguridad y actividades marginales
Las fincas están degradadas y sin conservación. "Han creado situaciones de inseguridad y actividades marginales", según explican desde el Ajuntament.

Al menos una de las fincas tiene pisos vacíos a los que se les dará un uso con la construcción de los nuevos.

Dos están protegidas

Dos de estas fincas están catalogadas dentro del programa de protección patrimonial.

El portavoz del Ajuntament, Juan Ignacio Cuervo, advirtió ayer que esta actuación jurídica, sin precedentes, tiene que "servir de ejemplo a otros distritos".

De hecho, esta iniciativa llega en pleno debate de la nueva ley de la vivienda que prevee la expropiación de pisos que lleven vacíos dos años y estén en malas condiciones.

El consistorio ha decidido expropiar solares y fincas del Casc Antic después de que sus propietarios no dieran respuesta a los requerimientos municipales exigiéndoles que adecuaran las fincas desde hace tres años.

A los propietarios se les exigió hace tres años que adecuaran las fincas pero no hicieron casoEn conjunto, la modificación del Pla General Metropolitano impulsará más de 350 pisos sociales en Ciutat Vella , que incluye actuaciones en estas 10 fincas privadas pero también en municipales y otros promotores públicos.

Protesta en New York

El colectivo V de Vivienda ha convocado una nueva concentración para el dia 24 de marzo y ha llevado su protesta hasta Nueva York donde el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se encuentra estos días con motivo de una exposición sobre el modernismo barcelonés en el Museo MOMA de la ciudad norteamericana.

La comitiva municipal se ha encontrado con carteles aludiendo a los altos precios de los pisos de Barcelona.

El Ajuntament de Barcelona ha optado por primera vez por la expropiación de 10 fincas y solares privados que estaban abandonados en el distrito de Ciutat Vella para darles un uso social.

Con esto, quieren evitar los casos de especulación, inseguridad y marginalidad y en el espacio que dejen se construirán 74 pisos de protección oficial.

Estas fincas han creado situaciones de inseguridad y actividades marginales
Las fincas están degradadas y sin conservación. "Han creado situaciones de inseguridad y actividades marginales", según explican desde el Ajuntament.

Al menos una de las fincas tiene pisos vacíos a los que se les dará un uso con la construcción de los nuevos.

Dos están protegidas

Dos de estas fincas están catalogadas dentro del programa de protección patrimonial.

El portavoz del Ajuntament, Juan Ignacio Cuervo, advirtió ayer que esta actuación jurídica, sin precedentes, tiene que "servir de ejemplo a otros distritos".

De hecho, esta iniciativa llega en pleno debate de la nueva ley de la vivienda que prevee la expropiación de pisos que lleven vacíos dos años y estén en malas condiciones.

El consistorio ha decidido expropiar solares y fincas del Casc Antic después de que sus propietarios no dieran respuesta a los requerimientos municipales exigiéndoles que adecuaran las fincas desde hace tres años.

A los propietarios se les exigió hace tres años que adecuaran las fincas pero no hicieron casoEn conjunto, la modificación del Pla General Metropolitano impulsará más de 350 pisos sociales en Ciutat Vella , que incluye actuaciones en estas 10 fincas privadas pero también en municipales y otros promotores públicos.

Protesta en New York

El colectivo V de Vivienda ha convocado una nueva concentración para el dia 24 de marzo y ha llevado su protesta hasta Nueva York donde el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se encuentra estos días con motivo de una exposición sobre el modernismo barcelonés en el Museo MOMA de la ciudad norteamericana.

La comitiva municipal se ha encontrado con carteles aludiendo a los altos precios de los pisos de Barcelona.

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El Correo Gallego- 12//6/2006-

-PROTESTAS CIUDADANAS.

El Jurado de expropiación obliga a pagar un 40% más por los terrenos ocupados María José Caride y Julia Chamosa, ayer, en Santiago. / jorge leal Pulsar para subir Faro de Vigo.es.-3-3-2007.-El Jurado de expropiación obliga a pagar un 40% más por los terrenos ocupados.Si por la Xunta fuera o por los ayuntamientos, entre ambas administraciones pagarían por esas 2.400 fincas en proceso de expropiación 21,1 millones de euros. .- En su primer año de funcionamiento, este órgano ha resuelto 2.400 expedientes, alguno de ellos de los noventa. Desde su entrada en funcionamiento, en febrero de 2006, el Xurado de Expropiación ha iniciado la tramitación de 10.500 expedientes, pero sólo ha resuelto 2.400 correspondientes a 241 proyectos de obras, el 89% de la Xunta y el 11% de la Administración local. X.A. Taboada / santiago En caso de verse afectados por una expropiación forzosa, la mejor opción es enfrentarse a la Administración y llegar hasta el Jurado de expropiación de Galicia, un órgano independiente cuya misión es fijar el precio justo cuando quien ocupa los terrenos es la Xunta, los ayuntamientos o las diputaciones. En su primer año de funcionamiento, este Jurado ha resuelto 2.400 expedientes y ha establecido, como media, un precio superior en un 40% al que pretendían pagar inicialmente la comunidad autónoma o las entidades locales. "Que no sean inocentes los ciudadanos, que hagan uso de sus derechos y se defiendan con ganas", advirtió ayer la presidenta al Xurado, Julia Chamosa. Si por la Xunta fuera o por los ayuntamientos, entre ambas administraciones pagarían por esas 2.400 fincas en proceso de expropiación 21,1 millones de euros. Pero con la intervención del Jurado la cantidad ha quedado fijada en 29,6 millones, un 40% más de sobreprecio, aunque un 27% más bajo de lo que reclaman sus propietarios, cuya demanda rondaba los 40 millones de euros. En principio, este órgano iba a mediar sólo en los conflictos generados desde diciembre de 2005, pero ha aceptado también los expedientes de años anteriores. De hecho, de los 2.400 resueltos, 1.900 son anteriores al año 2005, "algunos incluso de principios de los noventa", precisó la conselleira de Política Territorial, María José Caride, en la presentación del balance junto a Julia Chamosa. No obstante, se desconoce cuántos expedientes pendientes de resolución circulan aún por las dependencias de la Xunta o de las administraciones locales. La principal novedad del funcionamiento del Jurado de expropiación de Galicia es que tiene un plazo de tres meses para fijar el precio justo de una expropiación realizada por la Xunta o la Administración local. Hasta hace un año, esta función era competencia de los jurados provinciales -que siguen tramitando todos los conflictos de expropiación promovidos por el Estado-, y que como media tardan dos años en tomar una decisión. "Esta situación creaba inseguridad jurídica", aseguró la conselleira, además de las molestias causadas a los ciudadanos. Pero Caride también reprochó el funcionamiento de la Dirección Xeral de Obras Públicas, el principal órgano expropiador de la Xunta, del que dijo que debe mejorar el tratamiento que ofrece a los afectados. Pero si bien el Jurado resuelve en plazo récord, otra cosa es que los afectados cobren las expropiaciones de forma inmediata, porque eso ya es cosa de cada administración implicada. Chamosa cree, en todo caso, que los pagos no se han podido efectuar porque las resoluciones son recientes. Desde su entrada en funcionamiento, en febrero de 2006, el Xurado de Expropiación ha iniciado la tramitación de 10.500 expedientes, pero sólo ha resuelto 2.400 correspondientes a 241 proyectos de obras, el 89% de la Xunta y el 11% de la Administración local. Pulsar para subir Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio.-Ley de Expropiación una paradoja de la democracia. El marco legal bajo el que fue elaborada fue en su momento derogado por la actual y ¿vigente? Constitución española. El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones Cuestiona la independencia del órgano autonómico encargado de establecer los precios que pagarán Xunta y ayuntamientos ·· La mayor parte de sus miembros serán designados, precisamente, por la Administración ·· Los Tribunales suelen obligarle a abonar más de lo estimado Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006 "En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad" Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006 La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98 Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006 Pulsar para subir NATALIA SEQUEIRO • SANTIAGO -Aunque apenas cuenta con cuatro meses de vida, al nuevo jurado de expropiación de la Xunta de Galicia ya ha recibido sus primeras críticas. El Valedor do Pobo cuestiona la independencia de este órgano, ya que su composición parece favorecer a la Administración. Los encargados de estimar si el precio al que debe adquirirse un terreno o una vivienda es el adecuado son designados mayoritariamente por quienes tendrán que pagarlo. Es decir, son al mismo tiempo juez y parte. Esta circunstancia no ha gustado al Valedor, que en su informe de 2005 manifiesta su temor de que el jurado se convierta, en la práctica, en un instrumento para abaratar las expropiaciones. Las discrepancias entre la Administración y los propietarios de terrenos o viviendas expropiados son habituales. El Estado, la comunidad autónoma o los ayuntamientos suelen tirar los precios a la baja. Como ejemplo, el informe del Valedor cita lo ocurrido en la adquisición de terrenos para el paseo fluvial de Pontiñas, en Lalín. Augas de Galicia pretendía pagar en 1996, un total de 176.000 euros a los afectados, pero tras largos años de litigio una sentencia del TSXG fija que deberán ser indemnizados con ocho millones de euros. La composición Antes de llegar a la Justicia ordinaria, la primera garantía para los ciudadanos son los jurados provinciales de expropiación, a los que en febrero se sumó el autonómico. Los primeros, que se dedicarán a partir de ahora a las expropiaciones estatales, se encontraban desbordados. Pero su composición es, sobre el papel, más imparcial que la del nuevo órgano. Basta con mirar quien asume su presidencia. En los jurados provinciales debe de ser un magistrado nombrado por la Audiencia, mientras que en el autonómico será un licenciado en Derecho, ingeniero o arquitecto designado por la Consellería de Política Territorial y aprobado por el Consello de la Xunta. De los once miembros que lo conforman, siete son elegidos por la Administración autonómica y local y cuatro por asociaciones de consumidores y colegios profesionales. "La Administración lleva mucho tiempo subrayando su desacuerdo con las valoraciones de los jurados provinciales de expropiación, que en muchas ocasiones aumentan considerablemente el precio ofertado por ella", señala el informe del Valedor. Por este motivo, la institución que dirige Ramón Vázquez Sandes, teme que con el jurado autonómico "se pretendiera lograr ese anhelado abaratamiento, negado la mayor parte de las veces por los Tribunales". De ser así, el nuevo órgano creado para descongestionar la labor de los jurados provinciales y agilizar las expropiaciones tendría el efecto contrario, ya que los afectados reclamarían aún más que ahora ante los tribunales ordinarios. LOS PLAZOS La trampa de los tres meses El nuevo jurado de expropiación autonómica nació con el compromiso de fijar los precios en tres meses. El órgano -presentado en febrero por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira de Política Territorial, María José Caride- pretende agilizar los hasta ahora lentos trámites para alcanzar la cantidad considerada justa y su posterior pago a los afectados. Sin embargo, en el Informe Anual 2005, el Valedor do Pobo recela de que estos plazos vayan a ser efectivos en la práctica. "Lo realmente importante será no su señalamiento reglamentario, sino su cumplimiento, en especial si tenemos en cuenta la extraña previsión del artículo 11.5 in fine" , indica el documento. En este apartado se señala que en caso de que no se llegue a una resolución en tres meses (podría ser porque el jurado tenga mucho trabajo y no le dé tiempo, por ejemplo) entonces, simplemente no tiene por qué pronunciarse. El Valedor tacha este punto de "ciertamente desafortunado". Si el jurado no actúa y el expropiado no está de acuerdo con lo que le da la Administración, no le queda otra vía que acudir a un contencioso-administrativo, que puede prolongarse, al menos, tres años . LAS CLAVES Igual que en otras comunidades La primera comunidad que promovió los jurados autonómicos fue Madrid. Su composición no era paritaria, ya que lo conformaban 8 funcionarios y un representante independiente. Tras ella, numerosas autonomías copiaron el sistema, utilizando fórmulas desequilibradas a favor de la Administración. Se podrían declarar inconstitucionales El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo cuestionaron la constitucionalidad del jurado de expropiación madrileño, por su composición. Con lo que el Gobierno autónomo reculó y copió el sistema de los jurados provinciales. El Constitucional se pronunciará sobre estos órganos. Incremento de la conflictividad La renovación de las infra- estructuras (carreteras, trenes...) que ha experimentado Galicia en los últimos años y el minifundio que la caracteriza la convierten en una de las comunidades con más problemas por expropiaciones. A los jurados llegan, además, los casos de expropiaciones para nuevas urbanizaciones. Dos mil expedientes para ocho técnicos Los jurados de expropiaciones provinciales no daban abasto. Provincias como A Coruña o Pontevedra atienden unos 2.000 expedientes al año, de los que se ocupan 8 personas. Esto hace imposible que visiten las fincas o los inmuebles para ponerles precio, lo que en teoría sería idóneo para su valoración . Pulsar para subir El Correo Gallego- 12//6/2006.-"En ningún país civilizado es tan fácil privar de la propiedad" Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006 El catedrático de la Complutense Tomás-Ramón Fernández considera necesario modificar la legislación actual ·· Cree que ningún Gobierno democrático lo ha hecho, porque es cómoda para los intereses de la Administración El Valedor teme que el nuevo jurado abarate más las expropiaciones En España las leyes que rigen la expropiación tienen una doble cara. La amable se la ofrecen a la Administración, que se encuentra absolutamente cómoda con ellas. Pero a los afectados, a menudo perdidos en un proceso complejo y prácticamente incomprensible, le reservan su faceta más kafkiana. Son numerosos los juristas que defienden que modificando la actual legislación se evitarían numerosos conflictos. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Tomás-Ramón Fernández es uno de los más críticos. "En ningún país civilizado es tan fácil privar a un ciudadano de su propiedad como en el nuestro", señala Fernández, para quien la expropiación forzosa es "la vergüenza del Derecho Público español". El catedrático de la Complutense se pregunta por qué es precisamente esta ley, promulgada en 1954, la única que ha pervivido desde el franquismo. "Todas las demás se han modificado, qué casualidad que quede ésta", remarca. Y él mismo aventura una respuesta. "A la Administración le es muy fácil expropiar, no tiene grandes obstáculos. Los políticos de turno piensan, "yo expropio hoy, lo valoro en una cantidad ridícula, probablemente los afectados vayan a recurrir, pero cuando se resuelva en los tribunales dentro de varios años ¿quién ocupará mi silla?"". Tomás-Ramón Fernández considera que desde que se aprobó la Constitución ha habido una extraña "conspiración del silencio" en torno a este asunto y ningún Gobierno, ni conservador ni progresista, ha decidido mejorar la ley, sino todo lo contrario. "Los legisladores democráticos no sólo no han hecho nada en este campo para corregir la insoportable herencia de Franco, sino que la han incrementado y la siguen incrementando con el mayor desahogo", indica. Pero ¿qué defectos presenta la legislación española? En opinión de Tomás-Ramón Fernández el primero es que el afectado "conoce la expropiación de que está siendo víctima cuando ya está consumada y no le queda otra cosa que discutir el justiprecio". En España para que una determinada infraestructura o urbanización de viviendas sea declarada como de interés general basta con que así lo decida la Administración. Sin embargo, países como Francia utilizan un método distinto. "Se abre una oficina pública y se les concede a los afectados un tiempo para que puedan ofrecer alternativas a realizar o verificar si es necesario expropiar toda la finca o sólo una parte, por ejemplo". Otro de los principales problemas es el abuso de la denominada vía de urgencia, prevista como excepción en la ley. Ésta permite ocupar los terrenos antes de compensar económicamente al propietario. Hasta el año 96, las administraciones no tenían, ni siquiera, que reservar dinero para tal fin, una práctica que en opinión de Fernández se corresponde con un "te lo quito hoy y ya veremos cuándo te lo pago". LAS CLAVES Especulación con el suelo Tomás-Ramón Fernández critica que las leyes del suelo (estatal y autonómicas) han favorecido la especulación mediante las denominadas unidades de acción. "Se expropia hoy a precio de suelo no urbanizable y una vez incorporado al patrimonio municipal, se recalifica mediante una modificación del planeamiento y se vende a precio de urbanizable". Cantidades ridículas y pagos retrasados Ahora la legislación obliga a la Administración a reservar el dinero, pero los pagos se siguen retrasando. "Las autoridades acostumbradas durante décadas a hacer de su capa un sayo han encontrado la fórmula para eludir la nueva exigencia: tasar en sí y ante sí los bienes a expropiar en una cantidad ridícula", señala Fernández. Después los tribunales suelen subirla. Ayuntamientos de distinto partido Sólo el Consejo de Ministros o el Consello de la Xunta pueden paralizar la vía de urgencia (que permite ocupar antes de pagar) si deciden que el justiprecio fijado no se ajusta a la ley. "Sólo en caso de expropiaciones locales intentadas por corporaciones locales de distinto color político", explica el catedrático de Derecho, "es pensable que funcione este control" . LA FRASE " "La Ley de Expropiación es la única que sigue desde el franquismo, qué casualidad que sólo quede ésta" Pulsar para subir   La Xunta no sabe cuánto debe a los expropiados posteriores al año 98 Se queres comentar esta noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego- 12//6/2006 Política Territorial le responde al Valedor que buscar los expedientes es una "labor ardua" y "poco fiable" ·· Desarrollará una aplicación informática para poder hacerlo A principios de año los expropiados por la Xunta con anterioridad a 1998 recibían la noticia de que por fin iban a cobrar por los terrenos cedidos para la realización de infraestructuras. Pero muchos de los que han sido afectados con posterioridad a esta fecha siguen esperando. El Valedor do Pobo reconoce, en su Informe Anual 2005, que los pagos "han experimentado una considerable mejoría", pero advierte que aún no se han solventado "todos los problemas que venimos detectando". El Valedor ha reclamado a la Xunta el importe total que deben a los ciudadanos gallegos por expropiaciones a partir de 1998. En una carta remitida por la Consellería de Política Territorial, ésta no le facilita los datos. Según explica, buscar los expedientes en los que todavía se está discutiendo el precio, pese a que los terrenos ya han sido ocupados, le resulta una labor "ardua" y con "fiabilidad relativa". La Xunta se compromete, sin embargo, a desarrollar una aplicación informática que permita el mejor control de los expedientes expropiatorios. La incongruencia en los pagos es otra de las críticas que vierte sobre la Administración la institución que dirige Ramón Vázquez Sandes. Supuestamente se deben abonar las cantidades por orden de entrada, pero esto no siempre ocurre así. "En una solicitud de habilitación del crédito dada en enero de 2005 se anuncia el pago para ese mismo año, pero en otro caso de habilitación de crédito dada en enero de 2003, ni tan siquiera se puede comprometer el pago en 2005, según la Dirección General de Obras Públicas", asegura el informe. El problema fundamental de ir retrasando los pagos es que a parte de abonar el justiprecio al afectado, la Xunta debe pagarle también intereses. De hecho, la demora le sale bastante cara a las arcas públicas, es decir, a los ciudadanos encargados de nutrirlas con sus impuestos. Si se hubiesen retribuido en su día, en vez de los 14,09 millones de euros que le costó a la comunidad pagar las expropiaciones anteriores a 1998, tendría que haber abonado simplemente, 3,45 millones, un 75% menos. EL CASO 1Los intereses de los intereses y el erario público El informe del Valedor resalta el caso de un expropiado en 1991 por la autopista A Coruña-Carballo. En 1999 no le había pagado todavía nada. Primero se le abonó el justiprecio, pero no los intereses. Cuando estos se le pagaron (15 años después de ocuparle la finca), sin embargo, no se acabó el proceso. El afectado reclamó su derecho a cobrar los "intereses de los intereses" que en 2005 no le han sido abonados. El Valedor critica que la forma de actuar de la Administración hace "prácticamente imposible" poner punto y final a los expedientes de expropiación y perjudica al erario público . Expropiación forzosa Si la expropiación está justificada por el supuesto de utilidad pública, el propietario no puede oponerse a la decisión de la Administración Pulsar para subir La Opinioncoruna.27 de abril de 2006.- MIÑO LOS JUECES ESTIMAN LA DEMANDA CONTRA UNA PROMOCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS Un tribunal anula la concesión a Fadesa de una urbanización en Miño El Tribunal Superior de Galicia ha estimado el recurso que presentaron los expropiados contra el acuerdo del Ayuntamiento por el que se adjudicaron la obras a la inmobiliaria. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia que supone la anulación de la adjudicación que hizo el Concello de Miño a Fadesa Inmobiliaria en 2002 para construir una urbanización entre Perbes y San Xoán de Vilanova, una de las de mayor dimensión de Galicia, con 1.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel. Los jueces han estimado el recurso que presentó la asociación de afectados por las expropiaciones para ejecutar este sector residencial contra la resolución del Ayuntamiento de adjudicar la concesión a Fadesa pero desestimaron la impugnación del acuerdo plenario que supuso la elección del sistema de expropiación, en lugar del de compensación, para desarrollar este ámbito. Esta sentencia, emitida el mes pasado, plantea dudas sobre cómo será aplicada y si supondrá la paralización o no de las obras que se llevan a cabo en esta zona, donde Fadesa ya ejecutó el 70% del proyecto de urbanización y el 50% del campo de golf. Los responsables de la entidad, según confirmaron hace unas semanas, preveían iniciar la siembra del césped del campo, los ocho primeros hoyos (de los 18 totales) en cuanto se acercase el verano y mejorase el tiempo. La empresa pidió autorización al Concello para abrir el campo de golf el pasado mes de enero. También anunciaron que antes de finalizar este año entregarían las primeras viviendas. La resolución del Tribunal Superior es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La superficie de actuación ocupa 160 hectáreas; dicho de otro modo, 160 campos de fútbol; es decir, el 4,5% de la superficie del ayuntamiento de Miño. La edificabilidad sobre la superficie total de este ámbito es de 0,20 metros cuadrados por metro cuadrado y la densidad, 8,5 viviendas por hectárea. En total Fadesa prevé construir 272 chalés pareados y 172 adosados; 384 pisos y apartamentos; además de 392 parcelas para vender individualmente. El presupuesto total es de 30 millones de euros y el plazo de ejecución, 30 meses. Los afectados por las expropiaciones presentaron un contencioso en 2002 en el que impugnaban la elección del sistema de expropiación porque varios propietarios ya habían llegado a un acuerdo con una inmobiliaria para desarrollar esta urbanización por el sistema de compensación. También recurrieron la aprobación en pleno del pliego de bases al entender que dicha aprobación no podía haberse realizado antes de que se aprobase el plan general de ordenación (pues sino se aprobase el plan, no tendría razón de ser el pliego). También impugnaron la adjudicación de la urbanización a Fadesa al entender que no se hizo un concurso real, pues sólo se presentó esta inmobiliaria, por lo que no se pudo comparar y elegir entre varias ofertas. El TSXG destaca en su sentencia que "llama la atención" que el Concello procediese a elegir el sistema de actuación "sin que previamente se hubiera aprobado el instrumento de planeamiento que da cobertura normativa a la actuación", es decir, un plan parcial. Para el Alto Tribunal éste es ya un motivo decisivo para impugnar esta decisión, pero a lo largo de la resolución reconoce varias alegaciones de la parte demandada. El fallo tiene en cuenta informes del asesor jurídico y del secretario del Concello, en los que aseguraban que el sistema de expropiación era el único posible ante la imposibilidad del desarrollo de la urbanización por medio de la iniciativa privada; ante la imposibilidad del Ayuntamiento de desarrollarlo él mismo; así como por la excesiva fragmentación del parcelario y el elevado número de propietarios. Los magistrados dan sin embargo la razón al Concello al aducir que carece de medios para desarrollar este ámbito; admite que no fue posible llegar a un acuerdo entre los propietarios para que ellos mismos desarrollasen la actuación; y reconoce la existencia de minifundismo, tras ver los planos, por lo que considera que "no cabe apreciar " la vulneración de la legislación aplicable. El TSXG añade que su interpretación habría sido "totalmente distinta" si los afectados por las expropiaciones hubiesen llegado a un acuerdo entre ellos y hubiesen presentado la petición del sistema de compensación desde el principio. La urbanización Anácara, que a