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4º Trimestre de 2006

NOTICIAS SOBRE URBANISMO

Nesta páxina iremos colocando as noticias relacionadas co urbanismo en outros concellos, para ir vendo todas aos asuntos que rodean o tema urbanístico, e que as nosas reinvindicacións non son nin en balde, nin absurdas.
ACTUALIDADE: ¿Cómo se pode atallar a corrupción urbanística?-

Así de tallante mostróuse o último informe do Observatorio da Vivenda.

Según dicho informe, que recoge la opinión de más de cien expertos, la causa de esta corrupción y, por ende, el elevado precio de las viviendas se debe a las Administraciones locales que disponen de insuficiente financiación. Esta circunstancia lleva a los ayuntamientos a utilizar “procedimientos no objetivos de transformación del suelo” los cuales generan “plusvalías y prácticas especulativas públicas y privadas muy notables”.

INFORME:Demoledor informe internacional: la corrupción urbanística dispara el precio de la vivienda en España

Colocamos ao final desta páxina as webs dos colectivos cidadáns ou lugares donde se pode atopar información sobre os PXOM en outros concellos de Galicia. Si coñeces algunha web de denuncia relacionada co urbanismo, ou eres membro dalgún colectivo de afectados polo urbanismo actual, entra no noso foro e expón a túa situación.

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El confidencial.com.Miércoles, 08 de noviembre de 2006.- El Gobierno de Madrid cambia la Ley del Suelo para evitar las irregularidades urbanísticas.El Gobierno de Madrid ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2007 una modificación de la Ley del Suelo vigente, que prohíbe que en los convenios urbanísticos entre Ayuntamientos y promotores se "cobre dinero a cuenta" de futuras recalificaciones urbanísticas.La Voz de Asturias.- 7-11-2006.-Las competencias urbanísticas. Los alcaldes rechazan el control de sus políticas de suelo por el Estado. Los regidores aseguran que la vigilancia de las comunidades autónomas es más que suficiente. Los primeros ediles exigen al Gobierno central que les garantice su capacidad financiera. Los alcaldes asturianos no quieren perder un ápice de sus competencias. Y menos aún en lo que se refiere a la gestión del suelo, la verdadera máquina de hacer dinero de las haciendas locales que en muchos casos es el único recurso disponible para enjugar su déficit de financiación procedente de las transferencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La propuesta, recogida como una mera posibilidad en el decálogo del PSOE contra la corrupción urbanística, no sienta bien entre los regidores asturianos, sea cual sea la formación política. Pero con una condición: "Me parece perfecto, pero que suelte más dinero a los ayuntamientos que falta nos hace. Si quiere más competencias que las cojan todas que se las regalo, porque los ayuntamientos cada vez tenemos más competencias, pero menos dinero". Covián añadió asimismo justificó que "nosotros hacemos convenios no robamos, porque sin ellos (los convenios) apaga y vámonos".

IDEAL.ES. 5-11-2006.- El suelo, único motor municipal en Jaén y su principal hipoteca
Urbanismo se ha visto obligado a vender patrimonio para financiar el Ayuntamiento, las obras y la deuda Incluso del futuro PGOU, debido a la herencia, la falta de Pacto Local y a una planificación en clave electoral
JOSÉ M. LIÉBANA/JAÉN

EN LOS TRIBUNALES
- Venta de los aprovechamientos urbanísticos SUP-II-1 y SUP-II-2 (junto a las vías del tren): La Junta esgrime que la ley prohíbe su venta antes de aprobarse el proyecto de reparcelación. El Ayuntamiento por su parte afirma que no. La suspensión cautelar no prosperó.

- Operación en torno a la Estación de Autobuses: La Junta piensa que la modificación del PGOU que requiere es estructural y, por tanto, necesita darle el visto bueno. El Ayuntamiento teme que si depende de la Junta, lo paralizará, por lo que defiende que es una modificación menor (pormenorizada).

- Compensación de deuda a FCC: El Ayuntamiento vendió el año pasado sus aprovechamientos en el SUP-II-2, es decir, el 10% de suelo que le corresponde cuando se desarrolle el sector. La Junta está convencida de que el dinero se destinó a enjugar parte de la deuda con FCC en contra de la LOUA.

- Expediente en Jabalcuz: No está en los tribunales, al menos de momento, pues se trata del expediente sancionador y de reparación de la legalidad urbanística incoado por la Junta a raíz de una denuncia vecinal. Ahora está en fase de diligencias previas, de requerir documentación al Ayuntamiento.

El Mundo.es.-Costa: el cambio climático modificará el urbanismo . SEGÚN UN INFORME ELABORADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EL MEDITERRÁNEO PODRÍA ADENTRARSE 15 METROS EN LAS PLAYAS

El Mundo.es. 3-11-2006.-¿Quién debería tener la última palabra en urbanismo?
Para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el 'quid' de las irregularidades inmobiliarias se encuentra en la excesiva libertad de que gozan los ayuntamientos a la hora de diseñar las ciudades. «En la medida en que eliminemos la discrecionalidad de los alcaldes para poder hacer convenios urbanísticos y figuras extrañas evidentemente habremos zanjado el problema de raíz», asegura su presidente, Guillermo Chicote. «Nos parece muy bien que se persigan las irregularidades, pero el sistema sería más eficaz si se liberalizara suelo y no hubiera que depender de las recalificaciones».

El Correo Gallego.- 3 de novembro de 2006.-La especulación se traslada al suelo.El suelo vendido el año pasado sumaría la mitad de Pontevedra. El terreno vendido en Galicia durante el año pasado equivale a la mitad de la provincia de Pontevedra ·· Este mercado mueve más de 525 millones de euros ·· El solar puede alcanzar el 60% del precio final, lo que frena la compra por parte de la Xunta

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El Correo Gallego.3 de noviembre de 2006.-"Pujas de infarto por los 300 metros de la nueva ‘milla de oro’ en Cornes

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Las promotoras ofrecen más de tres millones y medio de euros por una pequeña parcela de menos de 300 metros cuadrados radicada en Pontepedriña ·· Urazca Promociones y Arquitectura y Hábitat son las empresas que apuestan más fuerte por la adquisición

El Correo Gallego.16 de octubre de 2006.-"Es un pelotazo porque el terreno es nuestro", claman los vecinos de Cornes

Se queres comentar esta noticia, podes facÚlo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.16 de octubre de 2006
Adif, la entidad administradora de Infraestructuras Ferroviarias, inicia hoy el proceso de venta de unos terrenos en los que se van a construir viviendas privadas ·· La zona se había expropiado para uso público, y sus antiguos dueños reclaman ahora que se la devuelvan
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.EL PAÍS - España - 30-10-2006 .-ENTREVISTA: ANTONIO VERCHER Fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente
"Hay que demoler las viviendas ilegales
"
En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas bajo un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. En el último año y medio, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 de estas construcciones, 24 al día. Y eso no es nada: sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias, Cantabria... Los dueños dormían tranquilos porque, con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas. Rara vez los jueces forzaban la demolición y la fiscalía aceptaba la situación. Hasta ahora. El recién nombrado fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, 53 años), anuncia una interpretación más restrictiva del Código Penal con un fin: "Hay que demoler", anuncia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas viviendas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados al comprar. Es la nueva filosofía.

"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"
"Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"

ORDENACIÓN URBANÍSTICA
La Voz de Gañicia, 30-10-2006..-La Xunta planea nuevos ajustes en la Lei do Solo para facilitar su aplicación. Sólo nueve concellos tienen planes acordes al marco del 2002, que ya se reformó en el 2004.La relación no incluye a ninguna de las siete ciudades. La nacionalista Carme da Silva recordó que Galicia espera unas directrices de ordenación del territorio desde 1985, y abogó por «estabilizar o marco normativo» y eliminar la figura del agente urbanizador.

El Confidencial.com. Domingo, 29 de octubre de 2006.-Los arquitectos señalan que la Ley de Suelo abre un debate de "incalculables proporciones.Concretamente, el presidente del CSCAE engloba todas estas iniciativas en un "cambio cultural" que ha de modificar las legislaciones sobre gobierno local, financiación, hacienda pública, etc. para "cortar de raíz" los delitos contra el territorio y ordenar el "urbanismo descontrolado".

El Dia de Cordoba.-24-10-2006.- El PSOE se compromete a expulsar a los cargos vinculados al 'pelotazo'
Los socialistas, que emplazan al PP a secundar su lucha contra la especulación, excluirán también de las listas a quienes despierten "dudas".
Blanco anuncia el decálogo socialista 'anti-pelotazo', ayer en la sede del PSOE. Acebes replica que la ley está para cumplirla .La dirección socialista también pedirá la salida de todos los cargos públicos sobre los que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" y expulsará del partido a los militantes sobre los que pesen los mismos indicios.

Por una nueva política urbanística y del territorio, emplazó al PP a que se comprometa a mantener una actuación similar con sus militantes y altos cargos. "Si lo hacen, estaríamos ante la posibilidad de un gran avance por un urbanismo sano y limpio. Si no lo hacen, demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones, sino con quienes se aprovechan y abusan de los ciudadanos y de las instituciones".

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LOS DEBATES DE LA NUEVA GALICIA
Un nuevo centro asesorará el diseño de planes urbanos

Política Territorial refuerza ya en 2007 el apoyo económico y técnico a los concellos para la redacción del PXOM ·· Huyen de responsabilizar al poder local de las "desfeitas" de la construcción ·· Xunta y ayuntamientos avanzan en la creación de la agencia de la legalidad urbanística

Se queres comentar esta noticia, podes facÚlo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.- 29 de outubro de 2006

Laopinioncoruna.27-10-2006.-CAMBRE .ANTONIO VARELA SAAVEDRA GUARDA SILENCIO SOBRE SUS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
El PSOE exige al alcalde que explique sus negocios urbanísticos . La dirección socialista se muestra "sorprendida" tras conocer por LA OPINIÓN que el regidor local y su concejal de Urbanismo crearon una empresa constructora.

El Confidencial.com.-Jueves, 27 de octubre de 2006.-Una promotora ‘compra’ voluntades en un municipio albaceteño a cambio de recalificació

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El Confidencial.com.-Jueves, 26 de octubre de 2006.-El pueblo malagueño de Cuevas del Becerro se pone en huelga general contra un proyecto urbanístico

Faro de Vigo.es.- 27 de octubre de 2006.-Dimite la alcaldesa socialista de Cabanas condenada por prevaricación urbanística Modesta Anca Rico.

NARCOTRÁFICO

La Voz de Galicia.es.- 27 de octubre de 2006.Los narcos invierten en el bum inmobiliario de las Rías Baixas. El histórico Franki, detenido en agosto, compraba terrenos para construir en Pontevedra. El patrimonio de uno de los delincuentes más buscados se acercaba a los cinco millones

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¿ILEGALIDAD A LA CARTA?

La Voz de Galicia.es.- 25 de octubre de 2006.-Rodeiro pide a Medio Ambiente que no aplique la nueva ley al PXOM para poder aprobarlo ahora.

El Correo Gallego.25 de octubre de 2006.-La Agencia de Legalidad Urbanística arrancará el último trimestre de 2007

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El confidencial.com.25-10-2006.- “Hay que retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos”

EL Correo Gallego.es. 25-10-2006.-Ultimátum del PP al alcalde de Porto do Son

El Confidencial.-24 de outubro de 2006.-Ni corrupción urbanística ni proceso de paz: Rajoy rechaza pactos con el PSOE que sirvan “para tapar vergüenzas”

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20MINUTOS.ES. 23.10.2006 - 14:21h .-El PSOE no presentará a cargos relacionados con la corrupción urbanística en las próximas elecciones

20MINUTOS.ES. 24.10.2006 - 05:15h.-Conde-Pumpido pide al Gobierno expertos en urbanismo para acabar con la corrupción.

El Mundo.es.24-10-2006.-ESCANDALOS URBANÍSTICOS.-El mapa de la corrupción municipal
Madrid | Comunidad Valenciana| Andalucía |Castilla-La Mancha | La Rioja|Castilla y León | Baleares |Murcia |Cataluña| Extremadura| Galicia

Cada día se transforma en España una superficie de suelo similar a la que aproximadamente ocupan tres campos de fútbol. Nuestro país, el que más viviendas construye de la Unión Europea, va también en cabeza en lo que se refiere a corrupción urbanística.

20minutos.es 23.10.2006 - 23:29h -Un centenar de ediles están bajo sospecha de corrupción urbanística

Financiación municipal
La excesiva dependencia que de la financiación a través de recalificaciones de terrenos tienen las corporaciones municipales, en algunos casos, y en otros la falta de escrúpulos de los servidores públicos, han saturado los juzgados españoles.La Fiscalía General del Estado reconocía en su memoria de 2005 que el urbanismo «constituye una fuente creciente de criminalidad».

EL Correo Gallego.com.-23/10/2006..-"QUE DEJEN DE ROBAR"
Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística propuesto por José Blanco, del PSOE

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Terra.es.-22-10-2006.-Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística

Vieiros.com.-21-10-2006.-LEGALIDADE NOS CONCELLOS
A falta de medios dificulta a loita contra a corrupción urbanística

20minutos.es.- 20.10.2006 -La familia de Esperanza Aguirre gana 8 millones de euros con la venta de suelo en Tres Cantos, según el PSOE
EFE. 20.10.2006

20minutos.es.- 20.10.2006 - De la Vega advierte de que habrá "tolerancia cero" con la corrupción urbanística

MADRID, 19 Oct.2006 (EUROPA PRESS) -El PSM propone llevar a la Fiscalía todos los casos de corrupción urbanística en Madrid, incluido el de Ciempozuelos

20MINUTOS.ES. 20.10.2006 .-Los dos ex alcaldes de Ciempozuelos viajaron a Andorra para abrir cuentas millonarias, según ABC

El Confidencial.Lunes, 18de octubre de 2006-El PSOE lleva a Bruselas la batalla del urbanismo

La Voz de Gañicia, 18-10-2006.- El fiscal solicita la inhabilitación del alcalde de Tui en otro caso urbanístico. Sostiene que se despreció la legislación al permitirse una construcción en una zona protegida

El Correo Gallego.16 de octubre de 2006.-"Es un pelotazo porque el terreno es nuestro", claman los vecinos de Cornes

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Adif, la entidad administradora de Infraestructuras Ferroviarias, inicia hoy el proceso de venta de unos terrenos en los que se van a construir viviendas privadas ·· La zona se había expropiado para uso público, y sus antiguos dueños reclaman ahora que se la devuelvan
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El Confidencial.Lunes, 16 de octubre de 2006-Múgica aboga por aumentar el control sobre el desarrollo urbanístico

20MINUTOS.ES. 17.10.2006 - 06:26h .- Un tío de Esperanza Aguirre, beneficiado por un pelotazo inmobiliario

El Correo Gallego.- 10 de outubro de 2006.- El urbanismo salvaje pone en serio peligro las playas gallegas Más de 50 científicos exigen a las administraciones mayor sensibilidad hacia ellas ·· Abogan por que descienda la presión de las construcciones sobre la costa

El Correo Gallego.- 10 de outubro de 2006.- El alcalde de Mugardos elude una sentencia de demolición de 1999

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20minutos.com.-14/11/2006.-Un centenar de jóvenes entra en un Ikea de Barcelona y estrena sus camas para pedir una vivienda digna

El Confidencial.com.-11/10/2006.- La herencia envenenada de Fadesa: Jove le deja a Martinsa contenciosos judiciales en Galicia y Marbella

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El Correo Gallego.com.-12/10/2006..- Miño y O Pino son los puntos polémicos de Fadesa en Galicia

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Xornal.com.-sábado 07 de octubre de 2006.-¿Cal é o primeiro PXOM en superar a Lei de Avaliación Ambiental?

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Curtis é o primeiro de Galicia en superar a Lei 9/2006, de Avaliación Estratéxica Ambiental, a través da vía excepcional da inviabilidade, tal e como acaba de resolver a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, da Consellería de Medio Ambiente. O PXOM de Curtis, como outros moitos de Galicia, tivo que someterse a citada Lei ó non estar aprobado definitivamente antes do 21 de xullo de 2006, cando entrou en vigor a nova normativa nacional, que é transposición dunha directiva europea

DESFEITA URBANÍSTICA
El Correo Gallego.- 6 de outubro de 2006.-Denuncian que hay trama del arquitecto de O Son con una constructora

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El Confidencial.com.-13/10/2006..- La Comisión Europea insta de nuevo a modificar la Ley Urbanística Valenciana

20MINUTOS.ES/EFE. 12.10.2006.- Europa lanza una nueva advertencia contra la ley urbanística valenciana y exige su modificación. Considera que no se ajusta a la legislación comunitaria.
Territorio y Vivienda defiende que la ley es un texto "avanzado y vanguardista".

 

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El confidencial.com.Miércoles, 08 de noviembre de 2006.- El Gobierno de Madrid cambia la Ley del Suelo para evitar las irregularidades urbanísticas


El Gobierno de Madrid ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2007 una modificación de la Ley del Suelo vigente, que prohíbe que en los convenios urbanísticos entre Ayuntamientos y promotores se "cobre dinero a cuenta" de futuras recalificaciones urbanísticas.

Así lo indicó el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde compareció junto a la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, para informar del contenido del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, que se ha acordado remitir al Consejo Económico y Social (CES).

Entre las medidas más destacadas se establecen como "nulos de pleno derecho" los convenios que, a partir de la entrada en vigor de la ley, suscriban Ayuntamientos y particulares, sin que previamente haya sido aprobada definitivamente por la Comunidad la modificación o revisión del planeamiento, lo que, según González, trata de evitar irregularidades urbanísticas y dará "transparencia" a estos procesos.

Además, esta medida -pionera en la normativa urbanística española- evitará, a juicio del vicepresidente primero, que los acuerdos entre los Ayuntamientos y los promotores "puedan condicionar o presionar los desarrollos urbanísticos futuros" y ayudará a que estos se lleven a cabo "de manera ordenada".

A su juicio, la entrada en vigor de esta norma supondrá "un avance importante en la mejora, en la gestión y en la transparencia urbanística", a la vez que ayudará "a eliminar determinadas prácticas", como que algunos Consistorios reciban "contraprestaciones económicas" a cambio de recalificaciones.

El resultado de estas actuaciones, explicó González, ha sido que algunas localidades madrileñas hayan visto aumentada la densidad de su edificabilidad, fruto de "tensiones administrativas" derivadas de la firma de convenios "con finalidades que no se ajustan a la ley" y que han dado lugar a casos irregulares como, señaló, "los que ahora tenemos encima de la mesa".

Actualmente, según la Comunidad, es frecuente que los ayuntamientos que inician modificaciones de su planeamiento urbanístico suscriban convenios con los propietarios del suelo en los que les garantizan una determinada edificabilidad en el plan que se tramita, a cambio de aumentar las cesiones establecidas legalmente, fijada en el 10%. A cambio, los propietarios o particulares se comprometen a ejecutar el convenio urbanístico, bien a través de un pago anticipado o en actuaciones en el municipio (por ejemplo, a través de la construcción de equipamientos), sin esperar a que el plan haya sido informado por la Comunidad, que debe aprobarlo definitivamente o denegarlo.

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La Voz de Asturias.- 7-11-2006.-Las competencias urbanísticas. Los alcaldes rechazan el control de sus políticas de suelo por el Estado. Los regidores aseguran que la vigilancia de las comunidades autónomas es más que suficiente. Los primeros ediles exigen al Gobierno central que les garantice su capacidad financiera.


Los alcaldes asturianos no quieren perder un ápice de sus competencias. Y menos aún en lo que se refiere a la gestión del suelo, la verdadera máquina de hacer dinero de las haciendas locales que en muchos casos es el único recurso disponible para enjugar su déficit de financiación procedente de las transferencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La propuesta, recogida como una mera posibilidad en el decálogo del PSOE contra la corrupción urbanística, no sienta bien entre los regidores asturianos, sea cual sea la formación política.

La encuesta realizada durante la última semana por este periódico entre más de una veintena de alcaldes asturianos arroja un dato demoledor. Tan solo cuatro regidores se mostraron favorables a que el Estado vuelva a tener competencias sobre el suelo. Y en uno de los casos, esta posibilidad se acepta a condición de que el Ejecutivo nacional garantice de una vez la suficiencia financiera de los municipios.


NO EN LAS CUENCAS Los regidores de las cuencas mostraron ayer su rechazo total a este planteamiento. En Mieres, su alcalde, el socialista Luis María García, aseguró que "por sistema, estoy en contra de cualquier merma en las competencias de los ayuntamientos". No obstante, el regidor reconoció que "hay que poner los medios necesarios para solucionar esta situación". García recordó que "hay una utilización de todas estas cuestiones que transmite una idea magnificada de lo que es este problema" y advirtió que "lo que estamos viviendo, da lugar aprovechamien-- tos políticos".

Para el alcalde de Lena y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el socialista Hugo Morán, la solución no pasa por traspasar las competencia de administración, sino por "establecer mecanismos de control legal sobre las instituciones". Morán insiste en que "el problema de las ilegalidades no es de instituciones, sino que es de las personas", por lo que recuerda que, cuanto mayor sea la administración en la que esté esa persona, peores serán las consecuencias.

Desde Laviana tampoco se ven las cosas demasiado diferentes. El regidor local, el socialista Marcia Barreñada, mostró ayer su disconformidad con la propuesta y recordó que "los problemas que surgen en este campo se corresponden con un porcentaje de ayuntamientos muy pequeño, tal vez el 1%". Barreñada tiene claro que hay un problema, pero advierte de que la retirada de competencias a los consistorios no es la solución. "Hay que reconocer el problema, pero también buscar soluciones más acordes con la realidad", afirmó. Para el alcalde lavianés, la devolución de las competencias al Estado sería perjudicial para la gestión y para los habitantes de los municipios porque "cuanto más lejos esté el encargado de la gestión de los territorios será peor para esos mismos territorios".


LA EXCEPCION DEL ORIENTE. Entre los concejos del oriente asturiano, donde se está viviendo una mayor presión urbanística y residencial debido a las mejoras de las comunicaciones, la situación es más o menos similar. El alcalde de Villaviciosa, el conservador Asensio Martínez Cobián es una de las excepciones. El regidor, al que el Principado a retirado las competencias urbanísticas en la ría de Villaviciosa, ve "bien" que el estado asuma el control del suelo. Pero con una condición: "Me parece perfecto, pero que suelte más dinero a los ayuntamientos que falta nos hace. Si quiere más competencias que las cojan todas que se las regalo, porque los ayuntamientos cada vez tenemos más competencias, pero menos dinero". Covián añadió asimismo justificó que "nosotros hacemos convenios no robamos, porque sin ellos (los convenios) apaga y vámonos".

Para Rogelio Pando, el alcalde socialista de Colunga, el control por parte del Estado está "bien siempre que sea para controlar entornos naturales y paisajísticos. Pueden tener más competencias siempre y cuando sean ágiles y no entorpezcan el trabajo" . Aunque considera que en el Principado no será muy necesario que intervengan porque "el urbanismo está muy controlado por los organismos competentes de la autonomía".

Para la alcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Alvarez Campillo, la propuesta de su partido en el fondo no supone una novedad, ya que "el Estado interviene en el urbanismo a través de las Comunidades Autónomas". A pesar de eso, apunta que seguirá defendiendo "la autonomía municipal en las competencias que le corresponden por ley" y apuesta por la "tolerancia cero" en los temas urbanísticos aunque bajo la estricta tutela de la jurisprudencia como ocurre con cualquier otro delito ya que "ni el Estado, ni las Comunidades Autónomas, ni los Ayuntamientos debemos entrar en las cuestiones puramente judiciales".

Sobre la creación de una Fiscalía específica para luchar contra la corrupción urbanística, Campillo califica la medida como "muy oportuna", puesto que "los corruptos han de ser perseguidos y sobre ellos ha de caer todo el peso de la ley"

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IDEAL.ES. 5-11-2006.- El suelo, único motor municipal en Jaén y su principal hipoteca
Urbanismo se ha visto obligado a vender patrimonio para financiar el Ayuntamiento, las obras y la deuda Incluso del futuro PGOU, debido a la herencia, la falta de Pacto Local y a una planificación en clave electoral
JOSÉ M. LIÉBANA/JAÉN

EN LOS TRIBUNALES
- Venta de los aprovechamientos urbanísticos SUP-II-1 y SUP-II-2 (junto a las vías del tren): La Junta esgrime que la ley prohíbe su venta antes de aprobarse el proyecto de reparcelación. El Ayuntamiento por su parte afirma que no. La suspensión cautelar no prosperó.

- Operación en torno a la Estación de Autobuses: La Junta piensa que la modificación del PGOU que requiere es estructural y, por tanto, necesita darle el visto bueno. El Ayuntamiento teme que si depende de la Junta, lo paralizará, por lo que defiende que es una modificación menor (pormenorizada).

- Compensación de deuda a FCC: El Ayuntamiento vendió el año pasado sus aprovechamientos en el SUP-II-2, es decir, el 10% de suelo que le corresponde cuando se desarrolle el sector. La Junta está convencida de que el dinero se destinó a enjugar parte de la deuda con FCC en contra de la LOUA.

- Expediente en Jabalcuz: No está en los tribunales, al menos de momento, pues se trata del expediente sancionador y de reparación de la legalidad urbanística incoado por la Junta a raíz de una denuncia vecinal. Ahora está en fase de diligencias previas, de requerir documentación al Ayuntamiento.


Decía Pío Baroja que en las ciudades, si Dios está en algún lado es en los solares. El suelo y su gestión urbanística vuelve a estar bajo la lupa. En realidad, nunca ha dejado de estarlo, pero es a raíz de Marbella y de la 'operación Malaya' cuando se ha extendido la sospecha, injusta como toda generalización. Ello además ha coincidido con un rosario de recalificaciones delictivas por toda la geografía nacional, al tiempo que se debate como nunca sobre el urbanismo y sus límites, en el marco también de las nuevas normativas autonómicas y estatales en marcha para hacer más difícil la financiación encubierta de los ayuntamientos, por no hablar de los 'pelotazos' y la corrupción.

El problema de fondo es que los consistorios cada vez tienen más funciones y más servicios que prestar, y más deudas por su insuficiente financiación. Hay coincidencia en la necesidad del Pacto Local, pero ni el PP antes ni el PSOE ahora han ido más allá de las palabras, para no restar ingresos y poder a las comunidades autónomas.

Mientras llega la financiación y mientras no mejore la gestión municipal, el suelo será adorado como un dios barojiano y se mantendrá como principal fuente de ingresos de los ayuntamientos, cada vez menos dedicados a la planificación urbanística y más en manos de los promotores privados y de intereses particulares.

Influye en todo

La creciente complejidad del urbanismo lo hace poco transparente y lo aleja de la ciudadanía, pero de su gestión dependen aspectos tan prácticos y cotidianos como que haya o no atascos en la ciudad, que se haga un colegio o un centro de salud en una zona, que el precio de la vivienda de renta libre no se dispare más, que las clases sociales menos favorecidas puedan acceder a un piso de protección oficial o que haya suelo industrial para que puedan instalarse empresas y generar empleo. De lo más grande a lo más pequeño, desde la creación de las infraestructuras de comunicación necesarias para el desarrollo a que un barrio pueda disfrutar de un pequeño parque.

¿Y en Jaén, qué urbanismo se ha hecho en el mandato municipal que concluye? «Un urbanismo posibilista», apunta el concejal del área en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Peragón. Es decir, el que se podía hacer según las circunstancias del momento, bien distintas a las de hace diez años, cuando en 1996 se puso en marcha el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la carta magna para desarrollar el Jaén del cambio de milenio y que sin embargo ha sido olvidada progresivamente. «Se ha hecho, de forma voluntaria y consciente, un urbanismo al margen del PGOU», afirma el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y ex portavoz municipal socialista, Manuel López, que cifra el grado de ejecución del mismo en sólo un 20%. En ello coincide Izquierda Unida, que habla de un «modelo 'monopoly'» destinado a «romper los límites físicos del PGOU», en palabras de su concejal y candidato a la alcaldía en mayo próximo, José Luis Cano.

Tres concejales distintos

Un PGOU (1996-2003), ahora está prorrogado, íntimamente ligado al PP, que gobierna el Ayuntamiento de Jaén desde 1995 y con mayoría absoluta, es decir, sin depender de otros partidos. El PP heredó de los gobiernos socialistas precedentes la deuda municipal, aunque luego se encargara de aumentarla, y un flamante PGOU con la nueva zona de expansión diseñada (el Bulevar) y con abundante suelo municipal.

Desde entonces, tres mandatos con tres concejales de urbanismo bien distintos. Miguel Benítez dio los primeros pasos para la espectacular urbanización de Expansión Norte y gastó buena parte del suelo municipal de esta zona y del casco antiguo para financiar el nuevo estadio de fútbol. Le sucedió Miguel Segovia, que imprimió un fuerte ritmo inversor en la ciudad aunque a base de suscribir créditos en lugar de desarrollar el PGOU y de gestionar el patrimonio municipal del suelo (PMS). De hecho, impulsó la recalificación de cuatro bolsas a las afueras para la construcción de viviendas unifamiliares, que la Junta de Andalucía desestimó porque alteraba el modelo territorial y porque el PGOU ya preveía suelos para ello que estaban sin urbanizar.

Por su parte, el actual concejal, Manuel Peragón, ante la difícil situación financiera, volvió la vista hacia el PGOU y optó por vender no sólo el suelo municipal que quedaba en sectores pendientes de urbanizar (aprovechamientos) sino también parte del suelo futuro, el del nuevo PGOU, a través de los complejos convenios urbanísticos. «Moralmente, estoy tranquilo, pues no hemos despilfarrado y las inversiones se están viendo en la ciudad», señala el edil, que niega que se haya dilapidado el suelo municipal, ya que con la puesta en marcha del nuevo PGOU se genera más suelo. «Se llena la despensa», dice.

Recaudador general

Pero el urbanismo, en sentido amplio, no sólo ha financiado obras pues ha tenido que hacer frente en este mandato a los gastos de funcionamiento del Consistorio, del resto de concejalías y, en última instancia, completar el pago de las nóminas, así como enjugar parte de la deuda, en particular la acumulada con la empresa de la limpieza y la recogida de la basura, FCC-Medio Ambiente, que el año pasado ascendía a 34,5 millones de euros (5.740 millones de pesetas) y que amenazó con abandonar todos los servicios que presta.

A grandes rasgos, se puede decir que el urbanismo 'ha salvado' los tres mandatos del PP y le ha permitido presentarse a las elecciones con una cartera de obras y servicios suficiente como para pelearlas e, incluso, revalidar la mayoría absoluta, al menos en las dos ocasiones precedentes. Eso sí, cada vez más hipotecado: empezó vendiendo el suelo que tenía, continuó endeudándose hasta el límite legal y acaba enajenando el suelo que le quedaba y parte del que recibirá en el futuro.

Ello van en contra del espíritu de la nueva normativa andaluza en la materia, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que intenta evitar que los ayuntamientos se queden sin suelo y que en caso de que lo vendan destinen los ingresos a la compra de otro, pues de lo contrario ven limitadas sus posibilidades de intervenir en el desarrollo de la ciudad y, en especial, en moderar los precios de la vivienda. Prueba de ello es que Jaén es una de las capitales en las que más se ha encarecido. El concejal de Urbanismo insiste en que no había alternativa y responsabiliza de ello a la deficiente financiación municipal y a la escasa inversión de la Junta de Andalucía en Jaén y en los obstáculos puestos.

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El Mundo.es.-Costa: el cambio climático modificará el urbanismo . SEGÚN UN INFORME ELABORADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EL MEDITERRÁNEO PODRÍA ADENTRARSE 15 METROS EN LAS PLAYAS

BENITO MUÑOZ

El terreno de la costa representa un 7% del suelo y sobre él vive el 45% de la población en España. La mayoría de las playas españolas perderá terreno que el mar recuperará en el futuro. Concretamente, en 2050 las playas del Mediterráneo tendrán unos 15 metros menos de anchura.

Todos estos datos pertenecen al informe 'El impacto del cambio climático en las zonas costeras españolas', de Raúl Medina Santamaría, catedrático de Oceanografía de la Universidad de Cantabria, y obligan a replantearse tanto la edificación presente como la futura en primera línea de playa.

«Ante la subida del nivel del mar, el camino más recomendable es el de la planificación, que todo plan general de urbanismo incorpore cláusulas que tengan en cuenta el cambio climático en el territorio gestionado».

El informe señala que, «según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), el riesgo de inundación aumenta cada año para infraestructuras urbanas, turísticas e industriales, tierras de cultivo, áreas de recreo y hábitats naturales».


Más información

Es como para hacer reflexionar a cualquiera. Medina Santamaría lo ve claro: «Todo planeamiento debe incorporar la máxima información posible para que se lleve a buen término. Y dibujar las líneas de inundación y de erosión es vital si se piensa en el urbanismo futuro. Los planes deben pasar por hacer obligatorias esas previsiones».

No sólo en el Mediterráneo habrá crecimiento del mar. En las Islas Baleares y en el sur de las Islas Canarias el retroceso de las playas puede ser de 50 metros en torno a la misma fecha de 2050.

«Todos queremos disfrutar de la playa, no hay que ser alarmista, como 'The Guardian', que tituló que La Manga se inundaría por un comentario que hice al respecto pero sin esta intención», afirma.

Para él, hay que plantearse el urbanismo teniendo muy en cuenta los cambios climáticos que afectan al crecimiento del nivel del mar. «Lo que no vamos a hacer es cargarnos las zonas afectadas en su momento. Sí habrá que pensar qué defendemos del mar, como hacen en Holanda, y qué zonas hay que mover, si se diera el caso».

El informe fue encargado a la Universidad de Cantabria por el Ministerio de Medio Ambiente y ya está en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que conozca la evolución del mar en las distintas localidades afectadas de la costa.

La FEMP, que ya estaba al tanto de la importancia de las modificaciones naturales, creó en su momento la Red Española de Ciudades del Clima, en la que se estudian, entre otras cuestiones, las problemáticas procedentes de los cambios climáticos que influirán en el urbanismo del futuro.

«Sería conveniente dotar a los municipios de los suficientes instrumentos de gestión que favorecieran el control medioambiental de las actividades que se realizan en su término municipal», según Alfonso Alonso Aranegui, alcalde de Vitoria y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología de la FEMP.


Sancionar

Alonso Aranegui asegura que se debería dotar «a las autoridades locales de la potestad sancionadora suficiente para adoptar medidas de suspensión preventiva de actividades y la revocación de autorizaciones, por la comisión de infracciones en materia medioambiental».

En cuanto a la construcción en la primera línea de playa, la Ley de Costas considera «una zona de servidumbre de protección de 100 metros, ampliable hasta 200 metros».

Según la FEMP, la Administración local debe tener protagonismo en «el ejercicio de las competencias medioambientales necesarias para conseguir un desarrollo sostenible por parte de las autoridades municipales de nuestro país».

Alfonso Alonso Aranegui insiste en que la labor de su Federación pasa por «impulsar una política de concertación y participación de las distintas administraciones territoriales en la planificación de los proyectos de construcción e infraestructuras medioambientales».

En suma, según Raúl Medina Santamaría, hay que «prever el futuro de la costa».

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El Mundo.es. 3-11-2006.-¿Quién debería tener la última palabra en urbanismo?
UNOS SUGIEREN QUE SE REVISE EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PARA ACABAR CON LAS IRREGULARIDADES Y OTROS QUE SE APLIQUEN MECANISMOS PARA HACERLO MÁS EFECTIVO

MARTA BELVER

Las aguas revueltas que discurren por el cauce inmobiliario desde hace meses abren paso a un debate de mayor profundidad que el análisis aislado de las irregularidades: ¿quién debería tener la última palabra en el urbanismo en España?

Desde diversos foros se ha sugerido la necesidad de que se replantee el actual sistema competencial, en virtud del cual los ayuntamientos elaboran sus planes generales de ordenación con el visto bueno de la comunidad de turno y, en los casos en los que se produce, una presencia de la Administración central prácticamente testimonial. Sin embargo, no todos apuestan por buscar nuevas fórmulas y sí por dotar de mayor efectividad a las ya existentes.

«La dualidad es un buen sistema: por su proximidad a la vida local y a las necesidades de los vecinos, los ayuntamientos disponen de los instrumentos locales de planificación y las comunidades, que velan por el interés general, los aprueban», explica Nicolás González Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas. «También hay intervención cuando la ordenación afecta a intereses que el Estado tiene que proteger, por ejemplo, a través de la Ley de Costas o de la Confederación Hidrográfica. Luego, el funcionamiento es muy mejorable, pero no creo que las irregularidades vengan por ahí», añade.

En su opinión, el problema radica en que «las decisiones urbanísticas se toman al albur de intereses inmediatos» en los que se echa en falta «una visión más amplia».

«La ordenación del territorio está poco desarrollada en nuestro sistema», continúa González Deleito. «Tiene que ser una expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica que siente unas directrices para la elaboración de los planes de ordenación urbana», agrega.


Discrecionalidad

Para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el 'quid' de las irregularidades inmobiliarias se encuentra en la excesiva libertad de que gozan los ayuntamientos a la hora de diseñar las ciudades. «En la medida en que eliminemos la discrecionalidad de los alcaldes para poder hacer convenios urbanísticos y figuras extrañas evidentemente habremos zanjado el problema de raíz», asegura su presidente, Guillermo Chicote.

La patronal inmobiliaria aboga también por una mejora de la financiación de las administraciones locales para que su supervivencia no dependa de los beneficios que le reporta la ordenación territorial. En palabras de Chicote: «Nos parece muy bien que se persigan las irregularidades, pero el sistema sería más eficaz si se liberalizara suelo y no hubiera que depender de las recalificaciones».

La necesidad de revisar al alza las subvenciones que reciben los municipios para poner coto a la cuestión de las anomalías que en ocasiones van de la mano de la ordenación del territorio la plantea también Francisco Carrera, arquitecto urbanista, jefe de Planeamiento del Colegio de Arquitectos de Málaga y profesor de Urbanismo del Instituto de Práctica Empresarial. «Hay que trabajar más para que los planeamientos sean sensatos y lograr una mayor financiación de los ayuntamientos», argumenta.


Intervencionismo

Al mismo tiempo, Carrera considera que «ya existe bastante intervencionismo» sobre los modelos de desarrollo que plantean las administraciones locales. «A los ayuntamientos los controlan en su capacidad para hacer proyecto de ciudad. Ellos son los que dan las licencias de obra, pero si el resultado es malo (masificación, corrupción...) la responsabilidad última la tienen las comunidades autónomas, que son las que aprueban los planes poniendo todas las pegas del mundo».

Dentro de ese marco supralocal, Nicolás González Deleito señala que las comisiones de urbanismo se encuentran insuficientemente dotadas y que los plazos para dar luz verde a los planeamientos se prolongan excesivamente. Además, considera que los gobiernos autonómicos deberían regular más la transparencia del proceso y vigilar las posibles incompatibilidades en las que pudieran incurrir los redactores de los planes.

El socio de Cuatrecasas sugiere, finalmente, que las autoridades competentes deberían implicarse más en la disciplina urbanística y contar con «instrumentos más eficaces de persecución de las construcciones ilegales».

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El Correo Gallego.- 3 de novembro de 2006.-La especulación se traslada al suelo.El suelo vendido el año pasado sumaría la mitad de Pontevedra

Se queres comentar esta noticia, podes facÚlo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.- 3 de novembro de 2006

El terreno vendido en Galicia durante el año pasado equivale a la mitad de la provincia de Pontevedra ·· Este mercado mueve más de 525 millones de euros ·· El solar puede alcanzar el 60% del precio final, lo que frena la compra por parte de la Xunta
DANIEL DOMÍNGUEZ • SANTIAGO
El suelo es un bien preciado y sus propietarios lo saben. Por ello, especulan a la espera de llevarse parte del jugoso pastel inmobiliario. La compra de terreno residencial movió casi 1,5 millones de euros diarios en Galicia en 2005. El del ladrillo es un mercado en ebullición constante, donde los promotores buscan espacio donde edificar. A ello asiste la Administración, incapaz de construir viviendas de promoción pública al ritmo necesario.

Los datos del Ministerio de Vivienda muestran la importancia de la construcción para la economía española. Tan sólo la adquisición de terreno para construir movió en Galicia más de 525 millones, lo que la sitúa en el duodécimo lugar en comparación con el resto de comunidades. Entre ellas, destacan Cataluña, con 5.140 millones; Madrid, con 3.825; y Andalucía, con 3.568.

El director del Instituto da Vivenda e Solo (IGVS), Daniel Pino, asume que la Administración es incapaz de solucionar el problema de acceso a la vivienda porque las promociones públicas sólo satisfacen una pequeña parte de la demanda. "Mentres non teñamos competencias para facer solo de vivienda protexida, non o solucionaremos", explica.

Precisamente por ello, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, desveló esta semana que quieren elevar al 40% el porcentaje mínimo de suelo que los planes generales están obligados a ceder para vivienda protegida. "Pero non se di cando hai que cedelo; o que sucede é que se d­esenvolve o entorno e ese terreno queda aí agardando", dice Pino. Para la Xunta no existe alternativa al suelo que le puedan ceder los municipios, ya que la legislación establece que su precio oscile entre el 15% y el 25% del valor final de la construcción. Con esta restricción no pueden aspirar a adquirirlo a propietarios privados. "Su precio es el elemento más determinante en el encarecimiento de la vivienda", se queja Juan José Yáñez, secretario general de la Federación de Promotores de Galicia.

En las ciudades y las áreas metropolitanas, el terreno puede representar el 60% del precio final de venta. A ello se une la lenta burocracia.

"Quien especula con el suelo son los propietarios", dice Pino, que duda de que su abaratamiento frene el precio de la vivienda. Por ello, Vivenda perfila cambios normativos para lograr aumentar las promociones públicas.

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EL PAÍS - España - 30-10-2006 .-ENTREVISTA: ANTONIO VERCHER Fiscal coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente
"Hay que demoler las viviendas ilegales"

En España hay más de 100.000 viviendas ilegales, construidas bajo un permiso municipal que no se ajusta a la ley o directamente sin licencia. En el último año y medio, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 de estas construcciones, 24 al día. Y eso no es nada: sólo en Málaga hay más de 30.000 casas ilegales, y la situación se repite, en mayor o menor grado, en toda Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante, Canarias, Cantabria... Los dueños dormían tranquilos porque, con el tiempo, estas viviendas solían ser amnistiadas. Rara vez los jueces forzaban la demolición y la fiscalía aceptaba la situación. Hasta ahora. El recién nombrado fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, 53 años), anuncia una interpretación más restrictiva del Código Penal con un fin: "Hay que demoler", anuncia. Vercher duda de la inocencia de los compradores de esas viviendas y les recomienda que reclamen una indemnización si fueron engañados al comprar. Es la nueva filosofía.

"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"
"Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"


JULIO M. LÁZARO / RAFAEL MÉNDEZ - Madrid

Antonio Vercher, en su despacho. (RICARDO GUTIÉRREZ)


"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"
"Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"Antonio Vercher Noguera, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tiene como misión coordinar a los fiscales de toda España en la defensa de la naturaleza y en la lucha contra los incendios, los vertidos ilegales, la contaminación acústica y todos los delitos contra la ordenación del territorio, excepto las grandes tramas de prevaricación urbanística, que corresponden a la Fiscalía Anticorrupción. Formado en Cambridge y Harvard, Vercher tendrá a su cargo guardias civiles y policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas en la fiscalía, recién creada por el Gobierno para atajar la proliferación de escándalos urbanísticos. El fiscal apuesta por "demoler las viviendas ilegales" a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal. Vercher recomienda a los compradores que comprueben en el registro que todo está en orden antes de adquirir una vivienda.

Pregunta. Desde que se detecta una infracción urbanística hasta que llega la sentencia que ordena una demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda más remedio que consolidar la situación. ¿Qué va a hacer?

Respuesta. Es cierto. Desde la Fiscalía del Estado se trata de buscar soluciones más prácticas mediante la aplicación del artículo 319.3 del Código Penal, es decir, la demolición. La fiscalía considera además que la demolición es un tema que hay que replantearse y que hay que buscar fórmulas que sirvan para que sea aplicable.

P. ¿Hay que demoler?

R. Hay que demoler. Lo que pasa es que hay que matizar. Mientras las normas administrativas dicen "se demolerá" taxativamente, el Código Penal dice "se podrá demoler". Esto tiene su lógica porque así, el juez analizará si es mejor o peor demoler. Lo que se pretende es dar un margen de maniobra para que la demolición se ajuste a la realidad y sirva para proteger el medio ambiente, pero se ha interpretado hasta ahora como una cautela contra la demolición.

P. Entonces, la fiscalía va a tratar de potenciar las demoliciones.

R. Exactamente.

P. ¿Y si hay propietarios, terceros que hayan comprado de buena fe y con licencia?

R. Hay soluciones por vía de la responsabilidad civil, están el registro de la propiedad; hay muchas opciones... Hombre, es evidente que cuando uno compra, tiene que ir al registro. Es una cosa que a mí me deja completamente atónito: cuando uno compra y se gasta tantos millones y no averigua cómo está aquello. Es algo que no comprendo. Luego podrá hacer toda suerte de manifestaciones o argumentaciones, pero es algo que no acaba de casar del todo.

P. Pero el comprador puede tener todas las licencias...

R. Pero estas cosas son de dominio público. Si hay alguna irregularidad, normalmente estas propiedades se ofrecen a menor precio. Luego, todo es clamar al cielo porque en una cosa que era bucólica, pastoril, azul y maravillosa, aparece un vicio oculto desconocido. Habrá que ver qué ha pasado, qué es lo que sabía el comprador y, si acaso, utilizar las vías que ofrece el sistema de responsabilidad civil para pedir una indemnización.

P. Y, sin embargo, las autonomías legalizan todas estas construcciones pasado un tiempo.

R. Las autonomías han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Hay comunidades que dicen: 'si la obra es legalizable, se legalizará. Si no, se aplicará el principio de equidad' para evitar la demolición. Se interpreta la normativa de notarías y registros para legalizar viviendas. Estamos viendo una enorme y extraordinaria imaginación que aplicada a I+D provocaría que quintuplicásemos el número de patentes. El problema es que esa imaginación se está aplicando a un contexto improcedente. Hay interpretaciones insólitas que olvidan el Código Penal.

P. Pero en España hasta el ex presidente Aznar tiene una casa construida con una licencia considerada ilegal. ¿No habría que actuar también contra ayuntamientos, alcaldes y concejales?

R. Si la construcción es ilegal puede haber una conducta delictiva y ahí sí que hay que proceder penalmente. Sin vuelta de hoja. El Código Penal castiga la prevaricación urbanística que cometen autoridades o funcionarios y a eso tenemos que ajustarnos.

P. ¿Qué opina de la proliferación de campos de golf?

R. ¿Quién juega al golf aquí? El golf es un señuelo que da un toque de distinción. Es como comprarse un Mercedes o un BMW. Por lo menos ahora por ley que hay que garantizar el abastecimiento de agua. Y lo están haciendo las confederaciones hidrográficas.

P. Pero en la práctica no funciona. En Murcia se están anunciando campos de golf y, a la vez, pidiendo un trasvase...

R. Que no funcione porque no se respete y las implicaciones que eso puede tener es otro tema, pero que existe una base legal para que esto no ocurra esto es cierto.

P. ¿A qué atribuye la explosión del urbanismo y la corrupción?

R. La construcción se ha visto como algo positivo. La vivienda es una de las prioridades del español de a pie. Vienen 50 millones de extranjeros al año a los que hay que darles alojamiento y el clima de España la hace apetecible a amplios sectores de europeos. Como la construcción es más rentable que la Bolsa, se ha disparado. También ha contribuido la Ley del Suelo de 1998, que convertía casi todo el suelo en urbanizable, y la eclosión de los convenios urbanísticos, que nacieron para temas puntuales y que no deberían servir para modificar aspectos esenciales del planeamiento urbanístico.

P. ¿Cambiará esta situación?

R. Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo, que limita el terreno urbanizable; a que la economía está girando hacia aspectos productivos que nada tienen que ver con la construcción, y a que las grandes inversiones están yendo a la Bolsa; la industria está notando este efecto.

P. La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno prevé cambios en delitos ambientales ¿Qué hace falta?

R. En urbanismo se habló de tipificar las reparcelaciones [división artificial de un terreno para poder construir más viviendas] pero el problema es que estamos en fase de aplicación de los delitos urbanísticos y me parece aventurado ofrecer redacciones nuevas de esos artículos cuando aún no hemos acabado de apurar lo que hay.

P. En general hay una sensación de impunidad, de dificultad para detener, imputar y condenar a los incendiarios.

R. Esa sensación debe ser del pasado, porque este año, con unos 60 detenidos de los que bastantes siguen en prisión... Lo que se ha visto este año es una importante reacción social, que es fundamental. En el momento en que el ciudadano responda frente al incendio o frente al delito contra el medioambiente exactamente igual que responde frente al robo de su cartera, esa sensación de impunidad desaparecerá más todavía.

P. Pero los incendios siguen sin denunciarse... ¿Convendría, como han postulado algunas fiscalías, imponer la pena de alejamiento a los pirómanos o que el fiscal pudiese otorgar a un testigo la condición de protegido?

R. Esas y otras opciones pueden ser de ayuda y de interés, pero la fiscalía ya dijo que la denuncia puede ser anónima y no ha servido.

P. El arsenal punitivo del Código, con penas de hasta 20 años para castigar los incendios ¿es suficiente?

R. Yo creo que sí.

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ORDENACIÓN URBANÍSTICA
La Voz de Gañicia, 30-10-2006..-La Xunta planea nuevos ajustes en la Lei do Solo para facilitar su aplicación.
Sólo nueve concellos tienen planes acordes al marco del 2002, que ya se reformó en el 2004.
La relación no incluye a ninguna de las siete ciudades. La nacionalista Carme da Silva recordó que Galicia espera unas directrices de ordenación del territorio desde 1985, y abogó por «estabilizar o marco normativo» y eliminar la figura del agente urbanizador.

Caride reitera el propósito de zanjar la cultura del «todo vale», que achaca a la desidia del PP.
Presupuestos: El gasto externo eleva hasta 748 millones la inversión real de Política Territorial

(Firma: Serafín Lorenzo | Lugar: santiago)
La Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, aprobada en el 2002 y reformada parcialmente en el 2004 para corregir diversas rigideces que estrangulaban el medio de vida de los agricultores, será sometida a nuevos ajustes específicos por parte del Gobierno bipartito que faciliten su cumplimiento efectivo. La Xunta pretende coordinar los cambios con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), atendiendo las dificultades que esgrimen los concellos para llevar la ley a la práctica, y dotar de estabilidad a un marco legislativo al que, en la actualidad, sólo nueve ayuntamientos tienen sus planeamientos adaptados. La relación no incluye a ninguna de las siete ciudades.

Este paupérrimo balance, que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, actualizó ayer en el Parlamento, resulta una prueba elocuente de la efectividad de una ley que el PP gestó con la intención de agilizar los planeamientos municipales. Cuatro años y una reforma después, su aplicación revela que la mayor autonomía concedida a los municipios y la supresión de trámites que hasta entonces eran preceptivos, como el informe de las diputaciones provinciales, no ha desatascado las demoras en la elaboración de los planes urbanísticos municipales. De hecho, Política Territorial ha incorporado en su presupuesto para el 2007 una partida de 6,4 millones de euros para subvencionar a los concellos que aborden la redacción de sus planeamientos. El departamento de Caride, que prevé duplicar los 122 municipios que en la actualidad tienen ayudas de la Xunta, aprobará la orden correspondiente en enero.

Incapacidad municipal

Otra circunstancia que ha dejado en evidencia la ley es la incapacidad de los concellos para usar las competencias que se le confieren sobre la obligación de los propietarios de viviendas inacabadas a enlucir las fachadas con ladrillo visto. Una vez finalizado, en enero pasado, el plazo de tres meses habilitado por la norma autonómica para realizar esas obras, Urbanismo remitió en abril una circular a los ayuntamientos. Pero los alcaldes se inhibieron. La línea de ayudas abierta por la Consellería de Vivenda para facilitar esas reparaciones a las familias de núcleos rurales con rentas bajas sólo ha recibido 227 solicitudes.

Ordenación del litoral

La nueva reforma de parte de la legislación urbanística gallega estará precedida de las medidas urgentes que ultima el bipartito para ordenar el urbanismo en la costa, un ámbito especialmente sensible y sometido a fuertes presiones inmobiliarias. Emilio Pérez Touriño presentará en diciembre los dos instrumentos con los que la Xunta quiere favorecer un crecimiento racional en esas zonas: las directrices de ordenación urbanística y el plan de protección del litoral. Estas medidas, que el presidente ha incluido en la agenda de la reunión que mantendrá el próximo día 15 con Feijoo, serán debatidas también en el Parlamento, con la finalidad de profundizar en un consenso político sobre el territorio que refuerce su cumplimiento.

El urbanismo centró buena parte de la intervención de Caride ante la Comisión parlamentaria de Economía. La conselleira, que anunció para dentro de un año la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, refrendó el compromiso del bipartito de erradicar la cultura del «todo vale», que achacó a la desidia de la gestión del PP.

La nacionalista Carme da Silva recordó que Galicia espera unas directrices de ordenación del territorio desde 1985, y abogó por «estabilizar o marco normativo» y eliminar la figura del agente urbanizador.

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El Confidencial.com. Domingo, 29 de octubre de 2006.-Los arquitectos señalan que la Ley de Suelo abre un debate de "incalculables proporciones


El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Carlos Hernández, considera que el proyecto de la Ley de Suelo abre, "por fin", un debate de "incalculables proporciones", por cuanto recoge medidas para hacer efectivos los derechos contenidos en el estatuto de los ciudadanos, "que recoge sus garantías constitucionales en la materia y les da entidad jurídica real en el acceso a la vivienda".

Así lo señala en un artículo publicado en la revista Profesiones, en el que subraya que este debate debe complementarse con una "política integral" del Gobierno, ya que el suelo "todavía no parece tener el perfil obvio de gran problema nacional".

Para Hernández, la nueva normativa, actualmente en trámite parlamentario, plantea "adecuadamente" nuevas fórmulas de transparencia y participación ciudadana, valoraciones reales de suelo y una movilización "ordenada" de los recursos disponibles.

Por otra parte, el Gobierno debería mejorar, a su juicio, la financiación local, así como introducir nuevas medidas fiscales sobre el suelo y el dinero negro, y apostar por la lucha contra la delincuencia organizada.

Concretamente, el presidente del CSCAE engloba todas estas iniciativas en un "cambio cultural" que ha de modificar las legislaciones sobre gobierno local, financiación, hacienda pública, etc. para "cortar de raíz" los delitos contra el territorio y ordenar el "urbanismo descontrolado".

Asimismo, defiende la iniciativa pública sobre el suelo, así como el aumento del patrimonio municipal e insta a la sociedad a asumir que la Ley de Suelo "es un proyecto vital para alcanzar las ideas compartidas por la mayoría sobre transformaciones estructurales de los problemas urbanos de España".

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El Dia de Cordoba.-24-10-2006.- El PSOE se compromete a expulsar a los cargos vinculados al 'pelotazo'
Los socialistas, que emplazan al PP a secundar su lucha contra la especulación, excluirán también de las listas a quienes despierten "dudas".
Blanco anuncia el decálogo socialista 'anti-pelotazo', ayer en la sede del PSOE. Acebes replica que la ley está para cumplirla.

madrid. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, avanzó ayer que su partido no incluirá en sus candidaturas de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo a ningún militante ni a ninguna otra persona envueltos en casos de corrupción urbanística o "cuya conducta pública plantee dudas". La dirección socialista también pedirá la salida de todos los cargos públicos sobre los que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" y expulsará del partido a los militantes sobre los que pesen los mismos indicios.
Blanco, que explicó esta iniciativa después de presentar un decálogo de propuestas para luchar contra la especulación y las recalificaciones indiscriminadas, bajo el epígrafe Por una nueva política urbanística y del territorio, emplazó al PP a que se comprometa a mantener una actuación similar con sus militantes y altos cargos. "Si lo hacen, estaríamos ante la posibilidad de un gran avance por un urbanismo sano y limpio. Si no lo hacen, demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones, sino con quienes se aprovechan y abusan de los ciudadanos y de las instituciones".

El número dos de los socialistas subrayó que "es deseable" que todos los partidos, pero en especial el PP, asuman el décalogo socialistas de lucha contra la corrupción, que conforma un conjunto de iniciativas que son una propuesta "con carácter global" y con la que los socialistas tratarán de recuperar la función social de la vivienda "para hacer las ciudades más habitables y equilibradas".

El decálogo incluye una apelación a todas las administraciones públicas para que velen por el "legítimo derecho de acceso a una vivienda asequible con el desarrollo sostenible en un territorio ordenado". Sólo así, señaló Blanco, serían "imposibles" casos como el de la Comunidad de Madrid, que tenía al frente de la dirección general de Urbanismo a Enrique Porto "salpicado de actuaciones urbanísticas dudosas cuando era él quien tenía que garantizar la normalidad". "Es como poner a un árbitro a tirar los penaltis", ironizó Blanco.

El dirigente socialista resaltó que todos los casos de corrupción que se han conocido últimamente "han salido a la luz gracias al trabajo de los poderes públicos, Fiscalía, Guardia Civil y jueces que han investigado y sancionado las conductas irregulares". "Con este Gobierno se ha acabado la impunidad urbanística", subrayó Blanco, quien aseguró que "el descontrol urbanístico es un problema con el que hay que acabar cuanto antes".

"No vamos a consentir que el urbanismo responda a la ley de la selva", garantizó el número dos de los socialistas, quien atribuyó la situación actual "al modelo de urbanismo salvaje que propició el Gobierno del PP".

En simbiosis con esta crítica a la gestión del PP se pronunció la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, quien acusó al Ejecutivo del ex presidente Aznar de haber elaborado una Ley del Suelo que "tiene un efecto llamada a los especuladores". Trujillo aseguró también que el Gobierno lleva a cabo muchas medidas para solucionar y evitar casos de corrupción urbanística. "Ahora –prosiguió–, esperamos que también el resto de administraciones como las comunidades autónomas y las corporaciones locales colaboren para que esto sea posible".

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LOS DEBATES DE LA NUEVA GALICIA
Un nuevo centro asesorará el diseño de planes urbanos

Política Territorial refuerza ya en 2007 el apoyo económico y técnico a los concellos para la redacción del PXOM ·· Huyen de responsabilizar al poder local de las "desfeitas" de la construcción ·· Xunta y ayuntamientos avanzan en la creación de la agencia de la legalidad urbanística

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R.LIZCANO • SANTIAGO / FOTOGRAFÍA • CRIS TOBÍO
Demonios y pueblos de costa que hoy no quieren ser mediterráneos
Los protagonistas



El urbanista Ánxel Viña, izquierda, con el constructor José Otero, el director xeral Ramón Lueje, el alcalde Xosé Crespo y el arquitecto Felipe Peña, en el hotel Palacio del Carmen
FOTO: Gallego
Un nuevo centro entrará en marcha en 2007 con el cometido de avanzar en el estudio del territorio, de impulsar la elaboración de unas directrices generales de ordenación y de asesorar y prestar apoyo técnico a los ayuntamientos en la compleja labor de sacar adelante planes de urbanismo. Así lo anunció el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, en los debates que el Grupo Correo Gallego organiza semanalmente a través de Radio Obradoiro.
El Instituto de Estudios do Territorio, contemplado en los presupuestos de 2007, será una herramienta más para mejorar la coordinación de los distintos niveles de la Administración implicados en la ordenación del espacio. El nuevo organismo se suma a la ya iniciada puesta en marcha de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, un ente consorciado entre Política Territorial y ayuntamientos, de incorporación voluntaria, para vigilar el cumplimiento de la normativa.

El director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje; el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Xosé Crespo; el arquitecto Felipe Peña, el urbanista y economista Ánxel Viña y el constructor y promotor José Otero Pombo analizaron la marcha de la planificación urbanística en Galicia y la distribución actual de las competencias entre administraciones.

Todos coincidieron en que no se puede responsabilizar a los ayuntamientos de los errores y en que limitar sus competencias no sería en ningún caso garantía para un mejor urbanismo.

"Hoy se preconiza, quizá como consecuencia de determinadas prácticas absolutamente condenables, desposeer a los concellos de sus competencias pero creo que el debate no debe hacerse en esos términos", apuntó el director xeral de Urbanismo. "Los concellos deben tener las competencias para definir el modelo que quieren, otro debate es: ¿responden las actuaciones a las necesidades de la población a la que van dirigidas? Hablaríamos entonces de control y gestión de esas competencias", continuó Ramón Lueje.

Xosé Crespo, alcalde de Lalín y presidente de la Fegamp, fue más allá en el argumento: "Quen debe ter as competencias é a administración que está máis preto do cidadán. Non pode ser que as actuacións dalgúns corruptos ou desaprensivos salpiquen a unha maioría que ten as mans limpas". Crespo consideró que el actual modelo de "responsabilidade compartida", donde corresponde a los concellos la redacción y ejecución de los planes urbanísticos y al Gobierno autonómico su aprobación definitiva, es la opción "máis idónea".

Eso sí, Crespo incidió en la necesidad de seguir avanzando en sistemas de colaboración que respalden la labor de los consistorios. Apoyo técnico en la redacción del plan y respaldo institucional para frenar la "demagoxia" de la oposición, "que, sexa da cor que sexa, sempre fai do plan xeral unha arma arreboladiza contra o goberno de turno", fueron las peticiones formuladas por el regidor lalinense.

Con más fuerza, el arquitecto Felipe Peña, insistió en una "maior presenza técnica da Administración autonómica nos municipios". El representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) señaló algunos límites en el proceso de descentralización política: "O límite dos municipios é artificial. O mundo é continuo. As poboacións e os equipamentos superpóñense". "Os plans supramunicipais son poucos, igual que as áreas metropolitanas en marcha", lamentó el arquitecto Felipe Peña, demandando para los ayuntamientos "coordinación" con la Xunta: "Non falaría de fiscalización ou de control, si de coordinación". "É moi difícil pedir a un concello que xestione o seu trozo de costa. Ten que haber un control por riba dos consistorios, sobre todo no tocante á protección do medio", apuntó Peña.

Ánxel Viña, economista y responsable de Oficina de Planificación, levantó la voz en defensa del trabajo de los ayuntamientos y dijo que si algo falta en Galicia es una "ordenación do territorio no nivel de Administración autonómica". "Teño para min –apuntó el urbanista– que o proceso de control e mínima racionalización do territorio ten un único instrumento: a planificación municipal. Non hai outro". "Cómpre reforzar a capacidade técnica dos concellos, pero cómpre máis aínda máis respecto institucional cara ás administracións locais", denunció Viña.

"Entono o mea culpa como colaborador de certas desfeitas que se están facendo", apuntó el promotor José Otero Pombo, que echó de menos una mayor "complicidade e participación" de la ciudadanía en los procesos de planificación del espacio. "Debería fomentarse a implicación da sociedade para "non quedarnos no ‘é cousa deles’ e no ‘a ver que me deixan facer".

Demonios y pueblos de costa que hoy no quieren ser mediterráneos
Ánxel Viña, el último en llegar, habla del fantasma que amenaza con callar la voz de Serrat y un Mediterráneo que se niega a sí mismo ·· Felipe Peña aprovecha el guante y avisa del peligro que corren las zonas del litoral
POR XABIER SANMARTÍN C.

Se queres comentar esta noticia, podes facÚlo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.- 29 de outubro de 2006



Ánxel Viña, urbanista y responsable de Oficina de Planeamiento SL, llega el último al coloquio y es quien alarga más cada intervención. Le sigue a distancia Xosé Crespo, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, y luego Ramón Lueje, director xeral de Urbanismo, que abre y cierra un billar de palabra a cinco bandas donde Felipe Peña, presidente de la Comisión de Cultura del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, y José Otero Pombo, constructor responsable de Construcciones Otero Pombo, son quienes gastan menos taco verbal.

Nadie los ha invitado pero el fantasma del demonio y el aura de Serrat también se suman al coloquio, es lo que tiene poner la vivienda por las nubes, que brotan okupas imprevistos.

"Cando poñemos o foco sobre unha realidade (o urbanismo] que estivo escurecido, porque non houbo preocupación, descubrimos mediterráneos...", cuenta Viña. Hoy no está el Mediterráneo para cantes, lógico que Serrat opte por crear vinos.

Muchos deseamos que nuestra niñez siga jugando en la arena de ese Mediterráneo brioso llamado Cantábrico, Atlántico. Los nuevos y los viejos inquilinos de la Xunta, los alcaldes, técnicos, arquitectos y constructores también tuvieron infancia, han de recordarlo. Peña subraya que el territorio es escaso y que los 500 kilómetros de costa gallega "están en el mercado". Un lapsus le lleva a decir "500 metros"; ¿intuye Peña por donde van los cemento y cimentos del futuro?

"Non hai urbanismo sen poder local...", sentencia Viña. La frase la firman, con algún matiz, todos los presentes. Lueje añade palabras como "control y gestión".

Mientras, Peña lamenta la escasa presencia de técnicos en los gobiernos municipales; en ese sentido, "es conocida la anécdota sobre la Diputación de Lugo, que no tiene en plantilla ni un arquitecto". Ojo, hay técnicos alrededor de varias marbellas del sur. Los fantasmas subrayan en rojo el binomio control y gestión, que dice Lueje. Otero Pombo habla de ciertos espaldas mojadas del poder local, de funcionarios con puestos de responsabilidad en tercer plano y que, a veces, parecen gozar poniendo piedras al camino. Completa el discurso aludiendo a otras trabas: "... entre a administración local e a Xunta hai normas que se interfiren, que parecen ir en contra dos obxectivos que se perseguen..." .

Crespo es de los pocos que pone un dato sobre la mesa. Completa la alusión de Peña al número de técnicos, cifrando en torno al "3 por cento" el número de ayuntamientos gallegos asesorados por un técnico en urbanismo. Además, critica a la prensa, asegurando que su nivel en urbanismo es bajo, frase que huele a anhelo de reavivar la táctica de que sean los mensajeros quienes carguen con un saco de culpas. También cita el clima de demonización que rodea al mundo del urbanismo, un aura que ronda a alcaldes y concejales, de modo que "ás veces pagan xustos por pecadores, porque en urbanismo faise moita demagoxia, sobre todo dende a oposición, esté quen esté...", comenta, y señala también al ciudadano de a pie: "Nin sequera ten a mínima sabiduría en materia e coñecementos urbanísticos polo cal é fácil, entre comiñas, de manipular...". Vaya, otros cargando culpa, quizá convenga recordar que no hay que saberse la ley para estar obligado a cumplirla y para estar legitimado a su amparo.

Otero Pombo alude al peligro de un posible exceso de normas y a la necesidad de más participación ciudadana, de impulsar la cultura del debate. Lo que me lleva a pensar en Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo, que no está en el coloquio pero que habló esta semana en la Universidad de Barcelona en estos términos: "Hay que transmitir a la gente que las instituciones son suyas, y que para que funcionen deben estar encima, no basta votar cada cuatro años".

"Mi cuerpo será camino...", dice el tema de Serrat y añade... "le daré verde a los pinos", segunda frase de un himno que algunos quieren ignorar. No es lo mismo el prado de un campo de golf que esa costa fileteada de bosque gallego donde algunos estuvimos arrancando lodo para todo menos para sustituir el chapapote por un paisaje de ladrillo. Galicia espera su canción.

DECORADO Corbatas, almendras y tragos

Una mesa cuadrada cercada por unos sofás dispuestos en forma de ele trazan el escenario del primer punto de encuentro dentro del hotel AC Palacio del Carmen. Un libro sobre la pintura de Cezanne y una revista de vinos sestean a la vera del primer invitado en llegar, José Otero Pombo.

Al rato llegan Felipe Peña y Xosé Crespo. Varias tónicas salpican el cristal de una mesa que ahora tiene por lunares unos platillos con almendras. Ese fruto seco es bueno para los músculos, aporta las calorías necesarias para el ejercicio. Hablar también cansa, sobre todo si se plantea como un coloquio para sostener ideas, y es el caso de hoy, aunque al intercambio de pareceres le acabará faltando esa viga que tanto ayuda a la construcción del debate... el roce, la chispa de la discusión para abrir nueva ventana. El segundo meeting point (conviene airear que cada día hay más congresos internacionales en Santiago) se fija en el salón que alberga la mesa con microfonía, aguas, carpetas y demás andamiaje. Hablarán cinco voces, pero falta Ánxel Viña para completar esa mano plural... ahí llega, el único sin corbata, quién sabe si es porque sigue la moda casual o debido a un perro de las prisas que le muerde el vestuario habitual. Los invitados tienen un lápiz que da leve aire ecologista a los dedos de todos menos a los de Otero Pombo, que saca su propio bolígrafo para trazar las pautas del discurso. Ni él ni Lueje prueban el agua de que disponen, quizá sea una nueva táctica para evitar la posibilidad de que brote la sorpresa de un mal

Los protagonistas

El pacto por el territorio tiene que implicar también a los agentes sociales

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Ramón Lueje

El director xeral de Urbanismo nació en Avilés (Asturias) en 1958. Es geógrafo por la Universidad de Oviedo y técnico urbanista por el INAP. Dirigió el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago entre 2001 y 2004.

El director xeral de Urbanismo consideró fundamental que, como indicó el presidente Emilio Pérez Touriño durante el Debate del Estado de la Autonomía, "todos contribuyamos a suscribir un pacto por el territorio". Lueje defendió la necesidad de implicar a la sociedad en ese pacto que, consideró, atañe a una de las principales señas de identidad de un pueblo ("lingua e territorio", señaló) y que también implica "la colaboración entre las administraciones". Lueje insistió en la buena disposición de la Consellería de Política Territorial para apoyar a los ayuntamientos en el diseño urbanístico de sus espacios. "Somos conscientes de las limitaciones de las instituciones locales, no sólo en lo que se refiere a medios técnicos sino también en financiación", afirmó el director xeral. Así, continuó, los presupuestos de la Consellería para el próximo ejercicio incrementan las partidas destinadas a subvencionar a los concellos que acometan planes generales de ordenación municipal y planes de desarrollo. Lueje recordó que el interés general, la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a servicios y no las decisiones arbitrarias deben regir toda determinación urbanística.

La subvención se podría limitar a consistorios sin presión urbanística



Xosé Crespo

Nació en la parroquia lalinense de Xaxán en 1959. Ocupa la alcaldía de Lalín desde hace ya 17 años, cuando sucedió a Xosé Cuíña como candidato del Partido Popular. Preside la Federación Galega de Municipios e Provincias.

Xosé Crespo se mostró satisfecho con la colaboración ofrecida desde la Administración autonómica. Sobre el apoyo económico, el presidente de la Fegamp incluso apuntó que se limiten las ayudas a los ayuntamientos sin recursos, aquellos que no tienen presión urbanística. "Os concellos que non teñan presión urbanística van dados para sacar un plan", apuntó Crespo, quien también recordó que hay consistorios con presupuestos anuales "dun millón de euros para todo o ano e para todos os conceptos". El presidente de la Fegamp indicó que para esos deben ir las ayudas: "Se non, pasará como cos países, que os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres". No obstante, el alcalde de Lalín quiso también anotar algún aspecto positivo. "Imos a un ritmo impresionante. Todo é mellorable, pero tamén hai que ver de onde vimos", afirmó Crespo, quien dijo no querer recordar cómo se hablaba en Galicia de urbanismo cuando él llegó a la alcaldía hace más de 17 años. "Eu vin a evolución que houbo e temos que ser optimistas", zanjó Crespo, quien también consideró que no se podía dejar para más tarde el compromiso por alcanzar un pacto para el territorio.

Los límites de los concellos son artificiales, exclusivamente de tipo político



Felipe Peña

Doctor arquitecto y presidente de la Comisión de Cultura del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Felipe Peña nació en Madrid en el año 1944. Es profesor de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

El arquitecto Felipe Peña reparó en la necesidad de una visión supramunicipal: "Os concellos son un límite artificial, exclusivamente político. O mundo é continuo e as poboacións e os equipamentos superpóñense". Peña insistió en la necesidad de brindar apoyos técnicos desde instancias superiores a los consistorios, recordando a modo de ejemplo que sólo un 10 por ciento de los concellos tienen un arquitecto en plantilla. Por otro lado, el representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia pidió "o respecto da clase política cara o plan urbanístico, un documento que constitúe a base da xestión do territorio". Consideró que los textos de planificación urbana acaban siempre por convertirse en "arma arreboladiza" entre los grupos políticos y eso, apuntó, "representa a gran debilidade dun documento técnico que é complexo e que ademais é sempre discutible". A pesar de los opiniones de algunos compañeros de mesa, Peña no se mostró optimista: "O territorio é escaso e a costa aínda máis. Os 500 metros de liña de costa xa se están comprando. Os operadores están chegando ó litoral galego e non se preguntan que se pode e que non se pode facer. Xa o veremos, pensan, pero compran".

La ordenación del suelo es un paso pendiente desde que se hizo el Estatuto


Ánxel Viña

Economista y urbanista, es el responsable de Oficina de Planeamiento SL y del diseño de importantes actuaciones urbanísticas en la costa. Obtuvo el Premio Europa Nostra con el nuevo PXOM de Santiago de Compostela.

Ánxel Viña consideró que los planes de ordenación municipal son, por el momento, la única herramienta de racionalización del territorio que está funcionando en la comunidad a falta de unas directrices de ordenación a nivel autonómico. Sobre los argumentos a favor de limitar las competencias de los ayuntamientos en esta materia, el economista y responsable del estudio Oficina de Planificación apuntó que "todos os plans que nos escandalizan agora foron aprobados por unha administración central ou autonómica". Sobre la gestión supramunicipal demandada por Felipe Peña para aspectos como la protección de la costa, Viña consideró que "é evidente que para iso están as comunidades autónomas". "É verdade que a presión construtora non se salda con plans municipais, senón da Xunta", apuntó el urbanista, indicando que el pacto por el territorio "é un reto que leva de retraso case tanto tempo como anos ten o Estatuto de Autonomía. Entón, fomos quen de resolver a institucionalización política e da identidade lingüística, pero falta unha terceira pata, que é a ordenación do territorio". Ánxel Viña indicó que la cuestión no puede quedar pendiente "en pleno debate de reforma estatutaria".

El urbanismo también se hace desde abajo hacia arriba: con debate social


José Otero

Empresario y promotor, nació en Santiago en el año 1945. Es ingeniero técnico industrial y administrador único de Construcciones Otero Pombo. Reside en Santiago de Compostela y es padre de cinco hijos.

José Otero incidió en que "tan importante ou máis que as leis escritas son as normas non escritas". El constructor consideró necesario impulsar una mayor participación de la sociedad en el diseño y discusión del espacio que quieren habitar. Otero Pombo habló de "urbanismo feito de abaixo a arriba", promoviendo el debate y escuchando las propuestas ciudadanas. También echó de menos una mayor educación urbanística en la que, señaló, otros países del entorno europeo llevan años de ventaja. Constató avances en la "sensibilidade social", pero no quiso ser "conformista". Defendió la educación a través de la "visualización". Así, explicó como son ya habituales los museos en los que se exhiben construcciones actuales para enfrentar al ciudadano con lo que se está haciendo y consideró que se trata de un buen instrumento para "ir ensinando". Por otra parte, José Otero atacó las posturas que insisten en ver el plan de ordenación municipal como un documento rígido y que entienden cualquier modificación como un error. Además, pidió que el reciclaje y la formación continua llegue también al personal de la Administración encargado de valorar los proyectos.

 

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Laopinioncoruna.27-10-2006.-CAMBRE .ANTONIO VARELA SAAVEDRA GUARDA SILENCIO SOBRE SUS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
El PSOE exige al alcalde que explique sus negocios urbanísticos . La dirección socialista se muestra "sorprendida" tras conocer por LA OPINIÓN que el regidor local y su concejal de Urbanismo crearon una empresa constructora.

J. L. Álvarez / S. Abad.A Coruña
La dirección del PSOE exigirá al alcalde socialista de Cambre, Antonio Varela Saavedra, "explicaciones" sobre sus negocios urbanísticos, tras conocer por

LA OPINIÓN que el regidor local y su concejal de Urbanismo constituyeron en 1998 una empresa constructora. El coordinador provincial del PSOE en A Coruña, Moisés Rey, expresó ayer la "sorpresa" que esta noticia causó "en la dirección del partido" y aseguró estar "a la espera de explicaciones por parte del alcalde".

El alcalde socialista de Cambre y José Luis Muñiz, concejal de Urbanismo hasta 1999, fundaron en 1998 Laguna Hogar, SL, una sociedad mercantil dedicada a la construcción y la promoción inmobiliaria con la que, en unión de empresarios del sector local, edificaron y vendieron varios edificios de viviendas en Sada, tal como ayer desveló este diario.

Antonio Varela evitó pronunciarse sobre sus vinculaciones con el sector de la construcción, que según el decálogo de medidas diseñado por su partido para luchar contra la corrupción urbanística podría incapacitarle para volver a encabezar la lista electoral del PSOE en los comicios locales de mayo de 2007.

Moisés Rey, responsable de la coordinación general del PSOE en la provincia, reconoció ayer que todavía no había sido capaz de ponerse en contacto con Antonio Varela para que "nos dé aclaraciones sobre este asunto", pero adelantó que "una vez que el alcalde se pronuncie, la organización adoptará las medidas que correspondan".

El coordinador provincial del PSOE advirtió, en cualquier caso, que las medidas que la dirección socialista adoptará con respecto al alcalde de Cambre "serán las marcadas en el decálogo anunciado por nuestro secretario de Organización, José Blanco".

Moisés Rey aseguró que los socialistas "exigiremos en Galicia el cumplimiento estricto de estas medidas contra la corrupción urbanística" e insistió en que "todos los militantes y los cargos públicos del PSOE están sujetos a este decálogo del partido".

El decálogo aprobado por el PSOE para luchar contra la corrupción urbanística fue anunciado el lunes por el secretario de Organización de este partido, José Blanco, y en él se establece la destitución de sus cargos públicos de aquellos militantes que se vean salpicados por sospechas de corrupción y su exclusión de las listas electorales socialistas.

Moisés Rey defendió ayer la conveniencia de estas medidas "para luchar con fuerza, seriedad y rigor contra las irregularidades". El coordinador provincial del PSOE censuró al PP por no haber aceptado un pacto para hacer cumplir estas medidas y mencionó las irregularidades urbanísticas supuestamente cometidas por alcaldes del Partido Popular "en varios municipios de la provincia, como Arteixo, Sada o Teo".

Moisés Rey distinguió "entre las diferentes formas que tienen el PSOE y el PP de afrontar el problema de la corrupción urbanística" y se mostró convencido de que los socialistas pondrán en práctica en el municipio de Cambre las medidas incluidas en este decálogo, "como ya las aplicamos en el concello de Cabanas antes incluso de que fuese firme la condena contra la alcaldesa".

La alcaldesa de Cabanas, la socialista Modesta Anca, presentó ayer mismo su dimisión, forzada por su propio partido tras ser condenada a ocho años de inhabilitación como autora de un delito de prevaricación tras conceder irregularmente una licencia urbanística.

La dirección del PSOE exigió la dimisión de Modesta Anca sin aguardar a la resolución del recurso de apelación contra esta sentencia que ya anunció la alcaldesa de Cabanas.

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El Confidencial.com.-Jueves, 27 de octubre de 2006.-Una promotora ‘compra’ voluntades en un municipio albaceteño a cambio de recalificació

Se queres comentar esta noticia, podes facÚlo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Confidencial.com.-Jueves, 27 de octubre de 2006.


Hellín, el segundo municipio de Albacete en población (30.000 habitantes) tras la capital, tampoco se libra de irregularidades en su proceso de crecimiento urbanístico. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, acordó con la empresa promotora Cleyton-Ges S.L. un convenio de colaboración por el que se levantaría el complejo de carácter residencial ‘Las Higuericas’, 816 viviendas unifamiliares. En un acto promocional, en el que estuvo presente el alcalde, Cleyton-Ges donó varios cheques a asociaciones culturales del pueblo para obtener los ‘apoyos’ necesarios al citado convenio.

Para desarrollar la promoción de ‘Las Higuericas’, el Consistorio inició la tramitación de una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objeto de recalificar terrenos antaño rústicos en suelo urbanizable. Como contraprestación, Cleyton-Ges se comprometió a aportar a la localidad 18.666.831 euros en concepto de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, compensación sustitutiva del 50% de vivienda protegida para “impulsar y favorecer el desarrollo económico, social y cultural del municipio”, según documentación aportada por el Partido Popular de Hellín.

Fue el pasado 16 de abril de 2004, cuando Cleyton-Ges repartió, en un acto conjunto con el alcalde Diego García Caro, 150.000 euros: 39.000 para el Ayuntamiento y 111.000 en talones nominativos para asociaciones en virtud del ‘tercer concepto’ de contraprestaciones citadas en el párrafo anterior. Pero esos 111.000 euros no quedaron fiscalizados por los servicios económicos municipales en ningún momento, con lo que no pueden vincularse a la contraprestación acordada con el Consistorio y, además, carecen de sentido teniendo en cuenta que el convenio ni siquiera se había aprobado en pleno, denuncian los populares. El acuerdo entre Ayuntamiento y promotora fue respaldado casi un año más tarde, el 28 de marzo de 2005.

En opinión de los populares, todo apunta a que el intercambio de cheques era un modo de ganar apoyos. Así lo entienden después de que en el pleno extraordinario del 6 de mayo del pasado año, y a petición de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha para dar el visto bueno al PGOU aún en trámites, se solicitara un certificado acreditativo de que el proyecto de ‘Las Higuericas’ cumplía con la ley de accesibilidad de la comunidad. Da la casualidad de que este documento lo emitió el presidente de una asociación beneficiaria de uno de los famosos cheques, 5.000 euros en concepto de subvención. Esta persona “carece de titulación técnica alguna”, apostillan en el partido de la oposición.

Por delante del PGOU

Aún sin aprobar el PGOU y, por tanto, sin estar recalificados los terrenos, la empresa Finca Parcs comenzó a promocionar el complejo de ‘Las Higuericas’ en su página web, ofertando viviendas a un determinado precio y condiciones de venta, “práctica impropia dado que no existía un suelo reclasificado para tal fin”, apunta el candidato del PP a la alcaldía, Antonio Callejas.

Para completar el desaguisado, Cleyton Ges comenzó a edificar viviendas ‘piloto’ en los terrenos de la discordia. Callejas se presentó ante el registro del Ayuntamiento para instar al alcalde a tomar medidas cautelares por esta presunta construcción ilegal. El edil García Caro no se pudo negar y tuvo que paralizar a la promotora.

Según el PP, el PGOU debería aprobarse de inmediato, pero el gobierno socialista de la localidad “lleva tres años y medio ralentizándolo para introducir en éste todas las urbanizaciones que están aterrizando en Hellín”. Prueba de ello es que el periodo de alegaciones al nuevo plan de urbanismo de Hellín concluyó el pasado mes de julio y Cleyton Ges solicitó la inclusión en el PGOU de otra promoción residencial con campo de golf de nueve hoyos denominada ‘El Romeral’ y que albergaría 4.650 viviendas. Suma y sigue, el alcalde de la localidad se apresuró en anunciar que se iba a autorizar el desarrollo, aunque “sólo con 900 viviendas”.

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El Confidencial.com.-Jueves, 27 de octubre de 2006.-El pueblo malagueño de Cuevas del Becerro se pone en huelga general contra un proyecto urbanístico
Cansados del “atropello urbanístico y medioambiental” que supone, a su juicio, la construcción del complejo urbanístico Los Merinos Norte, los vecinos del pueblo malagueño de Cuevas del Becerro han decidido emprender una huelga general durante este jueves.

Los comercios de la localidad permanecen cerrados a cal y canto mientras los vecinos se han manifestado en la puerta del consistorio para luchar “por vez primera en la historia de un pueblo de España” contra la política urbanística y solicitar que la Junta de Andalucía paralice las obras.

El proyecto Los Merinos Norte está situado sobre un acuífero, y la Cuenca Mediterránea Andaluza no ha otorgado el proyecto de concesión de agua. En caso de concretarse la construcción de la urbanización podría ponerse en peligro tanto el abastecimiento urbano del municipio como la calidad de las aguas subterráneas.

El proyecto se encuentra, además, ubicado en un encinar perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. Aparte de la huelga de este jueves, los vecinos están preparando una marcha a la finca en la que se prevé la construcción del complejo urbanístico para el próximo cinco de noviembre.

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Faro de Vigo.es.- 27 de octubre de 2006.-Dimite la alcaldesa socialista de Cabanas condenada por prevaricación urbanística Modesta Anca Rico.

El PSOE le exigió que renunciase tras la sentencia que la inhabilita para ejercer cargos públicos.

Redacción / A CORUÑA


Modesta Anca Rico, la alcaldesa socialista de Cabanas condenada por un delito de prevaricación urbanística, presentó ayer su dimisión durante un pleno ordinario en el consistorio eumés, tal y como le exigió el PSOE tras conocer la sentencia que la inhabilita para ejercer cargos públicos.
Aunque en las últimas horas algunas fuentes apuntaron la posibilidad de que Modesta Anca no presentase su dimisión, ya que no figuraba en el orden del día, finalmente la regidora hizo oficial su renuncia a las nueve de ayer mediante un escrito que leyó el portavoz socialista en el consistorio, según informó el diputado del PSOE Xavier Carro.
Carro consideró que la decisión de la regidora de presentar ayer su renuncia "honra a Modesta", y añadió que además está en consonancia con la nuevas directrices marcadas por el PSOE en cuestiones de legalidad urbanística.
Si bien el diputado entendió que "pudo haber un error de gestión" en la concesión de licencias urbanísticas en el municipio coruñés, Carro quiso puntualizar que en ningún caso la alcaldesa "se enriqueció personalmente" con tales decisiones.
Modesta Anca ocupó el sillón de la alcaldía de Cabanas durante más de dos décadas.
Aunque la regidora socialista defendió su inocencia a través de un comunicado, finalmente ha optado por presentar su dimisión, tal y como le requería su partido.
El pasado 22 de septiembre, Modesta Anca fue condenada por un tribunal ferrolano a ocho años de inhabilitación y a una multa de 5.400 por un delito de prevaricación urbanística.

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NARCOTRÁFICO
La Voz de Galicia.es.- 27 de octubre de 2006.Los narcos invierten en el bum inmobiliario de las Rías Baixas
El histórico Franki, detenido en agosto, compraba terrenos para construir en Pontevedra

El patrimonio de uno de los delincuentes más buscados se acercaba a los cinco millones

Otro grupo cayó tras encontrarse un alijo en Marín
Propiedades, coches de lujo y un yate con sauna en los camarotes
Sospechas de que algunos paisanos saquean los fardos varados en la costa


(Firma: Susana Luaña | Lugar: vilagarcía)
Francisco Javier Martínez Sanmillán, Franki, vivía a cuerpo de rey en un chalé de Denia (Alicante) cuando fue detenido por la policía nacional el pasado mes de agosto. Allí era donde invertía la mayor parte de la fortuna que supuestamente ganó con el narcotráfico, sobre todo en el sector inmobiliario, dados los beneficios que la Costa Blanca aporta en la construcción. Pero el más escurridizo de los narcos gallegos, que figuraba en la lista de los diez delincuentes más buscados en España, se había fijado también en las posibilidades de inversión que ofrecía la tierra en la que hizo sus primeros pinitos de la mano del arousano Alfredo Cordero: las Rías Baixas. Y no le pasó desapercibido que, ante el colapso de la costa levantina y del sur de España, Galicia era un apetecible bocado para invertir su fortuna en el codiciado ladrillo.

Esta es una de las conclusiones de una investigación llevada a cabo por los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) en Galicia, que sigue la pista a las inversiones inmobiliarias de los narcotraficantes como forma de blanqueo de dinero, una práctica que comienza a preocupar a los servicios policiales de lucha contra las drogas.

Títulos de propiedades

Franki fue detenido en Denia el pasado mes de agosto en un lujoso chalé de piedra valorado en más de 3,5 millones de euros en el que vivía con sus padres desde hacía unos años. En el registro aparecieron joyas y facturas de compras por un valor cercano a los 100.000 euros, además de documentación correspondiente a títulos de propiedades en Galicia y en otras zonas de España.

A raíz de su detención, los grupos especializados en blanqueo de dinero de la policía nacional empezaron a investigar el patrimonio de Martínez Sanmillán, que podría rondar los cinco millones de euros. La documentación y los títulos hallados en el registro de su ostentosa vivienda permitieron comprobar que este leonés de 42 años, afincado en Galicia desde hacía más de veinte, había invertido su fortuna, sobre todo en Levante y en la Costa del Sol, pero también se había fijado en las posibilidades inmobiliarias de las Rías Baixas, donde compró varios solares en los que tenía previsto construir. El negocio parecía claro. Mientras que en Levante se puede pasar un mes de vacaciones por un módico precio, en Sanxenxo o en Nigrán el alquiler de un piso en verano puede llegar a los 300.000 euros. Pero, como en el cuento de la lechera, no le dio tiempo a hacer realidad sus castillos de arena, ya que la policía llamó antes a su puerta.

La primera operación del Greco gallego contra el tráfico de drogas permitió, además de retirar del mercado mil kilos de cocaína, desmantelar la estructura financiera de una importante red internacional de narcotraficantes.


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ILEGALIDAD A LA CARTA

La Voz de Galicia.es.- 25 de octubre de 2006.-Rodeiro pide a Medio Ambiente que no aplique la nueva ley al PXOM para poder aprobarlo ahora

(Lugar: la voz | lalín)
?l equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal mantuvo ayer un nuevo encuentro con los responsables municipales de Rodeiro. Una reunión que tenía como objetivo la entrega de parte de la documentación y las revisiones que quedaban pendientes.

El regidor apuntó ayer que el Concello solicitará ya a la Consellería de Medio Ambiente que les permita que el PXOM que está ya redactado quede fuera de la nueva ley medioambiental, lo que les permitiría aprobar el plan este año.

Los munícipes argumentarán el retraso que fue arrastrando el PXOM y la necesidad de ir introduciendo nuevos ajustes propiciados por la Xunta. El alcalde, Eliseo Diéguez, destaca la necesidad de contar cuanto antes con este documento para poder poner en marcha proyectos como la creación del polígono industrial o la posible construcción de viviendas sociales, además de evitar la paralización urbanística.

El Concello está pendiente también de un informe de Carreteras solicitado hace unos días a través del cual se pedía una rebaja en el ensanche de dos tramos de la travesía fijados por este organismo. El pasado viernes el alcalde mantuvo un encuentro con técnicos de Obras y el Concello entregará un estudio con el que pretende demostrar que con la petición quedarían muchas casas fuera de ordenación. El regidor tiene previsto llevar en mano a Medio Ambiente la petición del Concello así como el plan a Urbanismo para someterlo a una última supervisión.

Señalización

Estos días los operarios de la brigada están llevando a cabo la señalización con flechas amarillas en piedras de la ruta del Camiño de Inverno.

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El Correo Gallego.25 de octubre de 2006.-La Agencia de Legalidad Urbanística arrancará el último trimestre de 2007

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16.38h. Funcionará consorciada con los municipios y contará con unos 40 inspectores ·· La Xunta de Galicia eliminará en cuatro años los 86 tramos de concentración de accidentes ·· Revisará toda la red secundaria en seis años
E.P. SANTIAGO
La Xunta aspira a eliminar en cuatro años la totalidad de los tramos de concentración de accidentes (TCAs) de las carreteras gallegas, para lo que en 2007 actuará en 22 de los 86 puntos que hay en la comunidad, al tiempo que pretende mejorar íntegramente la red secundaria en el próximo sexenio, empezando por 850 kilómetros el ejercicio que viene, el 17 por ciento del total.

Así lo anunció hoy la conselleira de Política Territorial, María José Caride, en la presentación de las cuentas de su departamento para 2007, que ascienden a 503,9 millones, un 10,9 por ciento más que este año y que, según ella, permitirán afrontar los "grandes retos" que Galicia precisa para el "desarrollo, la convergencia y la mejora de la calidad de vida".

En este sentido, destacó que el 92 por ciento de la partida global -463,25 millones- corresponde a inversiones reales y transferencias de capital, a las que se suman 285 millones extra presupuestarios a través de la Sociedad Pública de Inversiones (SPI) y de Acecousa, que elevan a 748,25 millones la cifra real para el próximo año.

Al respecto, Caride informó de que la apuesta por la mejora de la seguridad es uno de los "pilares fundamentales" de Política Territorial, que destinará 40,7 veces más que las últimas cuentas del PPdeG a la eliminación de los TACs, aquellos tramos de un kilómetro o intersecciones en los que se produjeron diez o más accidentes con víctimas en los últimos cinco años.

Además, subrayó que en los dos años que lleva en el poder, la inversión del bipartito en esta materia es 5,7 veces superior a la de la Administración de Manuel Fraga en toda la legislatura anterior. La partida para 2007 asciende a 22,44 millones que, según la conselleira, "prolongados en el tiempo" permitirán eliminar todos los puntos negros de la red viaria gallega en el próximo cuatrienio.

Mejora de red secundaria

De igual modo, Caride enmarcó en esta apuesta por la seguridad viaria las "actuaciones intensivas" para mejorar la red secundaria, para lo que el departamento autonómico ha previsto una proporción de más de dos kilómetros diarios, un total de 850 el ejercicio que viene, con el reto de revisar antes de seis años los más de 5.000 kilómetros que hay en total en la comunidad.

En esta línea, desde el último proyecto presupuestario del PPdeG, la partida para conservación ha aumentado un 260 por ciento y, entre los retos más importantes, destaca la realización de labores de limpieza y desbroce en el 100 por ciento de la red autonómica de carreteras dos veces al año. Al respecto, la conselleira informó de que una de estas actuaciones se producirá entre los meses de mayo y junio, con el objetivo de contribuir a las medidas paliativas que se prevén afrontar en materia de incendios, para que las carreteras también puedan actuar como cortafuegos.

Además, en el marco de la apuesta por la conservación y el mantenimiento de la red secundaria se prevén 88,35 millones en obras en los ejes interiores de comunicación, mejora de la conexión con Asturias, actuaciones en accesos a puertos y plataformas logísticas y en actuaciones en las ciudades.

Asimismo, están consignados 55 millones para conservación -un 260% más que en 2005 y un 110% superior a 2006-, de los que 30,2 irán al refuerzo del firme, y 23,5 millones se centrarán en la mejora de la red de carreteras de baja intensidad media diaria.

Actuaciones más destacadas

A mayores, la consellería aspira a construir 550 kilómetros de autovías y Vías de Alta Capacidad (VAC), de las que las mayores partidas van para la Nadela-Sarria, que contará con 30,9 millones; para el tramo Igrexafeita-Cabreiros de la Autovía Ferrol Vilalba, 19 millones; y para la variante de Vilargarcía de Arousa, que recibirá 9,58 millones.

En materia de concesiones, la autovía Santiago-Brión obtendrá 60 millones; la de O Barbanza, 50; y la de O Salnés, 30,7 millones; mientras que Aceousa destinará 97,8 millones para la conexión Dozón-Ourense, más de la mitad de los 186 que costará en total una obra que el próximo año tendrá abierto el tramo Dozón-Cea. En cuanto a las actuaciones de la SPI, destacan los 15 millones para la Tercera Ronda de A Coruña, los 13 para la unión Santiago-A Ramallosa, o los 11,65 millones para el tramo Cabreiros Vilalba.

Urbanismo

Asimismo, María José Caride aludió a la "puesta en valor del territorio" como el tercer pilar de su departamento, que prevé una partida de 6,4 millones para subvencionar a los municipios que acometan la redacción de sus planes urbanísticos y duplicar el número de los 122 que actualmente reciben ayudas para planificación a 244, el 80 por ciento de los que carecen de instrumentos adaptados.

De igual modo, anunció que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística entrará en servicio en el último trimestre de 2007, para lo que la Dirección Xeral de Urbanismo negocia los estatutos con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con el objetivo de definir un modelo que será consorciado con los ayuntamientos.

Además, está previsto un presupuesto de 408.000 euros para la dotación de los recursos humanos necesarios para este ente, que tendrá como "misión fundamental incrementar la inspección y la disciplina urbanística" en los consistorios que decidan de forma voluntaria asociarse.

Decisiones ordenadas

Al respecto, María José Caride recordó que, para gran parte de los municipios gallegos, las iniciativas para sanciones o órdenes de derribo resultan "muy costosas", por lo que la agencia funcionará "por encima de los ayuntamientos" para permitir "decisiones ordenadas y coordinadas" con éstos y asumir el gasto en urbanismo.

En este sentido, confirmó que las negociaciones con la Fegamp aspiran a definir un modelo que permita la integración de "cuantos más municipios, mejor", y añadió que pese a que el número de inspectores dependerá de los consistorios que quieran participar, en principio serán necesarias 40 personas con dedicación exclusiva.

"Entre todos queremos hacer una apuesta seria para que se cumpla la legalidad", incidió Caride, quien añadió que "a nadie se le escapa que la pieza indiscutible pasa por tener el mismo tipo de instrumentos y planes adaptados a la normativa". "Por eso es tan importante contar con mecanismos para que exista supervisión y, en todo momento, esté presente la voz de la Administración autonómica en la elaboración de los planes municipales", aseveró.

Otras actuaciones

A mayores, Caride informó de los 38,5 millones que se dedicarán en 2007 a la promoción del transporte público, de los que la partida más destacada, 12 millones, irán al convenio entre Renfe, Fomento y la Xunta para modernizar la red ferroviaria interior y otros 3,1 millones para mejorar los servicios regionales con la incorporación de nuevas líneas, como la Ourense-Ferrol, y el incremento de las existentes A Coruña-Ferrol y Pontevedra-Vigo.

Además, el ente público Portos de Galicia dispondrá de 38,2 millones -31,2 correspondientes a transferencias directas de la consellería- con los que se pretende equilibrar la construcción de nuevas infraestructuras físicas.

Por último, Caride aprovechó para reivindicar que la licitación de las obras que revela que hasta agosto de 2006 se licitó un 40 por ciento más que en el mismo período de 2005, pese a que era año electoral y a que el prespuesto era inferior; al tiempo que rebatió las críticas del Gobierno de Vigo y aseburó que el esfuerzo de la consellería, "al igual que el de toda la Xunta", con esta ciudad es "superior al de los últimos años.

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El confidencial.com.25-10-2006.- “Hay que retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos”
Martes, 24 de octubre de 2006
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Ricardo Aroca, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, tiene fama de no morderse la lengua. Lleva años bregando contra los disparates urbanísticos. Una realidad que atribuye al hecho de que los ayuntamientos sean competentes en materia de suelo. Está convencido de que la corrupción ha anidado en muchos municipios debido a que, cuando hay en juego millones de euros, lo lógico es que algunos ediles caigan en la tentación. No es una cuestión de legalidad sino de moralidad, asegura.

P.- ¿Habría que quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos?

R.- La reforma constitucional más urgente que tenemos que hacer es quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos, pero para dárselas al Gobierno alemán o al sueco... No es broma. La experiencia ha demostrado que la tutela por parte de las comunidades autónomas no ha servido para nada. Cuando hay miles de millones en torno a una recalificación es evidente que todo el mundo no va a ser tan puro y tan honrado como para no aceptar un soborno.

P.- ¿Cuál es el problema?

R.- No es verdad que cuanto más suelo salga al mercado, será más barato. Se ha demostrado que determinados promotores han acaparado el suelo. Probablemente, la mayoría del suelo que rodea Madrid esté ya comprado en expectativa de destino. Es decir, en espera de que pueda ser urbanizado. El suelo no es un bien que pueda moverse de sitio. Lo que está ya comprado estrangula el mercado.

P.- ¿Y por qué no se cambia la Constitución?

R.- En España es muy difícil tocar la Constitución. Si se quiere tocar es para cosas que yo creo que a la gente le importan un pito, como si vamos a tener una reina o un rey dentro de 80 años. El que los ayuntamientos controlen el urbanismo impide que haya una planificación regional. Fue un error de la Constitución creer en la bondad de los ayuntamientos. El término municipal no es un espacio idóneo a efectos de ordenación urbana. Ni siquiera lo es la comunidad autónoma. Ahora mismo, Madrid, como poco, llega desde Guadalajara hasta Toledo. Por eso, cualquier planificación del territorio supera el ámbito de la Comunidad de Madrid. De ahí que nos encontremos con actuaciones tan brutales como las de Seseña o Ávila, bordeando la región. Los asentamientos no se hacen en función del acceso a Madrid por transporte público, sino privado, cuando ya están entrando a la capital entre 700.000 y un millón de vehículos diarios, lo que es una auténtica burrada.

P.- ¿Qué remedios hay?

R.- El tema merecería una solución semejante a la que aplicaron en Holanda en los años 20 a raíz de un proceso especulativo semejante: que el derecho a construir no sea de los particulares, sino del Estado. Usted es dueño de su terreno, pero no es dueño del derecho a construir.

P.- ¿En qué medida la financiación de los ayuntamientos está detrás de los escándalos urbanísticos?

R.- El problema ha sido que en los 80 se empezaron a firmar convenios urbanísticos y eso ha abierto la caja de Pandora. Los ayuntamientos tienen que entender que si es necesario modificar el planeamiento urbanístico lo que hay que hacer es, precisamente, hacerlo, pero no firmar acuerdos con los particulares. Pongamos como ejemplo lo que pasó con las torres del Real Madrid, donde el presidente de la Comunidad, el alcalde y el presidente del club decían, sentados en una sofá, que se iban a saltar el PGOU a la torera. Fue una cosa verdaderamente fantástica. Antes de cambiar el plan, lo que tenían firmado era un acuerdo con un particular. La Operación Chamartín es otro disparate. Las infraestructuras se pagarán con las plusvalías obtenidas, lo que obligará a aumentar los volúmenes de edificabilidad. Así es como va creciendo y creciendo la espiral especulativa, como aquel personaje de Ionesco. En Madrid hay algunos municipios que ya se han comido todo el suelo.

P.- ¿Qué opina de la reforma de la M-30 y su modelo de financiación?

R.- Gallardón ha hipotecado la gestión de los gobiernos municipales durante las siguientes siete u ocho legislaturas, porque se va a pagar en 35 años. No sé si llegaremos a saber realmente lo que ha costado, ya que al tratarse de una empresa privada se ha saltado la Ley de Contratos del Estado. Esa obra es de una dimensión nacional. Los que menos la van a usar son los vecinos de Madrid. Hay millones de coches que pasan por la M-30 que solo cruzan Madrid, pero los madrileños son los que van a pagar esa infraestructura. La primera M-30 la pagó el Gobierno central. Ese afán de recibir la vía para pagarla con nuestro dinero es sorprendente. Se dice que las dos tuneladoras gigantescas estaban contratadas desde hacía dos años, lo que significa que las constructoras sabían que se iban a hacer esas obras. El problema no es que haga la reforma, el problema es lo que se deja de hacer porque no hay dinero para otras partidas.

P.- ¿Por qué ninguna empresa extranjera ha participado en la reforma de la M-30?

R.- La construcción es un negocio muy local. En Europa, las constructoras son más pequeñas porque las grandes infraestructuras ya se hicieron en los años 50 y 60. Y yo diría que hasta los constructores no están muy bien vistos, no les miran bien. En España ocurre lo contrario. En el caso de la M-30 lo que cabría preguntarse en si fue primero el huevo o la gallina. Si realmente las empresas han sido seleccionadas por el ayuntamiento o el ayuntamiento ha sido puesto por las empresas. Y no digo nada más.

P.- ¿Qué le parece la nueva Ley de Suelo? Dice el Gobierno que se va a acabar la especulación debido a que el precio se va a fijar no en función de las expectativas de revalorización sino en función de su valor real.

R.- Otras leyes anteriores han planteado lo mismo, pero luego los tribunales han dicho otra cosa. Con el margen que deja la Constitución, dudo que esa medida vaya a tener impacto. El problema que tenemos es que las competencias del Estado en materia de urbanismo son tan escasas que es muy difícil actuar. La realidad es que los justiprecios que fijan los tribunales suelen ir a favor de los propietarios del suelo.

P.- ¿En qué medida la corrupción ha anidado en el sector de la construcción?

R.- La corrupción inmobiliaria siempre ha existido. Lo que pasa es que en estos últimos 30 años la corrupción se ha democratizado muchísimo. Las cosas se hacen con mucha menos finura que cuando eran muy pocos los corruptos y los corruptores. Estamos confundiendo ilegalidades con inmoralidades, eso es lo más tremendo del caso. El problema es que cuando hay miles de millones en juego es muy difícil ser honesto, resistir.

P.- ¿Bajará el precio de los pisos?

R.- El problema es que una vez que alguien ha hipotecado su vida y la de sus hijos, cómo hacer para que valga menos. Lo ideal es que se estabilice. Aquí todo el mundo quiere que sus hijos tengan acceso a una vivienda barata, pero nos negamos a que bajen las nuestras. Estamos encantados de que el precio suba y suba.

P.- ¿Se pinchará la burbuja inmobiliaria?

R.- Si la hubiera, ya habría explotado hace muchos años. Hay datos objetivos. Uno de ellos es que a España le ha tocado jugar en la Unión Europea el papel que en Estados Unidos le corresponde a Florida. Y en Florida ha habido especulación inmobiliaria y también mucha corrupción. En el mundo financiero ya cada vez hay menos alternativas de inversión, lo que provoca que mucho dinero llegue al ladrillo. Ya no hay apenas ampliaciones de capital, pagarés de empresa e incluso las emisiones de títulos públicos son cada vez más reducidas debido a la contracción de los déficit públicos.

P.- ¿Qué le parece el pacto de Estado sobre urbanismo propuesto por el PSOE al PP?

R.- Me parece mal que se diga no a un pacto para acabar con la corrupción, pero supongo que un pacto para acabar con estas cosas no se hace a través de la prensa, sino en privado, buscando apoyos. El camino es hablar si de verdad lo que se quiere es un pacto, pero no a través de los periódicos. Si lo que se quiere es hacer al PP valedor de la corrupción dígaselo, pero no mediante este tipo de planteamientos. Una de las cuestiones que son realmente de Estado es el asunto del urbanismo.

 

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EL Correo Gallego.es. 25-10-2006.-Ultimátum del PP al alcalde de Porto do Son

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González Groveiro dio de plazo al regidor hasta el viernes para que paralice una obra en Xío ·· El portavoz de la oposición presentó un informe de un arquitecto en el que se detectan numerosas irregularidades en la urbanización ·· Destacan las alturas y el volumen de edificabilidad
M. G. • PORTO DO SON
Hasta el viernes. Este es el plazo máximo que el PP de Porto do Son está dispuesto a esperar antes de ir a la Fiscalía para que el alcalde, Ramón Quintáns Vila, paralice una obra en Xío al comprobar a través de un informe elaborado por un estudio de arquitectura ajeno al Ayuntamiento que incumple la legalidad urbanística. El edificio, en el que se están construyendo 23 viviendas, está situado al lado de la casa familiar del propio regidor.

La urbanización, denunciada por el portavoz del PP, Antonio González Groveiro, no superó la evaluación de los expertos de un estudio de arquitectura de Santiago. El informe de los técnicos revela que no se han respetado la altura ni el volumen de edificabilidad. Dicho análisis detectó numerosas irregularidades, entre las que destaca que el expediente de la obra no se sometió a información pública de los vecinos afectados por la construcción, que no pudieron presentar alegaciones.

El informe encargado por el PP también resalta que la "artimaña fraudulenta" en los patios de luces interiores queda avalada por hechos como que un apartamento de 35,5 metros cuadrados tenga un tendedero de 11,10 metros cuadrados, que significa un 22,2 por ciento de la superficie útil de la vivienda. El arquitecto que elaboró el trabajo considera que se trata de una trampa para aprovechar más la edificabilidad.

Asimismo, el análisis de la urbanización revela que los vuelos de las plantas a la calle Xío superan el máximo permitido. De la misma forma, el estudio contempla que la autorización administrativa concedida por el Ayuntamiento de Porto do Son, conformada por la licencia de obras que da luz verde a la construcción del edificio, "es nula de pleno derecho por estar basada en un informe favorable e ilegal por sucesivas omisiones de la arquitecto técnico, que de modo rectilíneo sustrae del trabajo consideraciones tan importantes como las previas de viabilidad de la condición edificable del suelo".

RESPUESTA El alcalde dice que no se va a amilanar

El alcalde de Porto do Son, Ramón Quintáns, aseguró ayer a este periódico desde Alemania, donde se encuentra de viaje, que no se iba a amilanar por el ultimátum lanzado por el PP. "La ley me da un plazo para contestar a la oposición", aseveró.

No obstante, el regidor indicó que dentro de unos días, cuando regrese a Porto do Son, dará una respuesta más amplia al portavoz del PP, una vez conozca más detalladamente las causas alegadas por esa formación política para pedir la paralización de la obra.

González Groveiro presentó ayer en el Concello una escrito dirigido al mandatario municipal en el que le informa de las presuntas ilegalidades que se están cometiendo en la urbanización de Xío. Al mismo tiempo, le advierte de que si no paraliza la obra en el plazo de 72 horas, recurrirá a los tribunales.

Groveiro ya había solicitado información sobre esta urbanización en dos ocasiones anteriores, los pasados 5 de mayo y el 14 de agosto .


 

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El Confidencial.-24 de outubro de 2006.-Ni corrupción urbanística ni proceso de paz: Rajoy rechaza pactos con el PSOE que sirvan “para tapar vergüenzas”

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No habrá pactos, de ninguna clase, entre el PP y el PSOE, al menos en aquellos temas en los que en la calle Génova cree que el Gobierno utiliza la mano tendida al PP para salir de alguna crisis. La negativa de Mariano Rajoy es tajante, tanto que anteayer desautorizó una reunión entre el eurodiputado del PP Aleix Vidal Quadras y la socialista Elena Valenciano para hablar de una resolución conjunta en el debate de mañana sobre el ‘proceso de paz’. Rajoy no quiere ni oír hablar de tal posibilidad.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con el asunto de la corrupción urbanística. “Lo que nos ofrecen no es un pacto para arreglar las cosas, sino para silenciar” asuntos como el de Ciempozuelos, dicen fuentes de la calle Génova. “¿Cómo se explica que ahora propongan que el Estado recupere competencias de suelo cuando le acaban de dar más a Cataluña con el Estatuto, y que lo hagan los mismos que impugnaron la Ley del Suelo que hizo el Gobierno de Aznar?”, se preguntan en el PP.

Así que tampoco habrá pacto contra la corrupción urbanística, ni negociación del 'decálogo’ propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y que en el PP consideran que se trata de “un conjunto de obviedades”. “No se puede confundir la honestidad con la financiación de los ayuntamientos”, añadía ayer Ángel Acebes.

¿Y por qué no quiere un pacto el PP contra la corrupción? Lo explicaba ayer Rajoy a modo de preguntas: “¿Qué pacto puede haber con la corrupción? ¿Que firmemos un papel diciendo que no roben los militantes de los partidos políticos?”. Y añadía que “lo que hay que hacer es aplicar la ley”, porque no es un problema de hacer leyes. Un ladrón roba igual con una ley que con otra, porque el ladrón lo que hace es violar la ley. Por tanto, pediría no hacer demagogia con estas cosas”.

De hecho, el PP no va a hacer propuesta en esta materia. No está previsto, aunque desde la calle Génova se recomendó al Ejecutivo que afrontara una verdadera liberalización del suelo, como la que quiso llevar a cabo el Gobierno de Aznar, pero siendo conscientes de que ni esa liberalización ni una nueva ley de financiación van a cambiar las cosas: “Es un problema de aplicación de la ley, no de la ley”, señaló ayer Acebes, quien recordó que el PSOE pone en sus órganos de dirección a personas que han estado en la cárcel condenadas por delitos de corrupción, en referencia a Josep María Sala.

No más pactos de Estado

El líder del PP ha señalado a los suyos que no está dispuesto a aceptar que cada vez que el PSOE “organiza un lío” –en expresión suya dicha ayer por la mañana en los micrófonos de una emisora de radio-, le proponga a él un pacto. Fue el caso de la inmigración, y ahora es el de la resolución del Parlamento Europeo y la propuesta de acuerdo contra la corrupción urbanística. “El PSOE pide los pactos cuando se ve con el agua al cuello”, dicen fuentes del PP, “y nosotros no vamos a taparles las vergüenzas”.

El “agua al cuello” es un debate que se va a celebrar mañana en el Europarlamento y que, según el PP, implica una victoria para ETA y una concesión por parte del Gobierno, en la medida que supone la internacionalización del llamado conflicto vasco. Y el “agua al cuello” es también el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del ex alcalde socialista de Ciempozuelos, un escándalo que ha obligado a dimitir al actual regidor, también socialista, de la ciudad.

Rajoy trasladó el mismo domingo al portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, su decisión de no pactar la resolución. “Lo que no puede ser es que nos opongamos al debate y luego pactemos una resolución, porque eso sería como darle oxígeno al PSOE, que nos ha ofrecido el acuerdo cuando ha visto que nos necesita para trasladar una imagen distinta de ese debate y de lo que ya supone una victoria moral de ETA”, dicen fuentes de este partido.

Y ayer, lunes, el secretario general del PP, Ángel Acebes, en perfecta sintonía con su jefe de filas, lo expresó bien claro: “ETA va a conseguir uno de los objetivos por los que ha venido matando a más de mil personas”, la internacionalización de lo que llaman el conflicto vasco, y lo van a conseguir gracias al PSOE, añadió Acebes.

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20MINUTOS.ES. 23.10.2006 - 14:21h .-El PSOE no presentará a cargos relacionados con la corrupción urbanística en las próximas elecciones

Ampliar fotoJosé Blanco en la rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente del PSOE. (Emilio Naranjo / Efe) Lo ha dicho José Blanco.
Esta idea forma parte del decálogo contra la corrupción.
Invita al PP a sumarse a esta medida.
Acebes dice que "el PSOE carece de credibilidad" en este ámbito.
El secretario de organización del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que todos los cargos públicos con indicios o sospechas fundadas sobre su implicación en casos de corrupción urbanística no estarán en las listas del partido para las próximas elecciones municipales y autonómicas e invitó al PP al cumplimiento de esta medida.

El dirigente socialista anunció el compromiso del PSOE de expulsar a cualquier cargo público o militante sobre el que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" en el ejercicio de su cargo.

Se combatirá la corrupción desde el control urbanístico
Blanco hizo estas declaraciones durante la presentación del decálogo contra la corrupción urbanística del PSOE, tras la una reunión de la Comisión Permanente del PSOE, y después de los últimos casos de escándalos urbanísticos que afectan a alcaldes y concejales de varios partidos políticos.

"Apostamos por un crecimiento económico sano que necesita un urbanismo ordenado", afirmó Blanco, quien precisó que el PSOE combatirá la corrupción desde "el control urbanístico".

En este sentido, mencionó algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno para acabar con este problema, como la Ley del Suelo, el plan de prevención de fraude fiscal o la fiscalía sobre delitos urbanísticos.

Entre los principios de este decálogo están "recuperar la función social de la vivienda" y "respetar el entorno y por tanto perseguir las recalificaciones indiscriminadas".

"Todas las instituciones tendrán que velar por el derecho a una vivienda teniendo en cuenta el desarrollo sostenible" y con un precio asequible, señaló.

El PP no será cómplice de los desmanes del Gobierno a través de pactos de silencio
En lo que respecta al gran pacto de Estado contra la corrupción urbanística que propuso el PSOE, ayer el PP adelantó que lo rechazará.

En este sentido, el secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó al PSOE de pretender "poner el ventilador" a través de su oferta de pacto contra los delitos urbanísticos después de los casos de Marbella y Ciempozuelos, y le advirtió de que en materia de corrupción "no somos todos iguales".

En rueda de prensa en la sede de Génova, Acebes contrapuso el "comportamiento honorable" de su partido al de los socialistas, de quienes afirmó que carecen de "credibilidad" en materia de lucha contra la corrupción.

Como consecuencia, aseguró que su partido no será "cómplice de los desmanes del Gobierno a través de pactos de silencio", máxime cuando consideran que con su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "no se puede pactar nada, porque no es de fiar".

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20MINUTOS.ES. 24.10.2006 - 05:15h.-Conde-Pumpido pide al Gobierno expertos en urbanismo para acabar con la corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción dispone actualmente de 11 fiscales encargados de la investigación, apoyados por 11 funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria, otros cinco del Cuerpo de Interventores del Estado, 12 policías, nueve guardias civiles y 22 funcionarios.

 



Ampliar fotoEl fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. (ARCHIVO) Actualmente la Fiscalía Anticorrupción no dispone de ellos.
Achaca los retrasos de las investigaciones a esta causa.
Solicita al menos dos.
Procedentes de Fomento o Vivienda.

La Fiscalía Anticorrupción carece de expertos en urbanismo en las 10 causas abiertas por corrupción que mantiene en estos momentos, por lo que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer al Ministerio de Justicia de, al menos, dos agentes especializados en esta materia, informa El País.

La Fiscalía Anticorrupción dispone actualmente de 11 fiscales encargados de la investigación, apoyados por 11 funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria, otros cinco del Cuerpo de Interventores del Estado, 12 policías, nueve guardias civiles y 22 funcionarios.

Conde-Pumpido señaló, en una carta, que se necesitarían al menos dos técnicos expertos en urbanismo, procedentes de los ministerios de Fomento o Vivienda, para trabajar a tiempo completo en los casos de corrupción, sobre todo, para agilizar las investigaciones abiertas hasta la fecha.

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El Mundo.es.24-10-2006.-ESCANDALOS URBANÍSTICOS.-El mapa de la corrupción municipal
Madrid | Comunidad Valenciana| Andalucía |Castilla-La Mancha | La Rioja|Castilla y León | Baleares |Murcia |Cataluña| Extremadura| Galicia

EL MUNDO
Cada día se transforma en España una superficie de suelo similar a la que aproximadamente ocupan tres campos de fútbol. Nuestro país, el que más viviendas construye de la Unión Europea, va también en cabeza en lo que se refiere a corrupción urbanística.

En el 'paraíso del ladrillo' los escándalos inmobiliarios se suceden a una velocidad pasmosa, sobre todo desde que salió a la luz el 'caso Malaya' en Marbella y con el definitorio horizonte de las elecciones municipales y autonómicas cada vez más próximo.

Los ayuntamientos están bajo sospecha. A la corrupción le gusta el Mediterráneo, pero seduce por igual a todos los signos políticos. Éstos son sólo algunos de los numerosos casos surgidos, denunciados o investigados en los últimos meses.

Los ayuntamientos se han convertido en la china en el zapato de la ordenación del territorio. O al contrario. Entre el 35% y el 40% del presupuesto de las corporaciones locales procede del ámbito urbanístico, y esta dependencia, unida quizá a un exceso competencial y a la simple codicia, hace muy difícil negarse a autorizar un proyecto que indefectiblemente va a repartir suculentos beneficios.

El pasado viernes, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó "tolerancia cero" contra la corrupción urbanística, al tiempo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se decidía a impulsar un acuerdo con los grupos políticos, las comunidades autónomas y el Ejecutivo para que las corporaciones locales dejen de estar en el punto de mira. Mientras eso llega, éstos son algunos de los escándalos recientes:

Comunidad de Madrid

Enrique Porto. (P. Carrero)

El panorama está enfangado desde la vuelta del verano. Los socialistas están obsesionados con el ladrillo porque creen que ahí pueden hacer daño al PP en una precampaña electoral difícil, sobre todo tras el patinazo de la fallida candidatura de José Bono. Y se han empeñado a fondo en denunciar múltiples y presuntos escándalos. El caso Porto fue el más grave. El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.
Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familia de Aguirre. Operaciones legales cuyo delito era que sus protagonistas tenían lazos de parentesco con la presidenta regional, aunque las operaciones se produjeran antes de que ella tomara posesión.
El PP, desde entonces, puso también el ventilador. "Si todos nos echamos mierda, perdemos todos; pero es mejor perder todos que no que pierdan siempre los mismos", explicaba un alto cargo de la Comunidad.

A partir de ahí, han salido a la luz pública el caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista, o el más grave de Ciempozuelos, en el que dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).

Comunidad Valenciana


Cañavate. (EFE)
La Comunidad Valenciana figura en los mapas de corrupción gracias, en parte, a la provincia de Alicante. El alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), está imputado por la supuesta adjudicación irregular de tres aparcamientos a un constructor afín.

En Orihuela, las sospechosas adjudicaciones de planes urbanísticos a determinados empresarios, con recalificación incluida, para construir miles de casas y varios campos de golf han llevado a Anticorrupción a sentar al primer edil, del PP, por un delito contra la ordenación del territorio. A ello, se suman las relaciones entre los constructores y el regidor, que durante meses se ha paseado con coches de lujo y residido en las casas de algunos de los supuestamente beneficiados. En las zonas rurales del municipio hay más de 8.000 casas ilegales y sólo durante este ejercicio se han levantado 600 actas de expedientes sancionadores por construcciones irregulares.
No muy lejos de allí hay otros municipios que han optado por transformar de forma masiva su huerta tradicional por viviendas. Es el caso de Catral, a cuyo Ayuntamiento (PSOE) el Gobierno valenciano le ha retirado las competencias urbanísticas, al más puro estilo Marbella, por haber tolerado la construcción de 1.250 casas en zona no urbanizable de especial protección. Cerca está Dolores, cuyo alcalde (PP) se ha visto salpicado por algunas informaciones que revelan que una empresa promotora inscribió unas viviendas a nombre de su madre.
En el interior de la provincia, no hay pueblo que no tenga previsto desarrollar un Plan de Actuación Integrada con cientos de casas. El caso más sorprendente es el de Castalla, donde campan más de 1.000 viviendas no autorizadas por la Consejería de Territorio, algo que ha reconocido el propio alcalde, del PP.
Valencia tampoco se salva. Uno de los casos paradigmáticos es Onteniente (PSOE), con 5.000 chalés ilegales; es decir, cinco veces más que Catral. La permisividad del Consistorio ha provocado que el número de chalés y adosados ilegales se haya doblado desde finales de los 90. Otros casos sonados en Valencia son los que afectan a los escasos espacios naturales que sobreviven con dificultad al auge del ladrillo: una reciente sentencia recriminó la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera, en Sueca (PSOE), mientras el alcalde socialista de Estivella sigue intentando sacar adelante un proyecto que incluye un campo de golf en la amenazada Sierra Calderona.
El alcalde popular de Riba-roja del Túria, enfrascado en el polémico PAI de Porxinos (que incluye la nueva ciudad deportiva del Valencia CF) denunciado ante los tribunales, o el socialista El Puig, donde se paralizó un proyecto que multiplicaba por seis la población, son algunos de los casos más espectaculares.

Andalucía

El epicentro del terremoto urbanístico nacional se localiza en Marbella. La 'operación Malaya' ha desvelado un complejo entramado de corrupción que había echado fuertes raíces en el Ayuntamiento costasoleño desde la época del difunto Jesús Gil. El Consistorio fue disuelto y ya ha habido más de 60 detenciones. Una decena de personas sigue en prisión; entre ellos el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de la corporación Julián Muñoz, así como otros cinco ex ediles.
Aun siendo el más pintoresco, el de Marbella no es el único caso de escándalo urbanístico andaluz. Por ejemplo: en el caso Camas, en Sevilla, se investiga un presunto intento de soborno en el que habría participado el alcalde (IU), denunciado por una ex concejala del Ayuntamiento sevillano. El empresario Eusebio Gaviño le habría ofrecido 619.000 euros y una casa en Zahara de los Atunes a cambio de que votara a favor de una serie de recalificaciones. El propio Gaviño también ha sido acusado de organizar en la sombra una moción de censura en otro pueblo cercano, Bormujos, donde su primo es el alcalde.
En Cádiz, el Gobierno autonómico también ha arrebatado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Independientes Portuenses) tras escándalos como el de Las Beatillas, un complejo cuyo derribo parcial ya ha sido ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En Grazalema (PSOE), el ex arquitecto municipal acaba de entrar en la cárcel después de que varios constructores le acusaran de cobrar comisiones. En su currículo figura el haber permitido levantar un edificio de siete plantas que obligó a desviar el río Guadalete. En Barbate (PP), pese a las sentencias dictadas, aún sigue en pie la Casa Club Social de la Dehesa de Monteenmedio, construida sobre suelo no urbanizable y con un campo de golf sin papeles.
En Córdoba, son continuas las acusaciones del PSOE contra la alcaldesa de la capital y portavoz federal de IU, Rosa Aguilar, de haber dado un trato de favor a la empresa del constructor Rafael Gómez, Sandokan, uno de los imputados en la operación Malaya. En Huelva, el PP acusa a los socialistas de haberse apoyado en una tránsfuga para gobernar Gibraleón por "intereses urbanísticos inconfesables".
En este muestreo incompleto, debe resaltarse la dimisión del ex concejal de Urbanismo del municipio granadino de Armilla, el socialista Gabriel Cañavate, tras conocerse la espectacular evolución de su patrimonio en seis años.


Castilla-La Mancha

El western manchego del verano lo protagonizó un alcalde insobornable de IU que, armado con una afortunada denuncia, se enfrentó al rey del ladrillo, Paco 'El Pocero', por un puñado de 13.500 viviendas en Seseña (Toledo).

El regidor Manuel Fuentes se atrevió contra una presunta red de corrupción urbanística destinada a obtener un pelotazo de 800 millones de euros en la que participarían el constructor, que es amigo de todo el mundo y el dueño de una de las fortunas más grandes de España, miembros del PSOE y funcionarios municipales con apoyo de la socialista Junta de Castilla-La Mancha. El final de este David contra Goliat de hormigón está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga unas actuaciones que podrían constituir un delito continuado de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos.

Pero el caso sirvió para que Izquierda Unida se animara en Toledo y denunciara que el Ayuntamiento -del PP- olía "a corrupción" tras la venta de tres parcelas tan sólo dos días antes de que se paralizara el proyecto urbanístico.

Un supuesto "reparto de dinero con maletines" para "comprar las voluntades del pueblo" se conocía esta semana en Hellín (Albacete) por cortesía de las denuncias del PP, partido en la oposición, y de Ecologistas en Acción. Se trata de 680 chalés de lujo con 680 piscinas en uno de los lugares de España que tienen más problemas con el agua. Para colmo, el proyecto está en una Zona Especial de Protección de Aves y en un Lugar de Interés Comunitario.
La mancha urbanística se ha extendido también hasta la provincia de Cuenca, donde está ubicado casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; es decir, 520 edificaciones sin papeles.

La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenó que se demoliera parcialmente un bloque de 43 viviendas en el municipio de Lardero, colindante a Logroño, que habría sido construido y promovido por una sociedad de la que el propio alcalde, del PP, es accionista. El PSOE ha denunciado que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo urbano.


Castilla y León

La provincia de Ávila ha saltado al primer plano de la actualidad a partir de dos casos en los que el urbanismo y el medio ambiente han entrado en colisión. En Las Navas del Marqués se pretendía construir, con el beneplácito de la Junta, 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en un paraje declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), en el que habitan la cigüeña negra y el águila imperial. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió la obra, el promotor inició la tala de unos 5.000 pinos. Esta semana, la Junta presentó en el TSJ un anuncio de recurso contra el fallo del tribunal, que éste remitirá al Supremo. El consistorio popular ha seguido el mismo camino.
El presidente de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, acusó al director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, (PP) de supuesta "prevaricación" en el caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Avila), al "violar la legislación vigente" en medio ambiente. Este será uno de los argumentos que su organización planteará en los próximos días en la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente.

En Villanueva de Gómez, el conflicto se produce por una urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf próxima a una zona de pinar. Consta de seis sectores, de los cuales se encuentra aprobado el tercero. Se ha autorizado el proyecto a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el agua no está asegurada, ya que los vecinos se abastecen mediante cisternas desde hace dos años. Los ecologistas han denunciado la tala de 10.000 árboles y que en el corredor anidan el milano real, el milano negro y una pareja de águila imperial. Tanto el Consistorio como la Junta, ambos del PP, defienden la legalidad del proyecto.
Por otro lado, el alcalde popular de Guisando ha sido denunciado porque quiere construir en pleno Parque Regional de Gredos.
Además de estos casos, en los últimos tiempos se han presentado otros proyectos urbanísticos, la mayoría próximos a la Comunidad de Madrid, que podrían ser objeto de nuevas controversias urbanísticas. Entre las localidades afectadas se encuentran Cebreros, con dos proyectos de este tipo; Piedralaves, donde se proyecta el mayor complejo de turismo rural de España, o Santa Cruz del Valle.

Baleares

Durante los últimos meses la Fiscalía se ha mostrado especialmente activa al denunciar, por presuntos casos de corrupción urbanística, a varios alcaldes y concejales del PP. La presidenta de Unió Mallorquina y principal aliada del presidente Jaume Matas, María Antonia Munar, deberá responder ante los tribunales por vender a mitad de precio (30 millones de euros) una finca pública del Consell insular de Mallorca, Can Domenge, en la que habrá 600 viviendas. Eso, pese a que una de las empresas que concursaban, la promotora Núñez y Navarro que dirige el ex presidente del Barça, había ofrecido 60 millones de euros.

Pero el récord se lo lleva el primer edil popular de Andratx, que acumula ya cuatro causas judiciales abiertas. Una por autorizar la construcción de 16 bloques de viviendas en zona supuestamente protegida y otras dos por la presunta construcción irregular de sendas mansiones, promovidas por su familia, en una de las zonas más exclusivas de la isla, Cala Moragues.
El también popular alcalde de Santa Margalida presuntamente confesó en una conversación grabada que algunos ediles de su gobierno habían cobrado 6.000 euros como comisión ilegal para recalificar unos terrenos. La grabación no tiene validez como prueba, pero la Fiscalía ha comenzado a tomar declaración a varios miembros del equipo de gobierno municipal para esclarecer el caso.
Y, en Menorca, la Fiscalía se ha querellado contra dos concejales del Ayuntamiento de Ciutadella, del PP y del Partido Menorquín, por estafa, tráfico de influencias, negociación prohibida y abuso de la función pública en una polémica permuta de terrenos.

Murcia

Sus gobernantes se defienden una y otra vez, pero Murcia es, después de la Comunidad Valenciana, el lugar donde se concentra el mayor crecimiento de superficie artificial, con aumentos superiores al 50%. Es el paraíso Polaris World; el litoral salvaje donde el agua escasea y las piscinas no paran de crecer, donde la huerta mengua y cada vez cuesta más mirar al horizonte. Murcia está unida con la Costa del Sol por el hilo de oro de la operación Malaya.
El alcalde socialista de Los Alcázares dimitió tras conocerse las inversiones del marbellí Juan Antonio Roca, que a menudo citaba en sus papeles al arquitecto del municipio murciano.
Roca nació en Cartagena y se sospecha que blanqueó parte del dinero obtenido en Marbella en operaciones urbanísticas en la zona del Mar Menor. El Ayuntamiento de Murcia, del PP, ha permitido a las promotoras construir 22.000 viviendas donde estaban previstas 4.000, incluso donde estaba programado que el Ministerio de Fomento hiciese una carretera.


Cataluña

Debe ser que con la salida de Jordi Pujol de la Generalitat empezó a hundirse el oasis catalán, porque no ha sido hasta los últimos años que han empezado a aflorar escándalos urbanísticos en Cataluña. El último caso está ubicado en Salou (Tarragona). Allí la Fiscalía y el propio Ayuntamiento, de CiU, están investigando la concesión para construir y gestionar un geriátrico y pisos tutelados y la compraventa de un solar por parte del hijo del alcalde, en cuya operación ganó medio millón de euros.
También en la ciudad de Tarragona (CiU), el caso Terres Cavades ha entrado en su recta final. Un juez admitió a trámite en abril de 2005 la querella presentada por una veintena de ex propietarios de 5.000 viviendas contra el ex concejal de Urbanismo, su hermano y un constructor por delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa. La Generalitat paralizó el plan urbanístico y el caso se encuentra pendiente de juicio.
Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar si el secretario del Ayuntamiento convergente de Cervera (Lérida), Joan Roca, ha incurrido en un delito urbanístico. Varios de sus familiares son administradores de las cinco principales inmobiliarias que trabajan en el pueblo y se han recalificado sus terrenos de rústicos a industriales, multiplicando varias veces su valor.

Extremadura
El caso Golf Guadiana lleva exactamente un año dando coletazos en Extremadura después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz denunciara a la Fiscalía presuntas irregularidades urbanísticas y solicitara la dimisión del alcalde popular y de la concejala de Urbanismo. Al parecer, se construyeron 70 viviendas en el campo de golf en lugar del apartahotel para el que se había otorgado licencia en el Plan Especial.


Galicia

El fiscal de Ordenación del Territorio de Vigo investiga el intento de recalificación de 12 fincas adquiridas en Nigrán por el presidente del Celta. Todo quedó en un mero intento, porque los vecinos del municipio pontevedrés impidieron a pedradas en junio la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Tuvieron que intervenir los antidisturbios. El alcalde, del PP, es ex director general del Celta y cuñado de un yerno del presidente del club.
De más al sur es el alcalde de Tui, también del PP, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por prevaricación. El pasado febrero fue condenado por el mismo delito a otros siete años de inhabilitación, y tiene pendiente un tercer juicio por el mismo motivo, por el que se solicitan 20 años también de inhabilitación. Se da la circunstancia de que, además de alcalde, es promotor inmobiliario.
En el caso por el que se le juzga ahora concedió una licencia para rehabilitar un edificio y construir otro nuevo en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural.

La alcaldesa socialista de Cabanas (La Coruña) ha sido condenada a ocho años de inhabilitación por conceder de forma ilegal el permiso para construir unos chalés en una zona costera. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento socialista de Porto do Son, Juan Manuel Vázquez García, compró cuatro fincas de suelo no urbanizable que, por obra y gracia del Plan que él mismo encargó redactar, se iban a recalificar y doblar su valor.


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20minutos.es 23.10.2006 - 23:29h -Un centenar de ediles están bajo sospecha de corrupción urbanística
JAVIER MESA.


Vista de Quijorna, municipio en el que Plarquin desarrolla 10.000 viviendas (Archivo) El caso Malaya en Marbella ha puesto de manifiesto la extensión de prácticas irregulares en el urbanismo de los ayuntamientos. 20minutos.es inaugura una lista negra de municipios.

El 29 de marzo, la Operación Malaya en Marbella sacó a la luz el caso más escandaloso de corrupción urbanística en un ayuntamiento.

Desde entonces, una sucesión «pelotazos» del ladrillo han salpicado las páginas de los periódicos haciéndonos familiares nombres como Juan Antonio Roca, ‘Paco el Pocero' o Enrique Porto.

Alrededor de un centenar de cargos municipales en activo o que lo estuvieron están imputados o implicados en causas abiertas en diferentes tribunales. Algunos han dimitido, aunque otros siguen aferrados al sillón.

Financiación municipal
La excesiva dependencia que de la financiación a través de recalificaciones de terrenos tienen las corporaciones municipales, en algunos casos, y en otros la falta de escrúpulos de los servidores públicos, han saturado los juzgados españoles.

La Fiscalía General del Estado reconocía en su memoria de 2005 que el urbanismo «constituye una fuente creciente de criminalidad».

Las fiscalías abrieron el año pasado 1.600 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio. Las fiscalías abrieron el año pasado 1.600 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio. En algunas zonas, las investigaciones se multiplicaron por cuatro.

En mayo, seis meses después de tomar posesión, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, reconocía haber abierto 12 diligencias informativas sobre presuntas irregularidades urbanísticas en nueve ayuntamientos, el 20% de los consistorios murcianos.

Actualmente, sólo la Fiscalía Anticorrupción investiga a una decena de ayuntamientos por estos motivos.

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EL Correo Gallego.com.-23/10/2006..-"QUE DEJEN DE ROBAR"
Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística propuesto por José Blanco, del PSOE

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15.52h. "No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP
EFE. CÁCERES
PSOE aprobará mañana un decálogo contra el urbanismo "salvaje" que plantea acabar con "la política que potenció el PP"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy que los socialistas primero crean líos y luego piden pactos y recalcó que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos dejen de robar y actúen la policía y los jueces.

Rajoy, que intervino hoy en Cáceres en un acto público de apoyo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta Extremadura, Carlos Floriano, rechazó así al pacto contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

"No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.

Rajoy criticó que, en dos años y medio, el Gobierno de "la improvisación y la ocurrencia" de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido que en España se hable de nuevo de la corrupción y recalcó que "esta gente no tiene arreglo, pero no todos somos iguales".

Según dijo, "siempre es igual, primero crean los líos y luego piden un pacto", en alusión también al proceso de regulación "masiva" de inmigrantes y a la política de inmigración, que requiere una rectificación "total y absoluta", porque "no se puede hacer peor".

Indicó que cada vez que Zapatero sale de España "le echan la bronca" por su política de inmigración, en la que "da palos de ciego, no tiene criterio y no sabe qué hacer".

Rechazó que el Gobierno proponga "a estas alturas" la creación de una comisión en el Congreso y puso a su disposición el programa sobre inmigración, que, según recalcó, el PP sí tiene, para que lo utilice.

El presidente popular rechazó también la política antiterrorista del Gobierno y calificó de "grave error" el debate del próximo 25 de octubre en el Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en el País Vasco y que "ETA quiere presentar como un conflicto entre Estados".

"Aquí no hay un conflicto de Estados, aquí hay una organización criminal que mata, asesina y extorsiona", subrayó Rajoy, en cuya opinión "gane quien gane la votación, ETA ya ha ganado".

Para el líder del PP, el debate sólo servirá para dividir a Europa, una vez que Zapatero "ya ha dividido a España", y criticó que haya aceptado la internacionalización del conflicto y que ahora se pida un pacto, porque "el pacto de verdad ya lo hubo y fue roto".

Aludió al Pacto por las Libertades que Zapatero "por su cuenta y riesgo, rompió con una parte muy importante de la sociedad española".

Sin embargo, en su opinión, "no puede ser buena una política antiterrorista en la que el PP y las víctimas de terrorismo sean el problema y ETA y Batasuna la solución".

"Es inaceptable, antidemocrático y la demostración inequívoca de lo equivocado de esta política", continuó, y añadió que no se trata de un problema de derechas e izquierdas, sino de sentido común.
A los terroristas se les gana con la ley, según Rajoy, quien advirtió de que seguirá preguntando por la negociación política con ETA, porque es su "obligación".

"No me callo, porque si lo hiciera, estaría incumpliendo mi obligación con los españoles y no lo voy a hacer", recalcó y dijo que trabajará "como nunca" para que en España haya un gobierno con sentido común que, precisó, "no es mucho pedir".

En su opinión, Zapatero ha roto todos los acuerdos de la transición, incluidos el consenso sobre España y sobre la historia, y se preguntó por qué hay que hablar de Franco, la República o la memoria histórica, mientras al PP lo que le importa es hablar de futuro y de los problemas reales de los ciudadanos.

Indicó que el PP ya ha demostrado que sabe gobernar y aseguró que cuenta con un buen proyecto para España y para Extremadura, donde "esta vez sí que se ha terminado el ciclo político del PSOE".

"Este partido se presenta a ganar, no a subir tres o cuatro escaños, sino a ganar y a gobernar", dijo Rajoy, quien mostró su confianza en Carlos Floriano y le puso a su disposición "sin ningún tipo de condicionamiento" todos los apoyos del partido para alcanzar la Presidencia de la Junta de Extremadura.

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Terra.es.-22-10-2006.-Rajoy rechaza el pacto contra la corrupción urbanística


El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy que los socialistas primero crean líos y luego piden pactos, y recalcó que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos dejen de robar y actúen la policía y los jueces.

Rajoy, que intervino hoy en Cáceres en un acto público de apoyo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta Extremadura, Carlos Floriano, rechazó así al pacto contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

"No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.

Rajoy criticó que, en dos años y medio, el Gobierno de "la improvisación y la ocurrencia" de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido que en España se hable de nuevo de la corrupción y recalcó que "esta gente no tiene arreglo, pero no todos somos iguales".

Según dijo, "siempre es igual, primero crean los líos y luego piden un pacto", en alusión también al proceso de regulación "masiva" de inmigrantes y a la política de inmigración, que requiere una rectificación "total y absoluta", porque "no se puede hacer peor".

Política de inmigración

Indicó que cada vez que Zapatero sale de España "le echan la bronca" por su política de inmigración, en la que "da palos de ciego, no tiene criterio y no sabe qué hacer".

Rechazó que el Gobierno proponga "a estas alturas" la creación de una comisión en el Congreso y puso a su disposición el programa sobre inmigración, que, según recalcó, el PP sí tiene, para que lo utilice.

Política antiterrorista

El presidente popular rechazó también la política antiterrorista del Gobierno y calificó de "grave error" el debate del próximo 25 de octubre en el Parlamento Europeo sobre el proceso de paz en el País Vasco y que "ETA quiere presentar como un conflicto entre Estados".

"Aquí no hay un conflicto de Estados, aquí hay una organización criminal que mata, asesina y extorsiona", subrayó Rajoy, en cuya opinión "gane quien gane la votación, ETA ya ha ganado".

Para el líder del PP, el debate sólo servirá para dividir a Europa, una vez que Zapatero "ya ha dividido a España", y criticó que haya aceptado la internacionalización del conflicto y que ahora se pida un pacto, porque "el pacto de verdad ya lo hubo y fue roto".

Aludió al Pacto por las Libertades que Zapatero "por su cuenta y riesgo, rompió con una parte muy importante de la sociedad española".

Sin embargo, en su opinión, "no puede ser buena una política antiterrorista en la que el PP y las víctimas de terrorismo sean el problema y ETA y Batasuna la solución".

"Es inaceptable, antidemocrático y la demostración inequívoca de lo equivocado de esta política", continuó, y añadió que no se trata de un problema de derechas e izquierdas, sino de sentido común.

A los terroristas se les gana con la ley, según Rajoy, quien advirtió de que seguirá preguntando por la negociación política con ETA, porque es su "obligación".

"No me callo, porque si lo hiciera, estaría incumpliendo mi obligación con los españoles y no lo voy a hacer", recalcó y dijo que trabajará "como nunca" para que en España haya un gobierno con sentido común que, precisó, "no es mucho pedir".

'Ha roto todos los acuerdos'

En su opinión, Zapatero ha roto todos los acuerdos de la transición, incluidos el consenso sobre España y sobre la historia, y se preguntó por qué hay que hablar de Franco, la República o la memoria histórica, mientras al PP lo que le importa es hablar de futuro y de los problemas reales de los ciudadanos.

Indicó que el PP ya ha demostrado que sabe gobernar y aseguró que cuenta con un buen proyecto para España y para Extremadura, donde "esta vez sí que se ha terminado el ciclo político del PSOE".

"Este partido se presenta a ganar, no a subir tres o cuatro escaños, sino a ganar y a gobernar", dijo Rajoy, quien mostró su confianza en Carlos Floriano y le puso a su disposición "sin ningún tipo de condicionamiento" todos los apoyos del partido para alcanzar la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Terra Actualidad - EFE

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Vieiros.com.-21-10-2006.-LEGALIDADE NOS CONCELLOS
A falta de medios dificulta a loita contra a corrupción urbanística


[16/10/2006 13:40] Aínda que semelle incríbel, ata o de agora nunca houbo axentes que investigasen a corrupción urbanística en Galiza. Todo o mundo fala de mafias pero moi poucas veces se poden ver alcaldes ou concelleiros que acaben na cadea por meter a man na maseira urbanística. As razóns son múltiples, mais unha fundamental é que ninguén se preocupa de atar os cabos para descubrir a verdade. O goberno central anuncia a posta en funcionamento dunha pequena brigada da Garda Civil que se dedicará exclusivamente a este labor.

Cando hai uns meses todos os focos de televisión viraron cara Marbella houbo moitos que contiveron o alento. Determinadas organizacións veciñais denunciaron que se cocían fabas semellantes en moitos municipios do Estado. O noso país non se libraba, nin moito menos, deste andazo. No punto de mira da especulación máis salvaxe estaría todo o litoral, especialmente a Mariña lucense e a Costa da Morte. Con denuncias e todo, Galiza aínda terá que agardar un ano máis para contar cun grupo de axentes especializados na loita contra a corrupción urbanística.

Na actualidade, o Servizo da Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil é o organismo encargado de perseguir construcións ilegais nas zonas naturais protexidas. A propia Consellaría de Política Territorial decidiu poñer este ano a un grupo de funcionarios a percorrer o país cunha función similar. Aínda así, ningún destes dous servizos ten como misión perseguir os políticos ou empresarios que se enriquecen coa ilegalidade urbanística. Dende a devandita consellaría déixano claro: non teñen competencias para isto. O que si poden é estremar as medidas de control sobre os plans urbanísticos que lles chegan dende os municipios. "Outra cousa é que logo os concellos cumpran o que poñen no papel", subliña escéptica unha traballadora deste departamento da Xunta.

 

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20minutos.es.- 20.10.2006 -La familia de Esperanza Aguirre gana 8 millones de euros con la venta de suelo en Tres Cantos, según el PSOE
EFE. 20.10.2006

Compraron el terreno rústico en mayo de 2001 y lo vendieron 32 meses después, como urbanizable.
Los socialistas piden explicaciones a la presidenta de la Comunidad.
Hablan ya de "sídrome Gil Biedma" por la polémica en torno al 'pelotazo' de un tío de Aguirre.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid denunció el viernes que familia "directa" de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ganó ocho millones de euros con la compra de un terreno "rústico" en Tres Cantos en mayo de 2001 y con su venta, 32 meses después, como "urbanizable".

Compraron el terreno rústico en mayo de 2001 y lo vendieron 32 meses después, como urbanizableLa portavoz adjunta del Grupo, Ruth Porta, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos, Miguel Aguado, comparecieron el viernes ante los medios para dar cuenta de los "pelotazos urbanísticos" protagonizados por tíos y primos de Aguirre, y de la conversación "espeluznante" de un ex concejal popular sobre el Plan de Urbanismo de este municipio.

Síndrome familiar

Porta, que se refirió al "síndrome Gil de Biedma", instó a la presidenta madrileña a dar explicaciones públicas y anunció que el Partido Socialista de Madrid (PSM) incorporará este nuevo caso al "extenso" dossier que la próxima semana presentará ante la Fiscalía General del Estado para que "el urbanismo corrupto no campe como lo ha hecho en los últimos años".

"Sólo unos días después de la compra del terreno, el Pleno del Ayuntamiento tricantino, con el voto del PP, aprueba los criterios de elaboración del Plan General que viene a decir por dónde pasa y a qué propietario de suelo va a beneficiar", afirmó Aguado, que se refirió "a la suerte" que tiene la familia de Aguirre, ya que "casi todo lo que compra le toca dentro del Plan General".

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20minutos.es.- 20.10.2006 - De la Vega advierte de que habrá "tolerancia cero" con la corrupción urbanística

María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros. (Emilio Naranjo / Efe)

Lo ha dicho después del Consejo de Ministros.
La ministra de Vivienda afirma que la "transparencia administrativa" es la mejor medida preventiva.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió hoy tras el Consejo de Ministros, que habrá "tolerancia cero" con los casos de corrupción urbanística.

Así respondía De la Vega después de que se haya hecho público el caso de Ciempozuelos, donde el todavía alcalde del municipio, Pedro Torrejón García, presentó su dimisión por las noticias de cobros de comisiones del anterior alcalde.

De la Vega calificó de "repugnante" la corrupción y destacó que "nada atenta más contra el Estado de derecho, venga de donde venga", pero especialmente cuando implica a servidores públicos.

"El gobierno no está dispuesto a amparar ningún tipo de corrupción. Lo hemos demostrado con hechos", y señaló que les gustaría que todos mantuviesen esta actitud.

Por su parte, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, dijo que los escándalos urbanísticos son un "tema que nos preocupa" y resaltó que la "transparencia administrativa" es la mejor medida preventiva para evitar casos de corrupción.

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MADRID, 19 Oct.2006 (EUROPA PRESS) -El PSM propone llevar a la Fiscalía todos los casos de corrupción urbanística en Madrid, incluido el de Ciempozuelos

El PP respalda la investigación en el municipio y pide que se amplíe a Aldea del Fresno

La secretaria de Política Institucional del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Ruth Porta, anunció hoy la intención de su formación de acudir a la Fiscalía General del Estado para pedirle que investigue "todos los casos de corrupción que se están produciendo en Madrid", incluido el que costó la dimisión al alcalde socialista de Ciempozuelos, Pedro Torrejón.

"Acudiremos a la Fiscalía con el caso de Enrique Porto, con los escándalos del alcalde de Villanueva de la Cañada y con el pelotazo de Esperanza Aguirre, y acudiremos a la Fiscalía con el caso de Ciempozuelos, para que se investigue y se juzgue todo lo ocurrido en ese municipio", señaló Porta en rueda de prensa en la Asamblea, en la que anunció que su partido practicará "la tolerancia cero con la corrupción urbanística".

La dirigente socialista, que realizó estas manifestaciones antes de que se conociera la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre los dos ex alcaldes de Ciempozuelos, pidió que "se investigue y se juzgue las posibles implicaciones de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre" en las recalificaciones en Ciempozuelos, ya que el plan general del municipio fue redactado a instancias del ex director general de Urbanismo Enrique Porto.

No obstante, descartó denunciar ante la Fiscalía las actuaciones de municipios gobernados o cogobernados por el PSOE como Morata de Tajuña o Quijorna, al apuntar que en estos dos casos "no existen acusaciones de corrupción", sino "fuertes y tremendas contradicciones" entre el modelo urbanístico de los dirigentes locales socialistas y la dirección regional.

CÁNCER Y METÁSTASIS

En este contexto, señaló que fue Porto "quien informó favorablemente" del plan general de Ciempozuelos, y fue el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, "quien lo aprobó en la Comisión Regional de Urbanismo". "Ninguna recalificación es posible sin la aprobación de la Dirección General de Urbanismo, de la Comisión Regional de Urbanismo y sin el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre", afirmó.

Porta se mostró convencida de que "el urbanismo es un cáncer, y la metástasis ha alcanzado a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid", afirmó. "El olor a podrido está alcanzando a la propia Puerta del Sol", añadió antes de mantener que la "única salida" que tiene la presidenta para "limpiar su imagen" es "ordenar su propia investigación y la de todas las actuaciones de Porto durante su provechoso paso por la Dirección General de Urbanismo".

La dirigente socialista se refería de esta manera al "pelotazo urbanístico" del que, según los socialistas, se benefició José Gil de Biedma, tío de Esperanza Aguirre, en Villanueva de la Cañada. Denunció que, "si los principios de Aguirre pasan por la convicción de que dar pelotazos de millones de euros es normal, todo lo que ha hecho a lo largo de estos años está contaminado". "¿Cuántos de sus familiares normales han pegado pelotazos normales de su normal jefe de Urbanismo?", se preguntó.

PP: RESPALDO A LA INVESTIGACIÓN DE CIEMPOZUELOS

El portavoz del PP, Antonio Beteta, respaldó la iniciativa del PSOE de llevar el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos a la Fiscalía y pidió que la investigación se amplíe a Aldea del Fresno, municipio en el que la Fiscalía retiró las competencias urbanísticas al alcalde, el socialista José Luis Tello.

Beteta destacó la necesidad de que el secretario general del PSM, Rafael Simancas, "declare qué conoce de estos asuntos" y le instó a explicar "qué tipo de cortafuegos está pergeñando para evitar dar explicaciones públicas" sobre las recalificaciones en Ciempozuelos.

Al mismo tiempo, tachó de "absoluta falsedad" la participación de la Comunidad de Madrid en la aprobación del plan general del municipio, como denunció Porta. "¿Qué sabe la Comunidad de un convenio entre particulares, entre el alcalde y un constructor?", se preguntó.

En relación con el supuesto "pelotazo" del tío de Aguirre, defendió que "todo se ha hecho siempre conforme a la ley" y vinculó las acusaciones de los socialistas con "la situación de extrema debilidad" en que, a su juicio, se encuentra Simancas por "la falta de candidato en el Ayuntamiento y su intención de tapar la asfixia financiera a Madrid".

IU PIDE "LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS"

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida (IU), Fernando Marín, pidió "llegar hasta las últimas consecuencias" en el caso de Ciempozuelos "y en cualquier otro tema". "Si hay indicios de delito, no hay que dudarlo, hay que ir corriendo a denunciarlo", señaló.

En su opinión, "todo lo que sea prevaricación, aprovechamiento del dinero público o corrupción hay que llevarlo al juzgado inmediatamente para que se proceda contra estos casos". "Nosotros no tenemos ninguna duda --dijo--. No nos va a temblar la mano en ningún caso".

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20MINUTOS.ES. 20.10.2006 .-Los dos ex alcaldes de Ciempozuelos viajaron a Andorra para abrir cuentas millonarias, según ABC

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas por presunta corrupción.

Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, ambos ex alcaldes de la localidad madrileña de Ciempozuelos, utilizaron los contratos firmados por Tejeiro con la inmobiliaria Esprode para abrir sendas cuentas en Andorra, informa el periódico ABC.

Torrejón utilizó el fax de su casa para justificar la procedencia del dinero al banco elegido, Andbanc, que había solicitado la justificación de sus ingresos, tal y como es costumbre en entidades bancarias localizadas en paraísos fiscales, para evitar que el capital que entra en sus arcas proceda de actividades delictivas.

La cantidad ingresada en dicho banco asciende a 916.000 euros, al y como informa El País.

El alcalde socialista de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón, aceptó dimitir como primer edil de esta localidad tras pedírselo expresamente el secretario de Organización del PSM-PSOE, Andrés Rojo, ante las informaciones sobre una supuesta operación irregular relacionada con una recalificación de terrenos.


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Aguirre: "Jamás he tomado una decisión para favorecer a ningún particular, y mucho menos a un pariente"

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El Confidencial.Lunes, 18de octubre de 2006-El PSOE lleva a Bruselas la batalla del urbanismo
Simancas exige a Aguirre que explique cuántos familiares tiene en el negocio inmobiliario
ANA CARBAJOSA - Bruselas
EL PAÍS - 19-10-2006
El secretario general del PSM, Rafael Simancas, llevó ayer al Parlamento Europeo las quejas de vecinos de cinco municipios de la región, que acusan a la Comunidad de violar la legislación comunitaria con sus planes urbanísticos. "Acudimos a las instituciones europeas en busca de ayuda para poner coto a los desmanes urbanísticos del PP", dijo. Simancas también exigió a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que explique cuántos familiares tiene en el negocio inmobiliario.

El texto del documento concluye que los planes urbanísticos previstos para estos municipios "afectan muy negativamente y de forma irreversible a zonas con un alto valor natural y a espacios protegidos por la legislación comunitaria, permitiendo su urbanización". También sostiene que en la Comunidad de Madrid existe "un vacío legal", ya que las disposiciones urbanísticas no recogen las obligaciones que se derivan de las leyes europeas. "Madrid necesita una nueva Ley de Protección del Medio Ambiente. Hay zonas de alto valor ecológico que no están protegidas legalmente", estimó Simancas, quien invitó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, a cumplir su promesa electoral de desarrollar esta legislación. También exigió Simancas a Aguirre que explique cuántos familiares suyos están vinculados con el negocio inmobiliario.

José Gil de Biedma, tío materno de la presidenta, obtuvo ganancias de 2,1 millones por la venta de terrenos en un sector de Villanueva de la Cañada en la que también tenía terrenos el ex director de Urbanismo, Enrique Porto, que cesó a raíz de difundirse un pelotazo de 3,4 millones.

Representantes de asociaciones de vecinos y ecologistas de Rascafría, Moralzarzal, Las Rozas, Torrelodones y Galapagar viajaron también hasta Bruselas donde explicaron qué les ha llevado a llamar a las puertas de las instituciones europeas. "Hemos venido para ver si en Europa nos hacen más caso que el que nos hace nuestro alcalde", dijo Juan Luis Cano, en representación de la asociación de Vecinos de Torrelodones. Cano, miembro del dúo Gomaespuma, explicó que los planes urbanísticos amenazan la cuenca alta del Manzanares, donde anida el águila imperial.

Pablo Hernández, de la Plataforma de Vecinos de Las Rozas, indicó que el nuevo plan urbanístico de su municipio prevé levantar al menos 10.000 viviendas, además de otras 5.000 ya pendientes de construcción. Este despliegue inmobiliario "invade arroyos, espacios protegidos y se cortarán encinas", según Hernández. Pero Ángel Estévez, en nombre de la organización Pueblo Verde y Asociación Gente de Moralzarzal, estimó que los planes desarrollistas tienen marcha atrás. Explicó que en su municipio está prevista la construcción de un campo de golf en una dehesa, protegida desde 1962.

No faltaron las quejas relacionadas con la falta de infraestructuras que podría acarrear el desarrollo urbanístico. "En Galapagar no hay garantías de abastecimiento de agua. Con la población actual, ya no hay suficiente agua, y habrá mucha menos si duplican el número de viviendas", estimó Concha Núñez, de la Plataforma de Vecinos de Galapagar, municipio en el que el nuevo plan tiene previsto pasar de 32.000 habitantes hasta 70.000.

Simancas consideró que de materializarse los proyectos del noroeste, se generarán colapsos en servicios públicos e infraestructuras, un incremento en el tiempo de los desplazamientos y del precio de la vivienda. Los firmantes de la petición entregada ayer sostienen que los planes urbanísticos violan las directivas 79/409/CE y 92/43/CE de la protección de aves silvestres y de la conservación de los hábitats naturales. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara deberá decidir si admite a trámite la queja.

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La Voz de Gañicia, 18-10-2006.- El fiscal solicita la inhabilitación del alcalde de Tui en otro caso urbanístico. Sostiene que se despreció la legislación al permitirse una construcción en una zona protegida

El regidor del PP y otros ediles aseguraron que los técnicos avalaron la licencia

Las defensas aluden a la absolución del Supremo y piden el archivo del sumario

(Firma: López Penide | Lugar: pontevedra)
?l alcalde de Tui, el popular Antonio Feliciano Fernández Rocha, volvió ayer a sentarse en el banquillo de los acusados por un nuevo supuesto caso de prevaricación urbanística. Junto a él también estuvieron los concejales José Prada Álvarez, José Manuel Sousa Sousa, Moisés Rodríguez Pérez, Telmo Martínez Ramos y Alfredo Alonso Acuña, así como el aparejador municipal y la asesora jurídica del citado ayuntamiento. Para todos ellos, el fiscal solicita ocho años de inhabilitación y el pago de 7.200 euros.

Durante la primera jornada de esta vista oral, que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra, el regidor municipal reconoció que la corporación aprobó la concesión de la licencia de rehabilitación del Casino viejo de Tui así como de construcción de un edificio de nueva planta en la parte posterior del citado inmueble. Aludió a que tal aprobación contó con informes previos de los técnicos municipales, ya que «los políticos no vemos los proyectos», al tiempo que aseguró que ni para él «ni para los técnicos [el edificio] está dentro del conjunto histórico» de Tui.

Sobre el hecho de que Patrimonio hubiese permitido la rehabilitación del casino, pero no así la construcción del segundo edificio, el regidor municipal tudense se defendió asegurando que «no se pueden dar licencias a medias» para los proyectos. Asimismo, reiteró que si bien tiene conocimiento de la existencia de una zona clasificada como Bien de Interés Cultural, «es el conjunto histórico y no la zona de la que estamos hablando».

La concesión de esta licencia por parte de la corporación municipal es definida por el fiscal como un «claro desprecio de la legislación vigente al haber vulnerado conscientemente la normativa urbanística», un hecho en el que los dos técnicos procesados habrían jugado un papel importante: «Contraviniendo grave y conscientemente la legislación urbanística [...] emitieron sus respectivos informes técnico y jurídico estimando aplicable a la parcela en cuestión la ordenanza primera -relativa a suelo urbano y, por lo tanto, no precisa de un informe vinculante por parte de Patrimonio- y no la quinta -que sí requiere de tal informe y es muy restrictiva a la hora de realizar modificaciones de la estructura existente-».

El primero de los concejales en prestar declaración ayer fue el actual responsable de Urbanismo en Tui. José Prada, que en el año 2001 se ocupaba del área de Juventud, Deportes y Tercera Edad, aseguró que, por aquel entonces, desconocía la declaración de Conjunto Histórico Artístico de Tui o la existencia de una zona de protección patrimonial.

El edil, asimismo, aseguró que desconocía «el sentido del término rehabilitar» y sostuvo que nunca vio que las decisiones del equipo de gobierno causasen alarma social. «Alarma social eran cuatro vecinos que denunciaron todos estos casos», afirmó.

El juicio continuará hoy con la declaración de varios testigos, entre los que se encuentra la ex conselleira del PPdeG Pilar Rojo, en calidad de antigua delegada de la Consellería de Cultura.

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20MINUTOS.ES. 17.10.2006 - 06:26h .- Un tío de Esperanza Aguirre, beneficiado por un pelotazo inmobiliario

Se trata de José Gil de Biedma, hermano de la madre de la presidenta de Madrid.
La operación le reportó 2,1 millones de euros.
Fue por la venta de unos terrenos que desbloquéo Enrique Porto.

La firma Alminar Villas, del tío de Aguirre, compró en 2000 algo más de 24.000 metros por 419.975 euros.

Años después, en 2004, el entonces director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, desbloquéo el plan de urbanización sobre estos terrenos, según El País.

En este entonces, Aguirre aún era presidenta de la Comunidad de Madrid.

Dos años después, en 2006, Gil de Biedma vendió con otra inmobiliaria al 50% dicho terrenos a cambio de 4,6 millones de euros.

Los terrenos de la polémica estaban en Villanueva de la Cañada, y la actual presidenta de la Comunidad ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de la mencionada localidad madrileña.

Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada. Sin embargo, Porto desbloqueó la aprobación del plan en septiembre de 2004.

Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un céntimo o en urbanizarlos.

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El Correo Gallego.16 de octubre de 2006.-"Es un pelotazo porque el terreno es nuestro", claman los vecinos de Cornes

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Adif, la entidad administradora de Infraestructuras Ferroviarias, inicia hoy el proceso de venta de unos terrenos en los que se van a construir viviendas privadas ·· La zona se había expropiado para uso público, y sus antiguos dueños reclaman ahora que se la devuelvan
REDACCIÓN • SANTIAGO



Algunos de los terrenos en venta se encuentran al lado del viaducto de las vías del tren, en la foto
FOTO: Gallego


"Nos parece un pelotazo". Estas palabras la citaron ayer a este diario vecinos de Cornes, que llevan más de diez años luchando para que se les devuelva unos terrenos que consideran suyos.

Parte de este territorio es el polígono 2 del SUP 3. Es decir los terrenos que hay debajo del viaducto por el que pasa el tren. "Sobre estas tierras hay diez contenciosos administrativos", dicen los residentes. Pero Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) acaba de publicar un anuncio en el que se comunica que hoy mismo se inicia un proceso de subasta para vender dos céntricas parcelas de Compostela. La polémica está servida.

Para utilidad de todos

Los vecinos de Cornes explican que buena parte de estas tierras pertenecían en el siglo XIX a sus antepasados, pero fueron expropiadas para un bien público: la construcción del ferrocarril. Y añaden que "terminada esta utilidad pública, ahora los terrenos son nuestros".

Esta expropiación tuvo tres fases. "La primera fue la de 1.864, que se hizo para construir la estación". La segunda fue en 1925 por la ampliación de la misma: "Se descargaba aceite de Jaén, vino del Ribeiro, carbón de Asturias..., y había que construir almacenes, como el de Koipe", explican los vecinos. Y, la tercera fase, se remonta a los años 1929 y 1932, porque "hasta ese momento la vía de tren hacia Madrid pasaba por A Coruña y Monforte, y en el año 29 se diseñó la nueva ruta que hoy todos conocemos: Santiago-Ourense-Zamora-Madrid".

Hasta ese momento, los propietarios de las tierras no tenían nada que reclamar. "Se expropiaron para el beneficio de todos", señalan. Sin embargo, tras el Plan Xeral de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago de 1989, "Renfe y Raxoi se pusieron de acuerdo para recalificar, sin desafectar, estos terrenos con el objeto de urbanizar y construir ahí viviendas libres" .

Esto significa "que las tierras ya no se utilizan para un bien público, sino que teóricamente volvían a su antigua titularidad privada, y lo que dice la Ley de Expropiación Forzosa es que, en estos casos, el Ayuntamiento se tiene que poner en contacto con nosotros (los expropiados o, en su defecto, sus herederos) porque la titularidad vuelve a sus antiguos dueños", explican estos vecinos.

La Audiencia Nacional les reconoció este derecho, y ellos se pusieron manos a la obra. Y es que desde entonces "fuimos al Registro Civil, a los museos, iglesias, monasterios y entidades oficiales de Conxo, Santiago, Vilagarcía, A Coruña, León, Alcalá de Henares y Asturias" para encontrar toda la documentación, y lo consiguieron. Así que ahora mismo "el juez es el que tiene la última palabra", comunican, aunque añaden también que "el Ayuntamiento también tiene responsabilidad en esto porque ha recalificado los terrenos".

Adif comunicó ayer a este diario que se pronunciará en los próximos días sobre todo este asunto. Desde hoy mismo, sin embargo, los interesados tendrán a su disposición el pliego de condiciones para presentar sus ofertas. Éstos pueden adquirir dos parcelas del Polígono 2 del Sup3 de Santiago. Una de las fincas tiene 284,43 metros cuadrados, mientras que la otra mide 401,20.

El precio mínimo de puja para la primera es de 2.250.000 euros. Es decir, que el metro cuadrado, sin edificar, se pagará a más de 7.910 euros, mientras que el precio de salida de la otra finca es de 1.950.000 euros (a 4.860 euros el metro cuadrado). Más información sobre esta venta en www.adif.es/patrimonio.

DESDE RAXOI "Será un contencioso muy difícil"

Los vecinos de Cornes han puesto en manos de la Sala Octava de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la defensa de sus derechos de propiedad, pero culpan también al Ayuntamiento de Santiago: "Hace año y medio le hemos pedido una entrevista para entregarles toda la documentación que demuestra que somos los legítimos dueños de los terrenos, y nos la han negado", dicen algunas fuentes.

El alcalde, Sánchez Bugallo, explica, sin embargo, que "ya hemos hablado con ellos en su día, y le hemos dicho que nosotros no íbamos a paralizar el crecimiento de la ciudad en función de un pleito que ellos tuvieran. En todo caso, son los tribunales los únicos que pueden resolver, porque es una disputa clara de propiedad. Raxoi no tiene nada que ver en ella, se trata de Renfe y los herederos. Nosotros, de momento, sólo podemos guiarnos de lo que dice el Registro de Propiedad, y éste señala a Renfe como el dueño". La zona se va a reurbanizar "siguiendo el Plan Xeral de Urbanismo de 1989" .
OTROS DATOS En los años 90, Renfe creó el viaducto

En los años 90 Renfe aceptó un convenio con el Ayuntamiento. Gracias a él, la empresa ferroviaria se comprometió a eliminar el terraplén de 50 metros de base que había antes por un viaducto, lo que permitiría unir Conxo con Pontepedriña. La obra costó unos 7 millonesde euros.

Privada o pública, según la edificabilidad

Raxoi quiere promocionar la vivienda protegida. Para lograrlo, "compensa a los promotores dándoles el doble de edificabilidad", pero, según algunas fuentes, "ésto no se podía hacer en este polígono porque ya recoge la edificabilidad máxima que prevé la Ley de Suelo de Galicia" .
REACCIONES " Xosé Sánchez Bugallo Alcalde de Santiago

Bugallo justificó que se vayan a construir viviendas de precio libre (se estima que serán unas 70, tendrán unos 100 m2 de superficie, y se venderán por unos 360.000 euros) porque "así estaba recogido en el Plan Xeral del año 1989". Según él, "Renfe sólo tiene el 20% de la propiedad de la zona, ya que el 80 restante pertenece a otras dos empresas privadas".

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El Correo Gallego.3 de noviembre de 2006.-"Pujas de infarto por los 300 metros de la nueva ‘milla de oro’ en Cornes

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Las promotoras ofrecen más de tres millones y medio de euros por una pequeña parcela de menos de 300 metros cuadrados radicada en Pontepedriña ·· Urazca Promociones y Arquitectura y Hábitat son las empresas que apuestan más fuerte por la adquisición
REDACCIÓN Y DELEGACIÓN • SANTIAGO Y CORUÑA
Las ofertas presentadas por las empresas promotoras para adquirir las dos fincas puestas a la venta por Adif, la entidad administradora de infraestructuras ferroviarias, en el polígono 2 del sup-3 de Pontepedriña, superan con creces el precio de salida que establecía el concurso de venta.

Hasta 12.753 euros por metro cuadrado está dispuesta a pagar la vasca Urazca Promociones Inmobiliarias por una de las fincas. La promotora ofrece 3.622.000 euros por el solar, cuyo precio de salida era de 2.250.000 euros. La finca, que está destinada a vivienda libre y usos terciarios, tiene una edificabilidad de 2.703 metros cuadrados, por lo que, de aceptarse la puja de Urazca, cada uno de estos metros costaría, aún sin edificar, 1.340 euros.

Para la segunda finca, de mayor tamaño pero menor edificabilidad, la oferta económica más elevada ha sido la presentada por la canguesa Arquitectura y Hábitat. Esta promotora de viviendas ofrece 3.123.130 euros por 401 metros cuadrados, en los que podrían llegar a construirse 2.342 metros cuadrados. Es decir, están dispuestos a pagar 7.788 euros por metro cuadrado y 1.334 euros por metro construible.

Aunque en el pliego de condiciones del concurso público se puntúan méritos, como el haber promovido pisos protegidos o dar empleo a mujeres o discapacitados, la oferta económica se valora con hasta ochenta puntos sobre un total de cien, por lo que Urazca y Arquitectura y Hábitat son las que tienen más papeletas para hacerse con el codiciado terreno, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento urbanístico de Santiago.

Se da la circunstancia de que la segunda mejor oferta para cada una de las fincas es de la empresa que más alto pujó por la otra. Así, Arquitectura y Hábitat ofreció por la más pequeña 3.617.870 euros, tan sólo cuatro mil euros menos que Urazca. La promotora vasca, a su vez, ofreció treinta y un mil euros menos que la canguesa por el terreno de 401 metros cuadrados.

Fueron en total ocho las empresas que pujaron por los terrenos. Además de Urazca y Arquitectura y Hábitat, Curto Promociones; Inmobiliaria de Puentes y Calzadas; Gestsolo Ourense; Costa Coruña Construcciones; Unión Hotelera Gallega y Monteviejo Inversiones se mostraron interesados por uno o ambos solares en venta.


FOTO: cris tobío
De descampados en el extrarradio a viviendas sólo para privilegiados

El desarrollo del sup-3 de Pontepedriña obligará a desalojar a los coches que, mientras el terreno bajo las vías del ferrocarril es aún un descampado, aprovechan para estacionar allí. La zona se verá totalmente transformada en los próximos años, conectando el lateral de Romero Donallo con el parque Eugenio Granell, a través de una zona verde. Cuando se edifique en las parcelas que ahora están en venta, los pisos podrían alcanzar nuevos récords en el ránking de precios más altos. Antes de que en los solares se hayan siquiera puesto los cimientos, cada metro edificable ha sido valorado en 1.340 euros y 1.334, respectivamente.

LITIGIO POR LA PROPIEDAD Los vecinos de Cornes reclaman sus derechos

Vecinos de Cornes llevan más de dos años luchando por unos terrenos que consideran suyos. Parte de este territorio es el polígono 2 del Sup-3, en el que están situadas las parcelas en venta. Sobre estas tierras hay diez contenciosos administrativos, según los reclamantes, quienes explican que buena parte de los terrenos pertenecían en el siglo XIX a sus antepasados, pero fueron expropiados para un bien público: la construcción del ferrocarril.

Según los afectados, terminada esta utilidad pública, los terrenos serían de nuevo de su propiedad. La expropiación tuvo tres fases: la primera fue la de 1864, que se hizo para construir la estación. La segunda fue en 1925 por la ampliación de la misma. Y la tercera fase se remonta a los años 1929 y 1932, cuando se diseñó la nueva ruta para el viaje a Madrid.

Ante los ojos de los vecinos afectados, la operación de venta de Adif es "un pelotazo", como manifestaron a este diario tras conocerse la noticia de la puesta en venta de los terrenos.

El principal argumento que esgrimen para reclamar sus derechos sobre las propiedades es que ahora ya no se utilizan para uso público. Aseguran que, según la Ley de Expropiación Forzosa, la titularidad vuelve a sus antiguos dueños.

Sin embargo, en el Plan Xeral de Urbanismo de Santiago de 1989 se recalificaron los terrenos reclamados y se permitió que se destinaran a la construcción de viviendas libres, algo de lo que culpan al Concello. El alcalde justifica en este plan el que se vayan a construir viviendas libres.
LAS OFERTAS Una inmobiliaria de un gran grupo vasco

Urazca Promociones Inmobiliarias, que ha ofrecido la más alta cantidad por la parcela de 284 metros cuadrados, es una empresa del grupo bilbaíno Urazca que se dedica a la promociones tanto residenciales como industriales. Cuenta con delegaciones en siete comunicades autónomas, entre ellas Galicia, con oficinas en A Coruña.

Una oferta desde Cangas do Morrazo

Arquitectura y Hábitat, que ha ofrecido a Adif 3.132.130 euros por la parcela de 401 metros cuadrados, la cifra más alta por este terreno, es una promotora gallega con su sede principal en el municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo. En su página web corporativa destacan que se dedican a la construcción y venta de viviendas de alta calidad .

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El Confidencial.Lunes, 16 de octubre de 2006-Múgica aboga por aumentar el control sobre el desarrollo urbanístico


El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, abogó el lunes por un refuerzo de los medios judicial y por una mayor competencia del Estado para combatir el fenómeno de la corrupción y de la degradación del medio ambiente a consecuencia del desarrollo urbanístico. Múgica participó en las XXI Jornadas de Defensores del Pueblo, que hasta este martes reúnen en León a doce responsables de estas instituciones en otras tantas comunidades autónomas y que tienen como eje central de debate 'El impacto social y medioambiental del urbanismo'.

El defensor del Pueblo expresó en una rueda de prensa su preocupación por el creciente número de delitos e irregularidades ligadas al urbanismo en España, lo que vinculó en gran medida al hecho de que la construcción, junto al sector servicios, constituya actualmente el "pilar fundamental" de la economía nacional.

"Eso requiere una dedicación enorme al medio ambiente, porque, si no, nos estamos jugando el futuro del país", reflexionó Múgica, quien alertó de que "la situación de España, en unas zonas más que en otras, no es precisamente alentadora".

Enrique Múgica criticó la "salvaje irrupción" del urbanismo en el conjunto del país, si bien hizo especial hincapié en las "salvajadas" que, a su juicio, el sector de la construcción ha protagonizado en determinadas zonas del litoral español, "donde la situación es gravísima".

Frente a este escenario, se mostró partidario de reforzar los medios y recursos de los que dispone la Justicia, tanto los magistrados para hacer cumplir sus sentencias y resoluciones, como los fiscales, para investigar posibles delitos.

"Se tienen que procurar medios importantes de los que está falta todavía la jurisdicción contencioso-administrativa", dijo Múgica, quien también reclamó un mayor apoyo de la Administración a los fiscales y, en particular, a la Fiscalía Anticorrupción.

"Mayor urgencia"

Esta circunstancia permitiría, según señaló Múgica, que el poder judicial actúe "con una mayor urgencia y una mayor exigencia" que en la actualidad, puesto que, en su opinión, otro de los retos pendientes en este campo es el acatamiento y la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales.

Asimismo, apostó por un mayor protagonismo del Gobierno central en la regulación del sector urbanístico, ya que "un Estado democrático, una sociedad democrática, requiere un Estado con la suficiente fuerza como para proteger y amparar las buenas condiciones de vida de los ciudadanos".

Contrapuso esta opinión con el hecho de que, actualmente y en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional, el papel del Estado en esta materia se limite fundamentalmente a la aprobación de "leyes de bases, normas" cuya aplicación posterior concierne y recae de forma primordial sobre los ayuntamientos españoles.

Precisamente, el urbanismo es, junto al funcionamiento de la Administración y la Sanidad, el asunto más presente en las reclamaciones que tramita el Procurador del Común de Castilla y León, equivalente en esta comunidad al Defensor del Pueblo, según afirmó su máximo responsable, Javier Amoedo.

El acto inaugural de estas XXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se desarrollan en el Hostal de San Marcos de León, contó hoy con la presencia de los presidentes de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de las Cortes autonómicas, José Manuel Fernández Santiago.

El encuentro, según indicó el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, permitirá unificar criterios en la toma de resoluciones e intercambiar experiencias relacionadas con la labor que cada uno de los defensores del pueblo desarrolla en el ámbito de su comunidad autónoma.

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El Correo Gallego.- 10 de outubro de 2006.- El urbanismo salvaje pone en serio peligro las playas gallegas
Más de 50 científicos exigen a las administraciones mayor sensibilidad hacia ellas ·· Abogan por que descienda la presión de las construcciones sobre la costa

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M.G. •VIGO

Imagen aérea de la playa de Silgar, en el concello de Sanxenxo
FOTO: Ramón Escuredo


El desarrollo urbanístico incontrolado o "salvaje" es incompatible con la preservación del valor ecológico de las playas gallegas. Así lo constató ayer Mariano Lastra, presidente del comité organizador del congreso que reúne en Vigo a más de 50 expertos mundiales en la situación de los arenales.

Estos investigadores, de distintas universidades internacionales, coinciden en apuntar a la presión urbanística como uno de los tres factores determinantes en la degradación de los ecosistemas de las playas. Ante la falta de un desarrollo sostenible, advierten que las construcciones indiscriminadas de muros o paseos marítimos son "agresiones" con efectos impredecibles.

Aunque los especialistas no emitirán hasta la semana que viene el manifiesto de recomendaciones para preservar las playas, sí anticipan una "llamada de atención" ante las autoridades con responsabilidades urbanísticas, en el caso gallego en manos de la Xunta y de los ayuntamientos, para que se desarrolle el urbanismo sostenible que preserve la biodiversidad de los arenales.

En este mismo sentido se expresó Anton McLachlan, quien señaló a la ocupación humana y urbanística como unas de las principales amenazas para los arenales, de ahí que crea que las administraciones deben adoptar medidas más eficaces para la gestión de las playas. Asegura que es posible hacer compatible el desarrollo económico con la preservación de la naturaleza.

Limpieza devastadora

Lastra considera bastante buena la situación de los arenales gallegas, a pesar de que existen malas prácticas en ellas, como la limpieza mediante el empleo de maquinaria pesada que elimina todo tipo de microorganismos. Los arenales del norte, especialmente los de la Costa da Morte, se encuentran mejor que las del sur debido a la menor presión urbanística, un aspecto, sin embargo, que está comenzando a cambiar paulatinamente.

Además, indica que los últimos estudios sobre la situación de las playas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas señalan la recuperación de la mayor parte de las especies después del naufragio del Prestige.

"Los arenales del parque nacional son los más ricos de Galicia en biodiversidad, con una importante recuperación desde el Prestige, especialmente las especies más sensibles a la contaminación".

EL DATO Conservación

Los expertos urgen a adoptar medidas de conservación de las playas y a que las ­autoridades con competencias pasen a considerarlas como ecosistemas que deben ser valorados .

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El Correo Gallego.- 10 de outubro de 2006.- El alcalde de Mugardos elude una sentencia de demolición de 1999
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R.F. • A CORUÑA
El fiscal ha formulado denuncia contra el alcalde de Mugardos, el nacionalista Xosé Fernández Barcia, por negarse a cumplir una sentencia dictada en marzo de 1999 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que se instaba la demolición de una vivienda de nueva planta edificada ilegalmente, por haberse construido bajo el amparo de una licencia de reforma y rehabilitación.

El fiscal relata que en noviembre de 1999 el TSXG remitió al Ayuntamiento la sentencia, pero que "desde ese momento, y hasta el presente (el gobierno local) ha incumplido todos los requerimientos realizados por el Tribunal", dos de ellos en 2001, y después en 2004 y 2005.

En unos casos, el Ayuntamiento anunciaba que se ponía en marcha el procedimiento de demolición, "recabando dictámenes jurídicos o interesando la confección de proyectos a los arquitectos técnicos"; y en otros paralizaba "los supuestos trámites por alegaciones infundadas del propietario" de la vivienda ilegal, como la referida a la falta de titularidad sobre el terreno en que ésta se asentaba.

Después de estos infructuosos intentos, en febrero de este año la Sala de lo Contencioso acordó librar testimonio de todas estas actuaciones y requerimientos a la Fiscalía del TSXG para abrir acciones penales. El fiscal procedió entonces a tomar declaración al alcalde, que en aquella ocasión había asegurado que se había encargado "un proyecto técnico a un arquitecto exterior a fin de ejecutar el derribo previsto".

Pero a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, subraya la Fiscalía, y de que incluso se le informó de que ya existía una empresa adjudicataria de los trabajos de demolición, ésta no se ha producido, y el 15 de septiembre pasado "se tuvo que suspender ante la ausencia de un proyecto de derribo".

Para el ministerio público, todas estas circunstancias "demuestran de forma palmaria la absoluta falta de voluntad de acatar las decisiones del tribunal sentenciador", ya que ni siquiera se ha cubierto ninguna de las fases previas "que podrían conducir al cumplimiento de la resolución judicial".

El fiscal pide que se llame a Fernández Barcia a declarar en calidad de imputado por la posible violación del artículo 410.1 del Código Penal, que castiga con multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial de seis meses a dos años para ocupar un cargo público a las autoridades que "se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales".

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20minutos.com.-14/11/2006.-Un centenar de jóvenes entra en un Ikea de Barcelona y estrena sus camas para pedir una vivienda digna


¿Has podido comprar una casa de más de 100 metros cuadrados?
Si, tiene 100 metros o más No, es bastante más pequeña No he podido comprar ni un trastero


Pancartas durante uno de los actos organizados en Barcelona por la Asamblea por una Vivienda Digna El acto fue convocado por la Asamblea Popular de Barcelona por una Vivienda Digna.
Algunos se vistieron con pijama y bata y se tumbaron en las camas.
Un centenar de jóvenes convocados por la Asamblea Popular por la Vivienda Digna entraron el viernes en la cadena de muebles y decoración Ikea de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para reclamar pisos asequibles.

Algunos de los jóvenes se pusieron bata y pijama y se tumbaron sobre las camasAnte la sorpresa de los clientes del establecimiento, los jóvenes entraron en la tienda sobre las 20 horas repartiendo pegatinas que recordaban un anuncio televisivo de la empresa en el que habla de la 'República independiente de tu casa'.

En este sentido, las pegatinas tenían preguntas como "¿Qué república? ¿Qué independencia? ¿Qué casa?".

También portaban pancartas con el lema "No tendrás vivienda en tu vida" y, al llegar a las dependencias con camas, algunos de ellos se pusieron pijama y bata y se tumbaron en ellas.

Mientras algunos de ellos comían cacahuetes, otros comenzaron una guerra de cojines, ante la pasividad de los compradores que seguían comprobando los precios de los productos que se comercializan en este establecimiento.

Después de unos minutos, los manifestantes abandonaron el centro comercial sin provocar incidentes.

La Asamblea ha convocado una nueva concentración en el centro de Barcelona para el próximo lunes, día en que estaba previsto celebrar la cumbre de ministros de Vivienda de la UE.

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El Confidencial.com.-11/10/2006.- La herencia envenenada de Fadesa: Jove le deja a Martinsa contenciosos judiciales en Galicia y Marbella

Se queres comentar esta noticia, podes facÚlo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Confidencial.com.-11/10/2006.
Cuando se cierre la operación de compra de Fadesa, valorada en más de 4.000 millones de euros, Martinsa heredará una gran inmobiliaria cotizada, poseedora de una bolsa de suelo de 21,7 millones de metros cuadrados repartidos por todo el globo. Pero también heredará los diferentes contenciosos que la empresa gallega tiene abiertos por todo el país, entre los que destacan las urbanizaciones Anácara (Miño) o Guadalmina (Marbella).

La Urbanización Anácara, una de las mayores promociones de Galicia, con 1.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel, se encuentra en estos momentos en entredicho después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitiera una sentencia el pasado mes de marzo que supone la anulación de la adjudicación que diera el Concello de Miño en 2002 a Fadesa.

Sita entre Perbes y San Xoan de Vilanova, con una superficie de actuación de 160 campos de fútbol, Anácara fue concedida por el Concello a la empresa de Manuel Jove sin un plan parcial y con Fadesa como única inmobiliaria concursante. Los demandantes son los anteriores dueños de los terrenos afectados, algunos de los cuales fueron expropiados a razón de seis euros por metro cuadrado. Hoy las viviendas en Costa Anácara van de los veinte a los cuarenta millones de las antiguas pesetas.

El presupuesto total de la urbanización es de 30 millones de euros. El Concello de Miño ingresó en 2005 un total de 1.567.937,7 euros en concepto de tasas y licencias de obras, mientras que la inversión real del Concello ese año fue de 1,3 millones, según informó en su día La Opinión de A Coruña. La sentencia del TSXG no deja claro si se paralizarán o no las obras, que Fadesa ya tiene avanzadas. Esta resolución es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En Marbella, asociaciones de vecinos y ecologistas incluían a la inmobiliaria presidida por Manuel Jove en una `macrodenuncia´ por desobediencia al continuar 120 viviendas paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en octubre de 2003.

‘Total normalidad’, según los gallegos

Fadesa ha negado a este diario en ambos casos paralización alguna de sus urbanizaciones: “La de Miño sigue su proceso de entregas con total normalidad, como el resto de promociones de la inmobiliaria”.

Preguntada sobre qué piensa hacer con esta herencia, Martinsa responde que “no hacemos valoraciones ni se pueden tomar decisiones hasta que no esté cerrada la operación”. Tampoco dice nada sobre si trasladará la sede de la inmobiliaria de Galicia a Madrid, asunto que tratarán hoy los compradores, el efímero presidente del Real Madrid Fernando Martín Álvarez (Almarfe) y el malagueño Antonio Martín Criado (Agosuier), y el vendedor, Manuel Jove, con el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño.

 

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El Correo Gallego.com.-12/10/2006..- Miño y O Pino son los puntos polémicos de Fadesa en Galicia

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El proceso de expropiaciones en la macrourbanización ha llevado a los propietarios a denunciarla ·· El mismo problema se va a repetir en el futuro polígono industrial
Dudas sobre la permanencia de la sede de Fadesa en Galicia
El constructor que canta goles
La pujante Fadesa que con toda seguridad se integrará en Martinsa mantiene dos puntos polémicos en Galicia, aspectos éstos que no parecen empañar lo apetitoso de una compañía que posee 21,7 millones de metros cuadrados.

El más conocido es el de la famosa urbanización Costa Anácara, situada en Miño. Más de 1.200 viviendas, entre apartamentos y chalés; un campo de golf; y un hotel a escasos metros de una autopista y de la playa. Una localización ideal que se topó con un obstáculo: los vecinos. Las expropiaciones se pagaron a seis euros el metro cuadrado y los propietarios han recurrido la decisión.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les dio la razón en primera instancia y la compañía ha recurrido, aunque en diversas ocasiones ha explicado que dicha sentencia no paralizó las obras, sino que llamó la atención sobre un defecto de forma en la tramitación urbanística de las expropiaciones.

Se están entregando

De hecho, muchas de las viviendas proyectadas están acabadas y se están entregando a sus nuevos inquilinos.

Un asunto similar amenaza con acabar también en los tribunales. Y también por el precio de la expropiación. Fadesa planea construir un polígono industrial en O Pino, cerca de Santiago, con una extensión de un millón de metros cuadrados.

Un millón de m²

Ya cuenta con 300.000 de ellos y el ayuntamiento ha dictado que pague seis euros por cada metro cuadrado que se expropiará de los 700.000 metros cuadrados restantes. Los propietarios de éstos están en desacuerdo y han solicitado su exclusión para poder participar en la urbanización del terreno y, posteriormente, gestionar su parcela en el polígono, con la consiguiente revalorización del mismo.

A pesar de ello, el consistorio de O Pino, dirigido por Manuel Taboada, le ha cerrado la puerta a esa posibilidad, por lo que los propietarios creen que lo más probable es "llegar a juicio", según ha declarado uno de ellos a EL CORREO.

LOS DATOS.- El pez chico se come la ballena. El suelo con el que cuenta Martinsa, según cálculos del sector inmobiliario, permitiría edificar nada menos que treinta mil viviendas. Es una cifra redonda, pero cinco veces inferior al potencial que le otorgará la compra de Fadesa, con terreno para levantar más de 150.000 pisos y chalés.

Activos por más de diez mil millonesFadesa cerró el primer semestre del año con activos inmobiliarios valorados en 10.019 millones de euros, según la consultora CB Richard Ellis, que registra un aumento del 14% frente al cierre de 2005. Sólo el suelo valdría 6.087,5 millones .

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Xornal.com.-sábado 07 de octubre de 2006.-¿Cal é o primeiro PXOM en superar a Lei de Avaliación Ambiental?

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Curtis é o primeiro de Galicia en superar a Lei 9/2006, de Avaliación Estratéxica Ambiental, a través da vía excepcional da inviabilidade, tal e como acaba de resolver a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, da Consellería de Medio Ambiente. O PXOM de Curtis, como outros moitos de Galicia, tivo que someterse a citada Lei ó non estar aprobado definitivamente antes do 21 de xullo de 2006, cando entrou en vigor a nova normativa nacional, que é transposición dunha directiva europea


XORNAL I Santiago .- O Concello de Curtis recibira a notificación na que se lle informaba da entrada en vigor da lei e da obriga de cumprir os requirimentos da mesma, remitida pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, o pasado 4 de agosto. So catro días despois, o 8 de agosto, entraba na mesma Dirección Xeral a solicitude de excepcionalidade do Concello, que incluía as motivacións da súa petición.

Despois dunha pormenorizada análise do documento, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible acaba de resolver positivamente aquela petición do Concello de Curtis, que previamente tivo que documentar que o seu PXOM cumpría os parámetros medioambientais esixibles en relación cos sistemas de abastacemento de auga e de saneamento (documentou axeitadamente a previsión de dúas novas depuradoras), coa protección dos ríos e os seus cauces, cos residuos, coa natureza ou coas emisións contaminantes, entre outros.

So despois de ponderar e analizar as circunstancias do PXOM do Concello de Curtis, aprobado provisionalmente o 24 de marzo de 2006 no Pleno do Concello, e a vista do nivel de integración que a protección do medio ambiente acada no documento, dos bens xurídicos e intereses públicos que hai que protexer e tendo en conta o proceso de participación pública realizado, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible chega a conclusión de que non é razoable esixir a retroacción das actuacións na elaboración e redacción do citado PXOM. Da así vía libre á continuidade na tramitación do documento, que agora deberá de ser aprobado de xeito definitivo pola Consellería de Política Territorial unha vez superada a lei pola vía da excepcionalidade e despois da suspensión temporal da tramitación que decretara a Consellería de Política Territorial para aqueles planeamentos que estando xa en poder da Dirección Xeral de Urbanismo para a súa aprobación definitiva tiñan que someterse á Lei de Avaliación Ambiental. Xunto a Curtis, aquela suspensión temporal afectou tamén os concellos de Tui, Vigo, Paderne de Allariz, Samos e Taboadela, sendo Curtis o primeiro de todos eles en superar a nova Lei.

Máis doutra ducia de concellos pediron tamén a solicitude de inviabilidade, unha vía excepcional que contempla a propia Lei, para os seus planeamentos. Outros tantos xa se puxeron en contacto coa Consellería de Medio Ambiente para comunicarlle a súa intención de presentar a mesma solicitude e tratar de evitar así retrotraer a elaboración dos plans o punto de inicio.

 

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DESFEITA URBANÍSTICA
El Correo Gallego.- 6 de outubro de 2006.-Denuncian que hay trama del arquitecto de O Son con una constructora

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Groveiro pidió en mayo información de una obra situada al lado de la casa del alcalde ·· Aún no ha recibido respuesta ·· El edil indica que el redactor del proyecto comparte un estudio con el técnico municipal
M. G. • PORTO DO SON

La edificación denunciada por el PP sonense, situada en la zona de Xío, tal como estaba ayer
FOTO: Gallego


La situación urbanística del municipio de Porto do Son sigue generando polémica. El portavoz municipal del PP, Antonio González Groveiro, criticó ayer que el Ayuntamiento no ha contestado a la solicitud de información, presentada el pasado 5 de mayo, sobre las supuestas irregularidades que se están cometiendo en una urbanización que una empresa está levantando al lado de la casa familiar del alcalde, Ramón Quintáns Vila.

Groveiro remitió el 14 de agosto un nuevo escrito al Concello, también sin contestación, en el que interponía una denuncia por infracción urbanística contra dicha obra por no ajustarse supuestamente al proyecto y solicitando su paralización. Para el edil, "resulta sospechoso este silencio y ocultación de datos a la oposición de este y otros casos que iremos desvelando más adelante" y que, en su opinión, tienen tintes de "corrupción urbanística y de negocios privados".

A este respecto, el portavoz del PP explicó que el redactor del proyecto de la obra denunciada es Felipe Brandariz Cañas, "que estuvo y está relacionado en varias sociedades mercantiles de gestión urbanística con el arquitecto municipal, Francisco Otero Méndez, y que comparten un estudio de arquitectura en A Coruña". Por ello, considera que no se está actuando con "imparcialidad" y "neutralidad" por la relación comercial entre el técnico del Concello y Brandariz "que protagonizan casi en exclusiva el urbanismo en Porto do Son".

EL CORREO se puso en contacto ayer con Francisco Otero para conocer su parecer sobre estas acusaciones, pero volaba hacia Barcelona, y dijo que no nos podía atender. Por la tarde tenía el teléfono apagado o fuera de cobertura. Este diario también intentó contactar telefónicamente con el alcalde, pero, al parecer, estaba en una reunión en Santiago, y con Felipe Brandariz, pero estaba ocupado. Al cierre de esta edición, ni el arquitecto ni el regidor habían devuelto la llamada.

LOS DATOS Irregularidades que detectó el concejal

El PP denunció, entre otras supuestas irregularidades en la urbanización, sita en la zona de Xío, que sobresalen las casetas de los ascensores de las cubiertas de cada bloque, lo que la normativa vigente no permite. Además, señaló que las alturas en el aprovechamiento bajocubierta de cada bloque también sobrepasan lo permitido.

"El tejado tiene más altura de la debida"

Groveiro también indicó que las cubiertas del edificio no se ajustan al proyecto que sirvió de base para otorgar la licencia de obra. Al mismo tiempo, destacó que la cumbrera tiene más de tres metros y, por lo tanto, no cumple la inclinación del tejado de 30 grados de acuerdo con el proyecto. En la parte trasera detectó más volumen ..

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20MINUTOS.ES/EFE. 12.10.2006.- Europa lanza una nueva advertencia contra la ley urbanística valenciana y exige su modificación. Considera que no se ajusta a la legislación comunitaria.
Territorio y Vivienda defiende que la ley es un texto "avanzado y vanguardista".


La Comisión Europea ha vuelto a instar a la administración autonómica, mediante una petición oficial. a modificar la Ley Urbanística Valenciana (LUV), al considerar que incumple la legislación comunitaria en materia de contratación pública y que no remedia las posibilidades de infracción detectadas en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

La UE ya abrió un expediente contra la LUV el pasado abril, ya que considera que no subsana la anterior ley (LRAU), y que fue objeto de polémica y numerosas quejas.

Territorio: "La LUV es un texto avanzado"

Por su parte, la secretaria autonómica de Territorio y Vivienda, Cristina Serrano, aseguró este jueves que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) se "ajusta totalmente a la normativa europea y mejora, sin lugar a dudas, la legislación anterior que regulaba esta materia".

En un comunicado, Serrano aseguró que La Generalitat "seguirá defendiendo el contenido de la LUV ante a la Comisión Europea, porque está convencida de que es un texto avanzado y acorde con las exigencias urbanísticas de la Unión Europea".

Espero que la CE deje de dar ultimátum a la Generalitat Valenciana
Por ello, solicitó a la Comisión Europea que deje "de dar ultimátum a la Generalitat Valenciana y que traslade el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que la Generalitat pueda defender la LUV, ya que es este organismo quien, en definitiva, tiene la última palabra".
Agregó que, a fecha de hoy, Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "aún no ha transpuesto esta directiva europea a la legislación española".

Críticas al modelo

Mientras, el portavoz adjunto de EU-Entesa en las Corts Valencianes Joan Antoni Oltra instó al Gobierno valenciano a "cambiar cuanto antes su política" urbanística. Este nuevo toque de atención de Bruselas demuestra que la LUV es un bodrio
Oltra aseguró, en un comunicado, que "este nuevo toque de atención de Bruselas demuestra que para Europa la LUV es un bodrio y una LRAU maquillada inaceptable para la Unión Europea porque tiene los mismos vicios que la anterior normativa".
Joan Antoni Oltra señaló que "por un lado, la legislación permite barbaridades y, cuando no, se hace la vista gorda".

También el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, aseguró que la advertencia de la Unión Europea es una "desautorización más" a la política urbanística del president de La Generalitat, Francisco Camps, caracterizada, dijo, por la "depredación del territorio, la degradación del litoral y de la huerta y por el pelotazo urbanístico".

 

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El Confidencial.com.-13/10/2006..- La Comisión Europea insta de nuevo a modificar la Ley Urbanística Valenciana

Bruselas (Bélgica)..Jueves, 12 de octubre de 2006

La Comisión Europea (CE) ha enviado a España una nueva petición oficial para que sea modificada la ley de ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana (LUV), por la supuesta incompatibilidad de algunas de sus disposiciones con la normativa comunitaria sobre contratos públicos.

Según informó la CE en un comunicado, el Ejecutivo europeo ha remitido a las autoridades españolas un dictamen motivado suplementario, segunda fase del procedimiento de infracción establecido en el artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea. "En ausencia de respuesta satisfactoria en dos meses, la CE podría llevar el asunto al Tribunal de Justicia", advierte la nota.

La Comisión ya dirigió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado, en diciembre de 2005, contra la ley anterior, la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) de 1994. La LRAU fue derogada por la LUV (Ley Urbanística Valenciana), que entró en vigor el 1 de febrero de 2006.

El 4 de abril la CE envió una segunda carta de emplazamiento en la que instaba a las autoridades españolas a presentar sus observaciones sobre varias disposiciones de la LUV y sobre la forma en que esas disposiciones habían tenido en cuenta las advertencias previas acerca de la continuación de la concesión de contratos que estaban basados en la LRAU y contrarios a las directivas comunitarias sobre mercados públicos.

Violación de las Directivas de contratación pública de la UE

Bruselas consideró entonces que la nueva ley "no parece remediar las posibilidades de infracción que existían" en la normativa anterior. En particular, a la CE le preocupa "el contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los Planes de Acción Integrada (PAI)", así como "la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador", señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado el 4 de abril.

La Comisión "también observa que otros aspectos del procedimiento de selección de agentes urbanizadores no cumplen las directivas de la UE en materia de contratación pública". Entre ellos, mencionó "el contenido de las propuestas para iniciar un PAI, la presentación y el contenido de las ofertas, la admisión de variantes, los criterios de concesión y la posibilidad de modificar partes del contrato y/o del proyecto seleccionado después de la adjudicación del contrato".

Asimismo, reveló en abril que las autoridades españolas "no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la consiguiente violación de las Directivas de contratación pública de la UE".

Bruselas considera que la adjudicación de PAI en el marco de la antigua ley "constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir, por ende, las disposiciones de las Directivas de la UE en materia de contratación pública, así como ciertos principios generales del Tratado de la Unión". "La adjudicación de los PAI corresponde a las autoridades locales e incluye la prestación de servicios y la realización de trabajos de infraestructuras públicas", explicaba la nota

 

 

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CANGASNONSEVENDE.COM
Movimento Social en contra do PXOM de Cangas do Morrazo.
FORO da web do Concello de Cangas
FORO da web do Concello de Cangas sobre o Plan Xeral de Ordenación Urbanística de Cangas.
Foro sobre o PXOM de VIGO
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Algúns blogs de noticias sobre PXOMs.. Un blog é un sitio Web fácil de usar no cual pode, entre outras moitas cosas, expresar rápidamente as súas opinions e interactuar con outros usuarios. Todo esto GRATIS
Outros PXOM
Buscando no Google a palabra PXOM achegámonos ós PXOM doutros concellos.
Ciudadanos contra la especulación urbanística

O negocio do urbanismo degrada as nosas cidades e a nosa calidade de vida presente e futura. Algúns municipios viven sólo do urbanismo.

Ciudadanos Contra la Especulación Urbanística es una iniciativa ciudadana que pretende denunciar el acelerado deterioro ambiental y territorial que está ocasionando el actual modelo de crecimiento urbanístico. ... la falta de control de los responsables municipales y autonómicos sobre muchas actuaciones urbanísticas está permitiendo un estado de impunidad muy alarmante. Así, se hace la vista gorda y se autorizan actuaciones irregulares e incluso delictivas (construcciones en suelo protegido, zonas verdes, etc.) que a quien más benefician es a una minoría especuladora. Ante esta situación asociaciones vecinales, grupos ecologistas y otros colectivos de toda la Comunidad de Madrid nos hemos organizado, al margen de cualquier partido político, para denunciar la insostenibilidad del modelo urbanístico actual. "

CONSEJOS PARA HACER ALEGACIONES A UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Muchas veces no tenemos claro como hacer las alegaciones a un planeamiento urbanístico, aqui van unos consejos básicos.
abusos-no.org
Abusos urbanísticos, no. Nuestro objetivo es proteger y promover los derechos de los propietarios en la Comunidad Valenciana, buscando justicia de acuerdo con las garantías que ofrece la Constitución española y la normativa Europea e internacional.
CONSEJOS
para afectados en un programa de urbanización
inmoley.com
EXPROPIACIÓN. ¿QUÉ DETERMINA EL JUSTIPRECIO, EL CATASTRO O EL MERCADO?
Diario NOVAS
Boletín oficial da CPTOPT (Conselleria de Política Territorial, Obras Publicas e Vivenda) da Xunta de Galicia.
A la rica burbuja
No pretendo con esta pequeña y modesta página, convencer a nadie de la existencia de una burbuja inmobiliaria en España, que en el caso de Madrid alcanza tintes dramáticos, simplemente voy a suministrar hechos, imágenes y noticias que vayan confirmando que la sinrazón de los precios de la vivienda se está acabando. Como joven debes saber que endeudarse durante 30 años con más del 40% de tu sueldo, es cuando menos, una auténtica locura. Contén un foro.
Viviendadigna.com
Todo necio confunde valor e precio.
Burbuja.info
Todo sobre la Burbuja Inmobiliaria
Burbujator
(Cómo estalló la burbuja inmobiliaria) Blogspot sobre la burbuja inmobiliaria
El ladrillazo
A la espera del pinchazo de la burbuja inmobiliaria
Corrupción municipal:
realidad, causas y responsables
Una radiografía de la corrupción local, la enfermedad del progreso.
Entrevista con José Manuel Urquiza
arquitecturagalega.net-
-Reflexión sobre as infracciós urbanísticas -UN SONO MOI CLARIFICADOR.
 
   
   
   
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