Colocamos ao final desta páxina as webs dos colectivos cidadáns ou lugares donde se pode atopar información sobre os PXOM en outros concellos de Galicia. Si coñeces algunha web de denuncia relacionada co urbanismo, ou eres membro dalgún colectivo de afectados polo urbanismo actual, entra no noso foro e expón a túa situación.

Tiempode hoy.com.-12/06/06. ENTREVISTA a Antonio Vercher, Fiscal Coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente. —Creo que entre un 30 y 40% de los ayuntamientos españoles financian sus presupuestos con el urbanismo. Me consta que hay en preparación una normativa sobre financiación de las corporaciones locales que dará una perspectiva totalmente distinta a esta problemática. La corrupción queda circunscrita al urbanismo. Cuando se produce en corporaciones locales situadas en sitios estratégicos, la cifra puede ser alta.

Elfarodemurcia--Viernes, 19 de mayo de 2006-El fiscal del TSJ ve “peligro de corrupción evidente” en los convenios urbanísticos.Estos acuerdos en materia de urbanismo, que “deberían ser la excepción, se han convertido en norma, y esta discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos supone un peligro evidente de corrupción”, recalcó.

El confidencial.com-Viernes, 19 de mayo de 2006-El PP expulsará del partido al alcalde de Orihuela tras ser imputado en un caso de corrupción urbanística

Expansion.com---Vivienda estrecha el cerco a la gestión urbanística para acabar con el fraude .

Además del plan contra el fraude, cuyo envío al Congreso fue recientemente aprobado en Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha decidido aprovechar la reforma de la Ley del Suelo para apostar por un desarrollo territorial y urbano sostenible en el que no haya lugar para la especulación.

BLOG de JUAN FREIRE: Artículo sobre el caso Kelo y el agente urbanizador: sobre los límites necesarios del poder político.

Expansion.com--ECONOMÍA Y POLÍTICA - Política 26/04/2006 -El 61% de los españoles creen que hay corrupción en sus localidades de residencia

07/04/06.Juan Freire-Agentes urbanizadores en Galicia: leyes totalitarias para corregir los "comportamientos inadecuados" de los propietarios (y ciudadanos)

Cinco Días -05-04-2006- Corrupción municipal, por manuel Pimentel.

El Confidencial-Lunes, 03 de abril de 2006- El urbanismo, Marbella y la ley de la ‘omertá’ como principio rector de la democracia

La Voz de Galicia-29 de marzo de 2006- GOLPE A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
El asesor de urbanismo de Marbella gestionaba 120 empresas tapadera

Faro deVigo-29 de marzo de 2005.-EN LAS FINCAS INTERVENIDAS HAY MÁS DE CIEN CABALLOS, OBRAS DE ARTE, JOYAS Y COCHES DE LUJO

Faro deVigo-30 de marzo de 2005.-Detenidas la alcaldesa de Marbella y otras 19 personas por corrupción DOS CONCEJALES, EL SECRETARIO Y EL ASESOR DE URBANISMO, IMPLICADOS EN LA TRAMA

El Correo Gallego-29de marzo de 2006- LOS ARRESTADOS SON VEINTE Detenida la alcaldesa de Marbella en una operación contra la corrupción

La Voz de Galicia, 16 de marzo de 2006- -La nueva normativa de edificación encarecerá los pisos un 1%-El Gobierno cree que se lograrán ahorros energéticos de hasta el 40%

La Voz de Galicia, 16 de marzo de 2006- -CONSEJO DE MINISTROS . El Gobierno obligará a instalar paneles solares en edificios de nueva construcción urbanismo ..

Xornal.com -O urbanismo, bomba N

Iberica2000.org-Urbanismo desbocado.EL URBANISMO ACTUAL, NO SIRVE A LAS NECESIDADES ESENCIALES DE SUS HABITANTES . La urgencia por urbanizar pasa por encima de cualquier otro criterio, saltándose incluso el sacrosanto derecho de propiedad si interfiere en la rapidez que ansía la promoción inmobiliaria.

Iberica2000.org-Ciudadanos españoles "CONTRA LA ESPECULACION URBANISTICA"

Solidaridad.net--CORRUPCION--DELINCUENCIA URBANÍSTICA

Solidaridad.net--CORRUPCION-El fraude inmobiliario sitúa a España entre los países más corruptos de la UE.

Finanzas.com-Un fiscal relaciona la 'burbuja inmobiliaria' con la corrupción.

http://habitat.aq.upm.es---El suelo como excusa: el desarrollismo rampante.Sobre los abusos sobre los propietarios del suelo y la concentración de la propiedad, con la creación de un mercado oligopólico.

http://servicios.invertia.com/foros/---Se acabó el «boom» de la vivienda

Vegamediapress.com.-EL PLANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL . La sociedad civil de la Región de Murcia al igual que su correspondiente en la Comunidad Valenciana, no parece dispuesta a tolerar un urbanismo intenso, depredador e insostenible como el que se ha disparado en algunos municipios específicos, y no sólo del litoral, desde la lógica gris de la especulación sin límite y del enriquecimiento rápido, casi instantáneo.

El Corrreo Gallego,22/01/2006---En España se construirán este ejercicio dos veces más viviendas que en Alemania

El Pais, - 29-11-2005-Urbanismo concede licencia a Avapace para construir una residencia sobre un parque ajardinado de Valencia

El Pais, - 29-11-2005. El Ayuntamiento de Marbella destituye a los dos ediles condenados por delito urbanístico .La oposición acusa a Yagüe de no facilitar información sobre los medios municipales

http://www.contraespeculacion.org. CONSEJOS PARA HACER ALEGACIONES A UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Muchas veces no tenemos claro como hacer las alegaciones a un planeamiento urbanístico, aqui van unos consejos básicos.

CONSEJOS para afectados en un programa de urbanización. Por Enrique Climent Laguarda, vicepresidente de Abusos Urbanísticos No

inmoley.com- LEGAL. EXPROPIACIÓN. ¿QUÉ DETERMINA EL JUSTIPRECIO, EL CATASTRO O EL MERCADO?

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Tiempode hoy.com.-12/06/06. ENTREVISTA a Antonio Vercher, Fiscal Coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente.

—Creo que entre un 30 y 40% de los ayuntamientos españoles financian sus presupuestos con el urbanismo. Me consta que hay en preparación una normativa sobre financiación de las corporaciones locales que dará una perspectiva totalmente distinta a esta problemática. La corrupción queda circunscrita al urbanismo. Cuando se produce en corporaciones locales situadas en sitios estratégicos, la cifra puede ser alta.

—La ministra Narbona ha dicho que esta fiscalía va a evitar la aparición de casos como el de Marbella. ¿Qué va a hacer para impedirlo?
—Estamos en un proceso de recepción de información desde las distintas fiscalías, por eso no puedo dar datos precisos para hacer un diagnóstico, que será siempre aproximativo porque en este tipo de delito hay un dinamismo y una mutación extraordinarios. Hemos elaborado un texto que servirá de referencia a los fiscales para unificar criterios de actuación frente a problemas nuevos o cuando se produzcan discrepancias en materia administrativa y penal.

—¿Por qué se ha llegado a la situación actual en Marbella?
—Hay un estudio magnífico del Instituto Andaluz Universitario de Criminología que pone de manifiesto que existió todo un plan para la constitución de ciertos partidos políticos con unas reglas de conducta y una estrategia que permitían conseguir determinados ayuntamientos clave y, a partir de ahí, se produce el fenómeno que hemos visto.

—¿Se refiere al GIL?
—Sí, al GIL, que afortunadamente ha entrado ya en una perspectiva de racionalidad.

—¿No ha habido dejación por parte de la Administración?
—Sí, posiblemente. Pero a mí, como fiscal, lo que me preocupa son las denuncias sociales que exigen la intervención del Ministerio Fiscal cuando la situación llega a puntos graves.

—¿Cree que la suspensión de las competencias urbanísticas del ayuntamiento de Marbella tendrá un efecto ejemplarizante?
—No lo sé. Lo que sí está claro es que esa posibilidad está prevista en la normativa urbanística andaluza y regulada legalmente. Cuando se elabora una normativa es porque se prevé que ese tipo de actuaciones tengan lugar.

—¿Por qué no se ha aplicado hasta ahora?
—No lo sé. Pero las leyes se elaboran y promulgan para aplicarlas. Si se demuestra que se ha llegado a cierto nivel de irregularidad y de ineficacia por parte de las instituciones, hay que buscar el medio que ponga las cosas en su sitio.

—¿El sistema de financiación de los ayuntamientos favorece la corrupción urbanística?
—Creo que entre un 30 y 40% de los ayuntamientos españoles financian sus presupuestos con el urbanismo. Me consta que hay en preparación una normativa sobre financiación de las corporaciones locales que dará una perspectiva totalmente distinta a esta problemática.

—¿Esa financiación es fundamentalmente por el cobro de comisiones por obra?
—Es muy variada. Se permiten construcciones ilegales, se imponen multas, se cobra la multa y acto seguido se empieza a exigir el pago de impuestos. Hay de todo.

—¿Van a poner coto a eso?
—¡¡Ufff!! Esa es una información que tenemos para hacernos una idea general de la problemática. Pero tenemos que ceñirnos al Código Penal.

—¿No hay forma de castigar estas conductas con el Código Penal en la mano?
—El problema es que en el 90% de los casos se producen supuestos de total acuerdo entre el que construye ilegalmente, porque es más barato, el que compra esa construcción ilegal, el que la vende, y el propio ayuntamiento. Se benefician todos. ¿Cuándo sale esto a flote? Pues en un recurso de revisión ante el Supremo en el que un condena- do replica que cómo se le condena a él cuando hay 4.999 en su mismo caso. Pero a este señor hay que decirle que el Código Penal se aplica a una realidad y a un momento que es de total ilegalidad. Luego, habrá que ver si esas 5.000 viviendas se pueden legalizar, pero eso es un problema distinto.

—¿La Ley del Suelo acabará con la falta de transparencia de los convenios urbanísticos?
—Los convenios tienen una parte de absoluta publicidad porque la jurisprudencia exige que sean públicos. Pero la casuística, la forma de llevarlos a cabo, es variopinta. En el caso del Medio Ambiente, los intereses son difusos. El aire y el suelo no se quejan aunque lo que se fije en el convenio sea perjudicial para la salud.

—¿La corrupción urbanística es la “madre”de las corrupciones?
—Yo creo que sí, aunque como miembro del Grupo Greco del Consejo de Europa, en los informes que he visto sobre España no se habla de supuestos de corrupción institucional fuertes ni de grandes problemas de corrupción administrativa. La corrupción queda circunscrita al urbanismo. Cuando se produce en corporaciones locales situadas en sitios estratégicos, la cifra puede ser alta.

—¿El modelo de desarrollo es el culpable de esta situación?
—Sí, posiblemente. Nos hemos centrado de forma excesiva en la construcción.

—¿Por qué existe tanta impunidad con este tipo de delitos?
—Lo que ha habido tradicionalmente ha sido bastante tolerancia administrativa. Cuando esa tolerancia es excesiva y, además, hay fuertes intereses económicos de por medio, entonces puede derivar en corrupción. El trato de favor administrativo está perfectamente aceptado por parte de determinado sector social, sobre todo en el caso de las construcciones ilegales.

—El litoral español está salpicado de construcciones asentadas sobre la playa. ¿Qué van a hacer en esas zonas?
—En el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental está prevista la actuación del Ministerio Fiscal en temas contenciosos relacionados con el Medio Ambiente. En su momento, si hay que tomar alguna acción, la tomaremos.

—Los fiscales andaluces han denunciado que el 90% de las condenas judiciales en materia de urbanismo no —ordenan la demolición porque la consideran una medida desproporcionada. ¿Lo cree usted?
Es un problema que tenemos que afrontar. No hay mucha tradición de demoler en España. Entrar en actuaciones novedosas produce cierta precaución, cierto freno. Pero la demolición está prevista tanto a nivel administrativo como penal y hay que hacer uso de ese tipo de instrumentos, porque de lo contrario no estamos aplicando el Código Penal.

—¿Tiene en su agenda una lista de derribos?
—No. El derribo es a través de una sentencia judicial y quien ejecuta la sentencia es el órgano judicial competente.

—Pero el fiscal puede instar a ejecutar las sentencias...
—Si hay dejadez o desobediencia puede iniciar acciones contra quien incumple esa sentencia. Hay problemas de ejecución de sentencias en relación a demoliciones aunque la mayoría son administrativas.

—El proyecto de Ley de Montes introduce la prohibición de recalificar el terreno hasta pasados 30 años de un incendio. ¿Por qué no se aplica esa prohibición que está ya recogida en el Código Penal?
—Sí, lo que pasa es que dejaba esa decisión en manos del juez. Pero tanto para el juez como para el fiscal el Código Penal es odioso per natura, lo cual nos lleva a pensar dos veces antes de adoptar una decisión de este tipo porque el delincuente también es un ser humano y tiene todos los derechos constitucionales.

—¿Cómo atajarán los incendios?
—Vamos a potenciar la cooperación policial y los sistemas de investigación. Más de 5.000 agentes forestales actuarán como policía judicial. Pero el incendio forestal es un delito de prueba diabólica. El delincuente asegura su acción y utiliza ochenta mil métodos para hacer que la primera manifestación del fuego tenga lugar diez horas después de su estancia en dicho lugar. Por eso sería irresponsable por mi parte lanzar cánticos de victoria.

—¿Qué lecciones ha extraído del incendio de Guadalajara?
—Todavía no hay una sentencia que nos permita inferir elementos que nos prevengan para futuros siniestros. Pero es muy llamativo que sigan existiendo lugares para instalar barbacoas cuando tras ese incendio se estableció por decreto la prohibición absoluta de realizar fuego en espacios naturales. La solución no pasa por un endurecimiento de las penas, que hoy pueden llegar hasta veinte años de cárcel, sino por concienciar a los ciudadanos sobre el problema.

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Elfarodemurcia--Viernes, 19 de mayo de 2006-El fiscal del TSJ ve “peligro de corrupción evidente” en los convenios urbanísticos
López Bernal abre 12 diligencias informativas contra el 20 por ciento de los ayuntamientos murcianos en 6 meses

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, califica los convenios urbanísticos que firman los ayuntamientos con empresas constructoras y promotores de viviendas de “peligro evidente” de corrupción, ya que a través de esta figura “se pueden saltar” la Ley de Contratos del Estado, evitar la licitación de obras públicas y concederlas “a dedo”, en contra de la libertad de concurrencia de empresas.

(Foto: EFE)
Para el fiscal jefe del TSJ de Murcia, estos acuerdos en materia de urbanismo, que “deberían ser la excepción, se han convertido en norma, y esta discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos supone un peligro evidente de corrupción”, recalcó.

A punto de cumplir seis meses desde su acceso al cargo, López Bernal ha abierto en este período 12 diligencias informativas relativas a presuntas irregularidades urbanísticas en nueve ayuntamientos de la Región, lo que supone un 20 por ciento de los consistorios de la Comunidad.

Nuevo tipo penal
Del total de investigaciones abiertas, cuatro lo han sido de oficio y el resto a instancias del PP, del PSOE, IU y grupos municipales independientes, así como de las organizaciones ecologistas. Las diligencias informativas afectan a los ayuntamientos de Cieza, de Mazarrón, de San Javier, de Aguilas, de San Pedro del Pinatar y de Murcia, todos del PP; y de Los Alcázares y de La Unión, gobernados por el PSOE.

En este sentido, el fiscal jefe del TSJ de Murcia se mostró partidario de crear, con el fin de evitar casos de corrupción urbanística, un tipo penal que sancione a los funcionarios públicos que perjudican “a sabiendas” los intereses de los ciudadanos, y enumeró las necesidades de la Fiscalía murciana, “cuatro o cinco fiscales dedicados a la investigación de delitos económicos y medio ambientales, inspectores de Hacienda y especialistas en la administración nacional, local y autonómica, así como la ampliación o desaparición del actual plazo de seis meses para terminar las investigaciones pre-procesales de la Fiscalía de la Región de Murcia”.

Suspensión cautelar
Por otra parte, Manuel López Bernal indicó que “sería importante” que la jurisprudencia se orientara en un sentido “más favorable a la suspensión cautelar de las obras” cuando se trata de investigar presuntos delitos urbanísticos desde los estamentos judiciales. “Así se evitaría que un edificio estuviera construido cuando recae una sentencia que lo declara ilegal, con el consiguiente perjuicio, tanto para el comprador de buena fe como para la Administración”.

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Ellconfidencial.com-Viernes, 19 de mayo de 2006-El PP expulsará del partido al alcalde de Orihuela tras ser imputado en un caso de corrupción urbanística

El Partido Popular promoverá en los próximos días la suspensión de militancia del actual alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, después de que la titular del Juzgado número 4 de aquella localidad le haya citado a declarar como imputado por un delito relativo a la ordenación del territorio, según señalaron a este diario fuentes de la Dirección del PP y de este partido en la Comunidad Valenciana.

En principio, el PP espera que Medina solicite, por sí mismo, la baja como militante del partido pero, en caso contrario, se promoverá la convocatoria del Comité de Derechos y Garantías que preside Federico Trillo con el fin de abrir un expediente por la actuación del alcalde que derivaría, a su vez, en la expulsión del Partido Popular, al menos hasta que la Justicia se pronuncie sobre su caso.

La apertura de diligencias por el Juzgado y la denuncia presentada contra él por el fiscal anticorrupción de la Comunidad Valenciana, Jesús Briones, ha llevado a la Dirección del PP a tratar este asunto y plantear a Trillo la conveniencia de convocar el Comité de Garantías, órgano que debe tratar el tema de la suspensión de Medina. El caso es que el PP quiere reaccionar con “diligencia”.

“Nosotros no podemos controlar todo lo que hacen los más de 23.000 alcaldes y concejales que tenemos por toda España, como tampoco puede hacerlo el PSOE, pero lo que sí podemos hacer es actuar en consecuencia”. Cuando aparecieron las primeras informaciones que apuntaban a un presunto delito urbanístico por parte de Medina, fuentes de la Dirección del PP dejaron el asunto en manos de los tribunales antes de tomar una decisión.

El patrimonio de Medina

Por lo que respecta a la denuncia del fiscal anticorrupción, Medina consideró ayer que es “una buena noticia” -para “los que llevamos seis o siete meses sabiendo de estas cosas a través de la prensa”- conocerla de primera mano. El alcalde incidió en la “absoluta legalidad de las actuaciones” que ha realizado, al tiempo que reiteró que la “mejor manera de demostrarlo es cuando llegue el momento, aportando al juzgado, si es que así lo solicita el juez, los documentos que atestiguan que los procedimientos son absolutamente regulares, con todos sus informes y con todas sus bendiciones”.

En cuanto a la apertura de diligencias en el Juzgado número 4 de Orihuela, la juez se refiere a la investigación del uso del alcalde de bienes a nombre de promotores locales, como un Rolls-Bentley y un chalet en la costa oriolana, y la aprobación de importantes planes urbanísticos en Orihuela a mercantiles propiedad de esos empresarios en los últimos años. La declaración de Medina se podría producir en un plazo de diez días.

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ECONOMÍA Y POLÍTICA 15/05/2006
Expansion.com---Vivienda estrecha el cerco a la gestión urbanística para acabar con el fraude
L. Ramírez. Madrid

El Gobierno aprovecha la reforma de la Ley del Suelo para exigir que los planes y convenios locales se sometan a información pública durante su tramitación. El objetivo es acabar con la opacidad en las adjudicaciones de suelo.

El Gobierno se está tomando en serio la lucha contra el fraude y la especulación inmobiliaria, sobre todo tras el escándalo del ayuntamiento de Marbella, que ha puesto de manifiesto la connivencia de algunas corporaciones locales con prácticas delictivas que afectan al urbanismo.

Por ello, y además del plan contra el fraude, cuyo envío al Congreso fue recientemente aprobado en Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha decidido aprovechar la reforma de la Ley del Suelo para apostar por un desarrollo territorial y urbano sostenible en el que no haya lugar para la especulación.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Vivienda, el anteproyecto de Ley de Suelo, que está a punto de ser aprobado por el Ejecutivo una vez pase el trámite de la Comisión de Subsecretarios, establecerá la exigencia expresa de que todos los planes y convenios urbanísticos que se aprueben en España sean sometidos a información durante su tramitación. De esta forma, antes de la aprobación de los planeamientos la sociedad civil podrá tener acceso a estos documentos. En la actualidad, sólo los agentes del sector (promotores y constructores) pueden conocer los detalles de los futuras edificaciones, dejando a los ciudadanos el acceso a posteriori, es decir, cuando las obras están ya aprobadas.

Además, la propia ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, manifestó en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados, su intención de participar activamente en las reformas necesarias para atar más a los ayuntamientos en varios frentes, tales como la opacidad de los convenios urbanísticos, los plazos burocráticos interminables y la necesidad de que destine de forma adecuada el uso del suelo que ceden obligatoriamente los promotores, en lugar de revendérselo para que puedan edificar pisos libres, lo que supone un impuesto encubierto.

Y es que la Vivienda de protección Oficial (VPO), teórico destino de la cesión obligatoria del suelo adjudicado al sector privado, no es siempre el objetivo de los consistorios, sobre todo en aquellas zonas donde la renta disponible de la mayoría de los habitantes es muy superior a la media nacional, como es el caso de las ciudades costeras, que han experimentado un mayor crecimiento del negocio inmobiliario.

Otra de las vías para combatir las prácticas especulativas en la compra–venta de suelo, es decir, en el proceso de adjudicación de los terrenos por parte de los ayuntamientos, es clarificar la valoración del suelo rústico en función de su proximidad a los núcleos de población.

En el primer borrador del anteproyecto de ley, Vivienda estableció solamente dos tipos de suelo: rústico y urbano, por considerar que la existencia de calificaciones intermedias provoca un aumento de la burocracia y abre la puerta a aumentos artificiales de los precios que, en último caso, recaen sobre el importe final la vivienda.

Tras consultar con los principales agentes del sector inmobiliario nacional, la solución pasa por aplicar un coeficiente multiplicador del valor del terreno en función de su ubicación, es decir, que su precio dependerá, en parte, de las posibilidades que tenga de desarrollo futuro la región donde esté ubicado.

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Expansion.com--ECONOMÍA Y POLÍTICA - Política 26/04/2006
El 61% de los españoles creen que hay corrupción en sus localidades de residencia
Ignacio J. Domingo

El escándalo Marbella, aireado el pasado mes marzo tras la puesta en marcha de la denominada Operación Malaya, no parece un caso aislado, de presunto soborno y pago de comisiones entre autoridades municipales y empresarios vinculados al negocio urbanístico y de la construcción.

Al menos para una significativa mayoría de españoles. El 61% de los ciudadanos, según un sondeo realizado por Expansión-Ipsos entre los días 7 y 9 de abril, dos semanas después de las primeras detenciones de la cúpula municipal marbellí, se muestran convencidos de la existencia de prácticas delictivas entre las autoridades locales e interlocutores del sector privado en su propia localidad de residencia.

La percepción de presuntas irregularidades en el ámbito municipal resulta mayor entre los hombres –un 64,8%–, que en las mujeres, con un 57,7%. De igual forma, esta denuncia es más intensa entre los españoles inmersos en las franjas de edad de 18 a 34 años –69,2%– y de 35 a 54 años –65,5%–, y entre quienes declaran tener un nivel de ingresos medio y medio alto. En cambio, esa crítica es prácticamente la misma si se atiende a los estudios de los encuestados. Sólo las respuestas de los ciudadanos de un rango académico bajo se sitúan por debajo del 60%: en el 57,3%.

Ese estado de opinión, además, se propaga casi con la misma onda expansiva entre simpatizantes socilistas y populares, y entre las distintas regiones españolas. Tan sólo seis puntos distancian las respuestas de votantes del PSOE en las últimas elecciones generales –62%–, de los que trasladaron su respaldo al PP en los comicios de 2004: 56%.

Por comunidades, aunque se trata de datos parciales por ser un estudio de ámbito nacional, Aragón (71%), Cantabria (70,5%), Galicia (67,5%) y Navarra (67,3%), lideran una clasificación que cierran, por este orden, Rioja (54,8%); Castilla la Mancha (52,2%), y Asturias, donde la masa crítica se sitúa en el 45,7%.

La visión de la gestión municipal de los españoles constata que, a los ojos de la ciudadanía, el caso Marbella no es aislado y que, lejos de ser un “cáncer que hay que extirpar”, como insisten en recalcar las autoridades municipales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el diagnóstico se asemeja más a una metástasis. No en vano, el negocio urbanístico, que, en la partida de la liquidación conjunta de 2003 de los más de 8.000 ayuntamientos de toda España, representa el 3,39% de sus ingresos totales, por enajenación de inversiones reales de suelo, supera en realidad la cuarta parte de los recursos financieros. En concreto, el 26%, si a la mera cesión de terrenos se suma los impuestos directos e indirectos relacionados con la construcción y el urbanismo. Una práctica, la de “captar ingresos para elevar las arcas fiscales” de los municipios, que “está presente” en las decisiones de los Gobiernos locales, según fuentes jurídicas con vínculos profesionales y de asesoramiento en los ayuntamientos.

Sin duda por esta percepción social, y por el descrédito político que se ha instalado en la opinión pública tras los acontecimientos en Marbella, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha exigido la inclusión de un plan anticorrupción, a través de mecanismos de corresponsabilidad fiscal, como contrapartida a la previsible elevación del umbral financiero actual de las corporaciones locales que se negocia, desde ayer, entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la FEMP, en paralelo a las reformas económicas regionales.

Esta apuesta por el municipalismo del Gabinete Zapatero, que ha reservado un sillón propio a los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es, a juicio de los expertos, una “solución idónea” para resolver la deuda histórica de los ayuntamientos, valorada en más de 60.000 millones de euros por la FEMP, y nutrir las arcas locales con un nivel de recursos adecuado, para “evitar la tentación de acudir a la recalificación de suelo”.

Igualmente, recomiendan concretar “un pacto político” nacional, que acabe con los intentos y vaivenes legislativos de reconducir la normativa del suelo, para impedir movimientos especulativos. El Ejecutivo de Aznar estudió una reforma para restaurar las competencias del Estado sobre suelo, que no llegó a buen puerto.

En este sentido, sigue vigente la doctrina del Constitucional de 1997, que asignó las competencias en materia urbanística a las autonomías y el desarrollo de su planeamiento a las corporaciones locales. En lo que la sociedad civil también parece convenir es en la necesidad de incorporar reformas penales –algunos letrados hablan de incluir la figura del delito urbanístico– o, al menos, mayores dotaciones y medios para combatir esta lacra.

El 71% de los encuestados –67% votantes del PSOE, y 73% del PP– dice no tener “confianza” en los métodos de lucha contra la corrupción.

07/04/06.Juan Freire
Agentes urbanizadores en Galicia: leyes totalitarias para corregir los "comportamientos inadecuados" de los propietarios (y ciudadanos)
En ocasiones aparecen noticias preocupantes por lo que significan y, sobre todo, por que pasan totalmente inadvertidas entre la población, a pesar de que pueden afectar seriamente a los derechos de todos. Ayer sucedió uno de esos casos que demuestran lo poco que nuestros gobernantes creen en la libertad individual y en nuestro sistema político (la democracia) y económico (capitalismo de mercado). Bien al contrario, noticias de este tipo recuerdan a regímenes totalitarios con economías planificadas donde el estado toma las decisiones por el bien del pueblo, por supuesto sin contar con los deseos y la opinión de sus ciudadanos.

Me refiero a la llegada a Galicia de la posibilidad de realizar expropiaciones de propiedades privadas por un supuesto interés común. Este tipo de leyes han generado considerable polémica en España y EEUU. Primero por que supeditan los derechos individuales a los colectivos y segundo por que su efecto ha sido limitado por no decir nulo o incluso perverso (generando mayores burbujas y especulación, efectos que pretenden detener). Estos modelos intervencionistas, poco respetuosos con los ciudadanos que por desgracia son propietarios de una "zona de interés general", ya han generado conflictos en el Mediterráneo español (el caso valenciano ha llegado a la Unión Europea) y en EEUU con el caso Kelo vs New London. Recordemos que en este último caso, la legislación norteamericana dió pie a una sentencia judicial que permitía la expropiación de una propiedad privada urbana para que se pudiese construir un gran centro comercial que se consideraba tendría un efecto positivo sobre la comunidad.

Hace un tiempo comentaba este y otros temas relacionados con el desarrollo urbanístico con dos ideas básicas: la necesidad de proteger estrictamente los derechos individuales y la existencia de mecanismos alternativos (y respetuosos con la libertad individual) para evitar procesos especulativos.

Ayer en La Voz de Galicia se publicó la noticia de que los agentes urbanizadores llegan a Galicia (La Xunta cree que expropiar para urbanizaciones privadas mitigará la falta de suelo):

Los responsables urbanísticos de la Xunta apoyan la expropiación de fincas y viviendas para la construcción de grandes urbanizaciones privadas. Así lo expresan el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, y el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Daniel Pino. En opinión de ambos urbanistas, la aplicación de la expropiación, a través del denominado agente urbanizador (un promotor privado escogido por el ayuntamiento), «permitirá desbloquear la falta de suelo urbanizable en Galicia».

Nótese que la "falta de suelo urbanizable" es una escasez legal, no real. En Galicia, como en el resto de España, existe abundante suelo susceptible de ser urbanizado, pero las regulaciones limitan severamente esta posibilidad creando una escasez artificial (con consecuencias legales e ilegales para la financiación municipal que son bien conocidas).

Después de aclarar que esta figura legal del agente urbanizador ya se había creado por el anterior gobierno gallego y de comentar los problemas que ha generado en Valencia, el artículo recoge más declaraciones preocupantes de los mismos cargos públicos. Parece que en Galicia no se van a producir poblemas por que los responsables públicos son "buenos por naturaleza" y sólo van a pensar en el bien común cuando apliquen su poder absoluto (por supuesto, los políticos valencianos si son malos). Preocupante una ley que vale para lo bueno y para lo malo dependiendo de la voluntad del político de turno:

«En la Comunidad Valenciana el problema está en las recalificaciones de suelo que se produjeron. Aquí estamos lejos de eso porque no aceptaremos otro modelo que el del desarrollo sostenible y sensato», asegura el responsable de Urbanismo de la Xunta. Sin embargo, los más de 70 planes urbanísticos que tramitan los concellos costeros gallegos prevén la edificación de 600.000 nuevas viviendas, más en que en toda la Costa del Sol (Marbella incluida). Las recalificaciones en marcha aumentarán en más de un 80% la edificabilidad de la franja litoral.

Esta es la explicación, que conviene leer con calma, de qué es y que hace un agente urbanizador:

El agente urbanizador, que la ley gallega denomina concesionario de obra pública, ya está en vigor. Se trata de un promotor inmobiliario, escogido por cada ayuntamiento mediante un concurso, para construir edificios o chalés en una amplia zona urbanizable. Una vez comprobada su solvencia, calculado el precio de los solares tras la recalificación y presentado el proyecto de urbanización, el agente ha de esperar dos años (durante los que debe negociar compras con los propietarios de las fincas) antes de poder expropiar.

Dos años después de obtener la adjudicación de una urbanización, el citado agente tiene potestad para expropiar fincas y casas, con o sin el acuerdo de los propietarios. A cambio, el promotor tiene la obligación de abonar una indemnización -el precio calculado para cada propiedad- a cada particular, quien tendrá facultad para escoger si cobra en metálico o mediante una parte de la obra que se realice.

Un agente privado con poderes propios de un gestor público. Un monopolio en lugar de un mercado. Un promotor con poder absoluto sobre un territorio y sobre sus ocupantes y propietarios legales.

El artículo de La Voz de Galicia se acompaña de las opiniones de varios expertos. Dos de ellas son especialmente interesantes. El jurista experto en urbanismo Enrique Sánchez Goyanes nos avisa de algunos de los evidentes peligros:

... la polémica sobre la implantación en Galicia del agente urbanizador «es una polémica internacional que se debate incluso en EE.UU.: lo que se discute es hasta dónde debe llegar el derecho a expropiar». Director de la primera revista española de derecho urbanístico, Sánchez Goyanes explica que «lo más polémico de la nueva ley gallega es el debilitamiento de la figura del propietario y eso es lo que denunció el Parlamento Europeo en Valencia».

Por el contrario, uno de los padres del "agente urbanizador gallego", como ponente de la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia, Javier Jiménez refleja la mentalidad totalitaria (y recelosa de la capacidad de los ciudadanos para actuar correctamente) que impregna esta figura legal:

... defiende la figura del agente urbanizador y asegura que permitirá romper la cadena de especulación del suelo de los dueños de fincas. ... «Los propietarios lo que quieren es especular. Es natural. Ganar del 225% al 1.000%, porque cuanto más tiempo pase más vale su finca»

Realmente preocupante que este tipo de ideas sean las que "iluminen" nuestras leyes. Sus ideólogos deberían aclarar algunas cuestiones: ¿son los ciudadanos malos por naturaleza o se hacen malos cuando se convierten en propietarios?. ¿Consideran que desear un beneficio es especular?, y, si esto es así: ¿es malo especular?.

Puedo imaginar fácilmente las respuestas que darán a estas preguntas los políticos (de todos los partidos) y expertos que crean estas leyes. Pero, si no creen en nuestro sistema político y económico, deberían buscar alternativas reales y no resignarse a ir colocando parches.

No se deben engañar, el agente urbanizador sólo es un remiendo parcial y chapucero a los problemas que genera la democracia, la libertad y el capitalismo. ¿Por qúe no ir más allá?. Ejemplos que les inspiren no faltan. Yo les propondría dos: Corea del Norte o Cuba.

Cinco Días -05-04-2006- Corrupción municipal, por manuel Pimentel.

Casi una veintena de responsables municipales de Marbella han ingresado en prisión, descubriéndose una trama de corrupción que no resulta nueva para nadie. Todos sabíamos que Marbella era la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones, herederos de un gilismo mafioso que ganó democráticamente el poder.

¿Se trata sólo de Marbella u ocurre en otras muchas localidades? ¿Son los políticos detenidos los únicos responsables, o la responsabilidad penal debe ser mucho más amplia? En muchísimos municipios españoles, y no sólo de la costa, se están produciendo fenómenos de corrupción, protagonizados por políticos, funcionarios, técnicos y empresarios de todo signo político. Las causas son bien variadas. Normalmente se apunta al opaco sistema de financiación de los partidos políticos, pero las causas son mucho más complejas. Los medios de comunicación están más atentos a los actos de los responsables de la gran política, cuando en verdad el nido de corrupción se encuentra en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios.

Podemos enumerar algunas de las causas políticas de la corrupción municipal, brillantemente analizadas por José Manuel Urquiza en su libro Corrupción municipal, editado por Almuzara. Sistemas de listas bloqueadas y cerradas, imposibilidad de elección directa del alcalde, órganos de adjudicación estancos y politizados, absoluta falta de control previo legal y financiero de las operaciones más importantes. Recomiendo su lectura para comprender el origen de muchas de las técnicas legales que utilizan los corruptos, así como posibles soluciones.

Pero no sólo la corrupción tiene origen político. Muchos empresarios actúan como corruptores, deslumbrando con sus dineros a unos concejales no habituados a los brillos de la fortuna. ¿Qué pasa? Pues que en ningún otro sector económico se gana lo que en el urbanismo. Una auténtica revolución poblacional se está produciendo en España. A finales de los noventa muchos pensaban que nunca superaríamos los 40 millones de habitantes y ya somos más de 44 millones. Todo parece apuntar a que seguiremos creciendo. Probablemente alcanzaremos los 50 millones. Un cierto repunte de la natalidad, la fuerte corriente inmigratoria y un continuado éxodo europeo están ocasionando un inaudito crecimiento demográfico. Si a todo esto se unen los 50 millones de turistas, comprenderemos que la presión urbanística parezca no tener fin.

Hasta finales de los noventa, el ritmo de construcciones de nuevas viviendas rondaba las 350.000 al año. Pasamos, al inicio del boom, a las 500.000, y hoy, a la espera de datos oficiales, alcanzaremos las 700.000.

El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios

¿Y por qué se construye tanto? Pues porque existe una demanda firme que lo solicita. ¿Explotará lo que algunos han venido denominando burbuja inmobiliaria? Es posible que los precios se atemperen y que disminuya el ritmo de ventas, pero parece que la tendencia demográfica seguirá firme. Esto es, cada año son más los europeos que vienen a la busca de nuestro benigno clima, y nuestra economía sigue necesitando unos volúmenes crecientes de inmigrantes, que precisan de vivienda y ceban la bomba de nuestro consumo.

En un país con tanto suelo disponible como España, ¿cuál es la limitación para disponer más suelo para construir? Pues que los permisos públicos han ido por detrás del incremento de demanda y han permitido una acumulación de suelo en manos de pocos operadores. Aunque se liberalizase hoy el urbanismo, no sería de esperar una bajada de precios, puesto que el suelo pertenece a las grandes promotoras, que se limitarían a dosificar su salida al mercado para mantener los altísimos valores que les están permitiendo alcanzar unas rentabilidades astronómicas.

¿Y quién determina dónde se construye y dónde no, es decir, qué parcela alcanza un valor millonario y cuál se queda en valor agrícola? Pues los técnicos y los políticos de urbanismo. Una raya en un plano significa suelo recalificado y muchísimos millones para los beneficiados, que se mostrarán dispuestos a pagar lo que sea al que pinta esos planos.

Mientras persista la fuerte demanda de viviendas en nuestro país y el urbanismo dependa de la decisión arbitraria de unos poderes sin control será imposible frenar la corrupción municipal. Lo que conocemos es tan sólo la punta del iceberg. Pero mientras mejoramos nuestro sistema político y urbanístico, lo corruptos deben ir a la cárcel.

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El Confidencial-Lunes, 03 de abril de 2006- El urbanismo, Marbella y la ley de la ‘omertá’ como principio rector de la democracia


Lo más sorprendente del escándalo de Marbella es que todo el mundo lo sabía. La policía, los jueces y la clase política. Los periodistas, los taxistas y los camareros de Puerto Banús. La corrupción era el secreto peor guardado de la ciudad. Todo el mundo tenía seguridad de que aquel equipo de gobierno no era trigo limpio, pero desde los poderes públicos nadie en los últimos 15 años había sido capaz de ponerle el cascabel al gato. Y eso que este país presume de tener la legislación antiblanqueo más avanzada del mundo mundial.

Es evidente que la situación de Marbella no es comparable a la del resto de ayuntamientos, pero no hay que ser un lince de esos que busca Esperanza Aguirre en la carretera de los pantanos de Madrid para entender que la corrupción urbanística no acaba en Marbella.

Existe, evidentemente, una criminalidad organizada y con tintes sicilianos, como presuntamente es la que se ha destapado en esa ciudad malagueña; pero hay otra mucho más sutil que recorre nuestras ciudades y que no pasa de ser un breve en los periódicos. Mucho de lo que envuelve al sector inmobiliario está bajo sospecha desde hace demasiados años. Lo ha dicho Transparencia Internacional, una ONG especializada en detectar casos de corrupción, y que año tras año llama la atención sobre el volumen de fraude. La Agencia Tributaria, igualmente, ha puesto bajo la lupa las juntas de compensación, y hasta los notarios, que alguna información tienen, (no en vano en sus despachos se cierran muchos acuerdos bajo cuerda), han advertido que el dinero negro circula por las venas del sector sin que nada ni nadie lo remedie. El urbanismo se ha convertido en la fuente en la que bebe medio país. Unos para ir tirando, otros para completar un pequeño patrimonio inmobiliario y otros para enriquecerse. Unos pillan más que otros, pero en realidad media España está enganchando al monopoly nacional. Aquí radica el problema. El campo está abonado.

Los ayuntamientos, con su lamentable sistema de financiación, se han echado en brazos de los convenios urbanísticos para salir adelante, lo que genera una doble corrupción, que no necesariamente está vinculada a que un concejal cobre de un contratista. Las ciudades están creciendo no en función del interés general, como dicen las leyes, sino atendiendo al interés particular de los propietarios de suelo, que son quienes determinan si el municipio debe crecer hacia el norte o hacia sur. Los ayuntamientos se financian con esos convenios, al margen de cualquier racionalidad económica, ya que cuanto más suba el suelo, más ingresos obtiene el alcalde para cubrir las necesidades del municipio. Un sistema verdaderamente perverso que al final lo pagan los propios ciudadanos. También lo paga el medio ambiente, arrasado por planeamientos urbanísticos carentes de sostenibilidad. El infierno, desde luego, está empedrado de buenas intenciones, como seguro que almacenan muchos alcaldes.

Pero, además, este amplio margen de maniobra con el que cuentan los ayuntamientos a la hora de firmar convenios urbanísticos, es un magnífico caldo de cultivo para la corrupción. El suelo, como dice un conocido urbanista, se ha convertido en una especie de almoneda que se vende al mejor postor, absolutamente al margen de consideraciones sociales.

En esta especie de urbanismo a la carta está la raíz del problema. Cada municipio hace de su capa un sayo, lo que es un auténtico despropósito, sobre todo cuando reina la ley del silencio. La ley de la omertá. Cada vez suenan con más fuerza las voces que claman por quitar las competencias urbanísticas a los pequeños municipios, y alguien debería atender esa petición. Pero también los grandes ayuntamientos -como es el caso de Marbella- deben estar más controlados por los poderes públicos. Los gobiernos autonómicos, que se apuntan a un bombardeo a la hora de reclamar competencias de las Administración central del Estado, son, sin embargo, muy timoratos a la hora de ejercer las suyas.

Es verdaderamente curioso que en un país con tantos desmanes urbanísticos, ninguna corporación municipal haya sido jamás disuelta por atentar gravemente contra los intereses generales. Y eso que en algunos municipios se ha producido un fenómeno extraordinariamente lesivo para los intereses generales, como es que un grupo de ciudadanos se empadrone fraudulentamente para tomar el poder y proceder a una desenfrenada carrera por recalificar suelo. ¿Hay algo más grave desde el punto de vista democrático?

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La Voz de Galicia-29 de marzo de 2006- GOLPE A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
El asesor de urbanismo de Marbella gestionaba 120 empresas tapadera

El juez encarcela a Roca y afirma en su auto que él era quien en realidad dirigía el municipio

La alcaldesa retrasó su declaración al pedir que un forense le retirara los puntos de la operación

Una gestora nombrada por la Diputación regirá el Ayuntamiento
García Marcos alega que los 360.000 euros son regalos de boda
«Yo alcalde, no. A mí lo que me gusta es mangonear por detrás»
Luna de miel con final movido

Unas 120 sociedades instrumentales eran utilizadas por el asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, para administrar el patrimonio que ha sido incautado en la operación Malaya contra una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento costasoleño. Según informaron fuentes policiales, todo este patrimonio era administrado por un despacho de abogados de Madrid, donde se han confiscado 860.000 euros que se hallaban en una caja fuerte. Roca, que movía los hilos del desarrollo urbanístico de Marbella en la sombra desde la etapa de Jesús Gil, ingresó ayer en prisión sin fianza.

Después de prestar declaración durante cuatro horas, el abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, aseveró que la trama de corrupción urbanística, de la que es supuesto cerebro su defendido, «es un montaje del que no existen pruebas». Según el letrado, su patrocinado se encuentra «muy mal anímicamente y lleva dos días sin poder comer». Álvarez alegó que Roca está imputado de un delito ecológico por tener «unas pieles de animales en su casa como cualquier cazador».

Según el auto por el que el juez le envía a prisión, Roca controlaba el Ayuntamiento, daba órdenes directas a concejales y empleados, y su nivel de vida y enorme patrimonio no se corresponde con sus ingresos. El juez asegura que el asesor, que en la era Gil fue gerente de Urbanismo, era en realidad quien dirigía el Ayuntamiento, «por encima de la alcaldesa», Marisol Yagüe. Sobre esta última, el juez asegura que era «una marioneta en manos de Roca».

Asesor y alcaldesa fueron los primero en pasar a disposición judicial y en prestar declaración tras permanecer dos noches consecutivas en el calabozo por su posible implicación en el caso. A primera hora de la mañana, Yagüe fue llamada a declarar por el caso Copasur, por por el presunto impago de casi un millón de euros a la constructora que le realizó unas obras de reforma en su chalé.

El edil de Obras, desmayado

La alcaldesa está acusada de un delito de malversación de fondos públicos y de utilizar materiales pertenecientes al Ayuntamiento para remozar su casa. En este caso también está citado a declarar el concejal de Obras, Vicente Manciles, al que se le imputa el mismo delito, y que no pudo testificar por encontrarse ingresado en un hospital tras sufrir un desmayo el jueves por la tarde.

Tras la declaración de la alcaldesa, su abogado, Alberto Luna, demandó asistencia médica para su cliente, que se encontraba cansada ya que recientemente se le ha extirpado un tumor en la espalda. El forense la examinó durante 30 minutos y ordenó la retirada inmediata de los 57 puntos de sutura que tenía en la espalda. Después del incidente, Yagüe volvió a prestar ante el magistrado instructor del caso Malaya. Ayer se reabrieron las puertas de las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento, que habían permanecido cerradas durante dos días.

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Faro deVigo-29 de marzo de 2005.-EN LAS FINCAS INTERVENIDAS HAY MÁS DE CIEN CABALLOS, OBRAS DE ARTE, JOYAS Y COCHES DE LUJO

Los bienes incautados por la policía en Marbella superan los 2.400 millones

La policía ha detenido a 23 personas en la operación contra la corrupción urbanística.

Agencias / marbella/madrid

El número de detenidos en la operación Malaya, llevada a cabo contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), se eleva a 23 personas tras el arresto en Madrid de un abogado. Ayer, las fuerzas de seguridad encargadas del caso practicaron una nueva detención, la de Julio D.M.R, en Málaga, acusado de cohecho.
En la operación, que se está desarrollando en Marbella, Málaga, Madrid, Murcia, Cádiz y Huelva, se han practicado numerosos registros, en los que se han intervenido entre otros efectos obras de arte de pintores de enorme prestigio, caballos de pura raza, armas de gran valor, importantes cantidades de dinero, vehículos de lujo y un helicóptero. ç
Además, la policía informó de que han sido bloqueadas por orden judicial numerosas cuentas bancarias -más de un millar- y múltiples propiedades inmobiliarias. Los bienes incautados superan los 2.400 millones de euros y el dinero en efectivo intervenido durante la operación alcanzaba ayer los 3,5 millones de euros.
275 obras de arte
En la provincia de Málaga, donde ya son doce las personas detenidas, -entre ellas la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; los concejales Isabel García Marcos, José Jaén y Victoriano Rodríguez, y el asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca-, se han realizado diecisiete registros en sedes municipales, domicilios y empresas.
Así, se registraron el domicilio y el despacho profesional de Juan Antonio Roca, la Delegación de Urbanismo, el propio Ayuntamiento, la Tenencia de Alcaldía de Puerto Banús, cinco domicilios particulares, la sede social de la sociedad Maras Asesores S.L., una oficina en un centro comercial, la finca La Caridad, el despacho del Jefe de la Policía Local y la sede de la Consejería de Transportes.
Entre los efectos intervenidos se encuentran 275 obras de arte, entre las que se encuentran pinturas de artistas de enorme prestigio, esculturas, y otras obras, pendientes del análisis y valoración por expertos del Patrimonio Artístico.
Además, la policía intervino tres cajas de joyas, con todo tipo de piedras y metales preciosos, con un peso estimado de unos cinco kilos; dinero en efectivo, varios coches de lujo y diecinueve ordenadores y cinco furgonetas llenas de documentación de interés para la investigación.
También se han hallado 24 armas largas, rifles y escopetas, algunas de ellas muy antiguas que pueden considerarse como auténticas obras de arte, además de tres pistolas sin documentación y borrados los números de serie y dos pistolas sin retocar.
Se han revisado dieciséis cajas de seguridad y resta abrir dos cajas en la sede del Ayuntamiento de Marbella, mientras que se intervino igualmente diverso material electrónico especial para protegerse de grabaciones y filmaciones. Otros efectos son 103 caballos, valorados por especialistas policiales en más de tres millones de euros; un helicóptero, valorado en dos millones de euros, y catorce vehículos, algunos de gran valor.
La policía investiga, además, la presunta utilización de Marisol Yagüe y su entorno familiar de un coche de lujo que sería propiedad de uno de los empresarios detenidos en la operación.
Asimismo, se han cursado mandamientos judiciales para la intervención de productos financieros en diversas entidades y para la para intervención y prohibición de enajenación de las propiedades de los detenidos e imputados, así como las sociedades y testaferros.
El alcalde en funciones de Marbella, el ex futbolista gallego Tomás Reñones, firmó ayer las nómimas en su primer día en la alcaldía.

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Faro deVigo-29 de marzo de 2005.-DOS CONCEJALES, EL SECRETARIO Y EL ASESOR DE URBANISMO, IMPLICADOS EN LA TRAMA

Detenidas la alcaldesa de Marbella y otras 19 personas por corrupción

La policía descubre un complejo entramado de sociedades y acusa a los arrestados de malversación, cohecho y tráfico de influencias.

Un total de veinte personas, entre ellas la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, fueron detenidas ayer en Málaga, Madrid y Murcia por la policía, que ha registrado las dependencias municipales marbellíes y domicilios particulares en el marco de una operación contra la corrupción. Entre los detenidos, además de Yagüe, se encuentran el asesor de Urbanismo y antiguo gerente de este departamento municipal, Juan Antonio Roca; los concejales de Cultura y Educación, José Jaén, y de Tráfico, Victoriano Rodríguez, y el secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes.
La operación policial, denominada "Malaya" y a la que se ha incorporado la Agencia Estatal de Administración Tributaria, surgió a raíz de unas escuchas telefónicas relacionadas con el caso "Ballena Blanca", la mayor actuación policial contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico llevada a cabo en España.
Tras conocer las detenciones, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella expresó en un comunicado su apoyo a la alcaldesa y mostró su disposición a "colaborar plenamente" con la Justicia "desde la tranquilidad más absoluta".
Marisol Yagüe abandonó a primeras horas de la tarde de ayer su vivienda custodiada por la policía con la cabeza cubierta, y fue trasladada a dependencias policiales en un coche escoltado por dos furgones. Varios vehículos entraron y salieron del chalé de Yagüe durante la mañana conducidos por agentes de la policía, que intervinieron diverso material, como dos torres de ordenador precintadas.
Desalojo
Tras la detención de Yagüe, el segundo teniente de alcalde, Tomás Reñones, queda como regidor en funciones, ante la ausencia de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que está de viaje de luna de miel aunque ayer anunció su regreso.
La alcaldesa estaba ya citada con anterioridad a declarar ante el juez mañana en calidad de imputada por un presunto delito de malversación de fondos públicos en una reforma de su vivienda.
La entrada de los agentes policiales para desalojar los edificios municipales, así como los registros y otras medidas llevadas a cabo en la operación fueron ordenadas por el juez de instrucción número 5 de Marbella.
Según informó la Dirección General de la Policía, las investigaciones se iniciaron en noviembre del año pasado y tenían como objetivo poner al descubierto un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas. Las gestiones policiales realizadas hasta el momento han permitido acreditar la participación de numerosas personas en delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.
En Jaén, el presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que esta actuación demuestra que "las instituciones del Estado de derecho en España funcionan para garantizar el cumplimiento de la ley", señaló que el Estado de derecho en Marbella "se ha visto conculcado presuntamente por las actuaciones de concejales y concejalas" y consideró "necesario" que en esa ciudad "impere la ley y se garantice el Estado de derecho".
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo que la operación es muy importante y señaló que afecta a la "clarificación de las actuaciones urbanísticas que allí se estaban realizando".
Por su parte, el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, pidió la "disolución inmediata" del ayuntamiento y la convocatoria de elecciones.

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El Correo Gallego-29 de marzo de 2006- LOS ARRESTADOS SON VEINTE .Detenida la alcaldesa de Marbella en una operación contra la corrupción

E.P.Marbella

20.22h Los detenidos por la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella son, por el momento, 20 personas, entre ellos la alcaldesa, Marisol Yagüe, dos concejales, el secretario, empresarios y abogados, según señalaron en un comunicado desde la Dirección General de la Policía.

. El ocaso definitivo del "régimen del ladrillo"

Agentes de la Dirección General de la Policía, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y a la Udyco-Costa del Sol, desarrollan una amplia operación, operativo policial que se está desarrollando en Marbella, Madrid y Murcia y en el que participan un centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Diez de los detenidos fueron en Marbella, nueve en Madrid y una en Murcia, mientras que han sido bloqueadas más de mil cuentas bancarias y se han realizado veinte registros en diferentes lugares -cinco en Madrid, dos en Murcia, diez en Marbella, uno en Huelva, uno en Cádiz y uno en Málaga-.

Los detenidos en la localidad malagueña son la alcaldesa, Marisol Yagüe; el asesor de Urbanismo del Ayuntamiento y empresario Juan Antonio Roca; los concejales Victoriano Rodríguez y José Antonio Jaén; el secretario del Consistorio, Leopoldo Barrantes; el abogado Oscar Alberto R.P.; Salvador G.A.; Juan Miguel S.Y.; Jaime H.F. y José Luis A.B.

En Madrid, se detuvo a los abogados Montserrat C.C., Francisco Antonio S.P., Manuel S.M. y Miguel P.C.; los testaferros Ismael P.P., María Ursula Q.L. y José Luis B.P.; y a Juan Luis S.P. y Francisco S.Z. Por último, el detenido en Murcia es Ernesto Ramón C.G., que actuaba como testaferro.

La operación, que fue iniciada en noviembre de 2005 por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, y supervisada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 bis de Marbella, Miguel Ángel Torres y la Fiscalía Anticorrupción, esta orientada a poner al descubierto un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.

Así, las mismas fuentes precisaron que las gestiones policiales realizadas hasta el momento han determinado la participación de numerosas personas en varios delitos como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero, "Todo ello encubierto a través de un entramado societario de grandes proporciones".

Una parte del patrimonio atribuible a Juan Antonio Roca figura a nombre de terceras personas, utilizadas como testaferros, que mantienen con él diferentes vínculos. Además, cantidades importantes procedentes de numerosas actividades delictivas han sido encubiertas a través de un complejo entramado societario de grandes proporciones.

En el desarrollo de esta operación policial contra la delincuencia organizada fueron también investigados un conocido empresario en Marbella, varios despachos de abogados de Madrid y ediles del ayuntamiento marbellí.

DELITOS

Las gestiones policiales realizadas hasta el momento han determinado la participación de numerosas personas en varios delitos como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Estas actividades estaban encubiertas a través de un entramado societario de grandes proporciones. En el desarrollo de esta operación policial contra la delincuencia organizada han sido también investigados varios despachos de abogados de Madrid y ediles del ayuntamiento marbellí, precisaron las mismas fuentes.

Tomás Reñones ha asumido el cargo de alcalde en funciones -ante la ausencia de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que se encuentra de luna de miel- con la intención "de que se continué con el normal desarrollo de las funciones municipales hasta el total esclarecimiento de la actual situación", según dijeron desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Desde el Consistorio solicitaron "que se extreme el celo en la aplicación del principio de presunción de inocencia sobre la figura de la alcaldesa", ya que, ante los hechos acontecidos y "los contradictorios rumores" aseguraron que "ni el Consistorio, ni su asesoría jurídica han sido informados por ningún organismo o autoridad competente sobre estos hechos".

CAUSAS PENDIENTES

La alcaldesa marbellí tiene pendiente al menos 10 causas judiciales por distintos tipos delictivos. La última iniciada es por las obras de reforma de su casa, de forma que, por la vía penal, ha sido citada para declarar el próximo día 31 por un presunto delito de malversación de fondos públicos, mientras que por la vía civil, se decretó el embargo preventivo de su casa por impago a la empresa encargada de las actuaciones, Copasur.

No obstante, también tuvo que declarar, pocos meses después de su llegada a la Alcaldía en agosto de 2003, tras la moción de censura contra el hasta entonces alcalde Julián Muñoz, ante la Audiencia Nacional por un presunto fraude a la Seguridad Social de 91,6 millones de euros, cometido en el Ayuntamiento y en 19 empresas municipales, procedimiento en el que estaban imputados Jesús Gil, ya fallecido, y otras 33 personas.

Asimismo, los entonces ediles del grupo mixto D presentaron, según informaron fuentes municipales a Europa Press, dos denuncias contra ella por impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, es decir, por no dar información a la oposición; y otra tercera por no pagar a los grupos políticos de la corporación la asignación correspondiente.

Por su parte, en 2005, el PP anunció la presentación ante la Fiscalía Anticorrupción de una denuncia por la permuta de dos áticos, propiedad del Consistorio, realizada con la empresa 'Construcciones Brick 2000' por parte del equipo de gobierno tripartito, formado entonces por Yagüe y los tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Carlos Fernández.

También declaró por un delito contra la ordenación del territorio, denunciado por Ecologistas en Acción, sobre la aprobación del proyecto de ejecución a la promotora Promopinar 99 para 221 viviendas y por otro caso similar, tras la denuncia del PSOE, por aprobar un proyecto de ejecución a la empresa TAU 3 SL para 42 viviendas unifamiliares.

Uno de los casos más conocidos en los que la alcaldesa está imputada es el de la discoteca 'Bohemian', por un presunto delito de prevaricación al haber revocado el decreto de cierre de ese local de Puerto Banús, que había sido firmado un mes antes por el teniente de alcalde de Puerto Banús y entonces socio de Gobierno, Carlos Fernández.

Este mes de marzo, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella le tomó declaración como imputada en un caso sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección en las oposiciones para cuatro plazas para la Policía Local; procedimiento en el que también se encuentra imputado el secretario del Consistorio, hoy también detenido.

REACCIONES

En cuanto a las reacciones políticas a la operación, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, manifestó que "la justicia y la Junta van a sentar las bases para que Marbella supere el lastre de la gestión oscura y tortuosa" y mostró su "firme respaldo" a la actuación emprendida por la justicia y los Cuerpos de Seguridad del Estado porque "es el reflejo de que las instituciones del Estado de Derecho en España funcionan para garantizar el cumplimiento de la Ley".

En este sentido, aseveró que "el Estado de Derecho se ha conculcado en Marbella por las actuaciones de concejales del Ayuntamiento entre ellos por la propia alcaldesa", y apuntó que el Consistorio "vive desde hace mucho tiempo una situación insólita", que ha derivado, según destacó, en las detenciones de hoy. Así, dijo que "en este contexto tiene mucho más sentido la decisión de la Junta de iniciar el expediente para la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella".

Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, consideró que en este momento está "más justificada que nunca" la disolución inmediata del Ayuntamiento y la convocatoria urgente de elecciones para que salga un nuevo equipo de gobierno, al tiempo que apuntó que hay "tiempo de sobra" para abordar ya ese proceso, antes de los comicios municipales del próximo año.

Para Arenas, lo que está ocurriendo en este momento en Marbella se debe, entre otras causas, a que siempre ha existido "toda la tolerancia del mundo con los dislates urbanísticos" que se han cometido en el municipio, de lo que tiene una "responsabilidad clarísima" la Junta de Andalucía, según apuntó, que ha preferido "mirar a otro lado", en lugar de afrontar el problema.

. El ocaso definitivo del "régimen del ladrillo"

La detención de la alcaldesa de Marbella pone de manifiesto el desplome del "modelo alternativo" que encarnó Jesús Gil desde los '80
Fax Press, por Javier Ruiz de Vergara. Madrid

16.02h Se veía venir. La reciente "operación ballena blanca" contra el blanqueo del dinero del narcotráfico, los vínculos entre las numerosas redes mafiosas que habitan en Marbella con prestigiosos bufetes de abogados y una corporación heterogenea sostenida en una polémica moción de censura, en agosto de 2003, han desembocado en una operación policial que apunta al afloramiento de todas las miserias de una ciudad, un régimen en sí mismo, que gestionó con mano de hierro el desaparecido Jesús Gil y Gil.

Un ayuntamiento desalojado y una alcaldesa detenida. Marbella, la ciudad sin ley, el ejemplo de un desarrollo espectacular en la década de los '80 y '90 con un personaje como Jesús Gil, una descomposición total de la clase política tradicional -con la pasividad complice de PSOE y PP- y la priorización absoluta de una economía basada en la especulación inmobiliaria con varios planes urbanisticos anulados posteriormente por los tribunales.

La polémica gestión, de sobra conocida, del fallecido presidente del Atlético de Madrid le provocó a Gil una inhabilitación que le obligó a abandonar el sillón de la alcaldía que gestionó con mano de hierro gracias a sus sucesivas mayorías absolutas. El dedo de Gil llevó entonces a Julian Muñoz al frente de un municipió ya descosido por la descomposición del GIL, el partido que fundó el polémico alcalde. Tras varios meses en los que Muñoz saltó de la política al papel "couché" por su romance con la tonadillera, sus antiguos aliados provocaron su salida de la alcaldía con una moción de censura que fue calificada, en agosto de 2003, como el "tamayazo marbellí", en referencia al plante de los dos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid.

En aquella moción, paradójicamente, nadie hablé en nombre de su partido. Los ocho ediles rebeldes del GIL, una formación que ya no existía, debían sus escaños a esas siglas de las que se desmarcaban. Los tres ediles del PSOE que apoyaron la moción fueron expulsados del partido y los tres andalucistas fueron desautorizados por el PA.

Intereses espúreos, maniobras urbanísticas, una historia de deslealtades. Los fieles a Julián Muñóz argumentaron el ataque en el intento de su líder de dar transparencia a la gestión del urbanismo y de encauzar las difíciles relaciones con la Junta de Andalucía. Los hombres de Jesús Gil hablaron de "traición" -Muñoz fundó otro partido- y adviertieron del desgobierno. Una tercera tesis apuntaba al cese, por parte de Muñoz, del gerente de Urbanismo, el todopoderoso José Antonio Roca, repuesto por la actual alcaldesa y también hoy detenido.

Y es que Roca es, sin duda, el personaje clave del urbanismo en Marbella. Como gerente de Plantamiento es el responsable técnico de algunas de las más polémicas decisiones urbanísticas de los últimos años en la ciudad, muchas de ellas en los tribunales. La decisión de Muñoz de entregar su cabeza a la Junta como condición a la normalización de las relaciones fue entonces el detonante de la maniobra de Jesús Gil.

Con Marisol Yague, una edil fiel a Gil, tampoco han cambiado las cosas. La Junta de Andalucía le retiró la gestión urbanística. Un juez le ha embargado la vivienda multimillonaria que se acaba de construir. La Policía Local, una especie de "miniejercito", ha protagonizado sonoros incidentes. Y las mafias rusas han hecho de la ciudad malagueña su "campamento base". La macroredada de este miércoles podría significar el fin de todo un régimen.

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La Voz de Galicia, 16 de marzo de 2006- -La nueva normativa de edificación encarecerá los pisos un 1%

El Gobierno cree que se lograrán ahorros energéticos de hasta el 40%

Todos los pisos nuevos que se construyan deberán tener instalados paneles solares

Los constructores advierten de que habrá menos viviendas de protección oficial

El Gobierno aprobó ayer el nuevo Código Técnico de la Edificación, que establece la normativa sobre seguridad, habitabilidad y sostenibilidad energética y medioambiental en el sector de la construcción. Las nuevas exigencias en este ámbito supondrán, según las estimaciones del Gobierno, un encarecimiento del precio de los pisos cercano al 1%. Sin embargo, los constructores alertan de que ese incremento será aún mayor.

El Ejecutivo considera que el aumento de los costes se verá compensado de sobra con el ahorro que generará la nueva normativa, sobre todo en materia energética. Con la obligación de instalar paneles solares este ahorro puede llegar a alcanzar el 40% en cada edificación .

La norma, que regulará la construcción de todos los edificios nuevos y la rehabilitación de los ya existentes, sean de uso comercial, de vivienda, industrial o de cualquier otro tipo, establecerá las condiciones generales que los agentes deben cumplir en el proyecto, la ejecución de obras y el mantenimiento de los inmuebles. El código pretende armonizar la reglamentación nacional en la materia con las disposiciones comunitarias. El Gobierno creará también el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, en el que participarán todas las Administraciones públicas Entre las principales novedades que ayer presentó la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se encuentran las siguientes:

La demanda energética del edificio se limitará en función de los cierres (fachadas, vidrios y cubiertas). Una de las novedades más importantes es la obligación de instalar paneles solares en todos los nuevos edificios. Tecnologías que se encargarán del suministro de entre un 30 y un 70% de las necesidades de agua caliente sanitaria, incluida la de las piscinas cubiertas.

En la misma línea, se regulará la contribución fotovoltaica mínima. En los nuevos edificios del sector servicios que tengan una determinada superficie (en el caso de oficinas, por ejemplo, por encima de los 4.000 metros cuadrados), una parte de las necesidades eléctricas serán cubiertas con energía solar generada por medio de una instalación fotovoltaica.

La nueva regulación reforzará el actual sistema de seguro decenal de daños, y establece cuestiones relacionadas con las bases de cálculo, la edificación, los cimientos y las estructuras de acero. Además, se elimina el vacío reglamentario existente en relación con las estructuras de madera, que ahora deberán contar con un certificado de madera sostenible.

. Se establecen medidas para impedir la propagación de un incendio, tanto interior como exterior. Se fijan normas de evacuación y sistemas de detección, control y extinción, y se regula la resistencia al fuego de la estructura.

En lo que hace referencia a la seguridad de las personas, se regulan los riesgos más frecuentes, como son las caídas por resbalones, los accidentes derivados de una iluminación inadecuada o los originados por la presencia de vehículos en movimiento.

El nuevo código pretende disminuir el número de patologías por humedad originadas por el mal diseño constructivo y el mantenimiento de suelos, muros enterrados, fachadas y cubiertas. Se regula la calidad del aire interior, estableciendo la salidas de humos y gases de la combustión por las cubiertas de los edificios. Deberán instalarse ventiladores o aspiradores hídricos en los edificios para su ventilación, así como detectores de dióxido de carbono en garajes de más de 30 metros cuadrados.

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La Voz de Galicia, 16 de marzo de 2006- -CONSEJO DE MINISTROS . El Gobierno obligará a instalar paneles solares en edificios de nueva construcción urbanismo

El Código Técnico de la Edificación obligará a cubrir con energía solar parte de los gastos de agua caliente de las comunidades.

Casa Solar/Politécnica de Madrid

Álbum: Solar Decathlon

El Consejo de Ministros ha aprobado el Código Técnico de la Edificación (CTE). El texto que reúne y actualiza la normativa sobre la materia de los últimos 30 años. El CTE obligará, entre otras cosas, a instalar paneles solares para cubrir parte de las necesidades de agua caliente sanitaria en los nuevos edificios.

Asimismo, ha aprobado la creación del Consejo de Sostenibilidad, Innovación y Calidad, que incluirá una comisión dedicada al seguimiento del CTE.

El nuevo código, impulsado por el Ministerio de Vivienda, sustituirá a la actual normativa que en algunas ocasiones data de hace más de 30 años y armonizará la legislación española con la de la Unión Europea (UE).

La nueva normativa significa una modernización en lo que se refiere a mejorar los sistemas constructivos y facilitar que el sector de la construcción se adapte a las necesidades de sostenibilidad económica.

Establecerá las exigencias básicas a las que deben adecuarse los productos materiales que se incorporen a las obras y dedicará un capítulo a fomentar la eficiencia energética de los edificios y el ahorro de energía. en este sentido obligará a instalar paneles solares para cubrir parte de las necesidades de agua caliente sanitaria en edificios de nueva construcción.

En la elaboración del Código Técnico de la Edificación han participado todos los agentes sociales y económicos interesados, según el departamento que dirige María Antonia Trujillo.

En concreto, a través de una página en Internet, han participado más de 800 expertos académicos, personal de laboratorios, técnicos de las empresas de los sectores interesados y personal de las Comunidades Autónomas, aportando más de 2.600 sugerencias que en buena parte han sido adoptadas en la redacción final.

El código entrará en vigor un día después de su publicación en el BOE, pero dada su complejidad técnica y su trascendencia económica, junto a su extensión, no será obligatorio hasta después de un año, aunque las normas relativas al ahorro energético y la seguridad deben aplicarse en un plazo de seis meses.

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Xornal.com -O urbanismo, bomba N

España como destino apacible, ten un presente e un futuro que non poden quedar nas máns dos especuladores pola simple cobertura de certos “axentes urbanísticos” que utilizan unha lei que non resiste un mínimo estudio racional pra actuaren como auténticos cuatreros (son as súas palabras) chantaxeando a moitísimos cidadáns máis respetuosos do que eles co seu lugar de asentamento.

Xesús López Fernández

(lunes 13 de febrero de 2006)

Don José Antonio Marín Pallín, maxistrado do Tribunal Supremo, publicou un traballo en EL PAÍS do 24.01.2006 co título de “Urbanismo desenfrenado: Una bomba de neutrones”, a chamada bomba N, na que primaría o efecto da radiactividade sobre a destrucción das bombas atómicas e de hidróxeno. O traballo está sendo moi comentado en diversos foros de internet. Na entrada do artículo refírese á impotencia real de lle explicar ós cidadáns por qué as leis parecen non existiren ou por qué o sistema xudicial non vai. Hai leis perfectas, pero ineficaces, e fai unha historia moi breve do que representou a explosión de Hiroshima, á que poucos sobreviviron. (Sí logrou subsistir un ginkgo biloba, que agromaría de novo de novo e hoxe é reverenciado polas xentes). O medo á reacción dos nemigos levaría ós científicos á sustitución pola bomba de hidróxeno, miles de veces máis potente, pra logo deseñar outra de neutróns, bautizada como “limpa”, que pode afectar ás persoas sen destroi-lo entorno. E o autor telumbra unha fotografía distinta da de Hiroshima pró día despois de ser usada, nun futuro posible: as casas e rúas intactas, pero xa sen habitanes nen transeúntes.

Por distintas vías pódese chegar ó mesmo cadro. O maxistrado supón que a definición é simplemente anticipalista do que pode acontecer en cidades, nas costas e barrios periféricos das grandes urbes, se non ordeámo-la desenfreada planificación urbanística. As futuras xeneraciós non merecen esa herdanza, porque a terra que nos leigaron os ancestros non é nosa, témola en usufructo, pero pertence ós que nos sucedan. E algús xa denuncian os plans existentes pra macizar aínda máis as construcciós da nosa Terra. Así en relación coa teima urbanizadora en Nigrán ou Gondomar. Ou que en Vigo, onde precisan máis auga pra “crecer”, xa se dou renda solta á voracidade inmobiliaria, á recalificación de chan pra 138.000 novas vivendas, o que parece unha demasía que non se entende, mentres en Lugo están previstas, a cabalo do futuro PXOM, outros 120.000 pisos.

Estas “loucuras” están promovidas, naturalmente, dende as Administraciós, como tamén o urbanismo de “línea quebrada” contra a Lei de Costas que nos terán de explicar e que non debe servir pra salvar certas construcciós de carácter ilegal na costa de Marín.

Pero volvamos ó traballo do señor Marín Pallín.

O autor lémbranos que o dereito de propiedade non é ilimitado, e denuncia que o uso arrogante, insolidario, e brutal do mesmo é contrario á Constitución que deberá prevalecer [...] e cita o caso dunha concellala do PP de Alhama de Murcia, que paralizou co seu voto unha iniciativa urbanística increíblemente monstruosa, como reacción social, como claridade de ideas dos que demandan dos políticos que valoren as consecuencias desta loucura e pensen no futuro e no respeto de intereses de tipo xeral. “Chegou o momento de que o Estado de Dereito tome en serio o problema e atalle as consecuencias catastróficas que conlevan políticas urbanísticas impulsadas pola mera especulación e reparto de beneficios”. Difícil explicarnos por qué as leis non se cumpren ou por qué o sistema xudicial non responde. Fracasamos tamén na salvagarda do desenvolvemento sostible.

España como destino apacible, ten un presente e un futuro que non poden quedar nas máns dos especuladores pola simple cobertura de certos “axentes urbanísticos” que utilizan unha lei que non resiste un mínimo estudio racional pra actuaren como auténticos cuatreros (son as súas palabras) chantaxeando a moitísimos cidadáns máis respetuosos do que eles co seu lugar de asentamento.

En fin, o traballo é longo e xa só podemos resalta-la denuncia dos depredadores que actúan co consentimento e impulso dos responsables dalgús concellos; que está en marcha unha operación devastadora vendida baixo a forma de novos paraísos, postos de traballo e beneficios sen fin. Bobadas. O maxistrado recomenda acodir á vía penal cando pode estar nela, quizaves, a última esperanza. E aplaude que o Parlamente Europeo se dispoña a entrar no tema do urbanismo español. Advirte ós electores dispostos a votar ós que fan política baixo o lema de “pon o ladrillo e fuxe”, e ofrecen portentos e desastres pró futuro. Hai que estar alertas, porque cando o tribunal dicta sentencia, as colmeas de adosados están concluídas, o tsunami de cemento armado pode ser unha realidade e ter acabado coa identidade do lugar. Veremos estructuras fantasmagóricas, desastre e desolación. O individuo non pode atopa-las súas raíces, asesinadas polo cemento. Perdidos o litoral e a natureza, o home pode vagar como un enfermo de alzhéimer polas rúas, sen capacidade pra inventaria-los desastres e culpas do poder.

Xa hai persoas que camiñan inseguras por espacios arrasados, como buscando a cova familiar, cercadas polos medos. Anticipo do que ven.

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Iberica2000.org-Urbanismo desbocado

EL URBANISMO ACTUAL, NO SIRVE A LAS NECESIDADES ESENCIALES DE SUS HABITANTES
La urgencia por urbanizar pasa por encima de cualquier otro criterio, saltándose incluso el sacrosanto derecho de propiedad si interfiere en la rapidez que ansía la promoción inmobiliaria.

Las recientes leyes urbanísticas tanto estatales como autonómicas, se caracterizan por olvidar cualquier tipo de precaución en aras de la agilidad del proceso urbanístico.

El primer paso para integrar en la ley esta filosofía es la promulgación de la Ley de Regulación de la Actividad Urbanística valenciana LRAU (1994) que crea la figura del agente urbanizador, teóricamente con el objetivo de luchar contra la retención especulativa de los propietarios y regular la planificación.

Su planteamiento ha servido de referencia para muchas autonomías. Este marco legislativo permite que los promotores inmobiliarios obtengan la delegación de buena parte del poder público urbanizador, sin conceder apenas posibilidades de recurso a los propietarios del suelo situados en una zona destinada a un proyecto de urbanización, no digamos al resto de ciudadanos."

21 de septiembre de 2004.
Ecologistas en Acción.
Isabela Velázquez.

Si hubiera que deducir de la actual práctica urbanística qué tipo de país es el nuestro, sin dudar diríamos que se trata de un país joven, en proceso de crecimiento rápido, con migraciones locales importantes y un territorio prácticamente virgen sin especiales problemas ambientales.

Evidentemente, nuestro territorio saturado y desequilibrado, con graves problemas ambientales y sociales, en crecimiento cero (si no fuera por el balón de oxígeno de la inmigración), no corresponde en absoluto al dibujo de país que parece anunciar este fomento público de la urbanización.

Las recientes leyes urbanísticas tanto estatales como autonómicas, se caracterizan por olvidar cualquier tipo de precaución en aras de la agilidad del proceso urbanístico.

La urgencia por urbanizar pasa por encima de cualquier otro criterio, saltándose incluso el sacrosanto derecho de propiedad si interfiere en la rapidez que ansía la promoción inmobiliaria.

El primer paso para integrar en la ley esta filosofía es la promulgación de la Ley de Regulación de la Actividad Urbanística valenciana LRAU (1994) que crea la figura del agente urbanizador, teóricamente con el objetivo de luchar contra la retención especulativa de los propietarios y regular la planificación.

Su planteamiento ha servido de referencia para muchas autonomías.

Este marco legislativo permite que los promotores inmobiliarios obtengan la delegación de buena parte del poder público urbanizador, sin conceder apenas posibilidades de recurso a los propietarios del suelo situados en una zona destinada a un proyecto de urbanización, no digamos al resto de ciudadanos.

Este hecho supone que hemos olvidado el urbanismo bienintencionado y difícilmente viable en el que las instituciones públicas funcionaban a modo de dique de contención ante las presiones de los grupos promotores.

El resultado es una urbanización masiva y acelerada en la que, sin complejos, se deja la iniciativa y prácticamente el control de los procesos urbanísticos, a agentes privados liberados de cualquier cortapisa en su labor depredadora de suelo.

Se vuelve al urbanismo de los años 60 y 70 con sus torres colmena [1], sus planes de autopistas y el aprovechamiento como único dios de la actividad urbanística. Quedan muy atrás, salvo contadas excepciones, las políticas coherentes de reconstrucción de la ciudad, de reequilibrio o de mejora continua de lo ya urbanizado.

De este modo, de las antiguas quejas sobre la falta de definición y consideración del suelo no urbanizable, hemos pasado a la estupefacción ante la desaparición de cualquier protección al sistema natural y agrícola: En principio, todo el suelo es urbanizable salvo reductos excepcionales de especialísimo interés ecológico. Ni siquiera se prevé que ese valor ecológico desaparecerá en poco tiempo, ya que espacios no urbanizados aislados en un mar de hormigón y asfalto inevitablemente perderán su rica biodiversidad en un plazo más corto que largo.

La deriva del urbanismo en los últimos tiempos no cuadra con las condiciones del país ni con las necesidades de sus habitantes, pero sí es muy coherente con la especialización de nuestra economía que, tanto en épocas de crisis como en tiempos de vacas gordas tiene en la construcción y en el turismo sus grandes bazas.

Se facilita una planificación con el negocio como bandera en tiempos de ‘boom inmobiliario’ que atrae todas las inversiones a este sector y en un país que no ha sufrido hasta ahora ninguna crisis inmobiliaria fuerte [2]. Afortunadamente, la actividad urbanística no es objeto de evaluación como cualquier otra actividad estratégica, ya que los objetivos de abaratar el precio de la vivienda o mejorar la calidad de vida urbana serían un vergonzoso índicador de la actividad urbanística.

Por otra parte, la mal llamada producción inmobiliaria sigue siendo la principal vía de financiación de unos ayuntamientos cada vez más cargados de responsabilidades hacia sus ciudadanos, y con pocos recursos para hacerles frente. Esta situación no favorece que sea desde el ámbito de lo local desde donde se vaya a controlar este proceso. Se pone en manos de promotores y constructores la posibilidad de poner en carga cualquier lugar con posibilidad de ser soporte de productos urbanísticos vendibles. Promotores y constructores que en las zonas más rentables constituyen un franco oligopolio.

La teoría urbanística más razonable propone centrar la actividad urbanística en la mejora y rehabilitación de las zonas ya urbanizadas para poder proteger y conservar las frágiles estructuras territoriales vírgenes en una Europa saturada. En otros países, como el Reino Unido, la urbanización de zonas vírgenes está gravada con impuestos destinados a la recuperación de zonas interiores urbanas con necesidad de rehabilitación y mantenimiento.

Aquí, por el contrario, se facilita a los agentes urbanizadores que propongan planes para nuevos desarrollos expropiando de hecho o amenazando a los propietarios del suelo. Esta situación, que resulta inaudita para quien no esté al tanto de las vicisitudes del gran juego inmobiliario, es tan grave que ha merecido la alerta por parte del Parlamento europeo en respuesta a numerosas peticiones de afectados por la LRAU en la Comunidad Valenciana [3].

Con estos planteamientos, las propuestas de crecimiento que aparecen en los recientes planes municipales de urbanismo han pasado de suponer un pequeño porcentaje del área construida a duplicar o multiplicar la superficie destinada a nuevas viviendas o zonas terciarias y comerciales. La ingente inversión continuada en carreteras durante las últimas décadas permite garantizar la accesibilidad en vehículo privado a las nuevas áreas en desarrollo.

Los planes generales tienden a poner en carga absolutamente toda la superficie del término municipal. Se habla en las exposiciones públicas del modelo de ciudad para el siglo XXI: en realidad deberían calificarse como planes para la eternidad, porque cierran la posibilidad de ulteriores desarrollos. Las generaciones futuras tendrán que conformarse con espacios urbanos que se adapten a las expectativas de los promotores inmobiliarios actuales.

Las tipologías dispersas, con su enorme consumo de suelo, y su imposibilidad de vida sin coche empiezan a ser predominantes en los nuevos crecimientos. Y no son sólo las áreas metropolitanas las que adoptan el modelo de viviendas individuales o adosadas y centro comercial accesible sólo en vehículo privado.

Prácticamente en todas las ciudades surgen urbanizaciones completamente autistas respecto a la ciudad existente, que concentran y aíslan a las familias con recursos suficientes para hacer frente a su compra y mantenimiento.

La ciudad central decae entre una falta de cultura de su mantenimiento y una visión cortoplacista de su madurez. Se invierte poco en su conservación. Las operaciones urbanísticas demasiadas veces son meramente especulativas aumentando la densidad y la congestión de las zonas centrales y logrando que se pierda paulatinamente una calidad de vida lograda en años de mejora continua.

Las periferias de nuestras ciudades necesitarían grandes dosis de creatividad y energía para conseguir hacer olvidar el diseño masivo y anodino de una época en la que la cantidad de vivienda primaba sobre la calidad. Los nuevos barrios siguen siendo sólo de viviendas, no se consigue la mezcla de usos que cree verdadera vida local.

Existe un porcentaje notable de barrios con graves problemas urbanísticos y sociales a los que no se atiende, en una política del avestruz que, en la sociedad multicultural a la que inevitablemente nos dirigimos, seguramente dará lugar a los mismos problemas que otros países vecinos ya han sufrido desde hace décadas.

En contraste, las zonas interiores del país se abandonan y vacían de inversiones y de gentes. Y los espacios humanizados difícilmente se auto-mantienen como las estructuras naturales. El dilema de los incendios forestales de cada verano se debate entre la mano negra que prepara con tiempo la conversión de un bosque en un parque temático, y la falta de mantenimiento mínimo del territorio.

Si partimos de la idea de que ‘planificar es identificar necesidades, compaginar intereses contrapuestos, resolver conflictos, prever líneas de futuro y crear condiciones para el desarrollo positivo’ (Verdaguer 2002), el primer paso a dar sería integrar en la planificación urbanística a toda la ciudadanía, no sólo a los que tienen intereses económicos en la producción de la ciudad.

De otro modo, el resultado del proceso urbanístico seguirá siendo el que actualmente sufrimos. El urbanismo tendría que volver a ser patrimonio de los ciudadanos, en el que se recupere el derecho universal a la ciudad y al territorio, incluyendo a aquellos grupos que no han participado nunca en el diseño o la gestión de su espacio (mujeres, jóvenes, niños, mayores o inmigrantes...).

Afortunadamente en los últimos meses, protestas en la calle dejan entrever una reacción de la sociedad civil ante los temas de especulación urbanística que hasta ahora se aceptaban resignadamente como una desgracia inevitable [4].

La participación informada es la única vía de salir de un estado de cosas en el que se simultanean declaraciones a favor de la sostenibilidad en los prólogos de todos los documentos oficiales con la negra realidad descrita anteriormente.

Sería una vía para contraponer los intereses sociales y ambientales con las bases especulativas de un urbanismo al servicio del negocio inmobiliario. De otro modo, los pasos esforzados hacia una concepción más social y más ambiental de la gestión de la ciudad se minimizan ante el crecimiento desbordado de la urbanización.
Isabela Velázquez.

Referencias bibliográficas:
Velazquez Valoria, Isabela (2003): Criterios de sostenibilidad aplicables a planeamiento urbano. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (2003) en colaboración con Bakeaz: Versión digital accesible en [www.ingurumena.net.:www.ingurumena.net/Castellano/Doc/PMA] (Documento nº22). [O bien en...:www.ingurumena.net/Euskara/Doc/PMA/Index.htm]

Verdaguer Viana Cárdenas, Carlos (2003): Por un urbanismo de los ciudadanos, en el libro ‘Ecología y ciudad, las raíces de nuestros males y cómo tratarlos’ T. Arenillas (edit.). Fundación de Investigaciones Marxistas.

[1] Empiezan a aparecer ordenanzas que permiten alturas de más de 15 plantas en ciudades como Alicante o Torrevieja, siguiendo el modelo de Benidorm. Son comunes planes urbanísticos en pueblos de 2.000 habitantes con propuestas de 4, 5 y hasta 7 plantas en la costa mediterránea. Las grandes ciudades españolas empiezan a competir en el número y altura de sus rascacielos.

[2] En otros países como Reino Unido o Japón, y en casi toda Europa, la memoria de las duras crisis inmobiliarias recientes tiene un efecto psicológico generalizado: no existe la confianza ciega en que la inversión inmobiliaria es un valor seguro.

[3] Informe de 06/06/04 sobre la misión de información del Parlamento Europeo, llevada a cabo en Valencia (España) los días 25 a 28 de mayo de 2004. Este informe propone que debe decretarse una moratoria sobre toda nueva actuación urbanística propuesta en la región valenciana hasta que la legislación vigente se adapte y sea conforme con la legislación comunitaria y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades.

[4] Desde las plataformas de ‘Salvem ...’ en la Comunidad Valenciana o las protestas de iniciativa vecinal en lugares como Jávea, Moraira, Ondara o Altea contra las propuestas abusivas en la costa. En algunas ciudades existen iniciativas vecinales o de grupos ecologistas que plantean modelos alternativos de ciudad, a veces apoyadas en procesos de Agenda 21 y a veces en franca oposición a las propuestas municipales (Red de Vecinos de Lavapiés, Planes Comunitarios de Barrios, Talleres vecinales...).

* Gentileza de Cercle Obert de Benicalap.
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro
antoniod17@ono.com

* [Información extraída de...:www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=728]

Insertado por: CERCLEOBERT (22/09/2004)
Fuente/Autor: Ecologistas en Acción.

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Iberica2000.org-Ciudadanos españoles "CONTRA LA ESPECULACION URBANISTICA"

DESDE MADRID A ESPAÑA...
Medio centenar de colectivos madrileños solicitan a la Ministra de Vivienda la introducción en la futura “Ley del Suelo” estatal de medidas restrictivas al urbanismo descontrolado y fomento de la vivienda pública.

Con motivo de hacerse pública la intención del Ministerio de Vivienda de tramitar una nueva ley que sustituya a la vigente Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998 de 13 de abril, hemos remitido una carta a la Sra. Ministra en la que exigimos la introducción en el nuevo texto de medidas de marcado carácter intervencionista en el sector de la vivienda y el fomento de la vivienda pública como única solución posible al dramático problema de acceso a la vivienda que padecemos los ciudadanos de este país.

Igualmente exigimos la introducción de medidas restrictivas en cuanto a la recalificación de los usos del suelo para la construcción de viviendas, como única solución a la actual situación de crecimiento urbanístico descontrolado que se ha convertido en la principal causa del deterioro de nuestro medio ambiente.

El problema de acceso a la vivienda es la consecuencia de las nefastas políticas en materia de urbanismo y vivienda adoptadas en las últimas décadas por nuestras administraciones que, lejos de adoptar medidas tendentes a garantizar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, están fomentando la especulación en el sector inmobiliario, así como la permisividad con la corrupción urbanística. El porcentaje de vivienda protegida ha descendido del 50 por ciento que suponía hasta 1986, a menos del 10 por cien de la totalidad de viviendas que se construyen en la actualidad, dato que coincide con un espectacular incremento de precios en el mismo periodo.

La vivienda pública es la herramienta más eficaz para frenar la subida de precios y garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos y, sin embargo, las administraciones no destinan prácticamente recursos públicos para estas actuaciones, puesto que las escasas inversiones públicas en estas partidas son muy inferiores a los beneficios obtenidos en operaciones urbanísticas (los municipios de la región de Madrid ingresaron 280 millones de euros por subastas de suelo en el año 2002, cuatro veces más de la cantidad destinada a vivienda).

Por otro lado, la Ley 6/1998 del Régimen del Suelo y Valoraciones, inspirada en el falso postulado “a más vivienda, más barata”, introdujo medidas permisivas para la recalificación del suelo. Estas medidas son, por contra, la causa de la multiplicación de los procesos especulativos del suelo, procesos controlados por grandes empresas del sector e incluso, y cada vez en mayor medida, organizaciones mafiosas o criminales, que buscan su propio beneficio, ajenos por tanto a las prácticas del libre mercado, escasamente transparentes y plagados de irregularidades y delitos urbanísticos, que provocan el incremento artificial del precio del suelo y, consecuentemente, del precio final de las viviendas. La corrupción urbanística y ausencia de transparencia ha sido señalada como la principal causa del problema de la vivienda por el Observatorio de Vivienda. Prueba de ello es que, a pesar de que en la actualidad en España se construye vivienda a un ritmo muy superior que en las décadas de los setenta y ochenta, el precio de la vivienda se duplica cada pocos años.

Pero a su vez, la tendencia liberalizadora del suelo impulsada por la Ley 6/1998, además de provocar la subida del precio de las viviendas, es la causa del problema más grave al que se enfrente en nuestros días el medio ambiente: el crecimiento urbanístico descontrolado y la depredación de suelo. La superficie urbanizada en la Comunidad de Madrid, aumentó entre 1990 y 2000 en un 49,2 por ciento, lo que significa que en tan sólo veinte años se habrá urbanizado la misma superficie de suelo ocupada por asentamientos humanos en la región a lo largo de toda su historia, incluyendo la época de la emigración del campo a la ciudad y el desarrollismo. Este modelo es altamente agresivo con el medio ambiente, ya que se construye lejos de los cascos urbanos ampliando la distancia de los desplazamientos a efectuar entre vivienda y centro de trabajo o equipamientos sociales. El modelo obliga a la utilización del vehículo privado, lo que a su vez lleva a multiplicar el número de infraestructuras, fundamentalmente carreteras, o ampliar las ya existentes. A la degradación que la propia carretera provoca en su entorno, se suma la contaminación de la atmósfera por emisión de gases contaminantes, lo que a su vez aleja a nuestro país del cumplimiento de los criterios impuestos por el protocolo de Kyoto, y que el Gobierno se ha comprometido a cumplir.

Además es imprescindible y urgente la adopción de medias de carácter penal para atacar la delincuencia urbanística, así como un cambio de política fiscal, que incentive el alquiler y grave el uso antisocial de las viviendas vacías y el suelo.

Hemos solicitado a la Sra. Ministra una próxima reunión para tratar todos estos temas, anunciándola que nos movilizaremos en caso de que no sean respetadas nuestras reivindicaciones.

* Toda la información en... (Enlace...)

Insertado por: pamelaamaya (15/11/2005)
Fuente/Autor: prensa@contraespeculacion.org

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Solidaridad.net--CORRUPCION--DELINCUENCIA URBANÍSTICA

Debo partir, en primer lugar, de un principio elemental que viene descrito en el artículo 47 de la Constitución Española y que reza lo siguiente: ´Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada´. Ocurre, empero, que de la teoría constitucional a la práctica cotidiana existe un largo trecho... En ese totum revolutum que es la ordenación del territorio y el urbanismo existe hoy en día un importante número de actividades que constituyen delito a tenor de los artículos 319 y 320 del Código Penal. Lo extraño es que la mayoría de ellas pasen desapercibidas y muchas incluso se asumen con absoluta normalidad por un importante sector de la sociedad española...

ANTONIO VERCHER NOGUERA es fiscal del Tribunal Supremo
17/09/2003

Andan algo revueltas estos días las aguas del urbanismo en Madrid a causa de determinados acontecimientos de matiz político-electoral que no son sino expresión de todo un submundo que, aunque nos neguemos a reconocer, está lamentablemente ahí. El tema es extraordinariamente complicado y haría falta la paciencia de un teólogo medieval para entrar en los detalles y pormenores que toda esta temática ofrece. No obstante, y aun a riesgo de simplificar, quisiera ofrecer algunas reflexiones al respecto.

Debo partir, en primer lugar, de un principio elemental que viene descrito en el artículo 47 de la Constitución Española y que reza lo siguiente: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Ocurre, empero, que de la teoría constitucional a la práctica cotidiana existe un largo trecho. Que en modo alguno es fácil conseguir una vivienda y que la misma constituye más bien uno de los problemas más acuciantes de la realidad social española es algo fácil de comprobar. Basta con leer la prensa o conectar el televisor, en uno de esos escasos momentos que deja libre el programa Hotel
Glam y sucedáneos, para verificar la magnitud del problema. La vivienda se está convirtiendo en algo prácticamente inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, cuando precisamente la Constitución española obliga a las autoridades a facilitar esa accesibilidad. "Promoverán las condiciones necesarias", continúa diciendo el artículo 47, "para hacer efectivo ese derecho".
Lo cierto es, sin embargo, que el precio medio de la vivienda en España, según un estudio de Caixa Cataluña, ha subido un 83% entre 1994 y 2002, mientras que los salarios han crecido sólo un 30%. Así pues, los precios son tan astronómicos que el sufrido ciudadano debe destinar en la actualidad el 50,9% de su salario bruto para poder adquirir la ansiada vivienda; porcentaje que se incrementa notablemente -un 69%- si el ciudadano tiene la desgracia de vivir en Madrid o en Baleares. O sea, y hablando claramente, un verdadero desastre.

A la hora de buscar causas que expliquen esa situación se habla de la ya famosa
burbuja inmobiliaria; se alega la galopante reducción de suelo disponible; se critica la carencia de viviendas sociales; se dice también que el efecto Euro ha contribuido a encarecer la vivienda en un 12,7%. Se podría ofrecer, en fin, una larga serie de hipotéticas causas, muchas de las cuales se han alegado y discutido de manera especialmente enfática a lo largo del debate electoral que acaba de concluir.

Como ya adelantaba, el tema es especialmente complejo. Hay un punto, sin embargo, que creo es esencial entresacar de entre tanta complejidad y que sospecho se suele olvidar en el afán por buscar una solución a tan enjundioso problema. Pues bien, en ese totum revolutum que es la ordenación del territorio y el urbanismo existe hoy en día un importante número de actividades que constituyen delito a tenor de los artículos 319 y 320 del Código Penal. Lo extraño es que la mayoría de ellas pasen desapercibidas y muchas incluso se asumen con absoluta normalidad por un importante sector de la sociedad española. El artículo 319 se refiere a las construcciones ilegales, es decir, las construcciones sin autorización y sobre determinados tipos de suelo que reciben alguna forma de protección. El segundo de los artículos citados trata de evitar ciertos procesos irregulares de concesión de licencias por parte de autoridades o funcionarios. Con el artículo 320 el Código Penal deja perfectamente claro la necesidad de sancionar penalmente a quienes desde puestos de poder, o amparándose en sus cargos administrativos, permiten que se construya ilegalmente. Se trata de hechos delictivos con una clara repercusión económica, puesto que esas licencias irregulares tienen un coste pecuniario que siempre acaba reflejándose en el precio final de la vivienda.

Pero esto no es todo. Actualmente, el valor del suelo representa el 50% del coste total de la vivienda. A su vez, el precio del suelo viene encareciéndose hasta niveles insospechados. Hace unos meses y en un interesante artículo, se denunciaba la práctica de acaparar masivamente suelo en manos privadas -normalmente por constructoras y promotoras-, provocando con ello el consabido aumento de su precio. Ante tal situación se preguntaba el autor, con toda la razón del mundo, si ese quehacer no pudiera constituir lo que el artículo 281 del Código Penal califica como una "maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas".

Hay otros aspectos a tener en cuenta. Anteriormente me refería al aumento del
valor de la vivienda como consecuencia del efecto Euro, ciertamente indeseable, pero, a fin de cuentas, más o menos natural. Algunos estudios han demostrado sin embargo otra versión del efecto Euro: la llegada de ingentes cantidades de dinero negro al mercado de la vivienda como consecuencia de la introducción del Euro como moneda en España y ante la necesidad de blanquear el mismo. Es evidente que esto ha supuesto un aumento de la demanda, con el inevitable, de nuevo, encarecimiento del precio de la vivienda. Según un informe del Servicio de Estudios del BBVA, la vivienda ha llegado a absorber más de un billón de pesetas del dinero negro aflorado a lo largo del año 2001.

Pero no termina aquí la cosa. El negocio de la construcción y la corrupción inmobiliaria están en el punto de mira de los aproximadamente 200 grupos mafiosos detectados en nuestro país por la policía como forma de favorecer el blanqueo de capitales. Que duda cabe que estas "inconfesables actividades" introducen imponderables añadidos en un mercado ya de por sí caótico y desbocado y que no pueden sino acabar perjudicando al ciudadano de a pie.

Todo ello sin olvidar toda una larga lista de prácticas protagonizadas básicamente por Ayuntamientos y grandes empresas que ponen en entredicho, como mínimo, los más elementales principios éticos que debieran regir el funcionamiento de la vida pública española. Se trata, por ejemplo, de cesiones a muy bajo precio de suelo a empresas para fines de utilidad social, siendo así que tales fines nunca se llevan a cabo. En tal caso, la empresa vende el suelo a precios astronómicos, ingresando en su patrimonio cantidades que de otro modo hubieran ingresado en el erario público. Podría hablarse también de expropiaciones de terrenos privados para actividades de utilidad social o pública y la posterior venta de los mismos en el libre mercado con pingües beneficios para la Administración. Los propietarios originales se quedan, a su vez, a la luna de Valencia, en el sentido más amplio de la expresión. La lista de prácticas irregulares se adivina interminable. Se trata de actividades que si no son delito, y no voy a entrar ahora en ese punto, son al menos indicativas de que Rinconete y Cortadillo, el Diablo Cojuelo o El Lazarillo de Tormes, es decir, lo más florido y castizo de la picaresca española, siguen vivos entre nosotros y gozan además de buena salud.

Así pues, al margen de todas las causas que estadísticamente explican, de manera más o menos precisa, el aumento del coste de la vivienda, hay un importante poso de prácticas irregulares, corruptas o incluso delictivas que tienen una nada desdeñable incidencia en el precio final de la vivienda en España y en cuya erradicación debería ponerse un empeño especial. El problema reside en que por su complejidad, especialidad y por los poderosos intereses que hay en juego, es necesario penetrar en las profundidades de la materia, afrontando todas las consecuencias que surjan y, sobre todo, valerse del auxilio de los especialistas. Que haya interés político en buscar una solución a lo dicho es otro tema distinto y con su correspondiente punto y aparte. Que yo sepa, y siguiendo el dicho popular, nunca se consiguió construir una casa empezándola por el tejado. Esperemos que los recientes acontecimientos pos-electorales en Madrid actúen como revulsivo y nos obliguen a todos a replantearnos el tema, pues, en un sentido u otro, a todos nos afecta.

Autor: Solidariad.net - ANTONIO VERCHER NOGUERA- Fecha: 2004-11-09

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Solidaridad.net--CORRUPCION-El fraude inmobiliario sitúa a España entre los países más corruptos de la UE.

La especulación urbanística, las "corruptelas" relacionadas con la financiación local mediante la cesión de suelo y con la contratación pública dejan a España con un "notable raspado" en el ránking de corrupción mundial.

¿se puede poner en la firma “expansión”, sin poner la página web? España no mejora: con un "notable raspado" se mantiene en el puesto 23 del Índice de Percepción de la Corrupción de 2005, la misma posición que en el informe del año pasado que elabora la organización Transparencia International (TI). En el ránking, así, queda por debajo de quince países de los veinticinco de UE y se sitúa como la novena economía más corrupta de los doce estados que forman la zona euro. El mismo puesto, pero no la misma nota, ya que España pierde una décima para quedarse en un nivel 7. "Debemos llegar a ocho, porque no ir hacia delante es ir hacia atrás", concluía ayer el abogado Antonio Garrigues, promotor de TI en España. Hecho el diagnóstico, la organización lanza el antídoto: "Hay que seguir atacando este problema inundando el sistema de transparencia". Precisamente el punto donde el Gobierno ha querido poner el énfasis y, por ahora, según este estudio, sin resultados. La razón de este retraso no es nueva. "Sigue habiendo problemas relacionados con el suelo", alertaba ayer Garrigues.

Y es que la corrupción relacionada con la vivienda y la especulación inmobiliaria no mejora, alzándose como uno de los sectores "donde se focalizan más corruptelas", a pesar de que la Agencia Tributaria ha estrechado el cerco al mercado inmobiliario con un objetivo de 180.000 inspecciones anuales.Este problema, "uno de los más grandes", afecta también a la mayoría de los países desarrollados.

Financiación local

En una presentación en marzo en Berlín, la organización ya alertó de la corrupción que genera el sistema de ingresos "preconstitucional" de los ayuntamientos y corporaciones locales en España. Según su análisis, la exigencia de que los promotores cedan un 10% de los terrenos a la Administración Local, sin que se especifique en qué condiciones, se ha convertido en un "impuesto", que genera "irregularidades y desigualdades, puesto que favorece a los grandes constructores".

El Gobierno español, sin embargo, planea aumentar la cesión de suelo a los ayuntamientos, lo que, conforme al análisis de TI, se traducirá en una mayor corrupción.

Junto al ladrillo, la contratación pública es otro de los sectores más proclives a la corrupción. TI, de hecho, define la corrupción como "el abuso de cargos públicos para beneficio privado", clasificando así los países respecto al grado en el que se percibe la corrupción entre los funcionarios públicos y los políticos. No es ninguna novedad, sin embargo, que los grandes grupos políticos encabecen el ránking de corrupción en España, porque, según TI, "los escándalos financieros siguen salpicando a todos los partidos políticos", que necesitan acudir a medios de financiación "dudosos" para solventar sus problemas económicos. En la arena política, se suma en 2005 un elemento más. Para Transparencia Internacional, si con propuestas como la del Estatut se "fragmentan" instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) o la Agencia Tributaria", el "riesgo de corrupción es mayor". expansion.com 19 de octubre

Autor: Solidaridad.net- Fecha: 2005-10-22

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Finanzas.com-Un fiscal relaciona la 'burbuja inmobiliaria' con la corrupción.

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Antonio Vercher ha asegurado en Valencia que "parte de la burbuja inmboliaria se debe a la corrupción", ya que constató que en España se construye en estos momentos por encima de las necesidades de la población.

08/09/2003 (15:51h.)
Esto deriva, según sus afirmaciones, en un incremento del precio de la vivienda, además de constituir un elemento de atracción para mafias que blanquean a través de la inversión urbanística.

Vercher realizó estás declaraciones tras su intervención en el seminario 'Corrupción: causas, efectos y tratamiento jurídico', que se imparte hasta el próximo 12 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia.

El jurista señaló que existen varios estamentos que "no se ajustan a la legalidad", tanto en el marco de las adminsistraciones como entre los profesionales del sector de la construcción, lo que sumado al hecho de que "se construye en cantidades incompresibles de acuerdo a las necesidades nacionales", concluyó que "produce corrupción, porque es una manera de blanquear dinero".

Además, destacó las consecuencias sociales de esta tendencia, ya que "con tanta construcción y con tanta inversión de dinero negro se están inflando los precios de la vivienda".

Al respecto, afirmó que el fenómeno conocido como burbuja inmobiliaria "se debe a muchos factores y no podemos centrarlo únicamente en la corrupción, pero hay una serie de aspectos muy determinantes que proceden de la corrupción y que provocan este aumento de precios".

DINERO NEGRO EN LA COSTA DEL SOL

En este sentido, Vercher, que también es el director de este seminario, añalizó el 'caso Marbella' y cito la conclusión de un informe del Instituto de Criminología Andaluz, que muestra la cada vez mayor presencia en la costa del Sol de grupos mafiosos que blanquean dinero construyendo en esta zona.

Al respecto, aseguró que en otras partes de España, especialmente del litoral Mediterráneo , existen las condiciones necesarias para que se expanda este modelo, que son la existencia de dinero negro, la irregularidad por parte de las administraciones locales y la existencia de una importante cantidad de población flotante.

Por otra parte, Vercher denunció que, según el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente del año pasado, el índice de crecimiento de la población es del 6%, frente al incremento de las construcciones que se sitúa en el 20%, por lo que "hay algo que no encaja", dijo.

PROBLEMAS TAMBIÉN EN MADRID

Como ejemplo denunció que en Madrid "no hay suelo, el suelo que hay ya está comprado por empresas que lo están guardando". "Hay casos de empresas que compran el suelo y que llegado el momento de construir, como ha subido tanto el precio del suelo, les es más rentable volverlo a vender en lugar de edificar", apuntó.

Al respecto, insistió en que estás prácticas "no son legales", ya que recordó que el artículo 47 de la Constitución Española dice que "las autoridades españolas deben evitar la especulación del suelo". "Hay que buscar los instrumentos necesarios para evitar la especulación, pero no se hace", añadió.

Además de las consecuencias medioambientales que estas actividades suponen para el litoral , Vercher criticó que el mayor perjudicado por la corrupción urbanística es "el joven que tiene pocos recursos económicos y quiere comprar una vivienda y no tiene más alternativa que irse a vivir a muchos kilómetros de su lugar de trabajo".

Asimismo, indicó que la tendencia al alza en los precios "será difícil de parar". Como datos indicativos, apuntó que España es desde el 94 el país europeo que más cemento consume, según se desprende de un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente , y que el precio de la vivienda ha subido en un 91% en los últimos cinco años, según un estudio de La Caixa.

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http://habitat.aq.upm.es---El suelo como excusa: el desarrollismo rampante.Sobre los abusos sobre los propietarios del suelo y la concentración de la propiedad, con la creación de un mercado oligopólico.

Índice General

Introducción
Una legislación impulsora del desarrollismo, y más
Objetivo central: la reducción de los precios del suelo
Algunos efectos de la LRAU, el debe
Una nueva estructura fundiaria
De discrecionalidades, arbitrariedades, ilegalidades e infracciones
Los Ayuntamientos saben, pero no contestan
Otros daños no tan colaterales: la extinción del planeamiento
A modo de conclusión. Cuestionar la mayor: el modelo productivista (desarrollista)
Bibliografía

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Introducción
Hablar de las relaciones entre suelo y vivienda invita e incita a adoptar un enfoque económico (y economicista) e intentar comprobar hasta que punto la imparable carestía de la vivienda es debida a los llamados estrangulamientos en el mercado del suelo urbano. Loable y útil intento que seguramente expertos mejor preparados podrán abordar. Este texto tiene un objeto más modesto: se limita a constatar que ante una oferta desbordada, sobredimensionada, excesiva, sin límites ni mesura (y podríamos añadir todos los adjetivos que nos plazca para describir una realidad en la que toda racionalidad, toda noción de cordura, de límite, de freno, de contención, ha sido abandonada), fomentada y alentada en el País Valenciano por una legislación nacida con ese objetivo, los precios del suelo y de la vivienda no sólo no bajan, ni se estabilizan, sino que no cesan de aumentar por encima de indicadores de referencia como pueda ser el IPC, desmintiendo la interesada afirmación de que la falta de suelo es el principal o único responsable de los fenómenos especulativos en el ámbito inmobiliario.

En el País Valenciano, como en gran parte del resto del Estado, vivimos desde hace una década un boom inmobiliario, una oleada urbanizadora sin precedentes. Probablemente no quedará otra opción que esperar a que pase el temporal, para hacer balance de daños y perjuicios: el litoral macizado, el consumo de recursos elevado a cotas que no podrán satisfacerse, el despilfarro de recursos públicos convertido en norma, los mejores suelos agrícolas sacrificados a la vorágine constructora, las bases de una economía histórica (poco espectacular, tradicional, pero creadora de empleo estable, de riqueza durable) quebradas. En fin, una catástrofe nada natural que asola este país (valenciano), satisfecho y complaciente con lo que está pasando.

A principios del siglo XXI una coyuntura excepcional se ha dado para aunar circunstancias sinérgicas, con la resultante del mencionado boom, una oleada urbanizadora de magnitudes insólitas, que por arrancar del litoral podemos gráficamente describir como un tsunami urbanístico. Este maremoto ha sido posible por la conjunción astral de fatalidades, que nada tienen de ineluctables, pero sí mucho de aciagas. Unas son de orden estrictamente económico y tienen que ver con el ciclo y la coyuntura económica que han alimentado artificialmente una demanda, cuya durabilidad a largo plazo es harto dudosa. La bajada de los precios del dinero, la ausencia de alternativas inversoras más rentables, el afloramiento de ingentes masas de dinero negro forzado por la adopción del euro, la tradicional capacidad blanqueadora del sector inmobiliario, el acrecido potencial ahorrador de un sector de la población, etc. Pero estas razones financieras no serían suficientes para explicar la magnitud del boom, hay que sumarles otras de diversa índole. Entre ellas yo destacaría las culturales: el arraigado comportamiento de los súbditos de este Estado para quienes la inversión en vivienda, en edificación, tiene un carácter casi sacro --creencia que irracionalmente se consolida con el tópico de la seguridad de la inversión inmobiliaria, y de la imposibilidad de que puedan darse decrecimientos en su valor, un dogma que la realidad ha desmentido abruptamente en latitudes próximas y lejanas.

En este artículo vamos a analizar los efectos de una legislación autonómica, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) valenciana de 1994, diseñada específicamente para combatir el incremento de los precios del suelo, sus efectos sobre el mercado del suelo y la producción del espacio urbanizado más en general.

Una legislación impulsora del desarrollismo, y más
El caso valenciano es buen laboratorio para comprobar los efectos de una política urbanística cuyo objetivo central es la reducción de los precios del suelo. A los anteriores argumentos (el ciclo expansivo, la irrupción de dinero negro...) se ha sumado la aprobación en 1994 de una ley urbanística autonómica, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística , cuyas consecuencias vamos a analizar. En el año 2000, publiqué en la revista Urban un artículo donde hacía balance del primer sexenio de su vigencia (Gaja, 2000). Un inventario que llamaba la atención sobre lo que entonces eran ya síntomas preocupantes. La polémica, desde entonces, no ha cejado[3], y los peores presagios se han confirmado.

La LRAU fue una de las últimas leyes aprobadas por el gobierno autonómico del PSPV-PSOE antes de que la derecha ganara las elecciones en 1995. Presentada como una norma que pretendía liquidar una estructura fundiaria urbana pre-moderna (feudal se llegó a decir), fue, quizás por eso mismo, duramente atacada por la derecha desde la oposición. Pero los ataques, bien pronto se verían, eran en realidad fuegos artificiales, retórica electoral. Ganados los comicios, la derecha gobernante se convirtió en su más acérrima defensora. ¿A qué se debe esta metamorfosis?, ¿regeneración social, centrismo político? Nada de eso, pura identidad y convergencia de intereses.

La LRAU se construye a partir de dos hipótesis explícitas: la primera es que los propietarios son el principal obstáculo que se opone a la modernización del sector inmobiliario --modernización es el eufemismo al uso para designar un funcionamiento ajustado a las reglas de la economía de mercado liberalizado, es decir a un capitalismo sin regulaciones protectivas--; y la segunda, que el suelo es el principal factor de carestía de los productos inmobiliarios[4]. Amunicionados con estas dos hipótesis por todo bagaje conceptual, la conclusión es clara: se impone acabar con los terratenientes clásicos, devenidos capa parasitaria. Y a ello se dedica con denuedo la LRAU, a anular la posición hegemónica de los propietarios del suelo y a auspiciar una política de fomento a toda costa de la producción de suelo urbanizado.

Para ello la LRAU, al margen de otras innovaciones menores establece como mecanismo general de aplicación de los planes urbanísticos lo se ha denominado ejecución privada sustitutoria, bajo un sistema (supuestamente) concurrencial. Se trata de dotar a los privados, a empresas constructoras- promotoras especializadas (los urbanizadores), de amplias capacidades que les permitan actuar «como si fueran Administración», ejecutando los planes de forma sumarísima e investidos de la autoridad que la Administración les ha transferido.

El mecanismo se defiende a partir de una elemental y simplificada (casi simple) hipótesis central, que el aumento de la producción de suelo urbanizado reducirá su precio, desconociendo toda otra reflexión sobre la formación de las rentas del suelo, y su carácter de mercado imperfecto. En todo caso, este ideal (que no real) mecanismo de descenso de los precios del suelo, vía sobreproducción, sólo afectaría a lo que ya hace años Campos Venuti denominó especulación primaria (la que tiene lugar en el proceso de producción originario del suelo urbano/urbanizado), sin incidir en medida alguna en la denominada especulación secundaria, la que se produce en las sucesivas transferencias, una vez que el suelo ha alcanzado su condición de urbano y urbanizado, y que tiene en la retención su piedra angular[5]. Ignora además la LRAU que la renta del suelo se conforma a partir de tres sumandos, la denominada Renta Absoluta, la de Posición y la de Oferta u Oligopolio, y que sólo la tercera se vería, hipotéticamente afectada por coyunturas de sobreoferta, mientras que no incide en las otras dos, cuyo peso en la formación final del precio es determinante. Son cuestiones básicas y sobradamente conocidas que atañen al mercado del suelo urbano, y que no se pueden obviar a la hora de promulgar medidas cuya incidencia en la transformación de las ciudades y del territorio rústico es determinante (y probablemente letal).

La figura y el procedimiento que en consecuencia ha instaurado es denominada Programa para el desarrollo de Actuaciones Integradas (PAI) (en la jerga urbanística). Un contundente instrumento que permite al urbanizador (el nuevo agente creado por la LRAU, un especie de promotor-constructor dedicado en exclusiva a la promoción y construcción de la urbanización) acometer operaciones sin disponer, en algunos casos, de ninguna propiedad en el ámbito de actuación; sin arriesgar prácticamente ningún capital (las medidas coercitivas puestas a su disposición para garantizar y afianzar el pago de las obras por parte de los iniciales propietarios del suelo son de una contundencia y rapidez extrema); actuando con un estatuto semipúblico (formalmente no es un concesionario de la Administración Pública, pero casi.) que le otorga prerrogativas de dudosa justificación, estableciendo y fijando él mismo las condiciones financieras y jurídicas de la operación (ante las que sólo caben la contrapropuesta en plazos sumarísimos, imposibles de cumplir para agentes no profesionales, como son los propietarios del suelo, o el recurso administrativo y judicial), convirtiéndole de hecho en juez y parte de lucrativas operaciones, frente a las que las administraciones locales, normal y desgraciadamente, «se lavan las manos».

Objetivo central: la reducción de los precios del suelo
Todos los balances sobre esta Ley y este período coinciden en destacar la satisfacción cuantitativa por los resultados. Está fuera de toda duda que la producción de suelo urbanizado se ha incrementado de forma espectacular; que en una coyuntura expansiva, con un sector inmobiliario desbocado e hiperdimensionado, el efecto de la LRAU ha sido como arrojar gasolina al fuego, pero ¿era ese el objetivo último de la ley? Es decir, ¿se trataba de aumentar sin más la producción o de lograr otros objetivos a través de esa sobreproducción (sobreproducción que tiene unos costes sociales, ecológicos y económicos que deliberadamente se ignoran)? Porque la discusión sobre el balance cuantitativo de la LRAU no puede plantearse al margen de la cada vez más necesaria discusión sobre las ventajas y los inconvenientes del modelo de producción de ciudad adoptado; dicho de otro modo, la transformación (desaparición) de extensas superficies de suelo rústicos (agrícolas y naturales) convertidos en terrenos urbanizados, con todas las demandas de recursos y la generación de residuos que ello comporta, no puede plantearse al margen de la valoración cuantitativa de los resultados. En definitiva, se trata de trascender la lógica que contempla la producción, el aumento de la superficie urbanizada como un bien en si mismo, como un signo y un factor de creación de riqueza; se trata de introducir la lógica y el pensamiento ecológico en una cuestión que hasta ahora se ha regido por la más estricta lógica productivista, una aproximación que iguala crecimiento a bienestar, sin mas consideraciones.

Pero dentro de la lógica productivista, desarrollista, en la que se mueve la LRAU, incluso desde estos valores y referencias, la satisfacción ante los objetivos cumplidos es más que dudosa. Efectivamente han aumentado el número de PAI, la inversión se ha disparado, la cantidad de hectáreas urbanizadas y listas para edificar ha alcanzado niveles sin precedentes, se han reducido los plazos de gestión, pero en estos balances no se menciona nunca la otra cara de la moneda. No se mencionan los efectos indeseados del modelo elegido: el retroceso (en términos relativos) de las operaciones de iniciativa pública; la galopante concentración de la propiedad del suelo en pocas manos (casi siempre de operadores especializados), y otros efectos que a continuación se detallan.

En el debate actual el punto central es siempre la reducción o contención de los precios del suelo (un debate que en mi opinión está viciado de raíz, está mal enfocado). Pero aún así, mis datos revelaban que ya en el 2000 los precios del suelo no se habían moderado (Gaja, 2000), afirmación que otros autores han confirmado al tiempo que denunciaban la existencia de fenómenos de retención especulativa (Sorribes, 1997).

En nuestro análisis, vamos a partir de los datos más actualizados aportados por Fernández (2002:446). Para ello ordenaremos en forma creciente los precios medios por metro cuadrado construido en viviendas de nueva planta en capitales de provincia de los actuales 17 entes autonómicos, en lugar de hacerlo, como en el artículo de referencia, alfabéticamente, al tiempo que calcularemos los incrementos de precios entre 1998-2001. Esta sencilla operación pone de manifiesto interesantes cuestiones.

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Cuadro 1:
Precios Incremento
Capitales proviniciales de CC.AA. 1998 2001 sobre el precio medio 1998-2001
Extremadura 101,6 117,6 +52,68 +15,75
Castilla-Mancha 117,2 147,1 +62,18 +25,51
Murcia 118,4 160,1 +65,78 +35,22
País Valenciano 122,7 157,6 +67,51 +28,44
Andalucía 123,8 164,7 +68,39 +33,04
Rioja 129,4 173,5 +71,94 +34,08
Islas Baleares 131,2 190,0 +72,30 +44,82
Galicia 140,0 169,2 +74,30 +20,86
Islas Canarias 142,0 203,2 +79,43 +43,10
Aragón 149,5 202,5 +82,72 +35,45
Castilla-León 153,9 200,2 +84,74 +30,08
Navarra 155,0 225,5 +86,85 +45,48
Asturias 169,3 214,3 +94,01 +26,58
Cantabria 170,5 211,8 +89,50 +24,22
País Vasco 232,5 314,3 +126,48 +35,18
Catalunya 248,1 345,4 +138,85 +39,22
Madrid 261,4 343,6 +142,59 +31,45

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En relación al precio medio estatal, y hasta el escalón de precios que marcan las capitales del País Vasco, Cataluña y Madrid, con la única y mínima excepción de Santander, para todas las demás ciudades, la subida de precios mantiene el ranking fijado por los precios iniciales (1998); es decir, la vivienda ha subido más en las ciudades más caras, y menos en las más baratas.

Pero si comparamos ahora el ranking de incrementos de precios en el período 1998-2001, comprobaremos que, con alguna excepción (y destaca el bajón en términos relativos de los precios en las capitales gallegas, y el fuerte empujón en Pamplona-Iruña y las Islas, Baleares y Canarias), también se mantienen las posiciones. Incrementos entre el 15 y el 25 (aproximadamente) tuvieron las capitales de Extremadura, Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha; entre el 25 y el 35: las de Asturias, País Valenciano, Castilla-León, Madrid, Andalucía y Rioja. Situándose el resto por encima del 35%. Aparentemente, pues, la entrada en vigor de la LRAU no ha supuesto una reducción de los precios de la vivienda, vía precios del suelo; es decir, se confirma que la vivienda ha subido más en las ciudades más caras, y menos en las más baratas, ratificando de nuevo que las medidas legislativas adoptadas han dado pocos resultados, que apenas han afectado al incremento de los precios de la vivienda en términos relativos.

Una interpretación. Que la formación de los precios del suelo no se comporta de acuerdo con los angelicales modelos de competencia perfecta es algo que sabe cualquier lego en economía (por algo se habla de renta del suelo, no de precio), pero es que además el precio del suelo es uno más de los factores que intervienen en la formación del precio de la vivienda, de modo que cualquier eventual reducción de esta componente (en el supuesto de que realmente se hayan dado, conclusión harto precipitada, e incluso prejuiciada) puede ser absorbida por otros costes. En concreto, en las capitales del País Valenciano los precios de la vivienda siempre han sido inferiores a los de la media estatal[6], por tanto si en la actualidad siguen siendo inferiores (sin que apenas haya habido una variación en términos relativos) difícilmente puede ser imputado en el haber de la LRAU.

Algunos efectos de la LRAU, el debe
En cambio se habla poco del debe de esta ley, de sus efectos perversos o indeseados.[7] Enunciados en forma sintética podríamos apuntar los siguientes:

Los abusos sobre los propietarios del suelo.
La concentración de la propiedad, con la creación de un mercado oligopólico.
El exceso de discrecionalidad, campo abonado a todo tipo de ilegalidades e infracciones.
La pérdida de protagonismo, de dirección y control de la Administración Pública.
El eclipse (o extinción) del planeamiento urbanístico.
Los abusos sobre los propietarios del suelo

Lo mínimo que puede afirmarse es que a la LRAU «se le ha ido la mano»; que las facultades otorgadas a los urbanizadores, son casi omnímodas; que, en la realidad, lo que se está produciendo es una transferencia de rentas de los propietarios fundiarios a los agentes urbanizadores, pero que esta transferencia, sin embargo, no se traduce en una reducción de los precios del suelo. Y este es el meollo de la cuestión: en ausencia de contrapesos y mecanismos de control y regulación, las rentas fluyen de los propietarios del suelo a los urbanizadores, sin que se dé una sensible disminución de los precios del suelo.

No quiero entrar en la valoración (¿moral, social, ética?) de lo que les acontece a los propietarios fundiarios, sólo constatar que el marco normativo ha procurado a las empresas mecanismos para doblegar el papel hegemónico, históricamente consolidado, de los terratenientes, y que el nuevo grupo dominante ha conseguido orillar toda reivindicación social, toda transferencia o reparto de protagonismo (¡y no digamos de rentas!) a la sociedad civil. Los cauces de participación social (más allá de la defensa de los intereses de los propietarios del suelo, que son dos cosas distintas) se han visto de facto reducidos a la mínima expresión. Normalmente, el ciudadano-no-propietario tiene acceso al conocimiento de las operaciones urbanísticas que le afectan directamente ¡por medio de las vallas anunciadoras! No es una broma, ni un sarcasmo o una ironía, es una realidad. Incluso los grupos ecologistas y medioambientalistas más preocupados por el tema se enfrentan a dificultades de todo tipo para acceder a la información básica de las operaciones en curso.

Los abusos sobre los propietarios del suelo tienen lugar por varias razones:

por la brevedad de los plazos de las tramitaciones que apenas les permite reaccionar ante propuestas que han sido elaboradas discretamente por los urbanizadores durante meses (y ello sin contar el desconocimiento técnico);
por el hecho de que sea el urbanizador quien valore económicamente el coste de la operación, fijando en el caso de pago en especie el porcentaje que se (auto)atribuye como retribución[8];
por la complicidad de la Administración Pública con los urbanizadores, quienes son contemplados como una especie de Mister Marshall frente a las `manos muertas' de los terratenientes;
por las amplias facultades dispensadas, por ley, a los urbanizadores para ejecutar y cobrar las operaciones, lo que les otorga prerrogativas típicas de la Administración y sitúa a los propietarios del suelo en una posición claramente subordinada, lindante con la indefensión.

A los propietarios les quedan pocas opciones: el recurso administrativo, y el vía crucis judicial. No puede extrañar por tanto, la aparición de asociaciones de propietarios perjudicados por actuaciones urbanísticas (en un grupo social tan poco dado a la asociación y a la acción solidaria), síntoma de que para ellos, pintan bastos.

Pero no sólo para ellos, ¿dónde está la defensa de los intereses públicos, generales, colectivos, razón de ser y guía de una Administración Pública democrática?, ¿dónde la preocupación por el modelo de urbanización del territorio?, ¿dónde la previsión de los escenarios de futuro que se van a derivar de la loca actitud productivista, que consume sin ton, ni son recursos finitos y no reciclables? Todo se ofrenda, en aras del aumento de la producción de suelo urbanizado, sin que haya evidencias (más bien al contrario) de que realmente incida en una bajada de los precios del suelo.

Una nueva estructura fundiaria
Hay que estar asimismo atentos a los cambios que se están produciendo en la estructura de la propiedad del suelo. Y aquí si nos encontramos con una situación ciertamente novedosa. La estructura de la propiedad del suelo en las principales áreas urbanas del País Valenciano respondía históricamente a un modelo con fuerte predominio del minifundio (ésta era una de las razones que incidían en el diferencial de precios con las grandes ciudades del resto del Estado). La situación está dando un vuelco espectacular, en lo que al suelo urbano y urbanizado se refiere. Tras la aplicación de los PAI se está conformando una nueva estructura fundiaria en la que destacan las grandes empresas urbanizadoras como los principales propietarios.

Es frecuente que los pequeños propietarios no pueden hacer frente a los fuertes (y sobredimensionados) pagos que les exigen los urbanizadores por la ejecución de las obras (donde se incluyen todos los costes de la promoción: publicidad, gestión, marketing, honorarios técnicos de todo tipo...) y opten por el llamado pago en especie; es decir, transferir una parte de su propiedad (fijada por el urbanizador) como retribución de la operación. Los porcentajes habituales se sitúan en un entorno del 50%, listón que es superado con frecuencia.[9] La conclusión no puede ser más obvia, después de la operación el propietario mayoritario suele ser el urbanizador, un agente que dispone de unas amplias posibilidades para incrementar artificialmente la factura de gastos y valorar a la baja el precio inicial que se toma como referencia del pago en especie.

De discrecionalidades, arbitrariedades, ilegalidades e infracciones
A nadie se le puede escapar que el panorama que acabamos de describir es campo abonado para todo tipo de arbitrariedades, ilegalidades e infracciones. Súmese a lo anterior el carácter discrecional de la conveniencia de aceptar y tramitar los PAI por parte de la Administración Pública y tendremos un cóctel explosivo. Y no se trata ya de los derechos de los terratenientes, y por supuesto de los ciudadanos, se trata de lo que Mister Marshall puede llegar a ofrecer cuando está en juego la decisión de tramitar un PAI, una decisión que depende de la discrecionalidad de los ediles de turno[10].

Los Ayuntamientos saben, pero no contestan
Ante este inesperado boom inmobiliario, ¿cuál ha sido la actitud del poder local, de los Ayuntamientos? Casi sin excepción, y sin adentrarnos en consideraciones más espinosas, su respuesta ha sido la de subirse al carro del desarrollismo, de la expansión urbanística como un bien en sí mismo, como un objetivo indiscutible e indiscutido de la acción pública. Y en esta singladura se han embarcado casi por igual (desgraciadamente y con contadísimas excepciones) las fuerzas de la izquierda y de la derecha. La ideología y las diferencias políticas se han esfumado ante el reclamo de un negocio, de un maná inesperado, y que se cree durable y persistente.

Las Corporaciones no han sabido (o no han querido) hacer valer su autoritas ni su potestas, y han dejado a los urbanizadores el campo franco, autoconvencidas con el señuelo del aumento de la riqueza, de la creación de empleos, y sobre todo, por el previsible aumento de la recaudación fiscal local. Un escuálido plato de lentejas, frente a las pingües plusvalías que estas operaciones generan. A veces han cedido a cambio de dotaciones y equipamientos simbólicos y mínimos, que encima son presentados como una victoria y una conquista, cuando no pasan de ser casi simbólica limosna para el culto.

¿Y dónde está la Generalitat, el Govern dels valencians? No sabe, no contesta: calla. O peor incluso, cuando actúa lo hace allanando el camino, construyendo grandes infraestructuras que fragmentan e inviabilizan los ecosistemas y actúan como cabeza de puente de su posterior colonización, dando validez a actuaciones como la del Pla de Cabanes que supone acabar con uno de los pocos fragmentos intactos del litoral, o permitiendo la urbanización de la Marjal del Moro (Sagunt), espacios ambos que previamente había protegido como integrantes del Catálogo de Humedales Autonómico.

Otros daños no tan colaterales: la extinción del planeamiento
Una de las primeras víctimas del actual estado de cosas ha sido el planeamiento urbanístico, la idea de que la sociedad podía y debía dotarse de instrumentos que le permitieran regular y prediseñar el proceso de construcción material de la ciudad. Sutil pero implacablemente se ha ido sembrando la idea de que la forma del espacio urbanizado sólo puede el resultante del libre juego de las fuerzas de mercado; que la única racionalidad es la económica, entendida limitadamente como financiera, que no son convenientes (o incluso posibles, en las versiones más extremas) otras racionalidades.

El planeamiento urbanístico se ha convertido en un instrumento sancionador, avalador, de la actividad inmobiliaria; ha perdido toda la carga de reforma social que tuvo en sus orígenes[11]; ha desechado también la capacidad de prefigurar escenarios, de trazar modelos urbanos alternativos. El actual modelo urbanístico es el que resulta de las acciones individuales, guiadas exclusivamente por el beneficio a corto plazo, sin que se tengan en cuenta consideraciones a largo plazo, ni la eventual durabilidad de las estructuras generadas.

Con el suelo como excusa, se está produciendo de facto la disolución del Urbanismo (los más optimistas hablan de un eclipse a la espera de su recuperación). La realidad es que el actual estado de cosas está teniendo unos efectos demoledores sobre la manifestación más consolidada (y efectiva) del Urbanismo: sobre el planeamiento. Los planes dejan de tener sentido y utilidad, si cualquier terreno puede ser susceptible de urbanización, en cualquier momento. En el País Valenciano, entre otras modificaciones, han desaparecido de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) cualquier referencia a la programación temporal y a la jerarquización de las actuaciones. No hay ya Planes de Etapas , ni Estudios Económico-Financieros, ni Programas de Actuación . Se supone que la Administración debe regular, de forma discrecional, los ritmos y la conveniencia de la actuaciones urbanísticas, pero, como decía un chiste sobre la guerra de Afganistán, ¿qué general es capaz de resistir un cañonazo de 100.000 dólares?, ¿qué alcalde, qué concejal, qué ayuntamiento es capaz de resistir la propuesta de una gran empresa que promete urbanización llave en mano, puestos de trabajo, aumento de la recaudación fiscal municipales, cesiones y otras dádivas si hacen falta? Obviamente muy pocos, de modo que el beatífico y mirífico presupuesto de la LRAU que la Administración regula, que es capaz de ponderar, ritmar, programar el desarrollo urbanístico, imponiendo limitaciones por razones ecológicas, paisajísticas, o de simple velocidad, salta por los aires hecho añicos una y otra vez.

A modo de conclusión. Cuestionar la mayor: el modelo productivista (desarrollista)
El debate sobre las políticas de suelo y vivienda no puede plantearse al margen de las reflexiones más generales que afectan al modelo urbanístico general, y a la sostenibilidad global de los procesos de transformación del territorio. De lo contrario se corre el riesgo de dar por buenas estrategias desarrollistas como la instaurada por la LRAU valenciana. La producción de suelo urbanizado no puede considerarse un fin en si mismo, si no como un medio para lograr un hábitat de mayor calidad y más sostenible --y si el término sostenible se ha diluido como consecuencia de un uso espurio, digámoslo de forma más clara: un desarrollo sostenible es un desarrollo limitado[12]. La legislación valenciana ha ignorado este punto de partida, ha prescindido del más elemental principio de precaución que debe aplicarse a toda actuación urbanística. Quizás si fuéramos conscientes de su irreversibilidad, o si se prefiere de los enormes costes (asumidos socialmente) que implica la reversión (siempre parcial, incompleta e imperfecta) de las operaciones de urbanización que se han acometido (y los casos abundan por estos lares), muchos de los planteamientos actuales se habrían descartado ab initio.

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http://servicios.invertia.com/foros/---Se acabó el «boom» de la vivienda

Hace exactamente 2 años publiqué un ensayo sobre lo insostenible del alza inmobiliaria (¿Burbuja Inmobiliaria?). Uno de mis argumentos fue que con préstamos hipotecarios al 80% del importe de la compra ya no había ahorro familiar suficiente para hacer frente al 20% restante, para no hablar del 8-10% de gastos adicionales inherentes a la compra. Allí metí la pata, porque mientras que sí había contado con la nefasta tendencia de los bancos de inventar fórmulas destinadas a empeorar todavía más situaciones ya por sí malas, no había ni remotamente imaginado que estas fórmulas pudieran contar con la aprobación implícita, en vez de una prohibición tajante, del Banco de España.

Claro, los bancos habían llegado a la misma conclusión que yo y, ni cortos ni perezosos, empezaron a aumentar primero las hipotecas al 100%, después, cuando se daban cuenta que tampoco había ahorro para pagar los gastos, al 120%, y ,como si esto no fuese suficiente, también alargaron los plazos a 30, 40 y últimamente ya a 50 años. De esta forma temeraria han sostenido de forma artificial la descomunal alza de los precios con el efecto colateral muy negativo de que los compradores, por no tener que hacer frente a ningún desembolso, se han lanzado a la compra de viviendas más grandes y más caros que hubieran hecho de otra forma. ¿Cómo han podido meterse en este berenjenal jóvenes de un país donde la principal preocupación - con razón - sigue siendo el empleo? Por la sencilla razón de que los bancos han hecho todo lo posible para convencerles de que los intereses no van a aumentar mucho, que gracias a la inflación la carga de las cuotas mensuales será progresivamente más llevadera y que una pareja con dos empleos fijos no tiene por qué preocuparse. No les cuentan que cuando el ciclo económico cambia de dirección los jóvenes serán los primeros despedidos ya que su indemnización será, por los pocos años trabajados, mucho más barata que la de los empleados mayores.

Es interesante analizar quienes han ganado con toda esta locura inmobiliaria. A primera vista puede parecer que todos los propietarios de viviendas construidos antes del año 98 se han beneficiados: sus casas han duplicado, triplicado o multiplicado su valor y, gracias a la bajada de la tasa de interés y la inflación acumulada, la carga de sus cuotas hipotecarias (para los que todavía no tenían amortizada la hipoteca) ha bajado muchísimo. O sea, ¿todos ricos?. Ni hablar, para la inmensa mayoría de los propietarios les da igual en términos económicos ( no tanto del punto de vista psicológico), o les debiera dar igual, si su vivienda de 70 o 80 metros vale € 100.000 o 400.000. Es su vivienda y, si no quieren vivir en la calle, no pueden venderla. Es verdad que hay jubilados que han vendido su piso para comprar un chaletito en el campo y vivir bien con el dinero sobrante, pero esto al fin y cabo es una pequeña minoría. Para la mayoría, además de no poder aprovecharse del alza de los valores nominales ésta termina por costarles dinero en forma del aumento proporcional de la contribución urbana.

Por otra parte, mientras que constructores e inmobiliarias han ganado mucho dinero gracias al "boom", ni los precios de construcción ni los beneficios inmobiliarios han subido mucho por encima de la inflación. Esto deja como principales beneficiarios del alza a los propietarios de solares, los especuladores y las administraciones locales. La repercusión del precio del suelo sobre el precio de las viviendas ya ha superado el 60%. Más o menos el triple de lo que ha sido históricamente. Si esta proporción del 20 o 25% se hubiera mantenido, los precios de las viviendas nuevas hubieran sido poco más de la mitad de los precios actuales. De esta forma se hubiera mantenido la proporción entre el precio de las viviendas y los ingresos medios del ciudadano de a pie en el nivel promedio de los últimos 30 años. Ahora está en España por lo menos un 60% por encima.

No es de recibo y altamente antisocial que cualquier patatal, que como tal no vale más que €6000/hectárea, en el momento mismo de su reclasificación como terreno urbanizable multiplica su valor por 100,200 y, en algunos casos, por mucho más.. Hace ya años que propuso que había que poner verjas a la codicia de los propietarios y establecer unos limites a los valores de estos terrenos. La idea fue rechazada con indignación como un auténtico atentado contra la propiedad y el mercado libre. Hombre, yo soy tan capitalista y liberal como el que más, pero detesto tanto el neocapitalismo como el neoliberalismo, "neoismos" que en general vacían de sus esencias los conceptos originales .

Si la Constitución estipula el derecho a una vivienda digna ¿qué han hecho los sucesivos gobiernos para garantizarlo?. La vivienda debiera ser un bien social y si el Estado tiene derecho a controlar los precios del butano, de la luz y bastante otras cosas más, no veo ninguna razón porque no pudiera reglamentar unos precios máximos para patatales urbanizables. El sistema actual, donde la reclasificación de terrenos agrícolas y rústicas depende exclusivamente de las autonomías y los ayuntamientos es demencial. Es el resultado de que la ley 6/1998 (que permitía edificar en cualquier lugar no específicamente protegido, lo que sin duda hubiera tenido un efecto estabilizador sobre el precio del suelo) fue recurrido en el Tribunal Constitucional por socialistas e Izquierda Unida, lo que paralizó su ejecución. Como es lógico los mismos que impidieron su puesta en vigor por, supuestamente, invadir competencias autonómicas fueron después los que criticaron con más ahínco al gobierno popular por no haber sabido frenar el alza de los precios inmobiliarios. El problema de la liberalización del suelo radica parcialmente en la oposición frontal de los ayuntamientos que, por falta de una insuficiente financiación por parte del Estado y de las Autonomías, solamente pueden hacer frente a sus cometidos gracias - un decir - a los ingresos provenientes de las reclasificaciones y de las licencias. Aparte de que de esta forma la nueva generación de compradores está, indirectamente, financiando los servicios que los ayuntamientos prestan a todos sus habitantes, el sistema es lógicamente un foco de corrupción del cual solamente de vez en cuando - todos los implicados tienen un interés vital en esconderlo - se asoma el pico del iceberg.

Como es lógico los que más que nadie niegan la existencia de una burbuja inmobiliaria - por no hablar ya de su próximo estallido - son los profesionales del ramo de igual forma de que los profesionales financieros siempre han negado la posibilidad de un crack bursátil minutos antes de que éste ocurrió. Pero no solamente esto, hasta profesionales que no se juegan nada en el invite consideran que el mero hecho de mencionar la posibilidad de la existencia de una burbuja y su posible estallido crea "alarma social" ( no crear alarma social es un término muy políticamente correcto que equivale a: "no hay que despertar a los tontos") y que esta alarma puede adelantar el colapso. Obviamente esta gente piensan que mientras más tarde, mejor. ¿Tienen razón? De ninguna forma. En Marzo del año 29, o sea unos 7 meses antes del famoso, o infame, martes negro, ya hubo advertencias de financieros que empezaron a temer que, como todas las burbujas de jabón, también la bursátil tendría que explotar.["El banco de la Reserva Federal estadounidense aumentó en un 1% el tipo de interés y aconsejó a sus bancos que no concediesen créditos para invertir en la Bolsa —consejo del que se retractó poco después debido a que uno de los directores de la Reserva tenía intereses en el mercado de valores" (sic)] Si estas advertencias hubieron creado la debida alarma social, y si la Reserva Federal hubiera cumplido su cometido, la burbuja se hubiera estallado 6 meses antes y sus efectos colaterales no hubieron llegado ni a la mitad y se hubiera evitado en gran parte la Gran Depresión, que probablemente se hubiera quedado en una depresión pasajera a corto plazo. Pero entonces también, parecido a lo que ahora ocurre en el mercado inmobiliario en España (y en menor medida en por lo menos 10 países más),hubo fe ciega en la capacidad del mercado para crear rendimientos espectaculares y las cotizaciones bursátiles aumentaron vertiginosamente entre Marzo y finales de Octubre.

La prestigioso revista británica, 'The Economist', consideraba hace no mucho que en siete países desarrollados -España, Reino Unido, Holanda, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y EE.UU., se había generada una burbuja inmobiliaria que acabaría sufriendo una corrección mediante una caída de los precios de la vivienda. Dejó margen para una caída del precio de los pisos del 30% en España (como las cifras en que se basaba se referían a 2003 esta previsión se habrá aumentado desde entonces en por lo menos un 10% más ) y dijo:

"... a quienes desprecian las advertencias sobre el riesgo de estallido de la burbuja inmobiliaria por el mero hecho de que hasta ahora no se haya producido, habrá que advertir que la duración del fenómeno no ha hecho que el mercado de la vivienda sea más seguro, sino más vulnerable. La primera ley de las burbujas es que se inflan más tiempo del que nadie espera. La segunda ley es que al final estallan.

La vuelta a la normalidad perdida requiere una caída de los precios de los pisos, puesto que parece claro que el reequilibrio no va a llegar mediante fuertes subidas de salarios, ya que los sueldos están creciendo moderadamente, entre un 3% y un 4%, en los últimos ejercicios y no supera la tasa de inflación. Nuestros cálculos sugieren que en muchos países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia y ESPAÑA, el precio medio de la vivienda está a niveles record en relación con los sueldos y alquileres. En otras palabras, parecen más supervalorados que en anteriores picos desde los que se produjeron bruscas caídas de precios en términos reales. Hoy la inflación es mucho más baja que en anteriores caídas, por lo que es necesario que una mayor parte del ajuste se traduzca en una caída en los precios nominales. Si es así, hay una posibilidad de que por primera vez los precios de las viviendas caigan simultáneamente en varios países.
Desde Londres a Los Ángeles y desde Melbourne a Madrid, todo el mundo está obsesionado con el valor de su vivienda. Una combinación de bajos tipos de interés y la pérdida de confianza en las inversiones bursátiles ha animado a más personas a considerar las casas no como un lugar donde vivir, sino como una manera fácil de hacer dinero. Es verdad que en la mayoría de los países el precio de la vivienda nunca ha caído, pero hoy día existen dos factores por los que es más probable que se produzca esa caída:

En el pasado, una inflación alta permitió que los precios volvieran a su valor real sin necesidad de caer. pero en un mundo de inflación baja, será necesario que los precios se queden estancados por lo menos durante una década para permitir que los ingresos y los alquileres alcancen el mismo nivel. Un segundo factor es que, a diferencia de alzas inmobiliarias previas, los inversores han jugado un gran papel en la subida de precios.
Si el mercado se tambalea, es más probable que un inversor venda a la baja (sálvese quién pueda) antes que un propietario que vive en su casa. Algunos mercados seguirán inflados durante más tiempo que otros, pero en todos se acabará. Esta es la primera burbuja inmobiliaria global de la historia y su estallido podría ser doloroso".

¡Tan claro como el agua!

Hay evidentes señales que la burbuja esté a punto de explotar. El plazo medio en que se logra vender un piso de segunda mano ha aumentado en el último año de un mes a siete. Muchos de los pisos en los nuevos PAU's que habían sido comprados por razones especulativas no tienen salida y los carteles de "SE VENDE" se han multiplicado por diez - y no solamente allí sino por todo Madrid - y por más inri estas carteles ya están siendo sustituidos por otros incluyendo " o SE ALQUILA", prueba evidente que para muchos de los especuladores el pago de las cuotas hipotecarias, conque no habían contado, ya empieza a ser oneroso. Por otra parte el BCE hace poco ha hecho un primer y tímido aumento de la tasa de interés y tenía previsto aumentarla hasta 2 puntos más de aquí a finales del 2007, pero ya han salido rumores de que por miedo a una inflación provocada por la alza de los precios energéticos el BCE piensa acortar este plazo. Parece que la Merkel está a favor - no hay burbuja en Alemania, muy al contrario el precio de los pisos ha bajado un 3% entre 1997 y 2005 - y conocemos de sobra la influencia de la República Federal dentro del BCE. Aumentar el euribor en 2 puntos significa que las cuotas mensuales de los pisos medios comprados en los últimos años aumentaron en unos €250, un aumento insostenible para muchos. Habrá un paulatino aumento de morosos, con sus ejecuciones forzosas y sus resultantes subastas a la baja.

El estallido de la burbuja inmobiliaria en España, cuando se produzca -la única incógnita es el momento exacto - tendrá efectos desde malos a devastadores para la economía según la brusquedad de la caída de los precios en términos reales, con graves consecuencias para la salud del sistema bancario, la construcción, las inmobiliarias, la bolsa, el empleo, el consumo y las cuentas del Estado.

Los más afectados serán:

LOS BANCOS: En promedio, casi el 80% de los activos bancarios son hipotecarias. Ya he indicado más arriba que un aumento de 2% tendrá efectos muy negativos sobre buena parte de las hipotecas cerradas en los últimos tres o cuatro años lo que implica, grosso modo, un 15% del total de los activos bancarios actuales. En términos generales, los bancos (y financieras) más afectados serán los que hayan sido más agresivos, los que se han inventado esas hipotecas al 120% con la idea de que con el alza de los precios los valores inmobiliarios se ajustarían al nominal de la hipoteca a lo sumo en un año y medio, pero que con el estallido se darán cuenta que habrá sido al revés y que el valor real de la vivienda habrá bajado a dos tercios, o menos, del valor nominal de la hipoteca (80/120). En el mejor de los casos casi todos los bancos tendrán que generar reservas para amortizar importantes pérdidas de sus activos hipotecarios lo que mermará fuertemente su cuenta de resultados lo que afectará negativamente su cotización bursátil.

LAS INMOBILIARIAS: Con el estallido muchas de éstas tendrán un stock de viviendas con, en el mejor de los casos, un valor de mercado inferior a su coste o, en el peor de los casos, sin salida durante años. Además, muchos habrán adquirido para uso futuro solares supervalorados. Muchas tendrán dificultades en hacer frente a la amortización de sus préstamos, otros tendrán problemas de tesorería y los menos fuertes se van a la quiebra, más culpable que fortuita.

LA CONSTRUCCIÓN: Ésta ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico de los últimos 8 años - usamos la mitad de todo el cemento gastado en Europa - y fuente de una parte importante de los puestos de trabajo creados en el mismo periodo. El estallido de la burbuja hará que la construcción entrará en picado - afectando además a todas las industrias auxiliares- con como resultado el despido de centenares de miles de arquitectos, ingenieros operarios, albañiles y peones. Buena parte de los últimos son inmigrantes lo que va a crear un enorme problema a la Seguridad Social.

LOS COMPRADORES: Paradójicamente la situación de los compradores es la inversa de la de los bancos. Los que hayan suscrito una hipoteca del 120% estarán mucho mejor que los que hicieron una al 80%. Me explico: los primeros han pagado el precio de la vivienda, los gastos y comisiones con el importe de la hipoteca y les habrá quedado un saldo de un 8-10% para invertir en la decoración, el mobiliario y los electrodomésticos de su vivienda. Cuando en un futuro próximo ya no pueden hacer frente al pago de las cuotas mensuales, por culpa de la subida del euribor, y se convierten a su pesar en morosos dando lugar al desahucio, su posición financiera será probablemente neutral o hasta ligeramente positiva ya que el valor del mobiliario y de los electrodomésticos adquiridos con parte del principal de la hipoteca no está incluido en la escritura hipotecaria, y este valor y el importe de los alquileres que se han ahorrado, por convertirse en propietarios, será igual o posiblemente superior a la suma de los cuotas hipotecarias devengadas hasta el momento de su desahucio. Vaya chollo. Muy al contrario, la situación de los compradores que hayan suscrito un hipoteca clásica al 80% del valor de compra lo tienen crudo. Han financiado con sus ahorros el 20% del precio, aparte de otro 8% en gastos, y se pueden encontrar repentinamente con que el valor real de su casa está por debajo del valor nominal de la hipoteca con lo cual habrán sufrido, en términos reales, una pérdida de todo el ahorro invertido y, si quieren recuperarlo por lo menos a largo plazo, no tendrán más remedio que aguantar el pago de la hipoteca como sea.

LA BOLSA: Primero habrá una baja generalizada de los valores bancarias, de las inmobiliarias y de las constructoras, lo que afectará en un plazo más bien corto a todas las cotizaciones de forma general.

EL EMPLEO: Ya he indicado los masivos despedidos que ocurrirán en inmobiliarias y constructoras, pero no tardará mucho para que el mismo fenómeno se trasladará a todos las industrias auxiliares implicados, desde las industrias cementeras, las fábricas de ladrillos y azulejos hasta los fabricantes de sistemas de calefacción y aire acondicionado. No sería de sorprender de que en menos de un año a partir del estallido el paro alcanzará los mismos niveles que bajo Felipe o sea un 24%, con la agravante de que probablemente la mitad de esta cifra afectará a inmigrantes que no tienen una familia en que ampararse, lo que creará un enorme problema social. Para empeorar la situación todavía más, ya hay signos de un cambio de tendencia general en la economía. Por ejemplo, la fabricación de coches ha bajado un 12% en el último año principalmente, por el momento, por un bajón en la exportación, por la fuerte competencia en el mercado internacional en parte provocado por la entrada de China. Por una parte está claro que esta tendencia se reforzará con el tiempo, por la otra no hay duda que con la crisis provocada por los problemas inmobiliarios también la venta de coches en el mercado nacional se verá fuertemente afectada.

EL CONSUMO: con el aumento del paro, la falta de ahorro familiar y el fuerte endeudamiento de gran parte de la población, el consumo interno que en los últimos años ha sido el principal sostén del crecimiento económico - el consumo y la inversión están en el 108% del PIB (sic) - sufrirá un bajón muy importante lo que afectará todavía más a la economía y el empleo.

Como vemos no solamente hay una gran posibilidad sino probabilidad de una grave depresión económica cuando se produzca el estallido de la burbuja inmobiliaria. Para hacerla frente el gobierno no tendrá más remedio que el endeudamiento (impuestos para generaciones venideras) ya que no solamente habrá una UVI bancaria sino múltiples UVIes relacionadas con la vivienda. Por suerte la deuda pública española está solamente en el 43% del PIB, 30 puntos por debajo de la media europea lo que da un cierto margen. Lo malo es que este endeudamiento que en situaciones normales debería servir para relanzar la economía será en gran parte "malgastado" en solventar problemas financieras que nunca debieron de haber surgido. A medio plazo la única solución verdadera sería salir del euro para, después de la reconversión a la peseta o al duro, poder devaluar la moneda en por lo menos un 50%. Lo malo es que en este caso los demás países probablemente optarían por expulsar a España de la Unión Europea con lo que el remedio fuese probablemente peor que la enfermedad.

Ya advertí en Desde denarios regis al euro, de los peligros inherentes en la entrada en el Euro:

"Es curioso y aclarador que en Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia, los tres países que no han entrado, se ha discutido y hablado mucho más sobre el Euro - no sobre su aspecto físico sino sobre su esencia- que en los países participantes. Estas discusiones han creado un virtual empate entre ventajas y desventajas y no hay duda que ambas las posiciones a favor y en contra son perfectamente defendibles. Todo depende del desarrollo económico en los próximos años y de la competitividad relativa de las respectivas economías nacionales. Dos aspectos cruciales para España ya que no hay que olvidar que ha mantenido durante los últimos cuarenta años una posición competitiva gracias a las devaluaciones de la peseta o sea un abaratamiento artificial de sus exportaciones y de sus servicios turísticos".

Parece que la falta de control y liderazgo del Banco de España, la falta de previsión tanto de Rato como de Solbes me están, desgraciadamente, dando la razón.

No sé cuando la burbuja estallará pero mientras más tardase más duro serán sus efectos.

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EL PLANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Vegamediapress.com

La apuesta por la economía especulativa, y el abandono de la productiva por un sector muy concreto de la clase empresarial murciana, ha hecho plantarse, definitivamente, a la parte más despierta y activa, aunque todavía en proceso de fortalecimiento, de la sociedad civil de la Región de Murcia.

Al igual que su correspondiente en la Comunidad Valenciana, no parece dispuesta a tolerar un urbanismo intenso, depredador e insostenible como el que se ha disparado en algunos municipios específicos, y no sólo del litoral, desde la lógica gris de la especulación sin límite y del enriquecimiento rápido, casi instantáneo. El quebranto de su larga pasividad debe tener, sin embargo, un efecto inmediato: evitar más triunfos del pequeño capitalismo local, especulador con tendencia al oligopolio, y estructurado sobre oscuras componendas entre poder económico, y político financiado con intención.

Liderada, en principio, por honestos profesores de la Universidad de Murcia, intelectuales comprometidos y responsables altos funcionarios de la Administración autonómica, ya se constata su conciencia y renacimiento. A partir de ahora esa sociedad civil de vanguardia ya no estará quieta ni un solo momento y protagonizará el próximo 9 de junio el "Día de la Región" ante medios de comunicación de toda la Unión Europea. Sigue la tónica de su vecina del norte ante cada nueva propuesta de gran operación urbanística que atente contra el sentido común y las reglas básicas de un urbanismo democrático: manifestación pública, más o menos potente, en contra, para evitar cuestionadas dinámicas depredadoras que afectan negativamente a la propia convivencia democrática.

La última acción crítica de la coordinadora de más de cuarenta colectivos ciudadanos, vecinales y ecologistas, "Murcia no se vende", sigue demostrando a la oligarquía de nuevo cuño, que se aprovechó de los últimos diez años de autonomía política y administrativa para un rápido enriquecimiento, así como su postura firme de no tolerar más desmanes violentando la vigente legalidad democrática y pervirtiendo legítimos mandatos públicos. Bajo el lema "Otro desarrollo es posible, contra la especulación urbanística", vuelve a exigir a los partidos parlamentarios y municipales un cambio radical de tendencia y orientación de la política de ordenación sobre nuestro territorio regional.

No es esta, ciertamente, la primera gran acción pública del citado colectivo denunciando un disparatado modelo de expansión urbanística "extendido como virus mortal" para convertir todo ese territorio regional en un inmenso solar que, como cualquier mercancía, es susceptible de ser comprada "y expoliada por los señores del dinero". Lo más curioso de todo es que, detrás de los más importantes proyectos, se esconde la mano, el ánimo y la caja de teóricas instituciones no mercantiles, propias y públicas, con fines sociales, que todos tenemos en mente por reincidentes en amoralidad. Eso parece lo más intolerable cuando el acceso a una vivienda digna es hoy el principal problema de la mayoría de familias y jóvenes impositores murcianos.

El sesgo antidemocrático es lo más alarmante de todo este proceso caótico que, de ningún modo, atiende a intereses generales ni a las necesidades reales de nuestra ciudadanía. Los citados colectivos hacen ver la ausencia absoluta de debate público democrático sobre otras posibles alternativas sensatas, que sustenten un diferente modelo de desarrollo, realmente deseado por la sociedad murciana. Por eso no es descabellada su exigencia de una moratoria de planes y convenios urbanísticos, ni la creación en los 45 municipios de comisiones democráticas de control de la acción urbanística, para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, y evitar así la deriva a que se precipita a la Región de Murcia.

No es un capricho porque, entre la degradación democrática que ese modelo neodesarrollista alimenta, profesores de la Universidad de Alicante acaban de señalar poderosos desequilibrios sociales que aíslan, fragmentan y deshacen la ciudadanía, a la vez que disuelven y desintegran las redes sociales preexistentes. Otra consecuencia no menos grave es que, al implantarse un clima de resignación que propicia división social, se desmorona la confianza en las instituciones, se difunde una cultura de la sospecha y se desconfía de los políticos, de cualquier signo, que autorizan tales actuaciones mediante la utilización perversa de normativas. Esto último, el "todos son iguales", es una auténtica inyección de veneno, dicen, para el sistema democrático. Porque cuando se aprecia un deterioro de lo social y democrático, el Estado de Derecho también hace crisis en su encuentro con unos poderes superpuestos a la lógica constitucional.

Pero, ¿cómo es posible que ciudadanos con la legitimidad democrática de elegidos en las urnas sucumban a los pequeños intereses de un capitalismo de boina y sin mayor visión estratégica? "Murcia no se vende" denuncia connivencia estrecha entre políticos, y funcionarios que actúan como meros testaferros de especuladores, promotores e intermediarios de la Construcción. A su juicio, y así parece ser efectivamente, se extiende la corrupción política a toda marcha, minando de forma grave el funcionamiento de las instituciones democráticas. Sólo así se explica, argumenta, la disparatada pandemia inmobiliaria que sufre la Región.

Esa pandemia ha hecho urbanizar y construir en la última década más que en toda la historia de esta tierra milenaria. Y amenaza, antes de otros cinco años, con doblar la población y reventar infraestructuras de todo tipo si se realizan, finalmente, unas 200.000 viviendas en unas 50 macrourbanizaciones, y sus correspondientes campos de golf, la mayoría ya en construcción pese al déficit hídrico estructural reconocido oficialmente en la Cuenca del Segura. Ese vertiginoso crecimiento urbanístico y demográfico se ha ¿planificado? sin tener en cuenta claros y letales efectos ambientales, territoriales y sociales.

El urbanismo de promotor, como muy certeramente bautizan y señalan los profesores de la Universidad de Alicante en su análisis titulado "Urbanismo y democracia", ha conseguido una nueva generación de caciques: los que controlan, como sumos propietarios, espacios y tiempos de la ciudadanía al ser los únicos con capacidad para gestionar el futuro de nuestras ciudades mientras, paralelamente, la función de sus ayuntamientos elegidos en las urnas se vuelve tendencialmente irrelevante. Esos grandes promotores, cuya primera tarea consiste en articular mayorías municipales (¿Murcia, Águilas, La Unión, Cartagena, Lorca, Torre-Pacheco, Fuente-Álamo, Mazarrón, Caravaca, Alhama, Totana, Aledo, San Javier, San Pedro, Los Alcázares, Molina de Segura, Jumilla?) a la medida de sus intereses, son los únicos empresarios que, en muchos de esos lugares, están en condiciones reales de extorsionar a la urbe y a sus poderes públicos.

No es menos grave, en general, el riesgo objetivo derivado del recurso sistemático a las recalificaciones masivas y a los convenios urbanísticos, en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, por ser puerta de entrada a nuestro país de todo tipo de irregularidades administrativas, atropellos medioambientales, delitos penales, corruptelas políticas, blanqueo de dinero, e infiltración creciente de las mafias foráneas. Pero, sobre todo, el engorde de unas emergentes grandes mafias autóctonas aunque de cuello blanco, de identidad muy próxima, y cuyos principales capos habitan entre todos nosotros con apariencia de respetables vecinos.

No se tiene tampoco en pie el manido argumento con el que replican los poderes públicos compinchados a nuestra sociedad civil más organizada y menos dúctil, de que con su resistencia a la iniquidad impide el desarrollo de la economía más cercana. Con menos coherencia de la que muestran estas cuarenta plataformas críticas murcianas, ciertos equipos de gobierno autonómicos y municipales de la maltratada Región de Murcia mantienen relaciones e influencias trabadas con los constructores de turno, hasta el punto de conseguir el desprestigio de España en el Parlamento Europeo, tal como denota claramente la desviada aplicación de la polémica y valenciana LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) por varios ayuntamientos costeros del norte de la provincia de Alicante.

No es un capricho que "Murcia no se vende" vea urgente la creación en el TSJ de una Fiscalía Anticorrupción con recursos suficientes para investigar los casos más claros de corrupción. Pero ante la lentitud de la Justicia, cuando no su inacción ante la grave evidencia, lo que políticamente creemos procede, y ahí está el caso de Marbella, es que una instancia superior, en nuestro caso el Estado, se haga de nuevo con las competencias correspondientes para evitar más burlas al sistema, a la sociedad y al mercado. "Murcia no se vende" exige al presidente autonómico, alcaldes y parlamentarios regionales, con algo más que mucha razón, autoridad moral diríamos, la denuncia, cese y puesta a disposición judicial de funcionarios y cargos públicos, al servicio de oscuras operaciones, por sospechosos de presuntos delitos económicos, urbanísticos y medioambientales, casi siempre muy fáciles de probar por el gran rastro que han dejado.

La sociedad civil murciana clama, pues, por boca de "Murcia no se vende", que no quiere más expolio ni desigualdad social. Tampoco políticos y funcionarios públicos comprados y corrompidos por el poder del dinero. Ni más degradación de la calidad de vida democrática regional. En consecuencia exige el inicio de una revisión profunda de la Ley del Suelo, aprobada en su día sin consenso en la Asamblea Regional, para diseñar un nuevo modelo de ordenación de nuestro territorio, basado en criterios rigurosos y coherentes, de sostenibilidad social y ambiental. ¡Vaya órdago al presidente, Ramón Luis Valcárcel, todo un símbolo de opacidad política!.

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El Correo Gallego,22/01/2006---En España se construirán este ejercicio dos veces más viviendas que en Alemania

Para este ejercicio 2006 se prevé la construcción de 800.000 nuevas viviendas en España. Según expuso el presidente del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en A Coruña, Alberto Unsain, esta cifra es dos veces superior a la nueva construcción que se hará en Alemania y el triple de la que se estima para Francia. "Pobre del político que pare la construcción", apuntó el arquitecto.

Alberto Unsain consideró que la "economía del ladrillo" está trastocando los valores que deben imperar en un buen urbanismo. Se refirió a la generosidad como una de las reglas de oro en la buena planificación urbana y ejemplificó esta cualidad en A Coruña de los cantones, "de espacios generosos donde la gente disfrutaba". En su opinión, una economía demasiado dependiente del carro de la construcción ha llevado a las ciudades a competir "en un ránking de metros cuadrados construidos y de precio del metro cuadrado construido", que impide atender a otros valores.

"La gente lo que demanda es suelo y abaratar los costes para acceder a una parcela", decía el alcalde de Muxía, Alberto Blanco. "Lo que percibo es una excesiva preocupación por clasificar suelo con actitud edificatoria y una falta de planificación urbanística", contestó el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje. "Hay más preocupación por cuántas viviendas puedo hacer, cuánto suelo puedo edificar... que por la planificación de cómo lo queremos hacer, cómo queremos ser", añadió.

La población, a pesar de la tendencia demográfica, no deja de demandar vivienda. Construir cada nuevo metro cuadrado cuesta alrededor de 900 euros, apuntó la profesora de Derecho Administrativo Almudena Fernández. En su opinión, la reurbanización de suelo ya construido contribuiría a solucionar el problema de la vivienda.

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El Pais, - 29-11-2005-Urbanismo concede licencia a Avapace para construir una residencia sobre un parque ajardinado de Valencia

La comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia concedió ayer a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (Avapace) licencia de obras para construir una residencia sobre el parque ajardinado de la plaza José María Orense. El concejal de urbanismo, Jorge Bellver, ya indicó la semana pasada que la solicitud de obras cumplía con "toda la normativa del planeamiento" por lo que con la aprobación, el ayuntamiento daba "por cerrado el asunto". El delegado de urbanismo se refería de esta forma a la polémica surgida por las protestas de los vecinos de la zona ante la desaparición del parque.

De hecho, ayer la Asociación Parque y Jardín de la Plaza José María Orense de Valencia reiteró su petición de que no se destruya el parque ajardinado. Recordaron que desde 1993, la plaza cuenta con un parque y jardín, con más de 60 árboles, setos de jardinería, bancos, fuentes, alumbrado y juegos para niños, mantenidos por la concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia, por lo que los vecinos se preguntan si, "de forma intencionada o no", el consistorio "ha mantenido engañados a todos los vecinos sobre el destino de la plaza".

Aseguran que es falso que los vecinos quieran que se les construya un parque bajo sus balcones. "Sólo pretendemos que no se destruya un parque existente para edificar en su lugar". Diez de los once edificios de la zona tienen su acceso peatonal por la misma plaza, por lo que unos 2.000 vecinos entran en sus casas (576 viviendas existentes) a través de esta vía. Según los vecinos, el proyecto presentado por Avapace utiliza la totalidad del suelo de la plaza, unos 5.100 metros cuadrados, levantando "una muralla" que dejará "encajonados" estos accesos peatonales de los vecinos a sus viviendas y "deteriorará la seguridad ciudadana del entorno". Los vecinos desmintieron que vayan a "disfrutar de unos 2.000 metros cuadrados de zona ajardinada" de la residencia que se construirá "porque ese espacio estará dentro del recinto que se va a construir y será solo para utilización de los residentes y usuarios del centro". Añaden que, en las reuniones mantenidas hasta ahora, Avapace siempre se ha negado a modificar su proyecto y modificar y compartir la parcela del actual parque. Las mismas fuentes han recordado que los arquitectos que han diseñado el edificio de Avapace indican en su informe que las condiciones de la parcela son malas: "Un solar incrustado en la trama urbana rodeado por grandes torres de apartamentos. Se trata de un espacio con arbolado que actualmente funciona como pulmón verde de la zona".

Avapace ha declarado que nunca se negó al cambio del solar. Ante la posibilidad de una permuta, solicitaron "que fuera de similares características" para poder trasladar el proyecto con rapidez, que cuenta con la financiación de fondos Feder europeos que corrían el riesgo de perderse de producirse demoras importantes. "Pero el [solar] que los vecinos nos ofrecieron no reunía los requisitos y requería gestiones que hacía que no se pudiera ejecutar antes del 1 de diciembre, fecha límite para enviar la certificación de la obra y justificar la subvención". La asociación comenta que desde 1989 lleva solicitando al ayuntamiento un solar en la ciudad para contar con una residencia para personas con parálisis cerebral, y que el terreno concedido está grafiado desde 1988 en el Plan General de Ordenación Urbana como sistema local de servicios públicos.

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El Pais, - 29-11-2005. El Ayuntamiento de Marbella destituye a los dos ediles condenados por delito urbanístico .La oposición acusa a Yagüe de no facilitar información sobre los medios municipales

Isabel García Marcos y Marisol Yagüe, en el pleno celebrado ayer en Marbella.
(PEPE SÁNCHEZ)

El Ayuntamiento de Marbella retiró ayer el acta de concejal y destituyó de sus cargos a los ediles Rafael Carrasco y Marisa Alcalá, condenados por un delito urbanístico al autorizar una promoción inmobiliaria en la zona conocida como Banana Beach. Previamente, el pleno dio cuenta de la sentencia dictada en apelación por la Audiencia de Málaga el 9 de noviembre contra González y Alcalá, a los que condenó a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público junto al anterior alcalde, Julián Muñoz, y otros cuatro ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL).

"Quiero dar las gracias a estas dos personas por el trabajo realizado desde el año 1991. Sé que son personas íntegras y trabajadoras", dijo durante el pleno la alcaldesa, Marisol Yagüe. Los puestos de Rafael González, adscrito al equipo de gobierno, y de Marisa Alcalá, en el grupo mixto B de la oposición, serán ocupados por los dos siguientes en la lista del GIL, Felipe Plasencia y Mariló Miñones, que tomarán posesión una vez lo autorice la Junta Electoral. La regidora eludió hacer valoraciones sobre una sentencia que también condena a su hermano Juan Antonio Yagüe, ex edil gilista.

No parece que Yagüe vaya a recuperar la mayoría absoluta que perdió tras cesar de sus puestos a sus antiguos socios andalucistas por "extorsionar a trabajadores municipales". Mientras que Plasencia ha confirmado su próxima integración en el equipo de Yagüe, Miñones se ha mostrado reacia, y ya ha comunicado a la alcaldesa que tomará posesión como concejal del GIL, partido por el que concurrió en las pasadas elecciones municipales. La decisión no ha gustado nada a Yagüe, a sólo un voto de la mayoría.

Nueva denuncia

Esta será la quinta remodelación de su equipo de gobierno en los últimos dos años y medio y puede que no la última, habida cuenta que muchos de los actuales miembros del equipo de gobierno, Yagüe incluida, tienen causas pendientes. Ayer mismo, PP, PSOE y el resto de la oposición anunciaron que presentarán una denuncia conjunta contra la regidora en los juzgados por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, delito por el que fue condenado a inhabilitación su antecesor, Julián Muñoz. El anuncio se produjo tras la celebración, finalizado el pleno, de la Junta General de accionistas de la empresa municipal Comunicación y Difusión 2.000, a través de la que se gestionan la radio y televisión municipales y el periódico gratuito La Tribuna.

La oposición forzó la convocatoria para conocer los sueldos de los directivos y el balance económico de la sociedad, dos puntos que fueron eliminados por Yagüe del orden del día, lo que motivó que decidieran acudir al Juzgado. Además, la oposición pedía la celebración de un pleno donde "se modificara la composición del Consejo de Administración" de Difusión y Comunicación 2000, así como la inclusión de representantes de todos los partidos, cargos "no remunerados", según explicó la portavoz popular Ángeles Muñoz.

"Sigo pensando que Martín Hidalgo (director de La Tribuna y antiguo hombre de confianza de Jesús Gil) lo hace muy bien", dijo la alcaldesa, que aseguró que el diario municipal gratuito "no cuesta nada al Ayuntamiento y se financia con publicidad", algo que pone en duda la oposición. Yagüe aseguró que el debate plenario sobre la gestión de los medios de comunicación de titularidad municipal no se celebró por "una errata" en la solicitud cursada por la oposición. La alcaldesa explicó que "dado que se trataba de un error, se ha propuesto a la oposición la celebración de una sesión extraordinaria" en la que se debatan los asuntos requeridos por los partidos.

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CONSEJOS para afectados en un programa de urbanización

Por Enrique Climent Laguarda, vicepresidente de Abusos Urbanísticos No

Primeros Auxilios.

1º - Crear una Asociación de vecinos y regístrala oficialmente. No importa el numero de afiliados, con solo dos se puede crear una Asociación de vecinos. (estamos en ello)

2º- Asociarse como Asociación de Vecinos a la ASOCIACION VALENCIANA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y CONTRA LOS ABUSOS URBANISTICOS (ABUSOS URBANISTICOS ¡NO!), esto dará una mayor fuerza a cualquiera de sus actuaciones, y se ayudaran, ayudándonos en nuestra lucha para modificar esa Ley en cuyo nombre nos están avasallando y privando de nuestros derechos, especialmente el de la propiedad. (nuestro abogado nos dirá como cumplir este requisito)

3º - Contratar un Abogado especializado en URBANISMO y no relacionado con empresas constructoras ó urbanizadoras.

4º - Comprobar que los caminos, entradores y accesos de la zona no figuran en el Inventario de caminos del Ayuntamiento de la misma, y si no lo están, escriturarlos a nombre de los propietarios que en su día los cedieron. En caso contrario a la hora de urbanizar se los apropiaría urbanizador ó el propio Ayuntamiento, y a todos los metros de superficie de una zona a urbanizar les corresponden la misma proporción de metros finales de solar construible.

5º - Tener levantado topográficamente el plano de la zona a urbanizar y de cada una de las propiedades, con superficies exactas, comprobando las que figuren en sus escrituras y en la Base de Datos del Catastro, para proceder a corrección si es diferente.

6º - Comprobar y poner al día toda la documentación de sus propiedades, escrituras, permisos de obras, etc.

7º - Crear si las condiciones lo aconsejan una AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO, con más del 50% de la superficie de la zona a urbanizar. Esta Agrupación entre sus facultades tiene la de poder presentar su propio Proyecto de Urbanización en todo momento , antes de que lo presente un promotor ó incluso después como alternativa a la presentada por él mismo, y en todo caso es un instrumento de negociación con el urbanizador, ya que según la L.R.A.U. los propietarios organizados en una Agrupación de Interés Urbanístico tiene derecho preferente de adjudicación.

8º - Acordar en los estatutos de la Agrupación de Interés Urbanístico ó en los acuerdos que se tomen, que cuando un propietario no pueda pagar los costes de la urbanización en metálico, la propia A.I.U. tendrá derecho preferente de compra del terreno necesario para atender al pago de dichos costes, ya que siempre podrá mejorar la oferta del promotor. De esta forma el posible beneficio que una vez urbanizados puedan producir estos terrenos corresponde a la A.I.U. y por tanto al mismo propietario original como miembro de la misma. Si esta cláusula se aprueba y se hace pública, tendrá un efecto disuasor en los promotores urbanizadores, ya que el maximo interés de estos estriba en obtener terrenos a bajo precio, y finalmente se conseguiría con esta medida que los promotores no pudiesen alcanzar más del 50 % del terreno resultante, con lo que no podrían manipular la reparcelación cuando se realizara.

9º - Cuando un promotor ó Agente urbanizador presente un proyecto sobre la zona que les afecta, investiguen inmediata mente la situación del mismo respecto a sus obligaciones fiscales ó con la Seguridad Social, en las oficinas de recaudación, ya que un impago en estas obligaciones le invalidaría para poder actuar como Agente Urbanizador. Infórmense de su capital, socios y estatutos en el Registro Mercantil, así como de los últimos balances presentados también en el mismo Registro. Con esta información sabrán si tiene entidad suficiente para asumir el proyecto de urbanización, ó en su caso cuestionar lo ante el Ayuntamiento con la información obtenida. Recuerden una cosa esta información, obténgala en cualquier caso, y no dejen de hacerlo porque el nombre del promotor sea muy conocido, se llevarían muchas sorpresas.

10º - Si la urbanización es inevitable y tiene que pagar la parte que les corresponda proporcionalmente de los costes de la misma, seria interesante que negociasen en conjunto ó individualmente como prefieran, la concesión de créditos de disponibilidad para atender derramas de la urbanización solamente, condicionando a una venta una vez urbanizado del solar resultante de su propiedad la amortización de los mismos. Este consejo es para los casos en que el propietario tenga interés en vender.

11º- Si está de acuerdo con la urbanización, pidan siempre un presupuesto alternativo, es su derecho según la Ley, y con él en la mano presionar al Ayuntamiento para que obligue al promotor a ajustar el suyo.

12º- En los casos que un propietario no puede atender los costes de la urbanización en metálico, y el agente urbanizador pretenda valorar su terreno para resarcirse de los mismos, no lo acepte de ninguna manera, y obligue a que esa compensación de costes de urbanización por terrenos sea vía expropiación, porque con ello queda manifiesto su desacuerdo, y si en un futuro se consiguen compensaciones como consecuencia de recursos, contenciosos ó acuerdos puntuales, tendrán derecho a los mismos, que de otra forma los perderían.

Enrique Climent Laguarda

Estos consejos están basados en años de experiencia y solo pretenden tener un carácter informativo.

Advertimos, que para cualquier acción inspirada en los mismos es aconsejable el consejo previo de un abogado

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inmoley.com---LEGAL. EXPROPIACIÓN. ¿QUÉ DETERMINA EL JUSTIPRECIO, EL CATASTRO O EL MERCADO?

Valor añadido: Importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Sevilla a pagar 285 millones de pesetas más de lo que fijó el jurado de expropiación cuando estableció el justiprecio de tres edificios expropiados por la delegación de Urbanismo.

En el proceso de expropiación el Ayuntamiento y los propietarios no se pusieron de acuerdo, y los técnicos encargados de establecer el justiprecio tasaron el edificio en 116 millones de pesetas, cantidad que no fue aceptada por los propietarios. La sentencia del TSJA lo ha tasado ahora en 294 millones, 178 más de lo que se fijó en el justiprecio.

Las sentencias se basan cada vez más en el precio que los terrenos o los edificios expropiados podrían adquirir en el mercado, mientras que el ayuntamiento debe seguir fijando el justiprecio en función del valor catastral, que suele ser muy inferior

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http://www.contraespeculacion.org

CONSEJOS PARA HACER ALEGACIONES A UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Muchas veces no tenemos claro como hacer las alegaciones a un planeamiento urbanístico, aqui van unos consejos básicos.

Es importante tener en cuenta que tanto los Avances de PGOU como los propios PGOU, antes de su aprobación definitiva, deben ser sometidos a información pública. Estos documentos constan de una memoria, planos y un estudio de impacto ambiental. Los Ayuntamientos tienen la obligación de facilitar el acceso a toda esta documentación.

La información sobre zonas a recalificar, clasificación y usos de suelo, número de viviendas previstas, equipamientos, redes públicas, zonas verdes, etc viene en la MEMORIA. Este documento, junto con los planos de clasificación y uso del suelo es lo primero que se debe consultar.

En el estudio de impacto ambiental se puede encontrar información complementaria, referida a la situación geográfica, ambiental, socioeconómica (nº de habitantes, ocupación, renta, edad, etc), etc.

A continuación se dan algunos consejos que se pueden tener en cuenta a la hora de alegar a un planeamiento.

1. Comprobar sobre el plano de clasificación y uso del suelo la zonificación propuesta por el planeamiento: Suelo urbano, urbanizable y protegido. Estos planos suelen venir en la memoria de los Avances y de los planes.

2. Es aconsejable comparar la nueva zonificación con la que se proponía en el plan anterior. Para ello sería conveniente antes de ver el nuevo planeamiento mirar los planos de planeamiento vigente.

3. Comprobar que el planeamiento delimita adecuadamente y clasifica como suelo urbanizable de protección todos aquellos enclaves protegidos por normativas sectoriales: montes presevados, espacios protegidos, montes de utilidad pública, dominios públicos, embalses, humedales y sus zonas de protección (vías pecuarias , caminos públicos, ríos, arroyos y dominio público hidráulico), etc. Es muy importante comprobar que estas zonas no se clasifiquen como suelo urbano-zonas verdes o espacios libres.

4. Analizar las zonas que se proponen para recalificar. (Es muy aconsejable irse haciendo con la cartografía de espacios protegidos del municipios)

- Comprobar si las zonas que se proponen son zonas forestales, de acuerdo a la ley Forestal de la Comunidad de Madrid
- Comprobar si las zonas tienen alguna especie incluida en el catálogo de especies protegidas o algún tipo de hábitats considerado prioritario por la Directiva Hábitats
- Comprobar si la zona está incluida en zona ZEPA o LIC
- Comprobar que la zona edificable guarde las distancias adecuadas a zonas protegidas próximas.

1. Es conveniente obtener los siguientes datos:
-Número total de viviendas
-Número de viviendas vacías
-Número de viviendas secundarias
-Número de viviendas en construcción y pendientes de construir en el suelo urbanizable pero sin desarrollar.
-Población actual y previsible con el nuevo plan

Estos datos sirven, en ocasiones, para demostrar que el crecimiento que se propone no es necesario debido al ritmo de crecimiento de la población y al número de viviendas que quedan por construir. También sirve para solicitar que se tomen las medidas adecuadas para sacar al mercado o poner en alquiler las viviendas vacías.

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